Epistolario (5 de 5)

Esta carta la he remitido a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. En ella explico el que considero uno de los peores problemas de España, el de la legislación respecto a las empresas  y los emprendedores.

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Señoría,

En esta carta quisiera comentarle una visión general del estado actual de cosas que, respecto a los emprendedores y empresarios en general que he vivido a lo largo de los años, centrándome en las PYMES. Soy apoderado de varias pequeñas empresas, donde nos dedicamos a la producción audiovisual y al desarrollo de tecnología de entretenimiento.

Fundé mi primera empresa en 1998 lleno de ilusión, y sigo peleando con otras sociedades intentando crear empresa, empleo, productos dignos e interesantes, y tecnología punta. En estos años me he visto en todas las situaciones en las que cualquier empresario se encuentra cotidianamente: buscar financiación y clientes, realizar los proyectos, pero también realizar trámites, enfrentarse cotidianamente a la burocracia, negociar con las instituciones, etc.

El Gobierno está promocionando el concepto de “emprendedor” y a la pequeña empresa como una solución viable para ir sacando al país de la crisis, generar, empleo, etc. Al mismo tiempo, es una excelente propuesta para animar a muchos ciudadanos a autoemplearse y a decidirse a desarrollar ideas empresariales que no se atreverían a llevar adelante en otras circunstancias. Todo esto es realmente una opción muy interesante, que tal vez podría contribuir a desplazar ligeramente la industria-nicho española del viejo “ladrillo” a otras industrias más innovadoras, o cuanto menos inclinar un poco la balanza de aquel monocultivo empresarial. Todo esto es bueno, y en tiempos de crisis, que son tiempos para creación y el desarrollo de ideas innovadoras, resulta vital para contribuir al desarrollo del país.

En cambio, el otro lado de la moneda de todo esto, es que en el fondo, aquí no ha cambiado nada. España es y siempre ha sido una pesadilla burocrática para el empresariado, el autónomo, y las PYMES. No incluyo a las empresas grandes, pues tienen “escudos para burocracia” bien desarrollados, en forma de departamentos contables, asesorías, bufetes especializados, etc. El país está intentando cambiar de forma de pensar y de hacer negocios, pero el “sistema”, entendido como tal el estado de cosas burocrático, no ha cambiado en absoluto. En realidad, ha empeorado.

La Agencia Tributaria, la Seguridad Social y otras unidades recaudatorias, no han aflojado su tensión sobre empresas y autónomos, sino que ésta ha aumentado. La consigna de “déficit primero” ha puesto a instituciones recaudatorias que se supone que han de trabajar para el bien de la sociedad a trabajar de recaudadores a toda costa. Es un secreto a voces, al menos en mi Comunidad Autónoma, que se está incentivando agresivamente maximizar la recaudación, pase lo que pase. Y no es sólo eso, señoría. España tiene una legislación y una burocracia que ahogan y desincentivan la innovación y el emprendimiento. Parece en ocasiones desarrollada por un sádico que quiera justo todo lo contrario de lo que se pretende decir en las pomposas declaraciones oficiales. Las instituciones que deberían trabajar en pro de la ciudadanía se constituyen en este momento en cajas burocráticas de generación de frustración. Esto ha sido así desde finales del siglo XIX, se ha prolongado a lo largo del XX, sigue en el XXI y no parece querer cambiarse. Todo ello nos pone en la cola de los países desarrollados en cuanto a la incentivación de la inversión, de la creación de empresas, y, en resumen, de la “emprendeduría”.

España anuncia un apoyo al emprendedor que no sólo no existe, sino que funciona justamente, por la inercia de décadas y décadas, por las formas en las que se la legislado por años y años, justo para lo contrario.

No se trata, señoría, de parchear la legislación. Suelo viajar mucho a Reino Unido a negociar con coproductores. Allí un autónomo paga 12 Libras al mes, una empresa con empleados recibe ayudas para su funcionamiento, y crearla apenas ha costado unas libras y unos días a sus fundadores. Aquí cuesta 3.000 Euros y un mes de visitas a al menos cinco ventanillas, eso con suerte. Se han intentado habilitar parches, como las llamadas “ventanillas únicas”, para simplificar estos procedimientos onerosos. No funcionan, como todos los parches. El problema está debajo, en el hecho de necesitar cinco instituciones, diez pasos, que no se comunican entre sí en la era de internet para poder crear una empresa, todo ello basado en lo que la Legislación considera que es “crear una empresa”, o en lo que se consideraba hace sesenta o setenta años, que fue cuando se creó la legislación de base que se ocupa de ese asunto.

Al mismo tiempo, cada nuevo gobierno ha prometido acabar con las trabas burocráticas para constituir nuevas empresas, cuando la realidad es que el problema es otro: es el concepto que las instituciones, y desde ellas el gobierno, arrastran secularmente sobre empresas y pequeños empresarios.

El problema no es sólo la burocracia para la creación de una empresa, sino que se prolonga con las trabas burocráticas que, además, aparecen durante la vida de la empresa, y durante su final (no olvidemos que el índice de supervivencia de las Pymes en un período de 10 años es del 10%, es decir, el 90% se verán forzadas a cerrar, y deberían de ser ayudadas también como lo fueron al constituirse).

Más al contrario, las trabas existentes actualmente no se solucionan parcheando la legislación por enésima vez, sino replanteándosela desde el principio, con algunas preguntas vitales en mente ¿Cómo pretende la Administración que sea su relación a partir de ahora con las empresas y los emprendedores? Decidido esto ¿La legislación actual lo cumple? Si la respuesta es no, hay que cambiarla. Ojo, insisto en esto, porque es un error recurrente de sucesivos gobiernos: no parchearla, sino cambiarla. De arriba abajo. Toda ella.

En España visitar una Tesorería de la Seguridad Social o una oficina de Hacienda para intentar negociar una deuda tributaria no sirve para nada. Las empresas son sancionadas por errores nimios, la burocracia de tantas instituciones -nacional, autonómica, intermedia (Cabildos, Diputaciones), local- convierte la vida de nuestros contables -si podemos pagar un contable- en un infierno; hay que presentar cuentas, libros de visitas, declaraciones trimestrales, anuales, firmas electrónicas, certificados de proveedores, certificados de IVA, etc, etc, etc. Cientos, miles de modelos de impresos, criterios incompatibles, exigencias demenciales, controles sobre controles, castigos a la ganancia y al beneficio en forma de impuestos de sociedades desalmados, registros redundantes, actas notariales, registros de la propiedad... Las legislaciones recientes, como la que se supone permite una “segunda oportunidad” a los emprendedores que pierden su negocio se han creado sin intención alguna de que funcionen realmente (no se han aplicado a casi nadie hasta ahora ¿No es esto significativo de para qué sirve una determinada legislación creada sólo para generar titulares, al parecer, pero ineficiente al final?)

Cuando un empresario cae en desgracia y su sociedad no puede responder a sus obligaciones, por ejemplo, con la Agencia Tributaria, la supuesta “responsabilidad limitada” de la empresa que administra se le transfiere directamente a su persona. Así, la definición de las sociedades de responsabilidad limitada es traicionada. Un empresario se verá ahogado, teniendo que afrontar el coste del concurso de su empresa, por las deudas de su empresa con Hacienda, que le son transferidas a sus cuentas personales, que son embargadas sin que nadie haya calculado qué porcentaje de ese embargo puede impedir la mera subsistencia al administrador. Estas derivaciones abusivas ocurren a diario y los tribunales generalmente las tumban, pero para que eso pase el empresario ha de tener los reflejos suficientes para recurrir, algo que no siempre pasa, sobre todo con el stress que implica la ruina del proyecto personal que es una pequeña empresa. ¿Por qué las instituciones actúan de forma injusta, a sabiendas de que causan daño a las personas, en casos como este? ¿Es que todo vale con tal de recaudar?

Según una encuesta de BM, los empresarios dedican 300 horas en España a gestionar la carga impositiva y burocrática que sufren sus empresas, en ocho pagos a las distintas administraciones, cuando todo ello podría ser fácilmente, en los tiempos que corren, automatizado, cruzado, minimizado y agilizado, siempre y cuando se trabaje pro-ciudadano, y no como ahora pro-aparato burocrático. En España algunas instituciones no trabajan para el ciudadano, porque nadie les ha enseñado a hacerlo, o porque la legislación a la que se deben no lo permite, por obsoleta y por vieja.

Tenemos finalmente los autónomos y emprendedores la sensación contraria, de que somos nosotros los que trabajamos para el Estado, ahogados en papeles, procedimientos, sanciones, declaraciones, etc. Otro ejemplo de ello que siempre me ha sorprendido son las encuestas del INE ¿Sabe su señoría que el Instituto Nacional de Estadística remite encuestas anuales a las empresas? Hasta ahí todo bien, ya que las encuestas son la forma de conocer el estado de cosas en un país, especialmente en el mundo empresarial. Pero ¿Sabe su señoría que son de obligatorio cumplimiento, si tienes la desgracia de que tu empresa sea elegida, y que los impresos digitales son de enorme complejidad, tanto que son dificultosos hasta para las asesorías contables que nos descargan del trabajo, pero que si no se rellenan la empresa ha de pagar una sanción económica? ¿Es consciente su señoría del chantaje al que el INE somete a las PYMES de este país cada año con estas encuestas obligatorias?

El resultado para un empresario único en una sociedad unipersonal es que él debe de emplear decenas -sí, decenas- de horas a rellenar unos impresos que ni él mismo entiende ¿Qué calidad tendrán esas respuestas? Me he visto rellenando esos impresos obligatorios del INE, desesperado porque tengo que trabajar para comer y esos impresos me lo impiden ¿Qué calidad de respuestas puedo ofrecer en esas circunstancias? No paro de escribir a los responsables del INE suplicándoles que por favor dejen de usar esos chantajes a los ciudadanos, que como si no tuviéramos bastante, tenemos que arrostrar otra burocracia más sin remisión. Nadie ha respondido a mis quejas. Sí, la falta de transparencia, es otro, viejo, problema.

La administración electrónica se ha convertido en otro problema más. En vez de simplificar la vida del ciudadano, lo que se ha hecho es trasladar la burocracia a los ordenadores personales de la gente. Ahora además trabajamos para la Administración haciendo trámites que antes los funcionarios de ventanilla hacían para nosotros. Se ha convertido en toda una tortura, con procedimientos incompatibles, interfaces incomprensibles, nula estandarización de procedimientos, firmas electrónicas que no funcionan, y para colmo en ocasiones cerrando el registro físico, siendo sólo accesibles ciertos trámites por vía telemática. ¿Es esto facilitar la vida a la gente? El problema por ese lado es también enorme, pues cada institución del Estado va por sus fueros y nadie se coordina, y ello me ha llevado a la redacción de otra carta que he remitido a la Comisión de Redes Sociales del Congreso, dependiente de la Comisión de Interior, que creo es la más indicada de entre las existentes.

El otro día, hablando del registro físico, hube de registrar en la Propiedad Intelectual un trabajo. El coste fue de casi 13 Euros. ¿Sabe usted lo que costaba en 1986 cuando, siendo casi un crío, registré por primera vez una obra? Aproximadamente 30 céntimos de Euro. Un incremento de un cuatro mil trescientos por cien. ¿Ha subido la inflación un cuatro mil por cien en estos años? Claramente, no. ¿Cómo se pueden cobrar esos precios desorbitados en trámites nimios? Y es sólo un ejemplo de las tasas que han sustituido a los viejos timbres, y que ahora se usan para penalizar, curiosamente, los trámites no telemáticos.

Pero la pesadilla, que en esto se ha convertido la vida del pequeño empresario español, sigue y sigue. ¿Qué pasa cuando te arruinas, cuando tu empresa debe de emprender un concurso de acreedores? El panorama no es agradable. A la tragedia del fracaso personal del empresario se añade, de nuevo, la maraña burocrática española y sus increíbles exigencias económicas.

Cuando una empresa entra en concurso, generalmente está arruinada, y sus administradores también. Cuando se decide aplicar el procedimiento concursal, el administrador se topa con la necesidad de desembolsar una cantidad casi siempre inviable, dadas sus circunstancias, de entre 12.000 y 30.000 euros, para pagar el concurso de acreedores ¿Cómo se concibe esto? Ir a concurso implica la ruina de los administradores sociales. Justamente, en España y a causa de esto el porcentaje de Pymes en concurso es ridículamente pequeño en comparación con los países de su entorno. Como consecuencia, hay en este momento miles de sociedades “zombi”, totalmente arruinadas, inviables e irrecuperables, pero que no pueden declarar concursos de acreedores porque no pueden pagar los costes de esos trámites. ¿Se ha hecho algo al respecto?

Los empresarios, autónomos y emprendedores con problemas temporales de tesorería, a la práctica imposibilidad actual de obtener créditos-puente o renegociar lo que ya pagan, suman los altísimos intereses de demora que, seamos claros, no son otra cosa que castigos dinerarios, a que les someten Hacienda, Seguridad Social, recaudadores locales e intermedios, etcétera, y nadie se ha planteado este problema.

Uno de tantos ejemplos: por razones que no vienen al caso hace unos años mi empresa estaba en deuda con la Agencia Tributaria, y el ICAA (Ministerio de Cultura) le había concedido una ayuda automática por una película (el 15% de la recaudación bruta de taquilla, prevista por la Ley) que nos hubiera aliviado y nos hubiera permitido sobrevivir. Pero no se pudo cobrar por existir aquella deuda. Intenté plantear que se estudiara para un caso similar en el futuro que se transfiriera directamente la cantidad de la Ayuda a la Agencia Tributaria, como si se tratara de un embargo o una pignoración; se permitiría a las empresas en apuros el saldar la deuda, se podría aliviar ese problema fácilmente sin forzar la legislación, y así algunas empresas con problemas, que son muchas, podrían sobrevivir.

Obviamente, la propuesta fue denegada. De nuevo, un Estado lento, monstruosamente burocrático, paralizado por definición, no percibía el gavísimo, agónico problema que ciertos viejos modos, inviables en tiempos de crisis salvajes como esta, causaban en empresas que se han comportado en todo momento de buena fe. Desgraciadamente, señoría, con los grandes recaudadores, especialmente la intocable Hacienda, la buena fe no basta. Usted sabe tan bien como yo que el tratamiento de Hacienda hacia el sujeto del impuesto, el ciudadano, es contrario a la constitución y a los derechos pro reo del sistema jurídico: se le considera culpable ex acto. Esa filosofía perversa, contraria a legalidad y humanidad, preside todos los actos de la Agencia. ¿Qué resultado esperamos con esos mimbres?

La consecuencia directa de todas estas situaciones injustas y en ocasiones abusivas, es que la economía sumergida en España es una de las más altas, en porcentaje, de los países desarrollados de nuestro entorno. La gente decide, sea ello reprochable o no (ese es otro asunto) que cobrar sin factura, sin dejar rastros, sin alta en Seguridad Social, les permitirá vivir. Exigen ser invisibles para el sistema. Ir por la vía “legal” les hace inviable la supervivencia. Si casi uno de cada tres generadores potenciales de empleo lo está haciendo, es que algo muy grave está fallando en este país.

España sigue legislada en todos estos aspectos por normas que ya eran inaceptables, torticeras y alambicadas en los buenos tiempos del pasado. Ahora que la crisis se ceba con todos, especialmente con los más débiles y pequeños, esa burocracia inextricable no sólo no se ha modificado lo más mínimo, sino que ha empeorado. Los procedimientos han aumentado, las exigencias a las sociedades se han incrementado, los impuestos no han hecho más que elevarse. Para la Administración del Estado, en términos de relaciones con las pequeñas y medianas empresas, la crisis no ha ocurrido. Seguimos igual que hace 5, 10, 20 ó 30 años. No hablaré del IVA indiscriminado del 21%, que es un caso de libro de fracaso de la presión fiscal que ha llevado a una bajada en la recaudación.

Señoría, asumámoslo de una vez: esto es un desastre.

Es un buen punto de partida para cambiar las cosas.

Crear una empresa en España en estos momentos es un suicidio. No se lo recomendaría a nadie. Antes les diría, se lo juro, que se fueran a Reino Unido y la montaran allí. Encontrarán respeto, apoyo y ayuda. Simplemente siendo ciudadanos europeos. Se llama “movilidad exterior”, creo.

¿Cómo pretende este país que existan emprendendores con este escenario y estas maneras que sufrimos a diario?

No se trata de que haya que ajustar un poco aquí y allá, ya que eso es lo que han hecho los gobiernos hasta ahora, legislando casi para “el telediario” sin pensar en que lo que están haciendo es añadir impedimentos a las empresas, sin pensar -me niego a aceptar que se haya hecho a propósito- que lo que se está legislando es tan tímido y tiene tantos factores de exclusión que no se puede aplicar en el mundo real. El problema es mucho peor.

Se trata de que todo el edificio legal, de arriba abajo, es un gigantesco castillo de naipes que ha sido parcheado demasiadas veces ya, y que se cae, se nos cae encima a los pequeños empresarios, a los ciudadanos, a las PYMES, a los autónomos, y nos aplasta a diario.

Las empresas en España, sobre todo las pequeñas (el 90% del tejido empresarial de España) son las que crean empleo, las que luchan a diario por hacer crecer al país, y las que generan su riqueza. Son tratadas brutal y desconsideradamente por una administración y una burocrática con modos decimonónicos que nadie se ha esforzado en arreglar, llevando al país a una situación insostenible. Estos viejos y caducos modos contribuyen, qué duda cabe, al depauperado estado actual al que la crisis nos ha llevado. Y por lo que veo nadie está pensando en cambiar este estado de cosas, que considero insostenible.

¿La solución? Me temo que es tirarlo todo para empezar de nuevo. La filosofía básica de las instituciones recaudadoras y de las medidas supuestamente fomentadoras del negocio en España es fallida, se creó hace demasiado tiempo y no está funcionando en la sociedad actual. Es más, se está utilizando como herramienta de frustración hacia el empresariado y el emprendedor. ¿Qué se busca? ¿Ayudar al emprendedor o frustrarle? Si la respuesta es “ayudar”, hay que cambiar toda la legislación. Hemos de decidir convertirnos en una especie de Reino Unido, que favorece la empresa y que no la ahoga a impuestos. Y no se pueden admitir más parches o más “casos particulares” en legislaciones parcheadas y parcheadas en legislaturas pasadas. Todo abogado español sabe que la jungla legislativa española, por ejemplo en términos de recaudación de hacienda, es inextricable, contradictora, ininteligible en ocasiones, y positivamente está diseñada para no ayudar, sino todo lo contrario.

Todo esto proviene de una mentalidad generada, me temo, hace dos siglos y mantenida durante la dictadura, que encierra una forma de ver el mundo y la sociedad que ya no existe, y que proveniente del Siglo XIX, que considera que el emprendedor es alguien peligroso que debe de ser atado corto, como si fuera un niño poco responsable y travieso, y que no debe plantear problemas a los viejos y señoriales amos que han heredado la propiedad de los medios de producción, a los “hidalgos viejos” de una España que ya no existe. Eso, que suena a trasnochado, es la base de la ideología sobre la que se ha legislado en este país desde siempre y se mantiene a pesar de cualquier cambio, en un eterno retorno lampedusiano, en los cimientos de nuestro corpus legislativo. O cambiamos desde abajo, desde los cimientos, todo esto, o no habrá mucho que hacer, excepto asistir al hundimiento de todo el país.

Señoría, sé que lo que le sugiero es tremendo, pero alguien va a tener que hacerlo. Puede que sea en esta Legislatura, o no. Puede que sean ustedes los que lo cambien todo, o no. Le garantizo que pasarían a la Historia. Es un hecho que un cambio copernicano en toda la legislación española al respecto causará un auténtico shock, pero en el largo plazo este país sólo así podrá salir del agujero en el que ha caído.

Al mismo tiempo, la mayoría de los abogados, jueces, inspectores de hacienda, funcionarios, empleados de la Seguridad Social, recaudadores, etc. del país saben que es la única manera, y se mostrarán encantados de que las cosas cambien, y de colaborar en ese cambio.

El primer paso supongo que sería proponer una Comisión de Hombres Buenos que pudiera elaborar una suerte de Libro Blanco sobre el estado de las cosas en la legislación general del país, y que podrían proponer al Gobierno una serie de cambios básicos en todo lo que se ha legislado hasta ahora para ir emprendiendo una transición sin traumas. Debería ser el de estas personas un compromiso intergeneracional, en el largo plazo, pues este trabajo llevará mucho tiempo. Hablo de personas honestas, capaces, y entregadas a España, que las hay, y muchas. Sólo hay que elegir bien.

Esto, señoría, no es un problema de ideologías, eso sería un error. Es un problema de supervivencia. De que España sea o no sea a lo largo de este Siglo. Nos jugamos mucho, y alguien tendrá que hacerlo. Insisto, pueden ser ustedes ahora, u otros que vengan después, pero mientras no se tomen esas decisiones -este es un problema gigantesco, vasto, de extraordinaria complejidad legal y jurídica y dotado de múltiples facetas e interacciones, que atraviesa de forma transversal muchas legislaciones españolas de todo tipo y nivel-, España seguirá perdiendo el tren de la modernidad. Y ese lujo no nos lo podemos permitir. Por favor, antes de que sea demasiado tarde, señorías, hagan algo.

Sin otro particular, agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente y desearle todo lo mejor en su labor.


Remití este mensaje a 26 miembros de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Me respondió María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) con la que me reuní en el Congreso hace unos días. La acompañaba Patricia Blanquer, del mismo grupo. Ambas se mostraron muy receptivas y amables. Incluso tuvieron la deferencia de mostrarme una pregunta que Blanquer había presentado, al respecto, a la Ministra de trabajo. La respuesta, robótica, alienada y completamente innecesaria, de la titular del Ministerio, me lleva al absurdo que es todo esto del teatro parlamentario, especialmente con mayorías absolutas, en las que cualquier tontería vale como respuesta a preguntas de la máxima importancia. Qué pérdida de tiempo y de esfuerzo. Qué desolación. En fin, es otro asunto, pero es tan preocupante como todo lo demás.

La imagen que ilustra este texto está en Wikimedia Commons. Farina Letter 1801. Autor: Johann Maria Farina. Farina fue el inventor del agua de colonia. Está en dominio público.