He incidido en varios posts en mi preocupación por la excesiva burocracia añadida que está suponiendo la implementación de los registros electrónicos en todo el país. La situación es un caos, los ciudadanos ven multiplicada su carga de trabajo administrativo, y una vez más el concepto español del trabajo de las instituciones (el ciudadano como súbdito) aparece transparente en los requisitos y dificultad de los procedimientos administrativos "digitalizados".
Otro ejemplo más. Este mensaje ha llegado a cientos de administrados desde el Gobierno de Canarias hace unos días:
De nuevo un cambio arbitrario, en este caso en un segmento de código, invalida la capacidad de las personas físicas y jurídicas (y, no lo olvidemos, el derecho) de identificarse vía firma electrónica si no se pasa por el aro de bajar e instalar un segmento de código. Sin más explicaciones. Amén de la mala redacción del mensaje, que puede llevar a equívocos (¿A qué se pierde el derecho si no se instala ese código? ¿El administrado debe de hacer algo más?). De nuevo el ciudadano es tratado como un "sujeto pasivo". De nuevo, señores administradores, así no.
Las viejas formas se resisten a cambiar, módems mediante.