Ya he hablado aquí de la que considero pésima gestión de la administración electrónica que este gobierno está haciendo (y los anteriores, y las administraciones de todo nivel, de esto no se salva nadie). Hace unas semanas el asunto ha vuelto a ponerse de actualidad por esta noticia.
De nuevo los viejos vicios de una administración que trata a quienes debería de servir como súbditos, una forma de pensamiento decimonónica que persiste, tozuda. Este estado de cosas me ha llevado a enviar a un par de Comisiones parlamentarias varias cartas que he publicado aquí, pero noticias como la que enlazo más arriba me llevan de nuevo a plantear varias preguntas que me gustaría que alguien respondiera.
1- ¿Por qué se exige utilizar los registros electrónicos sin otra opción en ciertas gestiones como las del IVA, si apenas un 50% de la población española tiene acceso a Internet? ¿Nadie se ha parado a pensar en qué puede hacer la otra mitad de españoles que no tiene acceso a la Red de Redes?
2- ¿Por qué se exige la identificación electrónica sin previo aviso cuando la mayoría de los apoderados societarios no pueden solicitarla, al haberse excluido explícitamente ese trámite de los poderes plenipotenciarios? ¿En base a qué irregularidades supuestas o a prevenir qué delitos se toman estas decisiones? ¿Existen precedentes o es simplemente "para prevenir"? ¿Qué pasa con los administradores que no pueden desplazarse para hacer esa gestión -exclusivamente presencial- por razones de salud o movilidad? ¿Y qué con los que tienen que modificar sus poderes una y otra vez cada vez que se cambia la legislación así, llenando los bolsillos de las notarías? ¿Es esto lo que se llama "seguridad jurídica española"? Sólo para tenerlo claro.
3- ¿Por qué se exige el relleno de formularios que se han vuelto más y más complejos a personas que no tienen la formación adecuada, cuando están diseñados para funcionarios especializados en fiscalidad e impuestos, sin el menor criterio de ergonomía o legibilidad? ¿Alguien siquiera sabe que esos conceptos existen? ¿Se vigila la accesibilidad de las webs públicas a discapacitados pero no así la accesibilidad a los -en ocasiones, indescifrables- impresos que todos los ciudadanos han de rellenar obligatoriamente? ¿Se plantea alguien cruzar datos entre administraciones para descargar un poco del esfuerzo al ciudadano?
4- ¿Por qué se exige el uso de pasarelas de trámites y firmas electrónicos que requieren una formación informática y técnica de la que la inmensa mayoría de la población carece?
5- ¿Por qué se exige a los ciudadanos la tramitación electrónica cuando la conexión a internet no es un derecho básico en realidad y se paga entre las más caras de toda Europa?
6- ¿Por qué se exige a los ciudadanos la tramitación electrónica cuando ello requiere la adquisición de caras piezas de hardware?
7- ¿Nadie se ha parado a pensar en las consecuencias de volcar ciertos trámites del lado del ciudadano? ¿Persiguen estas medidas simplificar la vida ciudadana o más bien descargar a la administración de tareas para disminuir el número de trabajadores públicos?
Es muy frustrante que sigamos entrando cronológicamente en el Siglo XXI pero España siga profundizando en su anclaje en el XIX, eso sí, vía internet.
La foto está en dominio público. Muestra a un grupo de funcionarios del Public Curator Office en Brisbane, Australia, realizando su trabajo en 1946. Queensland State Archives. Digital Image ID 2714. De Wikimedia Commons.
