"El Diario" y la MPAA

El día 26 de enero de 2012 El Diario ha publicado una noticia que comenta la reunión (secreta) entre Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno español y el líder de la MPAA (Motion Picture Association of America), Christopher Dodd. El contenido de la reunión no se ha revelado, lo que una vez más nos informa de la necesidad urgente de que alguien de preocupe en serio de dar una mayor transparencia a las actividades del gobierno.

Aparte de este oscurantismo, nada bueno en asunto tan delicado como la piratería en internet, este post es sobre el artículo en sí, redactado por Juan Luis Sánchez. El tono del artículo me lleva a una pregunta ¿Cual es la línea editorial de El Diario? Porque el artículo tiene unas cuantas imprecisiones.

En primer lugar la MPAA es, como dice su nombre, una federación de productores de cine norteamericana. Es un lobby poderoso, sí, pero no se ocupa de más cosas que los derechos de los productores de cine, de la misma forma que EGEDA lo hace en España. Sin embargo, en el artículo Juan Luis Sánchez afirma que la MPAA “actúa como un lobby en todo el mundo para proteger su modelo industrial frente a las descargas en Internet, el P2P y las licencias abiertas”.

Hay aquí varios asuntos que me gustaría aclarar, así que voy desglosando:

1- Wikipedia define “Licencias abiertas” como: “Licencia abierta (de contenido abierto): toda aquella formalización por escrito, por parte del titular, originario o no, de los derechos de propiedad intelectual de una obra, que recoja necesariamente la cesión explícita en exclusiva, con ámbito territorial mundial y por tiempo ilimitado —esto es, por el período correspondiente a toda la vigencia de los derechos de propiedad intelectual—, de los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, incluyendo la puesta a disposición interactiva. Las licencias abiertas satisfacen las libertades 0 y 2.” Por definición una licencia abierta es un acto libérrimo del autor, único con capacidad decisoria sobre su propia obra por mor del Art. 27 de los Derechos Humanos, por lo que difícilmente una asociación de productores podría inmiscuirse en ello. Es más, no existe literatura que relacione MPAA con licencias abiertas, por lo que veo un cierto prejuicio de partida en el redactor.

2- Respecto a que la MPAA protege “su modelo industrial frente a las descargas en Internet, el P2P (...)”, es plenamente cierto. Pero el redactado implica un sesgo de nuevo, implicando “otro modelo industrial” que la MPAA parece negar u oponer. Me gustaría que el redactor aclarara a qué “otro modelo” podemos remitirnos. Hay dos modelos en la comercialización de bienes. El legal, que sigue los cauces establecidos y paga impuestos (y que incluye el trueque y el regalo con acuerdo de las partes), y el que no lo es (sea alegal o ilegal, pues una de las partes no está de acuerdo). En el mundo, en este momento el producto audiovisual se comercializa de diversas formas: salas de cine, televisiones, pay-per-view, VOD, páginas web de pago, etc. En todos estos casos (a los que se refiere Juan Luis Sánchez como “su modelo industrial” (de la MPAA) se trata de un modelo que actúa bajo el imperio de la Ley. En él también incluyo sin dudarlo, como indico antes, el que puedan usar los autores sin cobrar por la cesión de sus obras usando licencias abiertas, puesto que es también un modelo plenamente legal y libérrimo. Sin embargo, el otro modelo posible, el de las descargas realizadas sin el consentimiento de sus autores, no es moralmente admisible (ni legalmente tampoco), pues una de las partes no ha dado su consentimiento. No se puede imponer a un autor la renuncia a un derecho básico en aras de un modelo anarquista de “propiedad colectiva de la cultura” como se propugna desde algunos foros. Con esto quiero decir que “su modelo industrial” es el único posible en este momento: el que respeta los derechos de los autores, los derechos de los consumidores, paga impuestos y genera empleo. El que ha pagado por un producto en el mercado y lo vende para obtener beneficios y pagar su alquiler. El modelo honrado, sí.

3- No deja de ser curioso que El Diario se refiera a esta reunión como secreta, con gran efecto melodramático, donde un lobbie expresará, seguramente, sus preocupaciones sobre el estado de cosas respecto a la piratería audiovisual en España (algo alentado por la falta de transparencia en general sobre este tipo de reuniones) cuando estas presiones sobre los gobiernos son plato de cada día. En este caso la MPAA supongo que habrá instado al gobierno a que la Comisión de Propiedad intelectual, desarrollada a mediados del año pasado, actúe como es de Ley, pues sus actividades han sido suspendidas por este gobierno, de nuevo sin explicación alguna, causando un general ambiente de impunidad entre las webs que comercian con contenidos sin autorización de sus autores (todo esto de nuevo bajo las presiones de otros lobbies, como el de telecomunicaciones). En cualquier caso, otros lobbies ejercen esas presiones sobre el gobierno, y los hay, y muchos, tales como el tabaquero, el energético o el bancario, por citar tres especialmente sospechosos de escasa transparencia y con espantosa imagen pública -el tabaquero, para colmo, fabrica un producto que lleva a la muerte a sus consumidores, concretamente 50.000 españoles al año, según las estadísticas más aceptadas-. Curiosamente, El Diario no ha dedicado una línea a estas presiones en su joven historia como diario, cuando en casos como el tabaquero hablamos de vidas en juego, por poner un ejemplo particularmente siniestro. En el caso del lobby de las comunicaciones, otro interesado en que se mire hacia otro lado respecto a la piratería por internet, sus conexiones con el gobierno son de sobras conocidas y bien oscuras, incluyendo el sobreseimiento de una causa probada de uso de información privilegiada por “prescripción” en el caso de César Alierta. Por otro lado Youtube, una empresa de Google, perdería millones de visionados si eliminara los contenidos publicados sin el consentimiento de sus creadores y se volvería una web residual (si han publicado en Youtube sabrán lo fácil que es, pero lo difícil que es pedir que se retire un contenido cuando vulnera tus derechos, cuando se te piden documentos a mansalva y casi una radiografía de tu persona; de esto, el oscuro éxito de Google vulnerando la propiedad intelectual, tampoco se habla) El Diario no informa nunca de estas presiones, y esto me lleva a preguntarme de nuevo ¿Cuál es la línea editorial de El Diario?

4- Entre los indicadores de desarrollo de una sociedad está el respeto a la propiedad, y la Propiedad Intelectual, un Derecho Humano Básico (art. 27 de la Declaración Universal), es parte de ello. La generalizada (y transversal) querencia en España por las descargas de obras sin el consentimiento de sus autores legítimos es francamente alarmante, y su aceptación social nos habla de otro lado de una generalizada permisividad social ante lo que en otros países es inaceptable. Porque la corrupción en España no sólo está del lado de la casta política, lo está en todos lados. La impunidad coadyuva a ello. En las sociedades oprimidas estas pequeñas vías de escape son factibles. España, con una sociedad post-absolutista y reprimida, dirigida por oligarquías económicas y con escasas vías para la población para participar en la vida política, mantiene estas extrañas vías de escape. Es más, está mal visto que una persona elija no descargar y pagar por los contenidos culturales que consume (si añadimos el consumo de software llegamos a la sonrojante evidencia de que la mitad del software usado en el país, por empresas y personas, es pirata ¿Cómo queremos que los emprendedores del software sobrevivan en nuestro país, por poner un ejemplo?). El autor de la noticia indica que las mediciones que nos señalan como un país con alta piratería son ofrecidas por la propia industria, pero no ofrece estudios que las desmientan (no existen, lo aclaro). El hecho de ser información de parte no invalida esos estudios, si bien induce a las naturales sospechas. Pero ¿Qué ganarían estos lobbies falseando datos? ¿Alarmar más al gobierno? Todos sabemos que en nuestro entorno el que no se baja películas “es porque es tonto”; ese es el terrible consenso social. En otros países el que se baja películas “hace algo que no es bueno” y el que lo hace lo calla, ante el potencial reproche social. Esa diferencia se puede extender a otras corruptelas cotidianas, desde la economía sumergida al fraude fiscal. Es parte de la idiosincrasia nacional, y eso es muy grave. ¿Cómo vamos a regenerar un país en el estado en que está con estos mimbres?

5- Añado un concepto de mi cosecha que no aparece en el artículo, pero que me enerva. En ocasiones, cuando se ha hablado de casos de páginas web que ofrecen links a archivos pero no archivos, se ha insistido en la “ausencia de delito” al no incluir los archivos en sus servidores y únicamente enlaces a terceros que los albergan (fuera de España, y por tanto inmunes a la legislación nacional al respecto). Siempre que he leído esta deleznable excusa leguleya me he sentido sobrecogido, pues no niega lo perverso, lo maligno, lo socialmente dañino del acto. Simplemente afirma que no hay delito porque no se puede probar la posesión del archivo ¿En serio los “enlazadores” tienen que usar argumentos tan sucios como “no puedes probarlo, juez” para liberarse de las implicaciones de sus actos? ¿Y las implicaciones morales, dónde quedan? ¿Qué clase de ciudadanos estamos formando? Si habláramos de pornografía infantil en el mismo contexto no seríamos tan livianos en calificar a los “enlazadores”.

Quisiera que El Diario se aclarara, o al menos escribiera noticias un poco más equilibradas. La piratería en nuestro país es un gravísimo problema que ha llevado ya a la ruina a muchas empresas, que causa un enorme daño a nuestra industria creativa, a nuestros ciudadanos y a nuestro prestigio internacional. Esa es la realidad, y los lobbies implicados presionan al gobierno. Tratar al lobby que busca que las leyes simplemente se cumplan como “el malo de la película” frente a los oscuros intereses de las megacorporaciones de telecomunicaciones y sus adláteres, hace un flaco favor a la sociedad, pues transmite una imagen escorada de lo que está ocurriendo.