Españoles

En este artículo, David Torres habla de nuestra antigua tradición de maltrato a los animales, y usa el asunto para describir la sociedad española, que se mueve en un lodazal de atrocidades que no es sino reflejo de nuestra poca civilidad.

Sintonizando plenamente con el ideario y el mensaje de Torres, añado algo más. El que describe creo que es un esquema propio de sociedades autoritarias y de modelos feudales, único en nuestro entorno (Europa, Occidente), que se ha perpetuado hasta nuestros días. El siervo necesita válvulas de escape para la frustración y la violencia que acumula al no poder tener vías de salida de una existencia en perpetuo estado de frustración (se es vasallo hasta la muerte), y el sistema ha de facilitar esas válvulas de salida, que la represión (religiosa y militar) sólo puede contener parcialmente.

Esa violencia cotidiana necesita ser conducida, sea vía simulaciones de la guerra (como los deportes convertidos en espectáculos de masa) en las grandes urbes, o bien vía transmisión de la violencia a las castas inferiores (o a los iguales).

Y el siervo sólo tiene una casta inferior posible: los animales. El sistema sabía secularmente que debía de dejar esa vía de escape libre, lo que también implicaba una legislación que, si no es laxa, debe de saltarse sistemáticamente, algo que pasa mucho en España, un país repleto de normas que dictan la conducta hasta en la más nimia de las acciones, pero que “premia al siervo” no aplicándolas.

Esa conjunción perversa explica que en el Siglo XXI se mantengan esas actitudes medievales con respecto a los animales. Es algo ilegal, pero no se favorece que la ley se cumpla, o bien no se legisla al respecto. El caso es que la situación se mantenga. Seguro que esta forma de hacer las cosas les suena, porque impregna a toda la sociedad.

Estas situaciones forman parte de una estructura social no escrita, pero profundamente tatuada en la identidad del español: ser un siervo que vuelca su frustración en iguales e inferiores, sometido a la voluntad del cacique, heredero del Señor Feudal, que administra a sus siervos de forma sistemática vía redes clientelares.

¿Cómo acabar con esto? No es sencillo. Esta es una forma de pensar fundamental que se espera del pobrecito ciudadano español (y que los poderes fácticos se han ocupado bien de unir a la españolidad), que para algo la mama desde la cuna. El cambio pasa por modificaciones legislativas y de relación entre instituciones y ciudadanía, pasa por la reescritura de un nuevo pacto social que nos convierta, de puertas adentro, en el país occidental que queremos ser pero no somos. Implica dolor (sacar a las élites que han dirigido el país como un cortijo de sus poltronas duele) y un vía crucis que tarde o temprano habremos de comenzar a transitar. Y cuanto más tarde lo empecemos, peor será.

La ilustración, "El Torero", de "Los Españoles pintados por sí mismos", 1851 (o anterior). Está en dominio público en Wikimedia Commons, y no consta el autor.

Tierras de destierro (los tontos del pueblo)

Este mensaje puede resultar un poco local, pero no olvidemos el viejo adagio que dice que la localizad puede dar universalidad. Aplica lo que vas a leer al lugar en el que vivas, sea Madrid, Toledo, Sevilla o Palma de Mallorca. La situación será, me temo similar. Con la excepción, tal vez, de Cataluña y el País Vasco, esto es el pan de cada día en el país.

Cada vez que oigo a un político canario hablar del cine encuentro una radiografía de las carencias personales de la persona detrás del cargo; hace años, cuando estaba intentando financiar mi segunda película todo un Consejero de Cultura me dijo que me daban dinero si les garantizaba alfombra roja en los Oscar. Ese es el nivel del paisanaje. Estoy oyendo ahora mismo en la radio la entrevista a un prócer lanzaroteño sobre su isla, centrada en las últimas cosas chachis que han pasado allí “para mejorar el turismo” (ya saben, lo único impotante por estos pagos). No hace otra cosa el hombre que hablar de Ridley Scott y el rodaje de “Exodus”, que si el mayor rodaje de todos los tiempos, que si “una isla de cine” (toma slogan), y pasar luego a su personal catálogo de fuerza bruta: el año que viene no se qué campeonatos en la isla que nos hacen “referente internacional” (siguen los topicazos), todo muy, muy bueno para el turismo, y en fin, sigue soltando esas ideas simplonas tan propias del provinciano, del hijo de una tierra de destierro.

Y no se olvida de recuperar Tindaya, claro. No puede faltar, tras un robo de 3.000 millones de pesetas a los ciudadanos (sin consecuencia judicial alguna) la criaturita insiste en ello, porque, habrá “un antes y un después” (vamos bien) de ese proyecto (por cierto: si no eres canario y no estás familiarizado con el escándalo de Tindaya, que retrató a la clase política, empresarial y ahora mismo a la judicial de esta tierra desde hace ya 20 años, y se sigue en ello, pues googlea la palabra Tindaya, y comprenderás de lo que hablo; vas a alucinar).

Aparte de una muestra de cómo funciona esta subespecie de gestores medio ágrafos alzados a puestos de poder por los misterios de la política canaria, y de cómo ponerse medallas de cosas que ni tienen que ver con ellos ni de las que deberían de regalarse mérito alguno (ocurren gracias a la lucha de pequeños empresarios y gente con visión, cosa de la que esa subespecie de politicastro carece), me da mucha pena que sobreviva como un virus ese espíritu miserable, que ignora a los propios y favorece a los “de fuera”, porque “lo de fuera es mejor”.

Ese desprecio al mérito de la gente que intenta pelear en tu tierra y ese baboso placer de lamer el suelo que pisan los guiris me parece un pecado de lesa humanidad. Vivir reflejado en el otro lleva a ignorar al propio, al propio hijo, lo que es un auténtico crimen. Ese señor, a quien no niego que hable de lo que se le antoje, pero que no da más de sí, debería de preocuparle sobre todo que cineastas y artistas locales puedan tener voz , una voz que se les niega sistemáticamente. Ridley Scott rueda en Lanzarote. Ron Howard en El Hierro. Vale. Eso da trabajo a mucha gente y trae riqueza. Ya lo sabemos. Es bueno porque nos pone en el mapa. Estupendo. Pero ¿Y nuestros cineastas? ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Están condenados a ser notas a pie de página cuando prensa, literatura y clase política (que deberían ser ejemplares al respecto) les ignoran sistemáticamente?

¿Cuántos realizadores de Lanzarote conoces? ¿Cuántos tienen su propio imaginario personal y no han podido desarrollarlo? ¿Qué responsabilidad en ello tienen esas autoridades públicas que permanecen mirando hieráticas al horizonte en perpetuo desprecio al talento isleño? Nunca he entendido esta forma de pensar, tan de vendedor de enciclopedias a domicilio, tan oscura como el pelo de la dehesa, pero en versión isla. Con gestores así en puestos de responsabilidad, no es de extrañar que luego ocurran catástrofes.

Mateo Gil, Andrés Santana, Dunia Ayaso, Félix Sabroso, Juan Carlos Fresnadillo, Roberto Pérez Toledo, Antonia San Juan, todos han tenido que irse para que sus carreras sigan adelante (y han vuelto a contar historias en su tierra por puro amor).

Decenas de creadores canarios están condenados al ostracismo por un sistema que no les permite nacer como artistas. Y hay una enorme responsabilidad en ese desastre, en esa catástrofe que niega a los intelectuales el pan y la sal (sí, la gente del cine también son intelectuales) en manos de una clase política analfabeta e ignara.

El Festival de Las Palmas dio (y espero que siga dando pronto, ya que vuelve a iniciar su andadura) una oportunidad de escuchar la voz de muchos jóvenes cineastas canarios. Y esa voz empezó a sonar. Personal. Propia. Única. Pero nada más ha pasado, todo de nuevo se vuelve espejismo. El cine necesita apoyo público. Esas voces merecen ser escuchadas. Pero que eso lo entienda un señorito lanzaroteño aupado a dirigir la isla por los azares de D'Hont, puede ser un milagro. 

¿Tenemos la clase política que nos merecemos? No lo creo, o más bien no quiero creerlo. Tenemos una clase política que da vergüenza, eso sí. Y eso pasa en todo el país, además. Ya va siendo hora de cambiar las cosas. Ya está bien de que nos gobiernen los tontos del pueblo.

La foto que ilustra este texto la tomé en La Laguna, Tenerife, el pasado 8 de noviembre de 2013.

Paradigmas y burbujas. El caso español (o una aplicación del paradigma de Kuhn a la ética social)

“Considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Thomas Kuhn)

Thomas Kuhn es un filósofo que ha aplicado el concepto de paradigma (llamando así a una forma de pensar mayoritaria en un cierto colectivo humano) a la filosofía de la ciencia, explicando de forma satisfactoria las contradicciones que en muchas ocasiones vemos ocurrir entre formas de pensamiento científico. Se trata por tanto de modelos epistemológicos.

También se puede extrapolar el concepto de paradigma de Kuhn a las sociedades, y más concretamente a los valores éticos en los que viven las personas.

El gran problema de las sociedades contemporáneas, es la coexistencia de múltiples paradigmas, que aparentemente pueden cohabitar, pero que en realidad no son compatibles. En un país occidental hay ciudadanos viviendo dentro de paradigmas que se contradicen unos con otros. Y los sistemas políticos deberían plantearse para actuar de forma justa el reconocer los paradigmas mayoritarios, plantear si representan un buen futuro para las sociedades y legislar bajo ellos. Bien puede pasar que el paradigma mayoritario en una sociedad sea problemático para la felicidad o la simple supervivencia digna de sus ciudadanos. Entonces creo que el político honesto debería iniciar una discusión acerca de las bondades y perjuicios que generará el paradigma imperante.

Sin embargo todo es mucho más complicado, y conviven gentes inmersas en paradigmas diferentes casi puerta con puerta: pueden ser religiosos, raciales, sociales, científicos, morales, éticos, y la convivencia generará conflicto, lo que llevará a que unos paradigmas absorban a otros y crezcan, otros se extingan. Podríamos aproximarlo a las burbujas en la superficie del agua jabonosa. Unas explotan, desapareciendo, y algunas crecen engullendo a otras.

En España actualmente el paradigma mayoritario, lamentablemente, no es el mismo que aquel en el que viven quienes han sido elegidos para gobernar. Estos pertenecen a poderosas sectas católicas, y/o reciben presión por parte de cabilderos que representan intereses privados. Algunos viven en el anterior paradigma clientelar que dio como herencia el dictador a su muerte, una especie de herencia del feudalismo que llega desde el Siglo XIX. Ese tal vez sea el paradigma más perjudicial.

El feudalismo entronca directamente con el caciquismo, y este con el clientelismo. La línea de herencia es clara, y ha sido la forma en la que el país se ha movido, ha respirado y ha gestionado su vida desde la edad media hasta el presente (no hemos tenido revoluciones políticas, ni científicas, ni culturales que hayan llevado al cambio necesario). Incluso el lenguaje coloquial posee giros directamente nacidos del inconsciente colectivo que hablan mejor que nada de cómo piensa, o pensaba, gran parte de España, hasta hace nada de tiempo:

-Usted no sabe con quién está hablando. (El cacique se pavonea ante el inferior)

-¿Y tú quién eres? (El equivalente del siervo cuando otro supuesto siervo le recrimina. Implica la negación del otro por no pertenecer a la casta superior)

Este régimen de castas, muy impenetrable, y tal vez lo que más nos aleje de las sociedades democráticas de occidente, y que en cierta medida nos asocia con culturas inmersas en paradigmas que anulan la permeabilidad social (como la hindú), es muy resistente. Y ha empezado a tambalearse (piénsese que hablamos de más de mil años de tradición) justamente en el Siglo XX y el XXI, cuando la casta considerada de siervos ha tenido acceso a la cultura, a la escolarización y a la lectura. Esto, que ocurrió en otros países en los siglos XVIII y XIX, en España ha llegado, por mor de la longevidad de la dictadura franquista, con cien años de retraso.

De nuevo hablo de la Ley del Aborto que el ministro Gallardón pretende cambiar. El Ministro impone su paradigma (minoritario, propio de una determinada secta religiosa) a la mayoría de la población, olvidando que ese paradigma no es en el que viven y con el que se conducen los ciudadanos para los que trabaja. El error básico de querer convertir los paradigmas minoritarios en leyes que generan desastres y caos. Así, los médicos, los ciudadanos, los colectivos de derechos sociales, los gobiernos de terceros países e incluso las asociaciones internacionales se han levantado contra las intenciones del ministro. El caso más significativo es el de los psiquiatras, que han puesto el grito en el cielo, pues de un par de informes generados por su gremio dependerá si una mujer puede finalmente abortar o no.

Con razón dicen los psiquiatras que quien eso estipula no entiende para qué sirve la psiquiatría, no comprende por qué un ser humano toma sus decisiones vitales, y considera en general a toda la ciudadanía como súbditos infantiles que deben ser tutelados por entidades superiores. Una manera de pensar, por otro lado, muy propia de paradigmas autoritarios, en los que el poder se ha de perpetuar entre escasos miembros de castas. Precisamente, el modelo español. Así, un ministro que no sabe nada de la realidad, ni de medicina, ni de psiquiatría, que aparentemente debería de ser destinado a un monasterio de clausura con voto de silencio, se permite el lujo de imponer su paradigma a una población atónita. Se trata de un ejemplo de lo que se ha dado en llamar “parálisis paradigmática”.

Otro ejemplo de gente que vive paralizada en su propio paradigma es lo que ha hecho Esperanza Aguirre, miembro de la casta, al verse tratada como uno más por un grupo de agentes de movilidad en Madrid, y que la prensa cubre intensamente estos días.

España es un país en el que la gente usa redes sociales, plataformas digitales de comunicación y móviles inteligentes. Pero que eso no nos engañe. El español piensa como un siervo, porque así lo ha hecho toda su cultura desde tiempos inmemoriales. La mayoría de los españoles actuales apenas son la segunda generación que ha tenido una formación universitaria. Yo pertenezco a la primera prácticamente. Antes que yo, nadie estudió en una universidad entre mis ancestros directos. El acceso al saber, fuente primordial de la emancipación de los pueblos (generando líderes cultivados y masa social receptiva al cambio), y sobre todo de la generación de nuevos paradigmas que anulen a los previos, respondiendo a las necesidades generales, es lo que puede hacer que España cambie y se incorpore de una vez al tiempo en el que vive. Nuestro país vive en su mente colectiva en un limbo de cien años (nos comparamos injustamente con los países islámicos, cuando nosotros mismos vivimos paralizados en unos modelos de conducta que van en contra de las normas de convivencia más elementales, generando esquizofrenias como la famosa inaplicabilidad fáctica de gran parte de lo que se legisla en el país, porque lo que se pretende va en contra de los intereses del paradigma imperante, generando inseguridad jurídica como consecuencia catastrófica pero directa de ello, entre otros muchos efectos negativos, como la impregnación de intereses políticos en el Poder Judicial, entre otros), con múltiples paradigmas que se consideran obsoletos e inoperantes en otras sociedades, aún plenamente activos. El cambio de paradigmas es lento, pero también es imprescindible para que las sociedades sobrevivan. Y España tiene aún un largo y tortuoso camino que recorrer para reclamar siquiera su posición entre los demás países del orbe occidental.

El paradigma de Kuhn convertido en una lucha dialéctica entre modelos es lo que genera las dinámicas en las sociedades humanas. El deseo común es que los paradigmas imperantes sean los mejores que sea posible y que sean buenos para la vida de las personas. En estos momentos miles de paradigmas incompatibles conviven en las sociedades abiertas, pero poco a poco van fusionándose en paradigmas mayoritarios, diseñados, se diría que de forma espontánea, por el bien colectivo. De otra manera, la convivencia de islamistas, cristianos, judíos, ateos y agnósticos en un país sería imposible, como hemos visto por la historia de sangre y fuego de las guerras de religión. Y sólo es un ejemplo.

No puede sobrevivir una sociedad que niega la investigación científica que use embriones humanos porque una minoría impone su paradigma medievalista a la mayoría social. Pero también puede ocurrir que el paradigma sea manipulado y distorsionado por intereses creados y cabildeos. Nadie dijo que esto fuera fácil.

La ilustración, de Wikimedia Commons, es el cuadro de José de Ribera "Un Filósofo" (circa 1630). Está en dominio público.

Homme Fatale

Cuando movía el guión de mi primera película, “Fotos”, por diversas productoras, y entre caras de espanto e incredulidad -la lectura de aquel guión causaba ese tipo de reacciones y yo ya me iba acostumbrando-, un lector sacó a colación en un informe interno el cine del alemán Max Ophüls, que en aquellos años era precisamente uno de mis cineastas “de cabecera”. En la obra finalizada se puede encontrar algún intento de realizar largos planos coreografiados, una de las marcas de Ophüls, como homenaje al maestro, alguien que actualmente permanece condenado al olvido. Hace unos meses he vuelto a visionar su obra, y me he encontrado releyendo su corpus, uno de los más originales y fascinantes de la historia del cine. Por eso me parecía interesante hablar de una de sus películas menos conocidas.

“Atrapados” (“Caught”, Max Ophüls, 1949) fue, creo, la tercera película del director alemán en Hollywood. Es un excelente ejemplo de cine negro que apenas es recordado por los historiadores, en el que una mujer es destruida por un esposo dominante y perverso (tal vez un sosias de Howard Hughes) en una especie de reciclado de la premisa de “Ciudadano Kane” de Orson Welles en cierta clave de género. Es una obra que muestra la lucha de Ophüls por narrar sus películas a su manera en el ambiente de los estudios, y a la vez una película rompedora y a contracorriente en aquellos años, algo que la hace plenamente actual.

Invirtiendo el clásico motivo del cine negro de entonces, ejemplificado en “Laura” (“Laura”, Otto Preminger, 1944), “La mujer del cuadro” (“The woman in the window”, Fritz Lang, 1944), “Perdición” (“Double indemnity”, Billy Wilder, 1944) o “La dama del lago” (“Lady in the lake” Robert Montgomery, 1947), es el personaje masculino el homme fatale que arrastra a la perdición al ingenuo y bienintencionado personaje femenino. Un impresionante y rocoso Robert Ryan convierte a Barbara Bel Geddes -a quien muchos recordarán por su papel en las primeras temporadas de la serie “Dallas”, o por su rol de abnegada novia de un obsesionado James Stewart en “Vértigo” (“Vertigo”, Alfred Hitchcock, 1958)- en un guiñapo, una esclava sin identidad, a pesar de los ímprobos esfuerzos de James Mason, médico enamorado, por rescatarla de la relación sádica que la está destruyendo, y de la que es cómplice masoquista.

Ophüls narra la historia jugando con planos largos y movimientos de dolly, y podemos apreciar en varios momentos del metraje que aquello no debió de gustar demasiado a los ejecutivos de MGM, productora de la película, pues algunas escenas muestran largos planos secuencia con sofisticados movimientos de cámara que son cercenados a medio camino hacia bruscos planos fijos -en algunos casos con extraños saltos de eje: hay un ejemplo que duele, en el que la cámara, con Bel Geddes centrada en el encuadre, bascula ente Mason, a la derecha del cuadro, y Ryan a la izquierda. Se intuye que el movimiento de cámara se mantendrá en vaivén en un arriesgado y fascinante ejercicio que explicita el estado indeciso de Bel Geddes entre los dos hombres que forman el sistema planetario de su vida; entre el orden y el caos, entre la razón y la animalidad, pero el plano es literalmente cercenado hacia un plano general a espaldas del trío en mitad del movimiento-; parecen decisiones ajenas a Ophüls, tomadas por un tercero en la mesa de montaje, y lastran una narración sofisticada y llena de la sabiduría del director alemán para mover la cámara en un ballet con sus personajes, estilo del que hizo su característica y firma personal. Una lástima.

“Atrapados” teje una alambicada y psicologizante trama alrededor de la posesión destructiva y la locura, y reflexiona también sobre la corrupción del alma humana sumergida en el capitalismo más salvaje, todo un subtexto para una película creada en plena Guerra Fría. El perverso Smith Ohlrig (Ryan) es una bestia con todos: con su mujer, con su secretario -y aparentemente lo más cercano a su amigo-, y con sus socios o empleados. Si el mundo no hace lo que él quiere, su corazón protesta y le responde con un amago de infarto. Esa actitud infantil, inmadura, egótica y brutal se ve fomentada por la obscena fortuna de la que disfruta, que le permite comprar vidas y seres humanos con sólo un gesto, con un simple susurro, sin que nadie le rechiste.

Ryan hace un papel sobresaliente, cercano a un arquetipo, encarnando a alguien corrompido por una vida consentida, llevado a convertirse en un sádico sin empatía, deshumanizado y cruel. Ante él, Bel Geddes y Mason, blancos, puros, bondadosos y generosos, viven una pasión prohibida. Rodeados de la maldad del todopoderoso marido millonario, no cejan en su ansia de libertad, de escapar de una casa que parece salida del subgénero old haunted house, una Casa Usher que se pudre como su amo.

Al final, la muerte revolotea cruelmente sobre los protagonistas, y la pérdida lleva a la libertad. El malvado Stack no tendrá lo que deseaba y sufrirá un infarto que estará a punto de ser definitivo. En un giro tragicómico, los amantes puros y honestos ganan su camino hacia nuevos pastos, mientras el rico de alma corrompida agoniza, no sin arrastrar todos una víctima inocente.

“Atrapados” es un cuento de terror reciclado en cine negro, en el que el marido celoso se convierte en un monstruo, y donde el que el maltrato centra una relación marital convertida en un juego de sadismo. Es una obra de interesante lectura contemporánea que invierte el juego del género habitual entonces y ahora -parece que hay constantes que perviven- y juega a la metáfora con el capitalismo salvaje y las desastrosas consecuencias que genera en sus víctimas y verdugos. Algo, qué duda cabe, de pura actualidad en estos días aciagos en lo que todo está en venta en nombre de un abstracto incomprensible llamado "deuda pública". 

Sólo nos queda el consuelo de que los malnacidos que han arrastrado al país en que vivimos al caos actual corran el mismo destino que Stack en la película. Algo que, desgraciadamente, es una de las ventajas de la ficción, que no del mundo real.

Este artículo fue publicado en el número 2 del periódico del Festival Internacional de Cine de Gijón, el 16 de noviembre de 2013. Lo he revisado un poco antes de publicarlo aquí.

El póster de Caught está en Wikimedia Commons. Copyright MGM. Se usa bajo supuesto de fair use.

La negación de lo público

¿No es desconcertante que sean los partidos de derechas los que aboguen de forma radical por la destrucción del Estado? Esa especie de “religión” del Tea Party que tiene como uno de sus mandamientos que lo público es malo (sin que nadie se pregunte por qué, y si eso es mejor que lo otro, cuando la evidencia científica y estadística afirma lo contrario, lo que hace que de nuevo todo esto parezca un asunto de fe) la profesan todos los políticos del partido en el gobierno en España en estos días.

Es desconcertante porque la mayoría de los miembros del gobierno actual profesan la religión católica y pertenecen a algunas de sus sectas más radicales. Y la religión católica tiene entre sus bases el concepto fundamental de familia. Siempre están hablando de la familia, ya sea por boca de las autoridades religiosas, o de ellos mismos. El discurso lo conocemos: El divorcio destruye la familia, el aborto destruye la familia, la educación laica destruye la familia, los gays destruyen la familia... Decidan ustedes el concepto y añadan la cola de que “destruye a la familia”, y tendrán solucionado el argumentario oficial de la derecha española.

Lo asombroso es el desprecio con el que miran a lo público, cuando lo público es exactamente la prolongación de la familia en la sociedad. Porque eso, que no otra cosa, son las prestaciones sociales, las asociaciones locales, los ayuntamientos, los gobiernos autónomos. El Estado es en realidad una prolongación del concepto de protección familiar extendido en el ámbito público, hacia los lugares a los que las familia no llega. Allí donde las personas pudieran estar desamparadas, el Estado prolonga, en una extrapolación perfectamente racional del orden natural heredado por nuestra especie, la obligación tácita que tenemos de protegernos unos a otros, esto es, de ayudar a los núcleos familiares en su tarea básica de desarrollar, alimentar y fomentar el desarrollo de seres humanos felices, solidarios, compasivos, y empáticos.

¿Qué si no es el Estado? ¿Qué si no son las prestaciones sociales, los servicios, la sanidad, la educación? ¿Qué si no la extensión de la familia al frío exterior de las casas?

Esa forma de ver las cosas, de considerar lo público como algo que todos nos hemos dado a todos para que nuestras vidas sean más dignas y vivibles, la metafamilia que la especie humana ha elegido para la protección de los suyos, curiosamente, no la entienden los mayores abogados del concepto familia de puertas adentro de las casas. Niegan a las sociedades el derecho de sustituir a la familia.

Es algo soprendente. Extraño. Y profundamente equivocado.

Pd.: ¿Y para qué? ¿Qué buscan? ¿Más dinero? ¿A qué esa obsesión por el aumento de beneficios a toda costa de la que hablé en un artículo anterior? ¿A qué ese deseo de poner todo lo que funciona en manos privadas? ¿Es que no se dan cuenta de que es insostenible? ¿Qué esperan sacar de Europa? ¿Convertirla en una nueva China, con trabajos miserables y ciudadanos trabajando como bestias por sueldos de miseria? ¿Privatizando todo lo que las sociedades construyeron como entidad pública con el sudor y la sangre de generaciones para que unos pocos se beneficien, empeorando servicios y encareciéndolos? ¿Encareciendo la miseria de los pueblos? ¿Y eso a quién beneficia? Desde luego, no al ciudadano, no a la gente. Cuando un gobierno se dedica a hacer esas gestiones se ha olvidado de para quién trabaja, algo tan simple como para sus electores, no para sus amigos, no para sus compañeros de casta, no para su modelo de vida. Sin embargo, hay una minoría de personas que hemos aupados a puestos de responsabilidad, y que aplican esa su religión incontestable a todo lo que tocan. De verdad, deberían, por el bien de todos, ponerse a pensar de verdad en lo que esperan de sus vidas y de sus actos, amplificados por la capacidad legislativa que se les ha dado. Y si en eso que esperan es lo mismo que esperan los otros, esos millones de personas que contemplan espantadas e incrédulas cómo se dilapida el trabajo de generaciones.

Ppd.: Hoy llegan las Marchas por la Dignidad a Madrid. Un político de derechas las ha comparado con partidos de ultraderecha. Ese señor de dudosa reputación en cualquier país civilizado había sido expulsado de su puesto nada más publicadas sus declaraciones. Ahí sigue.

La imagen, de Wikimedia Commons, "Pyramid of the Capitalist System" ("har löpt ut, bild av kapitalismen ur ett kritiskt perspektiv") 1911, está en dominio público.

Epistolario (6 de 5)

Ya sé que suena raro lo de "6 de 5", pero mandé esta carta-corolario a la Comisión de Sanidad, que se añade a la que ya he publicado aquí. Las notas al pie están al final.

Señorías,

Quisiera añadir esta carta como Corolario a la que les remití el día 22 de noviembre de 2013 respecto a la legislación española sobre el tabaco y el asunto de su matización legislativa (llamémoslo así) en las futuras (de existir) instalaciones denominadas “Eurovegas”. Por razones de espacio y enfoque del asunto obvié un gravísimo problema que afecta a esta ley y a otras, que creo es de máxima importancia en estos momentos.

Venía a decir el insigne jurista Federico de Castro y Bravo que el defecto de España de legislar sobre todos los asuntos de la vida ciudadana se suavizaba con el sistemático incumplimiento de lo legislado. Es decir, en España tenemos una sobresaturación de Leyes (¡según Hayderecho.com en España hay ni más ni menos que 100.000 leyes y normas en vigor! ¿Hay alguien en el país que las conozca todas? Es sencillamente imposible) y al mismo tiempo una costumbre secular de no aplicarlas debidamente. Todos saben, y más aún en este estado de Autonomías en que vivimos, que las leyes luego han de tener un reglamento de aplicación y en caso de asuntos con competencias transferidas, ese reglamento ha de ser confeccionado en cada autonomía y en ciertos casos luego pasará a los ayuntamientos para su implementación final.

Pues bien, yo resido en Madrid parte del año, la otra en Canarias y fuera del país en ocasiones, de modo que compruebo dolorosamente las formas en que aquí nos movemos. Les puedo asegurar que en Madrid la Ley del Tabaco de la que me ocupé en la primera carta no se cumple tanto como se debiera. No hay nada peor que tratar, señorías, un asunto de índole sanitaria y científica, desde el sesgo ideológico (generalmente un asunto de fe, para el que la realidad y la evidencia científica son meras molestias). Y eso ha pasado en Madrid. La Ley se ha implementado¹ con pequeñas trampas en su camino, respondiendo a no sé qué intereses. Primero, al asignar su cumplimiento a los Ayuntamientos, se lleva el asunto en Madrid capital a un oscuro departamento “Antidroga” de la ciudad con una dotación presupuestaria ridícula. Luego, se asignan sólo dos inspectores en una ciudad capitalina de tres millones de habitantes y un millón de transeúntes, en horario sólo de mañana. Así estamos en Madrid, señorías.

Ante estos mimbres, se deja al ciudadano desnudo ante el incumplimiento, que habrá de denunciar él mismo. Así, y de forma sistemática, la Ley se incumple en todos los veladores cerrados en invierno (cuando tienen cerrados tres paraviendos pasan a ser considerados espacios cerrados por la Ley como bien sabrán), y en el interior de infinidad de locales. El otro día fui a la Academia de Cine (sita en la calle Zurbano, 3) y entré en un café que hay justo delante. A fecha de entonces, hace unas semanas, los clientes fumaban a plena luz del día en el interior. Les amonesté, sin éxito alguno. Le pedí al camarero que denunciara, obviamente sin éxito tampoco.

Porque, señorías, los camareros y trabajadores de hostelería sometidos ilegalmente a este tóxico viven en la actualidad en un estado de chantaje diario, pues no pueden denunciar a sus jefes so pena de ser despedidos fulminantemente vía la nueva legislación que regula el despido, cuando están sometidos a un riesgo laboral inadmisible en cualquier país. Les recuerdo que antes de la aplicación de la Ley, morían mil camareros al año por ser fumadores pasivos, es decir, les mataba el humo de los cigarrillos que sus clientes se fumaban dentro de los locales en los que trabajaban. Algo inasumible e intolerable. Pues bien, esos trabajadores han sido abandonados por la Ley que debe de protegerles a causa de la inacción de una Comunidad y un Ayuntamiento que parecen trabajar al servicio de otros intereses, no los públicos precisamente.

Pero el caso más terrible con el que me he enfrentado, que muestra bien a las claras el gran deterioro de la protección legislativa en este país, es el de un conocido e influyente político que fue descubierto fumando en el interior de un conocido bar de Madrid que al parecer frecuentan los parlamentarios. El caso ha sido probado con fotos y con vídeos que fueron emitidos por un canal de alcance nacional². Es decir, existen además pruebas de que ese local incumple la Ley (es una Falta Grave, sancionada con 10.001 a 600.000 Euros de multa) y ese político ha incluido en una falta leve, sancionada con 30 Euros (que se convierte en grave si se reincide, por cierto). Sin embargo, a pesar de haber pruebas (suministradas en esta misma carta), y de tratarse de sanciones administrativas, nadie ha actuado de oficio contra ese político ni contra ese local. Es una especie de eterno retorno al pasado, a los viejos tiempos en los que, según seas, la Ley se te aplicará o no. Y gran parte del agravio cometido, y ahora, me temo, irresoluble ya, se habría resuelto con un pago público de tan nimia multa y una petición de disculpas, algo que, naturalmente, nunca ha ocurrido.

En cualquier país de nuestro entorno este comportamiento ignominioso en un servidor público le llevaría al escarnio y la vergüenza pública, y, ni que decir tiene, al cese o dimisión de todos sus cargos de forma inmediata, pues además de demostrar que los trabajadores de hostelería que le sirven, y los otros clientes del local que frecuenta, le dan exactamente igual, añade a ello, ya de por sí gravísimo, la carencia del menor respeto a su obligación de absoluta ejemplaridad, al tratarse de una persona con un cargo público que vive del dinero de nuestros impuestos y que debería de actuar de forma ejemplarizante siempre y en todo momento con respecto al cumplimiento de las Leyes que el Parlamento del que forma parte ha aprobado para todos los Españoles, él incluido. Un político ha de dar buen ejemplo de civismo y bonhomía en todo momento, y en todo instante. O no entiende cual es su función en el engranaje social, y entonces no debería de estar ocupando un puesto de responsabilidad.

La poca importancia que se ha dado al caso, y la completa inacción al respecto, nos demuestran que algo gravísimo, fundamental, básico, está fallando en los mimbres de nuestra sociedad. Si nuestros próceres, a los que se supone una elemental obligación conductual, actúan como hooligans y además no reciben castigo alguno por ello ¿Cómo queremos, con esos ejemplos, que los ciudadanos se sientan arropados y protegidos por las leyes? ¿Cómo se les puede pedir que respeten Ley alguna?

El caso de Madrid se multiplica con las declaraciones del actual Consejero de Sanidad, y a nivel nacional llega a su epítome con las de la Ministra del ramo, cuando ambos han puesto por encima de sus tareas ministeriales (la protección de la salud de los ciudadanos), en el caso Eurovegas, “el crear puestos de trabajo” (algo que obviamente no entra en sus competencias) como vana excusa para la no aplicación de la Ley en aquel recinto. Pues bien, tal y como convertimos nuestra legislación en papel mojado de forma sistemática, este dislate, que de nuevo en cualquier otro país llevaría a ceses inmediatos, se convierte en lo más normal. Con estas formas, vamos por el camino de que esta Ley se convierta en un trasunto de la de 1988, que nadie cumplía en ningún lado, para vergüenza de todos.

Y saben que esto es sólo un ejemplo de muchos. Les puedo poner otros que escapan al alcance de esta carta, como la Ley que pretende limitar a 30 días el pago de las facturas a empresas por parte de las Administraciones Públicas, que se incumple de forma sistemática desde el primer día de su aprobación, y que está llevando a la ruina a miles de empresarios.

Cabe entonces preguntarse ¿Para qué queremos leyes? ¿Para qué tanto esfuerzo si luego no se cumplen? ¿De qué sirve un Estado incapaz de sobreponerse a las presiones de intereses de todo tipo que le impiden proteger legislativamente a sus ciudadanos de forma efectiva?

Señorías, un país no se puede basar en mentiras, en legislaciones que se aplican a gusto del usuario, o en función de los intereses de los grupos de presión. Más aún en el caso del tabaco, en el cual todo el mundo nos mira y, sinceramente, estamos empezando con muy mal pie a dar la imagen de un país desnortado y al albur de los vientos que marquen los grandes intereses, obviando el interés ciudadano, la protección de la salud, y el Imperio de la Ley.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente.

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1A pesar de intentos de cambiarla ciertamente torticeros y puramente ideológicos, que no ignorarán fueron tumbados por el TSJM, en un proceso que costó dinero a los ciudadanos, pues obviamente la Comunidad fue condenada al pago de costas, ante una Ley que sabían no podían modificar a la baja por definición, pero ese es otro asunto.

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2Pueden consultar esas noticias y los vídeos en estas direcciones de Internet:

http://www.cuatro.com/te-vas-a-enterar/2013/mayo/23-05-2013/Alfonso-Alonso-salta-ley_2_1608630162.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/24/espana/1369397212.html

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/politica/noticias/4851996/05/13/Alfonso-Alonso-se-salta-la-ley-y-se-enciende-un-cigarro-en-lugar-publico.html

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Pd.: Tras el envío de esta carta, el diputado Gaspar Llamazares se puso en contacto conmigo vía email para informarme de que la transmitiría a los miembros de la comisión de la Izquierda Plural en el Parlamento madrileño. Llamazares, médico de formación, siempre ha sido uno de los políticos más combativos a favor del respeto a la ley del tabaco y de la salud pública en general. Os mantendré informados de lo que ocurra.


La imagen está en Wikimedia Commons. Es Yoshiko Kuga, actriz, que trabajó con Akira Kurosawa en películas como "El Ángel Ebrio" (1948) o "The Idiot" (1951). La imagen está bajo licencia Creative Commons 2.0 genérico con atribución. Consta como autor en Wikimedia Style Server, una usuaria alemana de Flickr.

Administrados electrónicamente

Ya he hablado aquí de la que considero pésima gestión de la administración electrónica que este gobierno está haciendo (y los anteriores, y las administraciones de todo nivel, de esto no se salva nadie). Hace unas semanas el asunto ha vuelto a ponerse de actualidad por esta noticia.

De nuevo los viejos vicios de una administración que trata a quienes debería de servir como súbditos, una forma de pensamiento decimonónica que persiste, tozuda. Este estado de cosas me ha llevado a enviar a un par de Comisiones parlamentarias varias cartas que he publicado aquí, pero noticias como la que enlazo más arriba me llevan de nuevo a plantear varias preguntas que me gustaría que alguien respondiera.

1- ¿Por qué se exige utilizar los registros electrónicos sin otra opción en ciertas gestiones como las del IVA, si apenas un 50% de la población española tiene acceso a Internet? ¿Nadie se ha parado a pensar en qué puede hacer la otra mitad de españoles que no tiene acceso a la Red de Redes?

2- ¿Por qué se exige la identificación electrónica sin previo aviso cuando la mayoría de los apoderados societarios no pueden solicitarla, al haberse excluido explícitamente ese trámite de los poderes plenipotenciarios? ¿En base a qué irregularidades supuestas o a prevenir qué delitos se toman estas decisiones? ¿Existen precedentes o es simplemente "para prevenir"? ¿Qué pasa con los administradores que no pueden desplazarse para hacer esa gestión -exclusivamente presencial- por razones de salud o movilidad? ¿Y qué con los que tienen que modificar sus poderes una y otra vez cada vez que se cambia la legislación así, llenando los bolsillos de las notarías? ¿Es esto lo que se llama "seguridad jurídica española"? Sólo para tenerlo claro.

3- ¿Por qué se exige el relleno de formularios que se han vuelto más y más complejos a personas que no tienen la formación adecuada, cuando están diseñados para funcionarios especializados en fiscalidad e impuestos, sin el menor criterio de ergonomía o legibilidad? ¿Alguien siquiera sabe que esos conceptos existen? ¿Se vigila la accesibilidad de las webs públicas a discapacitados pero no así la accesibilidad a los -en ocasiones, indescifrables- impresos que todos los ciudadanos han de rellenar obligatoriamente? ¿Se plantea alguien cruzar datos entre administraciones para descargar un poco del esfuerzo al ciudadano?

4- ¿Por qué se exige el uso de pasarelas de trámites y firmas electrónicos que requieren una formación informática y técnica de la que la inmensa mayoría de la población carece?

5- ¿Por qué se exige a los ciudadanos la tramitación electrónica cuando la conexión a internet no es un derecho básico en realidad y se paga entre las más caras de toda Europa?

6- ¿Por qué se exige a los ciudadanos la tramitación electrónica cuando ello requiere la adquisición de caras piezas de hardware?

7- ¿Nadie se ha parado a pensar en las consecuencias de volcar ciertos trámites del lado del ciudadano? ¿Persiguen estas medidas simplificar la vida ciudadana o más bien descargar a la administración de tareas para disminuir el número de trabajadores públicos?

Es muy frustrante que sigamos entrando cronológicamente en el Siglo XXI pero España siga profundizando en su anclaje en el XIX, eso sí, vía internet.

La foto está en dominio público. Muestra a un grupo de funcionarios del Public Curator Office en Brisbane, Australia, realizando su trabajo en 1946. Queensland State Archives. Digital Image ID 2714. De Wikimedia Commons.

Epistolario (5 de 5)

Esta carta la he remitido a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. En ella explico el que considero uno de los peores problemas de España, el de la legislación respecto a las empresas  y los emprendedores.

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Señoría,

En esta carta quisiera comentarle una visión general del estado actual de cosas que, respecto a los emprendedores y empresarios en general que he vivido a lo largo de los años, centrándome en las PYMES. Soy apoderado de varias pequeñas empresas, donde nos dedicamos a la producción audiovisual y al desarrollo de tecnología de entretenimiento.

Fundé mi primera empresa en 1998 lleno de ilusión, y sigo peleando con otras sociedades intentando crear empresa, empleo, productos dignos e interesantes, y tecnología punta. En estos años me he visto en todas las situaciones en las que cualquier empresario se encuentra cotidianamente: buscar financiación y clientes, realizar los proyectos, pero también realizar trámites, enfrentarse cotidianamente a la burocracia, negociar con las instituciones, etc.

El Gobierno está promocionando el concepto de “emprendedor” y a la pequeña empresa como una solución viable para ir sacando al país de la crisis, generar, empleo, etc. Al mismo tiempo, es una excelente propuesta para animar a muchos ciudadanos a autoemplearse y a decidirse a desarrollar ideas empresariales que no se atreverían a llevar adelante en otras circunstancias. Todo esto es realmente una opción muy interesante, que tal vez podría contribuir a desplazar ligeramente la industria-nicho española del viejo “ladrillo” a otras industrias más innovadoras, o cuanto menos inclinar un poco la balanza de aquel monocultivo empresarial. Todo esto es bueno, y en tiempos de crisis, que son tiempos para creación y el desarrollo de ideas innovadoras, resulta vital para contribuir al desarrollo del país.

En cambio, el otro lado de la moneda de todo esto, es que en el fondo, aquí no ha cambiado nada. España es y siempre ha sido una pesadilla burocrática para el empresariado, el autónomo, y las PYMES. No incluyo a las empresas grandes, pues tienen “escudos para burocracia” bien desarrollados, en forma de departamentos contables, asesorías, bufetes especializados, etc. El país está intentando cambiar de forma de pensar y de hacer negocios, pero el “sistema”, entendido como tal el estado de cosas burocrático, no ha cambiado en absoluto. En realidad, ha empeorado.

La Agencia Tributaria, la Seguridad Social y otras unidades recaudatorias, no han aflojado su tensión sobre empresas y autónomos, sino que ésta ha aumentado. La consigna de “déficit primero” ha puesto a instituciones recaudatorias que se supone que han de trabajar para el bien de la sociedad a trabajar de recaudadores a toda costa. Es un secreto a voces, al menos en mi Comunidad Autónoma, que se está incentivando agresivamente maximizar la recaudación, pase lo que pase. Y no es sólo eso, señoría. España tiene una legislación y una burocracia que ahogan y desincentivan la innovación y el emprendimiento. Parece en ocasiones desarrollada por un sádico que quiera justo todo lo contrario de lo que se pretende decir en las pomposas declaraciones oficiales. Las instituciones que deberían trabajar en pro de la ciudadanía se constituyen en este momento en cajas burocráticas de generación de frustración. Esto ha sido así desde finales del siglo XIX, se ha prolongado a lo largo del XX, sigue en el XXI y no parece querer cambiarse. Todo ello nos pone en la cola de los países desarrollados en cuanto a la incentivación de la inversión, de la creación de empresas, y, en resumen, de la “emprendeduría”.

España anuncia un apoyo al emprendedor que no sólo no existe, sino que funciona justamente, por la inercia de décadas y décadas, por las formas en las que se la legislado por años y años, justo para lo contrario.

No se trata, señoría, de parchear la legislación. Suelo viajar mucho a Reino Unido a negociar con coproductores. Allí un autónomo paga 12 Libras al mes, una empresa con empleados recibe ayudas para su funcionamiento, y crearla apenas ha costado unas libras y unos días a sus fundadores. Aquí cuesta 3.000 Euros y un mes de visitas a al menos cinco ventanillas, eso con suerte. Se han intentado habilitar parches, como las llamadas “ventanillas únicas”, para simplificar estos procedimientos onerosos. No funcionan, como todos los parches. El problema está debajo, en el hecho de necesitar cinco instituciones, diez pasos, que no se comunican entre sí en la era de internet para poder crear una empresa, todo ello basado en lo que la Legislación considera que es “crear una empresa”, o en lo que se consideraba hace sesenta o setenta años, que fue cuando se creó la legislación de base que se ocupa de ese asunto.

Al mismo tiempo, cada nuevo gobierno ha prometido acabar con las trabas burocráticas para constituir nuevas empresas, cuando la realidad es que el problema es otro: es el concepto que las instituciones, y desde ellas el gobierno, arrastran secularmente sobre empresas y pequeños empresarios.

El problema no es sólo la burocracia para la creación de una empresa, sino que se prolonga con las trabas burocráticas que, además, aparecen durante la vida de la empresa, y durante su final (no olvidemos que el índice de supervivencia de las Pymes en un período de 10 años es del 10%, es decir, el 90% se verán forzadas a cerrar, y deberían de ser ayudadas también como lo fueron al constituirse).

Más al contrario, las trabas existentes actualmente no se solucionan parcheando la legislación por enésima vez, sino replanteándosela desde el principio, con algunas preguntas vitales en mente ¿Cómo pretende la Administración que sea su relación a partir de ahora con las empresas y los emprendedores? Decidido esto ¿La legislación actual lo cumple? Si la respuesta es no, hay que cambiarla. Ojo, insisto en esto, porque es un error recurrente de sucesivos gobiernos: no parchearla, sino cambiarla. De arriba abajo. Toda ella.

En España visitar una Tesorería de la Seguridad Social o una oficina de Hacienda para intentar negociar una deuda tributaria no sirve para nada. Las empresas son sancionadas por errores nimios, la burocracia de tantas instituciones -nacional, autonómica, intermedia (Cabildos, Diputaciones), local- convierte la vida de nuestros contables -si podemos pagar un contable- en un infierno; hay que presentar cuentas, libros de visitas, declaraciones trimestrales, anuales, firmas electrónicas, certificados de proveedores, certificados de IVA, etc, etc, etc. Cientos, miles de modelos de impresos, criterios incompatibles, exigencias demenciales, controles sobre controles, castigos a la ganancia y al beneficio en forma de impuestos de sociedades desalmados, registros redundantes, actas notariales, registros de la propiedad... Las legislaciones recientes, como la que se supone permite una “segunda oportunidad” a los emprendedores que pierden su negocio se han creado sin intención alguna de que funcionen realmente (no se han aplicado a casi nadie hasta ahora ¿No es esto significativo de para qué sirve una determinada legislación creada sólo para generar titulares, al parecer, pero ineficiente al final?)

Cuando un empresario cae en desgracia y su sociedad no puede responder a sus obligaciones, por ejemplo, con la Agencia Tributaria, la supuesta “responsabilidad limitada” de la empresa que administra se le transfiere directamente a su persona. Así, la definición de las sociedades de responsabilidad limitada es traicionada. Un empresario se verá ahogado, teniendo que afrontar el coste del concurso de su empresa, por las deudas de su empresa con Hacienda, que le son transferidas a sus cuentas personales, que son embargadas sin que nadie haya calculado qué porcentaje de ese embargo puede impedir la mera subsistencia al administrador. Estas derivaciones abusivas ocurren a diario y los tribunales generalmente las tumban, pero para que eso pase el empresario ha de tener los reflejos suficientes para recurrir, algo que no siempre pasa, sobre todo con el stress que implica la ruina del proyecto personal que es una pequeña empresa. ¿Por qué las instituciones actúan de forma injusta, a sabiendas de que causan daño a las personas, en casos como este? ¿Es que todo vale con tal de recaudar?

Según una encuesta de BM, los empresarios dedican 300 horas en España a gestionar la carga impositiva y burocrática que sufren sus empresas, en ocho pagos a las distintas administraciones, cuando todo ello podría ser fácilmente, en los tiempos que corren, automatizado, cruzado, minimizado y agilizado, siempre y cuando se trabaje pro-ciudadano, y no como ahora pro-aparato burocrático. En España algunas instituciones no trabajan para el ciudadano, porque nadie les ha enseñado a hacerlo, o porque la legislación a la que se deben no lo permite, por obsoleta y por vieja.

Tenemos finalmente los autónomos y emprendedores la sensación contraria, de que somos nosotros los que trabajamos para el Estado, ahogados en papeles, procedimientos, sanciones, declaraciones, etc. Otro ejemplo de ello que siempre me ha sorprendido son las encuestas del INE ¿Sabe su señoría que el Instituto Nacional de Estadística remite encuestas anuales a las empresas? Hasta ahí todo bien, ya que las encuestas son la forma de conocer el estado de cosas en un país, especialmente en el mundo empresarial. Pero ¿Sabe su señoría que son de obligatorio cumplimiento, si tienes la desgracia de que tu empresa sea elegida, y que los impresos digitales son de enorme complejidad, tanto que son dificultosos hasta para las asesorías contables que nos descargan del trabajo, pero que si no se rellenan la empresa ha de pagar una sanción económica? ¿Es consciente su señoría del chantaje al que el INE somete a las PYMES de este país cada año con estas encuestas obligatorias?

El resultado para un empresario único en una sociedad unipersonal es que él debe de emplear decenas -sí, decenas- de horas a rellenar unos impresos que ni él mismo entiende ¿Qué calidad tendrán esas respuestas? Me he visto rellenando esos impresos obligatorios del INE, desesperado porque tengo que trabajar para comer y esos impresos me lo impiden ¿Qué calidad de respuestas puedo ofrecer en esas circunstancias? No paro de escribir a los responsables del INE suplicándoles que por favor dejen de usar esos chantajes a los ciudadanos, que como si no tuviéramos bastante, tenemos que arrostrar otra burocracia más sin remisión. Nadie ha respondido a mis quejas. Sí, la falta de transparencia, es otro, viejo, problema.

La administración electrónica se ha convertido en otro problema más. En vez de simplificar la vida del ciudadano, lo que se ha hecho es trasladar la burocracia a los ordenadores personales de la gente. Ahora además trabajamos para la Administración haciendo trámites que antes los funcionarios de ventanilla hacían para nosotros. Se ha convertido en toda una tortura, con procedimientos incompatibles, interfaces incomprensibles, nula estandarización de procedimientos, firmas electrónicas que no funcionan, y para colmo en ocasiones cerrando el registro físico, siendo sólo accesibles ciertos trámites por vía telemática. ¿Es esto facilitar la vida a la gente? El problema por ese lado es también enorme, pues cada institución del Estado va por sus fueros y nadie se coordina, y ello me ha llevado a la redacción de otra carta que he remitido a la Comisión de Redes Sociales del Congreso, dependiente de la Comisión de Interior, que creo es la más indicada de entre las existentes.

El otro día, hablando del registro físico, hube de registrar en la Propiedad Intelectual un trabajo. El coste fue de casi 13 Euros. ¿Sabe usted lo que costaba en 1986 cuando, siendo casi un crío, registré por primera vez una obra? Aproximadamente 30 céntimos de Euro. Un incremento de un cuatro mil trescientos por cien. ¿Ha subido la inflación un cuatro mil por cien en estos años? Claramente, no. ¿Cómo se pueden cobrar esos precios desorbitados en trámites nimios? Y es sólo un ejemplo de las tasas que han sustituido a los viejos timbres, y que ahora se usan para penalizar, curiosamente, los trámites no telemáticos.

Pero la pesadilla, que en esto se ha convertido la vida del pequeño empresario español, sigue y sigue. ¿Qué pasa cuando te arruinas, cuando tu empresa debe de emprender un concurso de acreedores? El panorama no es agradable. A la tragedia del fracaso personal del empresario se añade, de nuevo, la maraña burocrática española y sus increíbles exigencias económicas.

Cuando una empresa entra en concurso, generalmente está arruinada, y sus administradores también. Cuando se decide aplicar el procedimiento concursal, el administrador se topa con la necesidad de desembolsar una cantidad casi siempre inviable, dadas sus circunstancias, de entre 12.000 y 30.000 euros, para pagar el concurso de acreedores ¿Cómo se concibe esto? Ir a concurso implica la ruina de los administradores sociales. Justamente, en España y a causa de esto el porcentaje de Pymes en concurso es ridículamente pequeño en comparación con los países de su entorno. Como consecuencia, hay en este momento miles de sociedades “zombi”, totalmente arruinadas, inviables e irrecuperables, pero que no pueden declarar concursos de acreedores porque no pueden pagar los costes de esos trámites. ¿Se ha hecho algo al respecto?

Los empresarios, autónomos y emprendedores con problemas temporales de tesorería, a la práctica imposibilidad actual de obtener créditos-puente o renegociar lo que ya pagan, suman los altísimos intereses de demora que, seamos claros, no son otra cosa que castigos dinerarios, a que les someten Hacienda, Seguridad Social, recaudadores locales e intermedios, etcétera, y nadie se ha planteado este problema.

Uno de tantos ejemplos: por razones que no vienen al caso hace unos años mi empresa estaba en deuda con la Agencia Tributaria, y el ICAA (Ministerio de Cultura) le había concedido una ayuda automática por una película (el 15% de la recaudación bruta de taquilla, prevista por la Ley) que nos hubiera aliviado y nos hubiera permitido sobrevivir. Pero no se pudo cobrar por existir aquella deuda. Intenté plantear que se estudiara para un caso similar en el futuro que se transfiriera directamente la cantidad de la Ayuda a la Agencia Tributaria, como si se tratara de un embargo o una pignoración; se permitiría a las empresas en apuros el saldar la deuda, se podría aliviar ese problema fácilmente sin forzar la legislación, y así algunas empresas con problemas, que son muchas, podrían sobrevivir.

Obviamente, la propuesta fue denegada. De nuevo, un Estado lento, monstruosamente burocrático, paralizado por definición, no percibía el gavísimo, agónico problema que ciertos viejos modos, inviables en tiempos de crisis salvajes como esta, causaban en empresas que se han comportado en todo momento de buena fe. Desgraciadamente, señoría, con los grandes recaudadores, especialmente la intocable Hacienda, la buena fe no basta. Usted sabe tan bien como yo que el tratamiento de Hacienda hacia el sujeto del impuesto, el ciudadano, es contrario a la constitución y a los derechos pro reo del sistema jurídico: se le considera culpable ex acto. Esa filosofía perversa, contraria a legalidad y humanidad, preside todos los actos de la Agencia. ¿Qué resultado esperamos con esos mimbres?

La consecuencia directa de todas estas situaciones injustas y en ocasiones abusivas, es que la economía sumergida en España es una de las más altas, en porcentaje, de los países desarrollados de nuestro entorno. La gente decide, sea ello reprochable o no (ese es otro asunto) que cobrar sin factura, sin dejar rastros, sin alta en Seguridad Social, les permitirá vivir. Exigen ser invisibles para el sistema. Ir por la vía “legal” les hace inviable la supervivencia. Si casi uno de cada tres generadores potenciales de empleo lo está haciendo, es que algo muy grave está fallando en este país.

España sigue legislada en todos estos aspectos por normas que ya eran inaceptables, torticeras y alambicadas en los buenos tiempos del pasado. Ahora que la crisis se ceba con todos, especialmente con los más débiles y pequeños, esa burocracia inextricable no sólo no se ha modificado lo más mínimo, sino que ha empeorado. Los procedimientos han aumentado, las exigencias a las sociedades se han incrementado, los impuestos no han hecho más que elevarse. Para la Administración del Estado, en términos de relaciones con las pequeñas y medianas empresas, la crisis no ha ocurrido. Seguimos igual que hace 5, 10, 20 ó 30 años. No hablaré del IVA indiscriminado del 21%, que es un caso de libro de fracaso de la presión fiscal que ha llevado a una bajada en la recaudación.

Señoría, asumámoslo de una vez: esto es un desastre.

Es un buen punto de partida para cambiar las cosas.

Crear una empresa en España en estos momentos es un suicidio. No se lo recomendaría a nadie. Antes les diría, se lo juro, que se fueran a Reino Unido y la montaran allí. Encontrarán respeto, apoyo y ayuda. Simplemente siendo ciudadanos europeos. Se llama “movilidad exterior”, creo.

¿Cómo pretende este país que existan emprendendores con este escenario y estas maneras que sufrimos a diario?

No se trata de que haya que ajustar un poco aquí y allá, ya que eso es lo que han hecho los gobiernos hasta ahora, legislando casi para “el telediario” sin pensar en que lo que están haciendo es añadir impedimentos a las empresas, sin pensar -me niego a aceptar que se haya hecho a propósito- que lo que se está legislando es tan tímido y tiene tantos factores de exclusión que no se puede aplicar en el mundo real. El problema es mucho peor.

Se trata de que todo el edificio legal, de arriba abajo, es un gigantesco castillo de naipes que ha sido parcheado demasiadas veces ya, y que se cae, se nos cae encima a los pequeños empresarios, a los ciudadanos, a las PYMES, a los autónomos, y nos aplasta a diario.

Las empresas en España, sobre todo las pequeñas (el 90% del tejido empresarial de España) son las que crean empleo, las que luchan a diario por hacer crecer al país, y las que generan su riqueza. Son tratadas brutal y desconsideradamente por una administración y una burocrática con modos decimonónicos que nadie se ha esforzado en arreglar, llevando al país a una situación insostenible. Estos viejos y caducos modos contribuyen, qué duda cabe, al depauperado estado actual al que la crisis nos ha llevado. Y por lo que veo nadie está pensando en cambiar este estado de cosas, que considero insostenible.

¿La solución? Me temo que es tirarlo todo para empezar de nuevo. La filosofía básica de las instituciones recaudadoras y de las medidas supuestamente fomentadoras del negocio en España es fallida, se creó hace demasiado tiempo y no está funcionando en la sociedad actual. Es más, se está utilizando como herramienta de frustración hacia el empresariado y el emprendedor. ¿Qué se busca? ¿Ayudar al emprendedor o frustrarle? Si la respuesta es “ayudar”, hay que cambiar toda la legislación. Hemos de decidir convertirnos en una especie de Reino Unido, que favorece la empresa y que no la ahoga a impuestos. Y no se pueden admitir más parches o más “casos particulares” en legislaciones parcheadas y parcheadas en legislaturas pasadas. Todo abogado español sabe que la jungla legislativa española, por ejemplo en términos de recaudación de hacienda, es inextricable, contradictora, ininteligible en ocasiones, y positivamente está diseñada para no ayudar, sino todo lo contrario.

Todo esto proviene de una mentalidad generada, me temo, hace dos siglos y mantenida durante la dictadura, que encierra una forma de ver el mundo y la sociedad que ya no existe, y que proveniente del Siglo XIX, que considera que el emprendedor es alguien peligroso que debe de ser atado corto, como si fuera un niño poco responsable y travieso, y que no debe plantear problemas a los viejos y señoriales amos que han heredado la propiedad de los medios de producción, a los “hidalgos viejos” de una España que ya no existe. Eso, que suena a trasnochado, es la base de la ideología sobre la que se ha legislado en este país desde siempre y se mantiene a pesar de cualquier cambio, en un eterno retorno lampedusiano, en los cimientos de nuestro corpus legislativo. O cambiamos desde abajo, desde los cimientos, todo esto, o no habrá mucho que hacer, excepto asistir al hundimiento de todo el país.

Señoría, sé que lo que le sugiero es tremendo, pero alguien va a tener que hacerlo. Puede que sea en esta Legislatura, o no. Puede que sean ustedes los que lo cambien todo, o no. Le garantizo que pasarían a la Historia. Es un hecho que un cambio copernicano en toda la legislación española al respecto causará un auténtico shock, pero en el largo plazo este país sólo así podrá salir del agujero en el que ha caído.

Al mismo tiempo, la mayoría de los abogados, jueces, inspectores de hacienda, funcionarios, empleados de la Seguridad Social, recaudadores, etc. del país saben que es la única manera, y se mostrarán encantados de que las cosas cambien, y de colaborar en ese cambio.

El primer paso supongo que sería proponer una Comisión de Hombres Buenos que pudiera elaborar una suerte de Libro Blanco sobre el estado de las cosas en la legislación general del país, y que podrían proponer al Gobierno una serie de cambios básicos en todo lo que se ha legislado hasta ahora para ir emprendiendo una transición sin traumas. Debería ser el de estas personas un compromiso intergeneracional, en el largo plazo, pues este trabajo llevará mucho tiempo. Hablo de personas honestas, capaces, y entregadas a España, que las hay, y muchas. Sólo hay que elegir bien.

Esto, señoría, no es un problema de ideologías, eso sería un error. Es un problema de supervivencia. De que España sea o no sea a lo largo de este Siglo. Nos jugamos mucho, y alguien tendrá que hacerlo. Insisto, pueden ser ustedes ahora, u otros que vengan después, pero mientras no se tomen esas decisiones -este es un problema gigantesco, vasto, de extraordinaria complejidad legal y jurídica y dotado de múltiples facetas e interacciones, que atraviesa de forma transversal muchas legislaciones españolas de todo tipo y nivel-, España seguirá perdiendo el tren de la modernidad. Y ese lujo no nos lo podemos permitir. Por favor, antes de que sea demasiado tarde, señorías, hagan algo.

Sin otro particular, agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente y desearle todo lo mejor en su labor.


Remití este mensaje a 26 miembros de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Me respondió María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) con la que me reuní en el Congreso hace unos días. La acompañaba Patricia Blanquer, del mismo grupo. Ambas se mostraron muy receptivas y amables. Incluso tuvieron la deferencia de mostrarme una pregunta que Blanquer había presentado, al respecto, a la Ministra de trabajo. La respuesta, robótica, alienada y completamente innecesaria, de la titular del Ministerio, me lleva al absurdo que es todo esto del teatro parlamentario, especialmente con mayorías absolutas, en las que cualquier tontería vale como respuesta a preguntas de la máxima importancia. Qué pérdida de tiempo y de esfuerzo. Qué desolación. En fin, es otro asunto, pero es tan preocupante como todo lo demás.

La imagen que ilustra este texto está en Wikimedia Commons. Farina Letter 1801. Autor: Johann Maria Farina. Farina fue el inventor del agua de colonia. Está en dominio público.

Epistolario (4 de 5)

He remitido esta carta a la Comisión de Interior del Congreso. Se refiere al dislate que actualmente se ha armado con los registros electrónicos en todo el país.

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Señoría,

Me pongo en contacto con usted para hacerle llegar un problema que creo necesita una solución, o cuanto menos un diagnóstico, lo antes posible. Es un asunto en el que poca gente tiende a fijarse, posiblemente por desconocimiento, pero que finalmente nos afecta a todos en nuestras relaciones cotidianas con las instituciones.

Como usted sabrá, de unos años a esta parte se ha ido generalizando el uso de la llamada “identidad electrónica” para personas físicas o jurídicas en nuestro país. Esta permite agilizar, gracias a las redes de datos como Internet, las relaciones entre personas e instituciones, algo sin duda positivo, pero que creo es mejorable. Me explicaré.

Usted habrá hecho uso muchas veces, como nos pasa a todos los ciudadanos, del Registro General para presentar un documento a una institución. Este Registro General constituye un derecho ciudadano que permite a la población comunicarse de forma fehaciente con diversos niveles institucionales, desde el Gobierno de la nación a instituciones locales, sociedades públicas, etcétera.

En los últimos años estas instituciones han generalizado los registros electrónicos, intentando mejorar así su servicio al ciudadano. El problema es que esta filosofía “pro ciudadano” no siempre se cumple. En algunos casos se ha sustituido completamente el registro tradicional por el electrónico, y sólo cabe la comunicación con ciertas instituciones vía electrónica. Cada registro electrónico, por su parte, utiliza interfaces de usuario -el diseño con el que el ciudadano debe de enfrentarse a la hora de usarlo, que en teoría debe de ser ergonómico y sencillo- diferentes, algunos realmente abstrusos y complejos. Otros exigen a los ciudadanos requerimientos técnicos y conocimientos informáticos que no tienen por qué tener -desde restricción de navegadores, los programas que usa la gente para navegar por Internet, a segmentos de código que deben de instalarse para que el registro funcione-. Todos estos ejemplos están llevando a una nueva maraña burocrática, esta de tipo virtual, que una vez más está dificultando considerablemente la vida a los ciudadanos.

En mi experiencia (soy autónomo, tengo un par de sociedades, produzco cine y productos tecnológicos) me he enfrentado a situaciones kafkianas haciendo uso del registro electrónico. Le resumo algunas de ellas, que son las que me han llevado a escribirle esta carta:

a) Ciertos Registros Electrónicos aparecen y eliminan el Registro General físico, obligando a los ciudadanos a incurrir en unos gastos personales que no eran necesarios en el caso del Registro General, creando un agravio comparativo con respecto al derecho de uso de los registros físicos: comprar un ordenador, tener conexión a internet, instalar ciertos navegadores, solicitar la Firma Electrónica, etc.

b) Los Registros Electrónicos no están para nada estandarizados. Unos admiten archivos adjuntos al presentar documentos, otros no. Los que sí, tienen todo tipo de tamaños máximos y mínimos, todos ellos diferentes. En ocasiones me he visto teniendo que dividir un PDF en 20 fragmentos para poder enviarlo al Registro Electrónico de una determinada institución porque por cada documento el máximo admitido es demasiado pequeño. En otros casos el tipo de documentos que admiten es restringido. Por ejemplo, sólo documentos de Word, cuando el estándar mundial es el PDF. O documentos en texto RTF pero no Word, etc. La maraña de formatos admitidos y no admitidos vuelven loco al más pintado.

c) Ciertos Registros Electrónicos no funcionan 24-7. Se caen, no dan acceso cuando es necesario, y eso afecta gravemente a los pliegos de condiciones, por ejemplo, de los concursos públicos. No es la primera vez que veo que una institución debe de prolongar plazos de admisión por haber tenido su registro electrónico caído durante varias horas en momentos críticos, que generalmente son los momentos–pico de accesos en los que se acerca el final del plazo de presentación de documentación de algún concurso. El sistema no está bien desarrollado, y se “cae” o bloquea por exceso de demanda en un pico de usuarios. Eso en el registro físico no ocurre, pero en muchos casos esas instituciones han decidido que el Registro Electrónico es ya la única vía de remisión de documentos a ellas, cayendo en su propia trampa. Mientras la tecnología no lo permita, ni haya sistemas redundantes a mano y que respondan eficientemente a los picos de demanda, mejor ser prudentes y no eliminar lo que funciona bien, el viejo y fiable registro físico.

d) Algunos registros electrónicos tienen exigencias particulares de softwares que sean compatibles con ellos que exigen amplios conocimientos en informática que no todos tienen: funcionan sólo bajo ciertos sistemas operativos, con ciertas versiones de navegadores -los programas con los que se navega por Internet- incluso algunos exigen la instalación de segmentos de software propios, que tienen, por su parte, otras limitaciones de compatibilidad. Por poner un ejemplo, cierta plataforma de registro electrónico en la Comunidad Canaria no funciona a no ser que se instale en el navegador un software propio (algo que no ocurre en ningún otro registro electrónico que yo sepa). Ese software tiene otras limitaciones añadidas a las propias del registro electrónico. En este caso -disculpen el tecnicismo- requiere que el navegador esté en modo de Usuario Master y sólo permite plataformas Wintel. ¿Cuántos ciudadanos tienen los conocimientos técnicos necesarios para tan abstruso requerimiento y así poder ejercer el simple derecho de usar ese registro electrónico? Por supuesto, esta institución ha renunciado al registro físico ¿Cuántas personas no han podido remitir sus documentos a esa institución por esta causa? Nadie lo sabe. En mi caso, no he podido jamás remitir documentos desde mi ordenador -un Mac- a esa institución, y siempre tengo que pedir a la Asesoría que me lleva las cuentas el favor de que ellos los remitan en mi nombre, ya que ellos tienen un ordenador PC que sí es compatible con su segmento de código.

e) Algunos interfaces parecen diseñados -y discúlpeme la ironía- por un sádico. Son difíciles de entender, innecesariamente complejos, Piden una y otra vez los mismos datos, y pueden desesperar a cualquiera. Algunos sin previo aviso te expulsan del trámite y debes de empezar de nuevo. Otros simplemente estan tan mal programados que se bloquean si no sigues ciertos caminos por el interface. Se están usando en algunos casos unos algoritmos que no pasarían un control de calidad de un software en Fase Alfa de desarrollo -se trata de la fase más preliminar del desarrollo de un programa informático, conocida entre los programadores por ser una fase en la que el programa está lleno de errores que se van corrigiendo, para pasar a la Fase Beta, que se sigue refinando, y finalmente llega a la fase comercial-; pues bien, hay registros electrónicos que no han sido siquiera testeados suficientemente en condiciones reales y sin embargo se han convertido en la única vía de remisión para los ciudadanos a ciertas instituciones.

f) Algunas instituciones están literalmente quitándose de encima trabajo. El sistema Red.es, por ejemplo, exige a los ciudadanos y empresas usarlo de forma única, y ha hecho desaparecer la ventanilla de atención física al ciudadano, de manera que ahora obtener por ejemplo un Certificado de estar al Dia son la Seguridad Social de forma urgente por ventanilla no es posible, pues tiene que obtenerse únicamente por vía telemática. ¿Nadie se ha planteado que eso crea un perjuicio a los ciudadanos, más que un beneficio?

g) La firma electrónica de los documentos dificulta de forma añadida el uso del registro. En ocasiones tarda minutos. En otras, no se sabe si se ha recibido bien o no el documento, generando una tremenda inseguridad en el ciudadano. He pasado horas luchando con registros electrónicos que tardaban casi una hora en firmar los documentos remitidos, algo que no deseo a nadie.

La del Registro Electrónico, señoría, es actualmente una auténtica jungla en la que cada uno va por su lado, en la que nadie se ha puesto de acuerdo con nadie. Unos eliminan el Registro General, otros no. Unos piden unos datos en sus formularios y permiten almacenarlos para futuras iteraciones, otros no. Otros usan métodos abstrusos de trabajo, que hacen la vida de los ciudadanos más complicada con versiones electrónicas de sus impresos que podrían ser mejorables con un mínimo esfuerzo. No hay ni un concepto estándar, ni una lista de formatos ni de tamaños. Unos registros piden los datos de la persona en el formato “nombre y apellidos”. Otros en “apellidos y nombre”. Unos piden los DNIs con puntos y guión antes de la letra. Otros sin él. Y así un sinfín de tareas que, de estandarizarse, nos harían la vida mejor a todos.

Mi sugerencia, que me gustaría fuera considerada por ustedes, llevaría a los siguientes pasos:

1-Recuperación del Registro General tradicional (físico) en todos los casos, y sin excepciones. El añadido de un nuevo “registro electrónico” no debería de eliminar el físico, pues hay ciudadanos aún que no tienen acceso a equipos informáticos ni a los conocimientos necesarios para manejarlos, lo que genera un agravio comparativo y dos clases de ciudadanos, los conectados y los no conectados, algo a lo que las instituciones no deberían de contribuir. Y hablamos de casi un 30% de la población.

2- Elaboración de un Convenio interinstitucional alrededor de los llamados “Registros Electrónicos”, que llegue a todas las instituciones del país que tengan este tipo de registros, y las vincule, de modo que se puedan verificar los siguientes pasos, a saber:

3-Examen, basado en el Convenio anterior, de todos los sistemas de Registro Electrónico del país, a todas las alturas institucionales, con vistas a elaborar un Diagnóstico de los sistemas existentes y de un Libro Blanco del Registro Electrónico que permita emitir una serie de recomendaciones y estandarizaciones de diversos niveles. Este Libro Blanco debería ser redactado por expertos en redes informáticas, en diseño de interfaces de usuario, ergonomía, requerimientos burocráticos, firma electrónica, funcionarios, instituciones, representantes de cada institución, etc.

4-Elaboración de unas Directivas de Registro Electrónico de tres niveles de aplicación para todas las instituciones del país: de obligado cumplimiento, de cumplimiento recomendado y de cumplimiento sugerido. Estas directivas irán desde la estandarización de los formatos de datos a introducir a los diseños de los interfaces de usuario, pasando por la firma electrónica, los tiempos de respuesta, etc.

5-Creación de un Instituto del Registro Electrónico y un estándar ISO que supervisen los interfaces de usuario, y tras un plazo razonable hacerlos de obligado cumplimiento, siguiendo las Directivas del punto 4. Las instituciones que no quieran o no puedan realizar esas estandarizaciones podrán ceder el desarrollo al Instituto o a empresas privadas por acuerdos intermedios y concursos, de manera que se las pueda liberar de ese gasto. Se sobreentiende que las “tripas” de cada registro, el código programado, podrá ser de un tipo determinado pues ya se ha desarrolado, pero se deberá garantizar una mínima estabilidad, y a la vez un estándar de interacción con el usuario (véase punto 4). No se trata de “tocar” las tripas del desarrollo tecnológico, sino de estandarizar la forma en que todos los registros electrónicos del país interactúan con la ciudadanía.

Existen tantísimos registros electrónicos en estos monentos, son tan tremendamente diferentes, algunos de tal hostilidad hacia el usuario, que mueve al asombro que no se haya estandarizado algo tan básico, que ya lleva precisamente, y por definición, estandarizado el Registro General desde hace décadas.

Creo que es perentorio tomar una decisión al respecto, pues hoy en día la ciudadanía se ha de enfrentar a una auténtica jungla de requerimientos incompatibles entre registros electrónicos.

Sin otro particular, agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.


Tras remitir este mensaje a la Comisión, fue respondido por Conrado Escobar, que lleva al parecer la cosa de redes sociales en el Partido Popular. Me pidió cita, y me reuní con él hace unos días en el Parlamento. Se mostró receptivo e interesado en el asunto, y prometió que propondría una PNL (Proposición No de Ley) al respecto, y que "se lo comentaría también a Montoro", refiriéndose al Ministro de Hacienda, ya que hablamos del problema que ha ocurrido con la presentación telemática obligatoria del IVA que se ha impuesto recientemente (sobre lo que haré un texto en breve). Como en otras ocasiones, quedo a la espera de acontecimientos. Así que os mantendré informados por esta vía.

La carta la remití a 14 de los 19 miembros de la Subcomisión de Estudio de las Redes Sociales del Parlamento, todos los que tenían email visible en la Web del Congreso: Ángeles Álvarez (Grupo Socialista), Julieta Micheo (Grupo Popular), Antonio Trevín (Grupo Socialista), Ricardo Sixto (Grupo Izquierda Plural), Ignacio Sánchez Amor (Grupo Socialista), Carlos Salvador (Grupo Mixto), Pilar Marcos (Grupo Popular), Gaspar Llamazares (Grupo Izquierda Plural), Rafael Larreina (Grupo Mixto), Jordi Jané (CiU), Joan Feliú (CiU), Conrado Escobar (Grupo Popular), Susana Camarero (Grupo Popular) y Alberto Garzón (Grupo Izquierda Plural). De ellos respondieron dos, Sánchez Amor, que prometió leer el documento pero del que no he tenido noticias a fecha se hoy, y Conrado Escobar, que me recibió en el Congreso para hablar del asunto. Dos de catorce.



La imagen que ilustra este artículo está en Wikimedia Commons. Part of a seven-page letter written to Bell's parents in 1878 explaining how to use his newly-invented telephone. The letter sold for $92,000 in a 2012 auction in New Hampshire. Está en dominio público.