Un hermoso y arriesgado experimento

La versión de Les Misérables de Tom Hooper destaca entre otras cosas por su inteligente uso de la emoción y verdad interpretativas, que son raras de ver en un musical. En ocasiones los planos cortos en los que el director fragmenta las interpretaciones de las canciones llegan a ser sobrecogedores, un auténtico golpe emocional. El sostenido del primer plano de Anne Hathaway cantando I dreamed a dream es avasallador. El gran guiñol teatral y coreográfico de las escenas previas, en las que su personaje vive un sacrificio expiatorio y atroz actúan como una corriente embalsada, y el devastador e impresionante trabajo interpretativo de Hathaway en ese plano secuencia hace explotar la presa con una precisión impresionante. Ocurre de forma similar en muchas escenas, especialmente aquellas en las que Hugh Jackman brilla como el extraordinario cantante y actor que es, en una virtuosa alquimia de exactitud interpretativa y catarsis.

Pero todo esto está ahí porque Tom Hooper ha tomado una decisión fundamental a la hora de crear esta nueva versión del musical que a su vez adapta la novela de Víctor Hugo: volver a los tiempos de The Jazz Singer. A los primeros musicales.

En este género de cine, la técnica actual utilizada asume que las canciones se suelen grabar en primera instancia en un estudio como si se grabara un disco y luego son interpretadas en el plató por los actores haciendo playback. En esas circunstancias para cualquier actor es todo un trago intentar interpretar unas canciones que ha grabado meses atrás en un estudio; eso si las ha grabado él mismo.

También hay casos inversos, en los que el actor ha perdido su voz, caso de Ava Gardner en Magnolia, donde su voz fue doblada a posteriori por Anette Warren (el efecto en la moral de la actriz y en su propia vida está magníficamente recreado en el excelente documental La noche que no acaba de Isaki Lacuesta).

Pero en los primeros años del cine sonoro, cuando las cámaras debían estar encerradas en pequeños búnkeres y no existían las mezclas de sonido, los musicales de Hollywood se cantaban en directo, ante las cámaras.

Al Jolson en The Jazz Singer interpreta sus canciones en directo, con una orquesta acompañándole detrás de la cámara. A medida que el uso del sonido en el cine se fue sofisticando y se pudieron hacer mezclas de música y efectos, esta técnica, muy engorrosa, se abandonó, a favor del playback.

Y Hooper ha decidido volver a intentar esa artesanía abandonada hace 80 años, con las técnicas de las que ahora disponemos. Los actores de Les Misérables interpretan sus canciones en directo. Un auricular oculto les suministra la música, interpretada al piano desde una sala aneja al plató de rodaje, y el actor recupera, o descubre más bien, la libertad de ajustar a sus emociones, a su sentir en cada momento, el tempo, la entonación, la actitud e intención del canto. El resultado es asombroso. La técnica es aplicable con precisión técnica al estar la película rodada en su mayoría (excepto algunos exteriores) en estudio (los Pinewood londinenses), en condiciones de sonido ideales.

He leído por ahí que a algunos les parece excesivo; tal vez estén olvidando de que hablamos de un musical que adapta una de las mayores novelas del Siglo XIX, una obra titánica abarrotada de recursos folletinescos.

También se acusa al director de abusar del primer plano en la realización de la película. Si bien parece una limitación inevitable del hecho de rodar con multicámara las interpretaciones para tener acceso a cobertura en montaje, creo que el director ha creado estilo desde esta limitación, contando el drama a través de los rostros de los intérpretes, y haciendo de la necesidad, virtud.

Es sorprendente asistir a la energía que este método de trabajo da a los actores, todo un regalo, y a la honestidad que transmite este elenco de entusiasmados intérpretes rebosantes de talento y entrega. El brillante resultado de un experimento arriesgado.

No es, empero, la primera vez que este recurso se utiliza; cabe recordar films en los que se interpretan algunas canciones en directo, como At long last love (1975) un homenaje a los primeros musicales dirigido por Peter Bogdanovich, el remake de Ha nacido una estrella de 1976 con Barbra Streisand o La rosa (1979), el biopic de Janis Joplin con Bette Midler. Sin embargo, en estos casos y otros parecidos el alcance del uso de integración en el acting de las canciones no había sido planificado, siendo más bien un recurso técnico para actuaciones en directo.

Absolutismos

Es difícil encontrar un ejemplo similar en países de nuestro entorno que nos pueda orientar sobre lo que está pasando en España en los últimos años. Una generación de políticos, y décadas -siglos- de legislación, modos y formas, muestran su inoperancia y lo que es peor, revelan un Estado que parece no saber funcionar sin opacidad, corruptelas o redes clientelares. Es a lo que se ve un problema transversal, de todo el sistema político, social y empresarial español. Un sistema al que no viene bien la transparencia o el Imperio de la Ley, que ha sobrevivido así durante generaciones y que se resiste a ser modificado. Lo peor de todo es que afrontar los cambios imprescindibles para que la situación mejore es un proyecto titánico, ya que a poco que se profundice en legislación y normas locales, todo el entramado político y económico de servidumbres está ahí. Habría que parar el país, replanteárselo de arriba abajo y empezar prácticamente de cero. España no puede sobrevivir en su estado actual, con connivencias inconfesables entre los estamentos público y privado, y con una élite gubernamental que vive, no ya de espaldas, sino literalmente en contra de su ciudadanía -los ejemplos del agresivísimo comportamiento actual del gobierno autonómico de Madrid respecto a los conflictos en Sanidad, Educación, TeleMadrid, etc. son palmarios-. Todos los indicadores de calidad democrática están en rojo, la ciudadanía carece de vehículos reales para interactuar con los próceres que controlan el país desde los Parlamentos y éstos son controlados de forma opaca por cabilderos al servicio de oscuros intereses.

Ha llegado el momento de pararse, mirarnos unos a otros y decidir si este es el país que queremos, un país legislado con una maraña inextricable de reglamentos locales, autonómicos y nacionales, soportado con leyes nacionales decimonónicas parcheadas a lo largo de los años, que mantiene privilegios y castas intocables, donde la participación ciudadana en la vida política es una entelequia y que es dirigido por una oligarquía profundamente ágrafa (esa es otra característica de la política española que no me canso de subrayar: la tremenda ignorancia del cargo político medio, su ausencia de mérito previo) que ni entiende los problemas que genera ni comprende las consecuencias de las obras legislativas que acomete (en este sentido el gobierno actual parece empeñado, a golpe de decreto ley en batir algún ignoto récord de legislación impermeable al debate, improvisada y ciega a todo lo que no sea el prejuicio ideológico, y eso es tremendamente peligroso).

La situación empeora de día en día, en mitad de una tempestad de recortes intensos en zonas que debieran ser axiomáticamente intocables para cualquier gobernante cuerdo, mientras se mantienen privilegios de casta intolerables, y se perpetúan situaciones insostenibles a costa de unos ciudadanos a los que a la vez se condena al paro o al desahucio, y se le ahoga a impuestos, directos e indirectos, intereses de demora y un sinfín de obligaciones que serían difícilmente aceptables incluso en los años previos a la crisis, a cambio de una progresiva depauperización de los servicios que los impuestos financian.

Al final el resultado es una acción legislativa ciega, y zigzagueante, a cargo de personas que parecen no comprender que si recortas en áreas básicas que conforman el tejido social, subes impuestos y sanciones sin tino, penalizas el ahorro y liberalizas el despido, como resultado tienes a tu país a punto de caer por el abismo en un tiempo récord (es asombroso ver el BOE y comprobar cómo, sistemáticamente, se están tomando las peores decisiones en contra de toda evidencia): sólo cabe explicarse que el Gobierno trabaja para algún grupo minoritario que quiere mantenerse a toda costa debajo de la máquina de fabricar monedas con sus sacas abiertas, y se aplica a fondo en esa tarea. Pero no está trabajando, creo, para los ciudadanos que les votaron y los que no, ya que para ambos gobiernan. Un gravísimo error. Esos pocos grupos de presión no levantan un país, generalmente hacen lo contrario.

Se ha de hacer algo, y ya. No caben medias tintas. O se replantea el país, o el país se aniquila, y los generadores del desastre, que para nuestra desgracia es una casta enquistada en el poder por generaciones, parecen no querer comprender la realidad que les rodea y su complicidad en la situación. A esto no ayuda una prensa que trabaja para intereses espúreos que ha dejado a un lado su labor social de investigar y revelar la verdad y como resultado quienes deciden sobre el futuro del país viven sumergidos en autoengaños ideológicos. Y eso es terriblemente peligroso. Porque la realidad no se contiene mirando hacia otro lado, y así no se puede plantear el futuro en un momento crítico para el país. Insisto: se están tomando las peores decisiones en el peor momento posible.

Entre esas decisiones desastrosas se están destacando algunas especialmente destructivas, que dañan la imagen del país en el mundo y desmoralizan a la ciudadanía, como lamentables casos de corrupción de largo alcance (es asombrosa la extensión que está demostrando la corrupción en España) a los que se responde mirando al techo o asombrosos indultos, que transmiten un lamentable hedor de extendida impunidad entre la gente honrada, uno de los ácidos más corrosivos para la cohesión social que se conocen, capaz de desintegrar sociedades y civilizaciones. Cientos de miles de familias desahuciadas, de parados, de autónomos que cierran sus negocios desesperados e impotentes, miran hacia el Estado y sus Instituciones en busca de una respuesta, recibiendo indiferencia, o en el peor de los casos, bofetadas. Y todo ello en connivencia con grandes empresas, grupos mediáticos y cabilderos, todos tercamente insistiendo en negar la realidad, la peor de las formas posibles de afrontar una crisis.

Cuando algo o alguien les ponga de patitas en la calle (y ojalá sólo sea eso, y ojalá sea por las urnas, y ojalá esto no estalle antes de forma lamentable, pues los ciudadanos están entre la espada y la pared) se preguntarán por qué pasa lo que está pasando y se rasgarán las vestiduras, escandalizados, inventando enemigos, que no son sino ellos mismos al otro lado del espejo, una casta política que no comprende que ellos son el problema. Será un rasgo más, éste terminal, de la situacón imperante. Ojalá salgamos de esta. Pero hay que cambiar demasiadas cosas y cada vez queda menos tiempo.

Está claro que el sistema está implosionando. Cualquier observador con una mínima inteligencia puede ver los síntomas de un enorme edificio que se contruyó sobre cimientos débiles y que se lleva apuntalando demasiado tiempo. Está a punto de derrumbarse. Esperemos que el ocaso de esta forma de hacer política no cause más daños.

La ciudadanía no puede pedir menos, han sido educados durante generaciones en una forma de ver el mundo heredada del catolicismo nacionalista del franquismo, que a su vez perpetuó el modelo de los monarcas absolutistas y éstos de los señores feudales. Mientras en Francia cruentamente el Padre, simbolizado en Luis XVI, era asesinado por un pueblo que acababa así con su edipo personal y tomaba las riendas de su existencia, ocurriendo de forma similar en otras naciones del norte europeo, Reino Unido y sus Colonias, España se mantenía perpetuando unas formas que ya estaban caducas en el Siglo XVIII, pero que explican muchas cosas de nuestros días, entre ellas la existencia de un pueblo enfrentado artificialmente a un enemigo imaginario, que es “el otro” (sea este el rival político, el enemigo de otra autonomía, o el rival futbolístico) incapaz de unir fuerzas, que sólo se mide en contra de alguien (un recurso utilísimo este del “divide y vencerás” que además asegura una alternancia en el poder que mantiene el status quo sin más preguntas), sobre el que gravitan unas castas autoritarias dominadas por el culto al dinero por encima de todo, en las que el meritoriaje no existe, sino la cuna y la recomendación decimonónica, hundidas en generaciones de deudas clientelares en una suerte de cosa nostra de baja intensidad, grandes conglomerados de empresas aparentemente modernas gracias a los manos del marketing pero en realidad gestionadas con modos caducos y dictatoriales, generalmente nacionalizadas tras haber sido construidas con cargo a los impuestos ciudadanos y vendidas al mejor postor cuando se terció, y en resumen, generaciones de minorías dirigentes que sólo saben vivir desde el absolutismo, manteniendo su cordura con un uso de la religión oficiosa (pero oficial) del Estado en forma de ritual con mantillas y peinetas que ya carece de todo significado excepto para los estratos más humildes. El modelo español estaba finiquitado en 1929, y ahora agoniza tras más o menos un siglo de mantenimiento artificial, entubado por padres autoritarios de la patria que se mantuvieron al mando a sangre y fuego y sus herederos morales y reales. Probablemente si Juan March hubiera elegido bando de forma diferente (no hubiera sido extraño, hubiera sido una decisión tan racional como la que sufrimos) ahora viviríamos en un país diferente, pero este es el que tenemos. Y o ayudamos a reconstruirlo, porque esto es una reconstrucción, o no vamos a ninguna parte.

"El Diario" y la MPAA

El día 26 de enero de 2012 El Diario ha publicado una noticia que comenta la reunión (secreta) entre Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno español y el líder de la MPAA (Motion Picture Association of America), Christopher Dodd. El contenido de la reunión no se ha revelado, lo que una vez más nos informa de la necesidad urgente de que alguien de preocupe en serio de dar una mayor transparencia a las actividades del gobierno.

Aparte de este oscurantismo, nada bueno en asunto tan delicado como la piratería en internet, este post es sobre el artículo en sí, redactado por Juan Luis Sánchez. El tono del artículo me lleva a una pregunta ¿Cual es la línea editorial de El Diario? Porque el artículo tiene unas cuantas imprecisiones.

En primer lugar la MPAA es, como dice su nombre, una federación de productores de cine norteamericana. Es un lobby poderoso, sí, pero no se ocupa de más cosas que los derechos de los productores de cine, de la misma forma que EGEDA lo hace en España. Sin embargo, en el artículo Juan Luis Sánchez afirma que la MPAA “actúa como un lobby en todo el mundo para proteger su modelo industrial frente a las descargas en Internet, el P2P y las licencias abiertas”.

Hay aquí varios asuntos que me gustaría aclarar, así que voy desglosando:

1- Wikipedia define “Licencias abiertas” como: “Licencia abierta (de contenido abierto): toda aquella formalización por escrito, por parte del titular, originario o no, de los derechos de propiedad intelectual de una obra, que recoja necesariamente la cesión explícita en exclusiva, con ámbito territorial mundial y por tiempo ilimitado —esto es, por el período correspondiente a toda la vigencia de los derechos de propiedad intelectual—, de los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, incluyendo la puesta a disposición interactiva. Las licencias abiertas satisfacen las libertades 0 y 2.” Por definición una licencia abierta es un acto libérrimo del autor, único con capacidad decisoria sobre su propia obra por mor del Art. 27 de los Derechos Humanos, por lo que difícilmente una asociación de productores podría inmiscuirse en ello. Es más, no existe literatura que relacione MPAA con licencias abiertas, por lo que veo un cierto prejuicio de partida en el redactor.

2- Respecto a que la MPAA protege “su modelo industrial frente a las descargas en Internet, el P2P (...)”, es plenamente cierto. Pero el redactado implica un sesgo de nuevo, implicando “otro modelo industrial” que la MPAA parece negar u oponer. Me gustaría que el redactor aclarara a qué “otro modelo” podemos remitirnos. Hay dos modelos en la comercialización de bienes. El legal, que sigue los cauces establecidos y paga impuestos (y que incluye el trueque y el regalo con acuerdo de las partes), y el que no lo es (sea alegal o ilegal, pues una de las partes no está de acuerdo). En el mundo, en este momento el producto audiovisual se comercializa de diversas formas: salas de cine, televisiones, pay-per-view, VOD, páginas web de pago, etc. En todos estos casos (a los que se refiere Juan Luis Sánchez como “su modelo industrial” (de la MPAA) se trata de un modelo que actúa bajo el imperio de la Ley. En él también incluyo sin dudarlo, como indico antes, el que puedan usar los autores sin cobrar por la cesión de sus obras usando licencias abiertas, puesto que es también un modelo plenamente legal y libérrimo. Sin embargo, el otro modelo posible, el de las descargas realizadas sin el consentimiento de sus autores, no es moralmente admisible (ni legalmente tampoco), pues una de las partes no ha dado su consentimiento. No se puede imponer a un autor la renuncia a un derecho básico en aras de un modelo anarquista de “propiedad colectiva de la cultura” como se propugna desde algunos foros. Con esto quiero decir que “su modelo industrial” es el único posible en este momento: el que respeta los derechos de los autores, los derechos de los consumidores, paga impuestos y genera empleo. El que ha pagado por un producto en el mercado y lo vende para obtener beneficios y pagar su alquiler. El modelo honrado, sí.

3- No deja de ser curioso que El Diario se refiera a esta reunión como secreta, con gran efecto melodramático, donde un lobbie expresará, seguramente, sus preocupaciones sobre el estado de cosas respecto a la piratería audiovisual en España (algo alentado por la falta de transparencia en general sobre este tipo de reuniones) cuando estas presiones sobre los gobiernos son plato de cada día. En este caso la MPAA supongo que habrá instado al gobierno a que la Comisión de Propiedad intelectual, desarrollada a mediados del año pasado, actúe como es de Ley, pues sus actividades han sido suspendidas por este gobierno, de nuevo sin explicación alguna, causando un general ambiente de impunidad entre las webs que comercian con contenidos sin autorización de sus autores (todo esto de nuevo bajo las presiones de otros lobbies, como el de telecomunicaciones). En cualquier caso, otros lobbies ejercen esas presiones sobre el gobierno, y los hay, y muchos, tales como el tabaquero, el energético o el bancario, por citar tres especialmente sospechosos de escasa transparencia y con espantosa imagen pública -el tabaquero, para colmo, fabrica un producto que lleva a la muerte a sus consumidores, concretamente 50.000 españoles al año, según las estadísticas más aceptadas-. Curiosamente, El Diario no ha dedicado una línea a estas presiones en su joven historia como diario, cuando en casos como el tabaquero hablamos de vidas en juego, por poner un ejemplo particularmente siniestro. En el caso del lobby de las comunicaciones, otro interesado en que se mire hacia otro lado respecto a la piratería por internet, sus conexiones con el gobierno son de sobras conocidas y bien oscuras, incluyendo el sobreseimiento de una causa probada de uso de información privilegiada por “prescripción” en el caso de César Alierta. Por otro lado Youtube, una empresa de Google, perdería millones de visionados si eliminara los contenidos publicados sin el consentimiento de sus creadores y se volvería una web residual (si han publicado en Youtube sabrán lo fácil que es, pero lo difícil que es pedir que se retire un contenido cuando vulnera tus derechos, cuando se te piden documentos a mansalva y casi una radiografía de tu persona; de esto, el oscuro éxito de Google vulnerando la propiedad intelectual, tampoco se habla) El Diario no informa nunca de estas presiones, y esto me lleva a preguntarme de nuevo ¿Cuál es la línea editorial de El Diario?

4- Entre los indicadores de desarrollo de una sociedad está el respeto a la propiedad, y la Propiedad Intelectual, un Derecho Humano Básico (art. 27 de la Declaración Universal), es parte de ello. La generalizada (y transversal) querencia en España por las descargas de obras sin el consentimiento de sus autores legítimos es francamente alarmante, y su aceptación social nos habla de otro lado de una generalizada permisividad social ante lo que en otros países es inaceptable. Porque la corrupción en España no sólo está del lado de la casta política, lo está en todos lados. La impunidad coadyuva a ello. En las sociedades oprimidas estas pequeñas vías de escape son factibles. España, con una sociedad post-absolutista y reprimida, dirigida por oligarquías económicas y con escasas vías para la población para participar en la vida política, mantiene estas extrañas vías de escape. Es más, está mal visto que una persona elija no descargar y pagar por los contenidos culturales que consume (si añadimos el consumo de software llegamos a la sonrojante evidencia de que la mitad del software usado en el país, por empresas y personas, es pirata ¿Cómo queremos que los emprendedores del software sobrevivan en nuestro país, por poner un ejemplo?). El autor de la noticia indica que las mediciones que nos señalan como un país con alta piratería son ofrecidas por la propia industria, pero no ofrece estudios que las desmientan (no existen, lo aclaro). El hecho de ser información de parte no invalida esos estudios, si bien induce a las naturales sospechas. Pero ¿Qué ganarían estos lobbies falseando datos? ¿Alarmar más al gobierno? Todos sabemos que en nuestro entorno el que no se baja películas “es porque es tonto”; ese es el terrible consenso social. En otros países el que se baja películas “hace algo que no es bueno” y el que lo hace lo calla, ante el potencial reproche social. Esa diferencia se puede extender a otras corruptelas cotidianas, desde la economía sumergida al fraude fiscal. Es parte de la idiosincrasia nacional, y eso es muy grave. ¿Cómo vamos a regenerar un país en el estado en que está con estos mimbres?

5- Añado un concepto de mi cosecha que no aparece en el artículo, pero que me enerva. En ocasiones, cuando se ha hablado de casos de páginas web que ofrecen links a archivos pero no archivos, se ha insistido en la “ausencia de delito” al no incluir los archivos en sus servidores y únicamente enlaces a terceros que los albergan (fuera de España, y por tanto inmunes a la legislación nacional al respecto). Siempre que he leído esta deleznable excusa leguleya me he sentido sobrecogido, pues no niega lo perverso, lo maligno, lo socialmente dañino del acto. Simplemente afirma que no hay delito porque no se puede probar la posesión del archivo ¿En serio los “enlazadores” tienen que usar argumentos tan sucios como “no puedes probarlo, juez” para liberarse de las implicaciones de sus actos? ¿Y las implicaciones morales, dónde quedan? ¿Qué clase de ciudadanos estamos formando? Si habláramos de pornografía infantil en el mismo contexto no seríamos tan livianos en calificar a los “enlazadores”.

Quisiera que El Diario se aclarara, o al menos escribiera noticias un poco más equilibradas. La piratería en nuestro país es un gravísimo problema que ha llevado ya a la ruina a muchas empresas, que causa un enorme daño a nuestra industria creativa, a nuestros ciudadanos y a nuestro prestigio internacional. Esa es la realidad, y los lobbies implicados presionan al gobierno. Tratar al lobby que busca que las leyes simplemente se cumplan como “el malo de la película” frente a los oscuros intereses de las megacorporaciones de telecomunicaciones y sus adláteres, hace un flaco favor a la sociedad, pues transmite una imagen escorada de lo que está ocurriendo.

A vueltas con la Administración Electrónica

En las CCAA y transversalmente en todas las Administraciones del Estado se están estrenando diversos tipos de registros electrónicos para remitir información a la Administración o recibirla de la misma. Si bien la intención es buena, y obedece a la irrupción de Internet en las sociedades avanzadas como instrumento de comunicación, considero que se están dando en ocasiones situaciones mejorables, en las que la administración está obstaculizando, más que facilitando, la comunicación con sus administrados.

Como usuario de los citados servicios, me he topado con una miríada de modelos de trabajo, de impresos virtuales, o de nuevas formalidades "ofimáticas" que se añaden a las previamente existentes. Recientemente tuve que hacer un trámite en una Consejería de mi Comunidad Autónoma. Durante días no pude presentar por Registro Electrónico los documentos porque la "pasarela tecnológica" que permitía el registro de documentos tenía problemas de implementación. Sin embargo esta Consejería, que estrenaba este sistema sin prueba previa, no había tardado en anular el registro tradicional como vía de ingreso de documentos para aquel trámite, y la vía única, el registro electrónico, estaba cerrada. Ello obligó a la Consejería a prolongar por un mes el plazo de aceptación de documentos, lo que vulneró las condiciones que la misma Consejería había publicado para aquel trámite.

En otra ocasión, teniendo que presentar unos documentos en un Ministerio vía registro electrónico y habiendo preparado una memoria en formato PDF, sin previo aviso, me encuentro con que el Registro Electrónico implicaba la instalación de una aplicación y la introducción manual de los mismos datos del Dossier en la citada aplicación. Ello me llevó unos 240 minutos de trabajo online, un trabajo redundante puesto que el documento ya contenía los datos y se había realizado sobre un modelo oficial.

En otra ocasión otro sistema de remisión de datos de otro Ministerio pedía documentos en PDF, con tamaños muy limitados, por lo que hubo que comprimir y dividir en partes el documento de escrituras de la empresa, que para colmo no podía ser subido en trozos al tener la aplicación de aquel ministerio limitado el número de archivos que se podían presentar. Ello llevó a un buen rato de ensayo-error con el Acrobat Pro para comprimir el documento al tamaño necesario. Finalmente hubo que llamar al Ministerio comentándoles que el documento no era comprimible hasta los extremos necesarios, y avisar al funcionario que pasaríamos la mitad de las Escrituras por el campo “remisión de escrituras” y la otra mitad en otro campo que también admitía PDF.

Se trata de unos ejemplos de complicaciones antes inexistentes para remitir documentos a la administración, resumibles en:

a) completa anarquía en cuanto a sistemas de remisión de documentos.

b) exigencia al ciudadano de dominar tecnologías de compresión y ofimática no siempre al alcance de todos.

c) obligación en algunos casos de usar softwares de pago al requerirse tecnologías propietarias (Adobe Acrobat Pro, por ejemplo, que además es una aplicación cara y con elevada curva de aprendizaje).

c) escasa información previa de los trámites a realizar y nula flexibilidad de los sistemas de remisión de documentación.

d) anulación prematura del registro tradicional a favor del electrónico. Este punto d) se puede ampliar en 3 puntos:

d.1- Se están dando casos de Ministerios o Consejerías de CCAA que admiten exclusivamente las comunicaciones vía registro electrónico, anulando el registro tradicional. Considero que esto supone una grave inseguridad para las personas, físicas o jurídicas, que se ven en la obligación de usar esos registros. La aparición de estos nuevos tipos de registro electrónico, en mi opinión, jamás debería suponer la eliminación del registro físico, toda vez que aquellos están al albur de imponderables tecnológicos y/o aleatorios ajenos al ciudadano (¿Qué ocurriría en el caso, por ejemplo del último día de plazo de presentación de unos documentos determinados si el ciudadano o el sujeto jurídico por ejemplo tuviera un fallo en el ordenador en el que tiene su firma electrónica? No podría realizar el trámite, pero disponiendo del registro físico como recurso sí podría cumplimentarlo. Mismo caso si por cualquier imponderable en registro electrónico sufre caídas inesperadas que impidan la presentación documental ¿Qué ocurriría si un ciudadano que quiere presentar un documento en un Ministerio, viviendo en otra CA, sufre una pérdida de luz en toda su ciudad por una avería aleatoria el último día de la presentación, y por tanto no puede usar el registro electrónico, pero le está vedado el registro tradicional? Volvemos a una situación de inseguridad).

d.2- Los registros electrónicos con anulación del registro físico vulneran el derecho de los ciudadanos de usar el Registro General, tal que, en cualquier registro del país, oficinas de correos inclusive, se puede registrar un documento destinado a una institución cualquiera. Considero que esto es un importante retroceso en términos de derechos civiles, toda vez que la capacidad amplia para recepción de documentos que proveía el sistema de Registro General, queda de facto anulada por las exigencias de los registros electrónicos, uno por cada administración, y totalmente incompatibles entre
sí.

d.3- La miríada de sistemas mutuamente incompatibles que están apareciendo en Ayuntamientos, CCAA, Ministerios, Direcciones Generales, Diputaciones, a sumar a la Agencia Tributaria y Seguridad Social, están creando un completo desmadre de aplicaciones, modos de trabajo, modos de presentación, etc. que carece de estándares básicos o de normas de usabilidad, ergonomía, diseño de interfaces humanos, etc., algo fundamental en estos casos. Por ejemplo, hay Ministerios que instalan sus propias aplicaciones en el ordenador, otras instituciones aceptan por registro electrónico sólo formatos PDF, mientras unas terceras tienen un abanico más amplio; los tamaños de archivo admisibles en ocasiones son tan bajos que obligan a hacer malabarismos de compresión de archivos a un ciudadano que no tiene por qué conocer esos detalles técnicos, dándose casos de aplicaciones de registro electrónico completamente inflexibles que no permiten al ciudadano remitir documentos más allá de unas categorías muy concretas, y así un larguísimo etc. Toda esta anarquía técnica está pidiendo a gritos, antes de que sea tarde, una centralización total y una estandarización de los métodos de trabajo, ya que en estos momentos cada institución del Estado va por libre, cosa que considero escasamente operativa, amén de un derroche económico absolutamente incomprensible en los tiempos críticos que vivimos.

e) observo una sospechosa tendencia por parte de la administración, con la excusa de “dar más facilidades al ciudadano” a través del trámite electrónico a ceder parte del trabajo y la responsabilidad en él. Así, aceptamos actualmente que para presentar nuestros documentos en la Agencia Tributaria tenemos que generar unas etiquetas que deben ser adheridas a los documentos, y estamos obligados a rellenar, realizando en ocasiones abstrusos cálculos, los impresos sin asistencia de un funcionario especializado, bajo nuestra única responsabilidad. Estas decisiones llevan a pensar que la administración está delegando más y más en los ciudadanos a la hora de realizar trámites que requieren de una gran infraestructura de personal, ahorrando en nuevas contrataciones. No creo que ese sea el mejor modelo posible.

f) otro asunto que merecería un extenso comentario aparte es el Sistema DEH (Dirección Electrónica Habilidata) de la AEAT por el cual la administración decide unilateralmente que cualquier sujeto que tenga trato con ella deberá tener una DEH para recibir correspondencia oficial. Se acabaron las cartas a la dirección física. Este concepto, si bien interesante, se plantea una vez más desde el hecho consumado. El administrado no tiene opciones, todo blanco o negro. Nadie se ha preocupado de si es el momento, de si la tecnología permite un cambio tan radical, o si un autónomo en mitad del campo manchego, por poner un ejemplo, puede permitirse el tener que comprar un ordenador, el pago mensual de conexión a internet y el trámite oficial (que es presencial) para obtener la DEH (habilitar un certificado electrónico o un DNI-e). Lo que debiera ser una opción para hacer más cómoda la relación entre administrado y administración se convierte en otra traba burocrática más, en uno de los países más burocratizados del mundo. Se aduce ahorro y la tan sobada ecología, pero de nuevo sospecho que es el ahorro de personal lo que está detrás del asunto. Sobre el supuesto ahorro para la ecología, el papel usado para las comunicaciones puede ser reciclado, y habría que calcular qué tiene mayor huella de carbono, por usar un indicador ampliamente consensuado, si una carta en papel o un ordenador, su conexión a Internet y los carísimos servidores de datos que la AEAT debe de mantener. Como siempre, la solución está en el término medio, en aplicar ese viejo adagio que dice “si funciona, no lo cambies”, y añadir la DEH como una opción que probar en forma de pruebas piloto que permitan averiguar el alcance de la medida. Pero no ha sido así, una vez más. De nuevo la vieja sensación de una administración anquilosada -se puede estar anquilosado usando tecnologías de la información, sí- que considera al ciudadano un siervo y se siente incómoda con la sensación de que es ella la que trabaja para la sociedad, y no al revés.

Debiera plantearse desde cero toda la estructura de registros electrónicos en base a estándares técnicos de base inamovibles en pro de la máxima básica de dar las mayores facilidades al ciudadano, y a mejorar y complementar los registros tradicionales, no a anularlos.

A causa de estas tendencias observadas, y a la mayor prontitud que fuera posible -la situación empeora de día en día- propongo lo siguiente:

1- Estandarización.
Una estandarización absoluta de los registros electrónicos de todo el país, en un período no mayor de 4 años, con normas específicas a cumplir por todas y cada una de las instituciones que hagan uso de ese servicio. Esta estandarización deberá de cubrir todos los aspectos del Registro, desde aplicaciones "standalone" a detalles como tamaños de archivos adjuntos, etc. y deberá estar regulada y normalizada en forma UNE, AENOR, etc. y estar de acuerdo a las normas más generales CENELEC, ETSI, ISO, etc. Diseñar en cualquier caso el sistema estándar con todas las características beneficiosas del registro tradicional incrementadas, tales como no limitación de documentación adjunta, amplia selección de formatos, interfaces de usuario estandarizados, de modo que no hay uno (con su propia curva de aprendizaje) por Administración, etc. Seguramente todo esto pasaría por la creación de un departamento adecuado, o de la extensión de actividad de uno ya existente. El proceso de estandarización podría realizarse en períodos u “oleadas” de modo que las adaptaciones a la norma de las distintas administraciones fuera gradual y escalonada. Ello requeriría una intensa negociación y coordinación en todo el Estado. Pero los beneficios ciudadanos y el ahorro serían cuantiosos.

2- Registro General físico.
La obligación de mantener siempre y en cualquier caso el registro físico, que no será excluido por el electrónico, y del Registro General, que permite entregar en cualquier registro del Estado un documento destinado a cualquier administración.

3- Servicios de Registro Electrónico en Registros tradicionales.
La creación de un servicio en los registros físicos - electrónicos que permita realizar en esas oficinas entregas de registro electrónico con la sola identificación tradicional del ciudadano, lo que minimizará casos como la pérdida de la firma electrónica.

4- Revisión de los procesos burocráticos.
Se deberá asimismo revisar, desde el prisma de todos estos cambios tecnológicos cierto tipo de obligaciones como la copia compulsada, cuyo sentido debería ser revisado y analizado críticamente. El objetivo: minimizar las obligaciones burocráticas de la ciudadanía; que la administración electrónica no sea un clon “online” de la administración tradicional, sino que su correcta implementación permita el análisis crítico de los procesos burocráticos y su optimización pro-ciudadano. Estos aspectos deberían regular otros asuntos que se mantienen como rémoras de otros tiempos, desde el bastanteo a la diferenciación entre poderes notariales (en este momento un poder general no permite pedir, por ejemplo, un registro electrónico si no se especifica explícitamente, lo que ha llevado a infinidad de administradores de sociedades a tener que duplicar sus gestiones notariales al ser informados negativamente por la administración correspondiente). En resumen, todo este aspecto nos habla de una administración anclada en un concepto decimonónico del ciudadano, en el que este está al servicio del burócrata y no al revés. Mientras esa forma de pensar no cambie, poco podremos hacer. La regla de oro debe de ser: La administración al servicio del ciudadano. Desafortunadamente en España es justo lo contrario en estos momentos.

5- Principio de prudencia y elección de la tecnología.
Asimismo se debería partir siempre del principio de prudencia a la hora de introducir cambios puramente tecnológicos en las relaciones entre ciudadanos y administración, toda vez que la tecnología es inconstante, está a merced de los planes de empresas privadas que desarrollan los softwares comerciales y las tecnologías hardware utilizadas, tiene una elevada obsolescencia, su acceso todavía no es universal, ni tampoco lo es el conocimiento de su manejo para la ciudadanía, por lo que ciertas decisiones administrativas en pro de los registros electrónicos y en contra de los tradicionales podrían suponer de hecho un principio de exclusión añadido a colectivos en exclusión social. El uso de tecnologías propietarias es también un problema añadido, que se resuelve utilizando tecnologías de libre disposición o software del llamado “libre” que incluso podría descargarse en las propias webs de registro. Hay ejemplos pioneros en España como el Linex extremeño, que prueban que es posible trabajar con sistemas abiertos, no propietarios.

6- No Discriminación
Un ciudadano, para relacionarse con sus administraciones, no debería de estar obligado a tener una conexión a internet, conocimientos de informática y ofimática y una suite de softwares de edición, compresión, etc. Muchísimos españoles se ven tratados de forma discriminatoria al no tener esas tecnologías a su alcance, ni el conocimiento para manejarlas. Mientras el acceso a internet no sea un derecho universal, la discriminación es clara. De forma contraria a algunos bancos que obligan imoralmente a sus clientes a usar cajeros automáticos para hacer ingresos en sus propias cuentas con el fin de ahorrar personal, lo que genera una barrera terrible para los ciudadanos de más edad, la administración no debería de tratar a las personas a las que sirve con formas discriminatorias, sino integradoras.

7- Lo que funciona, funciona por algo
Que algo lleve tiempo siendo usado no significa que esté obsoleto. Puede que sea un procedimiento que ha sido probado como bueno por el uso continuado. Diseños como del DEH son buenos y útiles. No es bueno ni útil imponerlos a la ciudadanía eliminando opciones previas de probada eficacia. Se trata de que instituciones y ciudadanos se comuniquen mejor. La actitud institucional parece exactamente la contraria. ¿Por qué?

Soy consciente de que lo propuesto aquí requerirá gran esfuerzo y será complejo, pero sólo desde la estandarización, la coordinación institucional y la decisión meditada se podrá afrontar este asunto.

Maxwell y mi tío Domingo

Maxwell y mi tío Domingo

(Article)

Domingo Rodríguez Sánchez

Leyendo una amena biografía de James Clerk Maxwell¹, he llegado a un capítulo sobre su infancia en el que el autor habla sobre la incipiente ciencia en Inglaterra en los años de infancia del científico. En aquellos años, mediados del Siglo XIX, todavía no existía el concepto de “físico” o “químico” como lo tenemos ahora. Los científicos se llamaban a sí mismos “filósofos naturales” y su actividad estaba poco reglada. A no ser que tuvieras un puesto de responsabilidad en una importante institución cultural o universidad, si querías ser científico tenías que aplicarlo como hobby a tus ratos libres. De esta manera, las familias bien situadas contaron entre ellas a científicos de renombre, pues la holgura económica les permitía desarrollar estas actividades. Pensemos que de esto hace apenas 180 años. La historia de la ciencia, tal y como la conocemos actualmente, es muy corta.

Una de las razones por las que España ha sufrido un retraso secular en este aspecto de la cultura universal aparece como corolario de la vida en la Inglaterra del XIX. Algunos científicos eran clérigos, dado que la libertad de la que disfrutaban era mucha y disponían de tiempo libre para investigar. Esto era imposible para sus coetáneos españoles. En nuestro país la inquisición gozaba de excelente salud y era un guardián de las ortodoxias bien temible, amordazando y ahogando cualquier intento de avance al respecto. Contradecir las Escrituras seguía siendo fuente de potenciales problemas para un ciudadano de aquellos años. Hablo de mediados del Siglo XIX.

Al mismo tiempo las castas privilegiadas españolas no gozaban de la suerte de sus sosias sajones; ahogados por la dictadura moral católica, se mantenían tan impotentes como los propios clérigos para permitirse el lujo de tener como entretenimiento la “filosofía natural”. Claro que hubo excepciones, pero es un hecho que algo hizo que nuestra gente viviera en un retraso científico que aún pagamos a diario. Hoy mismo la iglesia católica sigue inmiscuyéndose en la vida civil de la sociedad española y se le consiente. En otras latitudes se puso a la iglesia en su sitio, no sin dolor, y han ganado con el cambio.

También está la escasa educación del pueblo llano. La escuela para todos fue un invento del Siglo XX en España, mientras que en la Europa del Norte las condiciones para que los nuevos ciudadanos se formaran eran mucho mejores. La instrucción popular, ambición de las repúblicas españolas, trajo frutos muy interesantes, con una fructífera generación de grandes científicos, demostrando que los pueblos, a poco que se les forme y otorgue el regalo de la libertad de pensamiento, crecen espiritualmente a una velocidad asombrosa. También aquello ayudó a que en España existiera una mayor permeabilidad social, otra asignatura pendiente para todos.

En una realimentación sana que se transmite de generación en generación, las sociedades más libres apoyan a sus hijos más sobresalientes, y se les ayuda a progresar; la sociedad de une en esa tarea, permitiendo a los que pueden ver más lejos, auparse sobre sus hombros. El consejo de un familiar ante la brillantez de un sobrino o primo para que se apoyen sus estudios tiene diversas respuestas en cada nación, es algo que depende de muchos factores, pero en España no era fácil que un hijo especialmente dotado pudiera florecer en una sociedad clasista y post-feudal como fue la nuestra hasta principios del Siglo pasado (en algunos aspectos aún lo es).

Mi tío segundo, Domingo Rodríguez Sánchez, nacido en 1929 de una familia modesta en el pueblo de San Mateo en Gran Canaria es un buen ejemplo de cómo la permeabilidad social hace florecer las naciones. Su tío Domingo Rodríguez Tejera, represaliado por la dictadura, y maestro en el mismo pueblo, intuyó en el joven unas cualidades sobresalientes como estudiante e instó a sus padres a que le pagaran todos los estudios que fuera necesario. La familia se unió para conseguirlo. Domingo mostró enseguida inclinación por las ciencias biológicas y llegó a dirigir investigaciones punteras en microbiología y bioquímica². Una inesperada enfermedad se lo llevó a la temprana edad de 53 años.

Formar a un científico lleva muchos pasos que el azar o los cambios inevitables de la vida pueden desbaratar. Sin Domingo Rodríguez Tejera no hubiera nacido para la ciencia Domingo Rodríguez Sánchez. Desde aquella intuición que llevó al consejo hacia la familia del maestro Domingo ante aquel sobrino imaginativo e inteligente, pasando por los institutos, facultades e instituciones por los que pasó, el peregrinaje de Domingo Rodríguez Sánchez, como el de generaciones de hombres de ciencia, está jalonado de esos actos que las sociedades más evolucionadas favorecen y que las que lo son menos olvidan, y que se resumen en una frase: cuidar a los hombres y permitirles crecer el libertad.

Mi tío segundo es un ejemplo luminoso, como podrían serlo, a otra escala, Blas Cabrera o Juan Negrín (olvidado como excelente investigador médico). En todos estos casos, excepciones, brillantes canarios de diversas extracciones pudieron contribuir con su creatividad al avance científico y a mejorar las vidas de todos. Pero son eso, casos excepcionales en unos años eminentemente oscuros, en los que, de forma inédita en un estado europeo, una religión tomó el poder sobre cuerpos y almas de los ciudadanos y amordazó a generaciones de ciudadanos.

Otro ejemplo de la “mala plaga” que los españoles llevamos con nosotros en forma de crucifijo católico es que hemos contagiado esa enfermedad a todos los Estados que ganaron la independencia de nuestro yugo. Herederos del oscurantismo católico, mantienen con España ese extraño y triste récord de una completa ausencia de descubrimientos científicos señeros en sus Historias. Salvo, como siempre, contadas excepciones.

Volviendo a la biografía de Maxwell, resulta sorprendente cómo en la sociedad británica de su época se favorecía ese amor universitario al descubrimiento y a las preguntas, a cuestionar lo establecido y a desarrollar nuevas ideas. Este espíritu que reinaba en las Islas Británicas en aquellos años, que permitía que científicos sin formación académica como Faraday pudieran ser escuchados en instituciones como la Royal Society³, no cabía en la España contemporánea, en la que aparte de la ausencia de instrucción popular (en Inglaterra se intentaba en aquellos tiempos que los jóvenes tuvieran la adecuada instrucción independientemente de su cuna) el reinado del terror de la Inquisición mantenía firmes a los españoles, como velas, y les impedía mirar a su alrededor para hacerse preguntas. Hacerse preguntas en España entonces era peligroso. Esa forma oscura de pensar no despareció con la eliminación de la Inquisición. Nuestro país lo ha sido de siervos y amos, de señores feudales que fueron sustituidos por orgullosos caciques, hidalgos y reyes absolutistas, y por un férreo régimen dictatorial a lo largo de casi la mitad del siglo pasado, todos ellos élites dominantes sobre ciudadanos sin instrucción. España en muchos aspectos, con su mezcla de oscurantismo y feudalismo, ve reflejado en importantes indicadores, como al que me refiero en este texto, el desarrollo de carreras científicas, su estado de indecisión como nación al respecto⁴. Los actuales recortes a la ciencia no son sino otro reflejo de ese estado de cosas.

In Memoriam de Domingo Rodríguez Tejera

1 The Man Who Changed Everything: The Life of James Clerk Maxwell [Basil Mahon]

2 “Sus resultados aparecen publicados en una treintena larga de revistas nacionales y extranjeras. Como anécdota señalaré que, en 1961, sus datos contribuyeron a definir científicamente las milagrosas propiedades del tan famoso «hongo del té» de aquella época. La biosíntesis de ácidos grasos en Peptostreptococcus elsdenii (especie anaerobia muy vinculada a las investig'aciones de uno de sus profesores ingleses) y diversas actividades enzimáticas de especies microbianas tan distintas como Vibrio, Pseudomonas, Aeromonas, Candida y Debaryomices recibieron su personal atención científica durante bastantes años. Cabe destacar su labor en el descubrimiento, purificación y ensayo de un péptido con marcada actividad antimicótica : la debariocidina. Con su equipo de investigación desarrolló una gran labor en el campo de la Ecología Microbiana, particularmente en lo relativo al estudio de biocenosis naturales, llegando a definir —mediante cultivos continuos de poblaciones mixtas— algunas interacciones «depredador-presa» entre bacterias y protozoos. Estudios de este tipo han permitido corregir contaminaciones fluviales y agrícolas ocasionadas por diversos efluentes industriales del sector petroquímico. En los dos últimos años, su preocupación científica se centra ba muy particularmente en problemas de inmunogénesis”

("In Memoriam, Domingo Rodríguez Sánchez (1929 - 1982)", A. Portolés, “Microbiología Española”, Volumen 35, 1982, CSIC)

3Se intentó crear una Sociedad Científica en España durante el siglo XIX, a imagen de la Royal Society, el Real Gabinete de Historia Natural. Se estaba construyendo el edificio que la albergaría en Madrid cuando el rey Fernando VII decidió que prefería dedicarlo a otra cosa. Actualmente aloja al Museo del Prado.

4Sería interesante plantear un estudio que permita comparar asuntos como las asignaturas impartidas, el número de alumnos por Universidad, el nacimiento de la libertad de cátedra, la cantidad de ciudadanos con formación en función de su clase social, etc. en España en los siglos que supusieron en el resto de Europa el inicio de la Revolución Científica, con los países que fueron su estandarte, curiosamente, aquellos en los que la Reforma tuvo más influencia, llevando a los católicos a un estado de cuasi aislamiento contrarreformista. También comparar las biografías de los grandes nombres de la ciencia desde el siglo XVI al XIX, su extracción social, etcétera nos ayudarían a componer un interesante cuadro que despejaría dudas sobre esos “pecados del pasado” de nuestro país, que las generaciones actuales siguen pagando.

Nota: La fotografía de Domingo Rodríguez Sánchez la he obtenido del artículo, ya citado, "In Memoriam, Domingo Rodríguez Sánchez (1929 - 1982)" de A. Portolés, en “Microbiología Española”, Volumen 35, 1982, CSIC.