Estos días he pasado otra vez por el suplicio de tener que entregar unos documentos por esa rejilla invisible e impredecible que es la administración electrónica. En este caso la Pasarela Platino, rimbombante nombre (de esos que tanto gustan a los políticos) para una plataforma de registro electrónico del Gobierno de Canarias. Pues bien, apenas unas horas antes del final del plazo legal administrativo para la entrega de unos documentos, la plataforma estaba caída y nos devolvía mensajes de error a cada intento de entregar la documentación. Tras más de una decena de intentonas, lo dejamos por imposible a medianoche, no sin antes enviar dos partes de incidencia y sendos emails con capturas de pantalla.
Estos sucesos me reafirman en lo que he comentado anteriormente en el post “A vueltas con la administración electrónica” en este mismo blog. Estamos al albur de unas tecnologías que se pueden caer, sin sustituto posible en el mundo real (en este caso sólo cabía entregar los documentos por vía electrónica, una costumbre que se extiende por las administraciones), y que no han sido lo suficientemente probadas (o presupuestariamente dotadas) para servir, como deberían 365-24 al ciudadano.
Entre las horas perdidas y la frustración de aquella jornada y el dislate de formatos y límites de tamaño admitido de archivos adjuntos (15Mb en este caso) acabamos saltando entre máquinas, instalando firmas electrónicas, descargando compresores, fragmentando archivos Zip y en fin, haciendo tareas para las que no todo el mundo puede ni debe ni tiene por qué estar preparado.
El manejo de la informática con la administración, en los tiempos de los tablets, sigue siendo complicado, ininteligible, abstruso. Más aún cuando no se ha estandarizado procedimiento alguno y cada institución va “a su bola”. En mi post anterior insistía en la necesidad de una estandarización de protocolos, generalizando los formatos admitidos, tamaños de archivo, medios de firma e interfaces, y me reitero en ello. Es más, debería generarse un libro blanco que regulara todos esos asuntos. Es urgente.
Pero no sólo es ese el problema. Han de habilitarse soluciones que no dejen al ciudadano desamparado para casos como el que pasamos esta semana. Por ejemplo, se deberían de habilitar registros generales electrónicos en todo el país tanto en oficinas de correos como en otras instalaciones públicas, y deberían de estar accesibles 365-24. De lo contrario, el proceso vulneraría derechos. ¿Qué pasa si el registro electrónico de la institución a la que te diriges está caído? Deberías poder usar un registro general electrónico alternativo para esos casos y, por supuesto, el viejo registro general, presencial y físico, de siempre.
Actualmente en un registro general tradicional (de papel, sello de entrada, etc.) cualquier persona, sin necesidad de identificarse, puede introducir en el sistema de documentos en papel la documentación de desee sin tampoco tener que identificar en nombre de quién lo hace. Esto, que es una ventaja para el ciudadano, desaparece con el registro electrónico, que obliga a las personas a identificarse en todo momento, sea con sus DNIs electrónicos o con las firmas electrónicas que la FNMT crea para las personas jurídicas. El resultado carece de la ductilidad del método anterior. ¿De verdad es, entonces, una ventaja? Sólo para la administración, que se ahorra personal. Para colmo tanto el DNI electrónico como la firma electrónica tienen fecha de caducidad, que para colmo es asíncrona con, por ejemplo, la caducidad del DNI tradicional, forzando al ciudadano a duplicar sus esfuerzos burocráticos para permanecer identificable. Paradójicamente, el DNI-e se usa bien poco. Ese barómetro debería alarmar a las instituciones, pues es una señal inequívoca de que su urgente "electrificación de todo" no está funcionando como ellos creían.
El problema que sufrimos esta semana se arregló al día siguiente con un par de mails de los técnicos al cargo, pero de nuevo tanto ellos como los funcionarios responsables y nosotros mismos hemos perdido horas de trabajo en un proceso insuficientemente seguro.
Un registro electrónico, para ser puesto hacia el público, debe tener probada su capacidad de funcionar sin interrupciones a toda hora y en todo momento, incluso en caso de pérdidas de fluido eléctrico; debe mantener copias redundantes que puedan activarse en caso de necesidad y evitar caídas de sistema, bloqueos por picos de exceso de demanda, etc. Es algo que se le pide (es más, se da por descontado) a cualquier servicio de Internet, desde Youtube a un periódico online. ¿Por qué la administración no se aplica esos estándares de calidad mínimos? Si no se pueden garantizar esos puntos, no se debe de obligar a los ciudadanos a pasar por el aro de unos procesos inmaduros.
La imagen corresponde a la pantalla de caída de sistema de Windows 1.0. De Wikipedia Commons.
La imagen corresponde a la pantalla de caída de sistema de Windows 1.0. De Wikipedia Commons.
