Homme Fatale

Cuando movía el guión de mi primera película, “Fotos”, por diversas productoras, y entre caras de espanto e incredulidad -la lectura de aquel guión causaba ese tipo de reacciones y yo ya me iba acostumbrando-, un lector sacó a colación en un informe interno el cine del alemán Max Ophüls, que en aquellos años era precisamente uno de mis cineastas “de cabecera”. En la obra finalizada se puede encontrar algún intento de realizar largos planos coreografiados, una de las marcas de Ophüls, como homenaje al maestro, alguien que actualmente permanece condenado al olvido. Hace unos meses he vuelto a visionar su obra, y me he encontrado releyendo su corpus, uno de los más originales y fascinantes de la historia del cine. Por eso me parecía interesante hablar de una de sus películas menos conocidas.

“Atrapados” (“Caught”, Max Ophüls, 1949) fue, creo, la tercera película del director alemán en Hollywood. Es un excelente ejemplo de cine negro que apenas es recordado por los historiadores, en el que una mujer es destruida por un esposo dominante y perverso (tal vez un sosias de Howard Hughes) en una especie de reciclado de la premisa de “Ciudadano Kane” de Orson Welles en cierta clave de género. Es una obra que muestra la lucha de Ophüls por narrar sus películas a su manera en el ambiente de los estudios, y a la vez una película rompedora y a contracorriente en aquellos años, algo que la hace plenamente actual.

Invirtiendo el clásico motivo del cine negro de entonces, ejemplificado en “Laura” (“Laura”, Otto Preminger, 1944), “La mujer del cuadro” (“The woman in the window”, Fritz Lang, 1944), “Perdición” (“Double indemnity”, Billy Wilder, 1944) o “La dama del lago” (“Lady in the lake” Robert Montgomery, 1947), es el personaje masculino el homme fatale que arrastra a la perdición al ingenuo y bienintencionado personaje femenino. Un impresionante y rocoso Robert Ryan convierte a Barbara Bel Geddes -a quien muchos recordarán por su papel en las primeras temporadas de la serie “Dallas”, o por su rol de abnegada novia de un obsesionado James Stewart en “Vértigo” (“Vertigo”, Alfred Hitchcock, 1958)- en un guiñapo, una esclava sin identidad, a pesar de los ímprobos esfuerzos de James Mason, médico enamorado, por rescatarla de la relación sádica que la está destruyendo, y de la que es cómplice masoquista.

Ophüls narra la historia jugando con planos largos y movimientos de dolly, y podemos apreciar en varios momentos del metraje que aquello no debió de gustar demasiado a los ejecutivos de MGM, productora de la película, pues algunas escenas muestran largos planos secuencia con sofisticados movimientos de cámara que son cercenados a medio camino hacia bruscos planos fijos -en algunos casos con extraños saltos de eje: hay un ejemplo que duele, en el que la cámara, con Bel Geddes centrada en el encuadre, bascula ente Mason, a la derecha del cuadro, y Ryan a la izquierda. Se intuye que el movimiento de cámara se mantendrá en vaivén en un arriesgado y fascinante ejercicio que explicita el estado indeciso de Bel Geddes entre los dos hombres que forman el sistema planetario de su vida; entre el orden y el caos, entre la razón y la animalidad, pero el plano es literalmente cercenado hacia un plano general a espaldas del trío en mitad del movimiento-; parecen decisiones ajenas a Ophüls, tomadas por un tercero en la mesa de montaje, y lastran una narración sofisticada y llena de la sabiduría del director alemán para mover la cámara en un ballet con sus personajes, estilo del que hizo su característica y firma personal. Una lástima.

“Atrapados” teje una alambicada y psicologizante trama alrededor de la posesión destructiva y la locura, y reflexiona también sobre la corrupción del alma humana sumergida en el capitalismo más salvaje, todo un subtexto para una película creada en plena Guerra Fría. El perverso Smith Ohlrig (Ryan) es una bestia con todos: con su mujer, con su secretario -y aparentemente lo más cercano a su amigo-, y con sus socios o empleados. Si el mundo no hace lo que él quiere, su corazón protesta y le responde con un amago de infarto. Esa actitud infantil, inmadura, egótica y brutal se ve fomentada por la obscena fortuna de la que disfruta, que le permite comprar vidas y seres humanos con sólo un gesto, con un simple susurro, sin que nadie le rechiste.

Ryan hace un papel sobresaliente, cercano a un arquetipo, encarnando a alguien corrompido por una vida consentida, llevado a convertirse en un sádico sin empatía, deshumanizado y cruel. Ante él, Bel Geddes y Mason, blancos, puros, bondadosos y generosos, viven una pasión prohibida. Rodeados de la maldad del todopoderoso marido millonario, no cejan en su ansia de libertad, de escapar de una casa que parece salida del subgénero old haunted house, una Casa Usher que se pudre como su amo.

Al final, la muerte revolotea cruelmente sobre los protagonistas, y la pérdida lleva a la libertad. El malvado Stack no tendrá lo que deseaba y sufrirá un infarto que estará a punto de ser definitivo. En un giro tragicómico, los amantes puros y honestos ganan su camino hacia nuevos pastos, mientras el rico de alma corrompida agoniza, no sin arrastrar todos una víctima inocente.

“Atrapados” es un cuento de terror reciclado en cine negro, en el que el marido celoso se convierte en un monstruo, y donde el que el maltrato centra una relación marital convertida en un juego de sadismo. Es una obra de interesante lectura contemporánea que invierte el juego del género habitual entonces y ahora -parece que hay constantes que perviven- y juega a la metáfora con el capitalismo salvaje y las desastrosas consecuencias que genera en sus víctimas y verdugos. Algo, qué duda cabe, de pura actualidad en estos días aciagos en lo que todo está en venta en nombre de un abstracto incomprensible llamado "deuda pública". 

Sólo nos queda el consuelo de que los malnacidos que han arrastrado al país en que vivimos al caos actual corran el mismo destino que Stack en la película. Algo que, desgraciadamente, es una de las ventajas de la ficción, que no del mundo real.

Este artículo fue publicado en el número 2 del periódico del Festival Internacional de Cine de Gijón, el 16 de noviembre de 2013. Lo he revisado un poco antes de publicarlo aquí.

El póster de Caught está en Wikimedia Commons. Copyright MGM. Se usa bajo supuesto de fair use.

La negación de lo público

¿No es desconcertante que sean los partidos de derechas los que aboguen de forma radical por la destrucción del Estado? Esa especie de “religión” del Tea Party que tiene como uno de sus mandamientos que lo público es malo (sin que nadie se pregunte por qué, y si eso es mejor que lo otro, cuando la evidencia científica y estadística afirma lo contrario, lo que hace que de nuevo todo esto parezca un asunto de fe) la profesan todos los políticos del partido en el gobierno en España en estos días.

Es desconcertante porque la mayoría de los miembros del gobierno actual profesan la religión católica y pertenecen a algunas de sus sectas más radicales. Y la religión católica tiene entre sus bases el concepto fundamental de familia. Siempre están hablando de la familia, ya sea por boca de las autoridades religiosas, o de ellos mismos. El discurso lo conocemos: El divorcio destruye la familia, el aborto destruye la familia, la educación laica destruye la familia, los gays destruyen la familia... Decidan ustedes el concepto y añadan la cola de que “destruye a la familia”, y tendrán solucionado el argumentario oficial de la derecha española.

Lo asombroso es el desprecio con el que miran a lo público, cuando lo público es exactamente la prolongación de la familia en la sociedad. Porque eso, que no otra cosa, son las prestaciones sociales, las asociaciones locales, los ayuntamientos, los gobiernos autónomos. El Estado es en realidad una prolongación del concepto de protección familiar extendido en el ámbito público, hacia los lugares a los que las familia no llega. Allí donde las personas pudieran estar desamparadas, el Estado prolonga, en una extrapolación perfectamente racional del orden natural heredado por nuestra especie, la obligación tácita que tenemos de protegernos unos a otros, esto es, de ayudar a los núcleos familiares en su tarea básica de desarrollar, alimentar y fomentar el desarrollo de seres humanos felices, solidarios, compasivos, y empáticos.

¿Qué si no es el Estado? ¿Qué si no son las prestaciones sociales, los servicios, la sanidad, la educación? ¿Qué si no la extensión de la familia al frío exterior de las casas?

Esa forma de ver las cosas, de considerar lo público como algo que todos nos hemos dado a todos para que nuestras vidas sean más dignas y vivibles, la metafamilia que la especie humana ha elegido para la protección de los suyos, curiosamente, no la entienden los mayores abogados del concepto familia de puertas adentro de las casas. Niegan a las sociedades el derecho de sustituir a la familia.

Es algo soprendente. Extraño. Y profundamente equivocado.

Pd.: ¿Y para qué? ¿Qué buscan? ¿Más dinero? ¿A qué esa obsesión por el aumento de beneficios a toda costa de la que hablé en un artículo anterior? ¿A qué ese deseo de poner todo lo que funciona en manos privadas? ¿Es que no se dan cuenta de que es insostenible? ¿Qué esperan sacar de Europa? ¿Convertirla en una nueva China, con trabajos miserables y ciudadanos trabajando como bestias por sueldos de miseria? ¿Privatizando todo lo que las sociedades construyeron como entidad pública con el sudor y la sangre de generaciones para que unos pocos se beneficien, empeorando servicios y encareciéndolos? ¿Encareciendo la miseria de los pueblos? ¿Y eso a quién beneficia? Desde luego, no al ciudadano, no a la gente. Cuando un gobierno se dedica a hacer esas gestiones se ha olvidado de para quién trabaja, algo tan simple como para sus electores, no para sus amigos, no para sus compañeros de casta, no para su modelo de vida. Sin embargo, hay una minoría de personas que hemos aupados a puestos de responsabilidad, y que aplican esa su religión incontestable a todo lo que tocan. De verdad, deberían, por el bien de todos, ponerse a pensar de verdad en lo que esperan de sus vidas y de sus actos, amplificados por la capacidad legislativa que se les ha dado. Y si en eso que esperan es lo mismo que esperan los otros, esos millones de personas que contemplan espantadas e incrédulas cómo se dilapida el trabajo de generaciones.

Ppd.: Hoy llegan las Marchas por la Dignidad a Madrid. Un político de derechas las ha comparado con partidos de ultraderecha. Ese señor de dudosa reputación en cualquier país civilizado había sido expulsado de su puesto nada más publicadas sus declaraciones. Ahí sigue.

La imagen, de Wikimedia Commons, "Pyramid of the Capitalist System" ("har löpt ut, bild av kapitalismen ur ett kritiskt perspektiv") 1911, está en dominio público.

Epistolario (6 de 5)

Ya sé que suena raro lo de "6 de 5", pero mandé esta carta-corolario a la Comisión de Sanidad, que se añade a la que ya he publicado aquí. Las notas al pie están al final.

Señorías,

Quisiera añadir esta carta como Corolario a la que les remití el día 22 de noviembre de 2013 respecto a la legislación española sobre el tabaco y el asunto de su matización legislativa (llamémoslo así) en las futuras (de existir) instalaciones denominadas “Eurovegas”. Por razones de espacio y enfoque del asunto obvié un gravísimo problema que afecta a esta ley y a otras, que creo es de máxima importancia en estos momentos.

Venía a decir el insigne jurista Federico de Castro y Bravo que el defecto de España de legislar sobre todos los asuntos de la vida ciudadana se suavizaba con el sistemático incumplimiento de lo legislado. Es decir, en España tenemos una sobresaturación de Leyes (¡según Hayderecho.com en España hay ni más ni menos que 100.000 leyes y normas en vigor! ¿Hay alguien en el país que las conozca todas? Es sencillamente imposible) y al mismo tiempo una costumbre secular de no aplicarlas debidamente. Todos saben, y más aún en este estado de Autonomías en que vivimos, que las leyes luego han de tener un reglamento de aplicación y en caso de asuntos con competencias transferidas, ese reglamento ha de ser confeccionado en cada autonomía y en ciertos casos luego pasará a los ayuntamientos para su implementación final.

Pues bien, yo resido en Madrid parte del año, la otra en Canarias y fuera del país en ocasiones, de modo que compruebo dolorosamente las formas en que aquí nos movemos. Les puedo asegurar que en Madrid la Ley del Tabaco de la que me ocupé en la primera carta no se cumple tanto como se debiera. No hay nada peor que tratar, señorías, un asunto de índole sanitaria y científica, desde el sesgo ideológico (generalmente un asunto de fe, para el que la realidad y la evidencia científica son meras molestias). Y eso ha pasado en Madrid. La Ley se ha implementado¹ con pequeñas trampas en su camino, respondiendo a no sé qué intereses. Primero, al asignar su cumplimiento a los Ayuntamientos, se lleva el asunto en Madrid capital a un oscuro departamento “Antidroga” de la ciudad con una dotación presupuestaria ridícula. Luego, se asignan sólo dos inspectores en una ciudad capitalina de tres millones de habitantes y un millón de transeúntes, en horario sólo de mañana. Así estamos en Madrid, señorías.

Ante estos mimbres, se deja al ciudadano desnudo ante el incumplimiento, que habrá de denunciar él mismo. Así, y de forma sistemática, la Ley se incumple en todos los veladores cerrados en invierno (cuando tienen cerrados tres paraviendos pasan a ser considerados espacios cerrados por la Ley como bien sabrán), y en el interior de infinidad de locales. El otro día fui a la Academia de Cine (sita en la calle Zurbano, 3) y entré en un café que hay justo delante. A fecha de entonces, hace unas semanas, los clientes fumaban a plena luz del día en el interior. Les amonesté, sin éxito alguno. Le pedí al camarero que denunciara, obviamente sin éxito tampoco.

Porque, señorías, los camareros y trabajadores de hostelería sometidos ilegalmente a este tóxico viven en la actualidad en un estado de chantaje diario, pues no pueden denunciar a sus jefes so pena de ser despedidos fulminantemente vía la nueva legislación que regula el despido, cuando están sometidos a un riesgo laboral inadmisible en cualquier país. Les recuerdo que antes de la aplicación de la Ley, morían mil camareros al año por ser fumadores pasivos, es decir, les mataba el humo de los cigarrillos que sus clientes se fumaban dentro de los locales en los que trabajaban. Algo inasumible e intolerable. Pues bien, esos trabajadores han sido abandonados por la Ley que debe de protegerles a causa de la inacción de una Comunidad y un Ayuntamiento que parecen trabajar al servicio de otros intereses, no los públicos precisamente.

Pero el caso más terrible con el que me he enfrentado, que muestra bien a las claras el gran deterioro de la protección legislativa en este país, es el de un conocido e influyente político que fue descubierto fumando en el interior de un conocido bar de Madrid que al parecer frecuentan los parlamentarios. El caso ha sido probado con fotos y con vídeos que fueron emitidos por un canal de alcance nacional². Es decir, existen además pruebas de que ese local incumple la Ley (es una Falta Grave, sancionada con 10.001 a 600.000 Euros de multa) y ese político ha incluido en una falta leve, sancionada con 30 Euros (que se convierte en grave si se reincide, por cierto). Sin embargo, a pesar de haber pruebas (suministradas en esta misma carta), y de tratarse de sanciones administrativas, nadie ha actuado de oficio contra ese político ni contra ese local. Es una especie de eterno retorno al pasado, a los viejos tiempos en los que, según seas, la Ley se te aplicará o no. Y gran parte del agravio cometido, y ahora, me temo, irresoluble ya, se habría resuelto con un pago público de tan nimia multa y una petición de disculpas, algo que, naturalmente, nunca ha ocurrido.

En cualquier país de nuestro entorno este comportamiento ignominioso en un servidor público le llevaría al escarnio y la vergüenza pública, y, ni que decir tiene, al cese o dimisión de todos sus cargos de forma inmediata, pues además de demostrar que los trabajadores de hostelería que le sirven, y los otros clientes del local que frecuenta, le dan exactamente igual, añade a ello, ya de por sí gravísimo, la carencia del menor respeto a su obligación de absoluta ejemplaridad, al tratarse de una persona con un cargo público que vive del dinero de nuestros impuestos y que debería de actuar de forma ejemplarizante siempre y en todo momento con respecto al cumplimiento de las Leyes que el Parlamento del que forma parte ha aprobado para todos los Españoles, él incluido. Un político ha de dar buen ejemplo de civismo y bonhomía en todo momento, y en todo instante. O no entiende cual es su función en el engranaje social, y entonces no debería de estar ocupando un puesto de responsabilidad.

La poca importancia que se ha dado al caso, y la completa inacción al respecto, nos demuestran que algo gravísimo, fundamental, básico, está fallando en los mimbres de nuestra sociedad. Si nuestros próceres, a los que se supone una elemental obligación conductual, actúan como hooligans y además no reciben castigo alguno por ello ¿Cómo queremos, con esos ejemplos, que los ciudadanos se sientan arropados y protegidos por las leyes? ¿Cómo se les puede pedir que respeten Ley alguna?

El caso de Madrid se multiplica con las declaraciones del actual Consejero de Sanidad, y a nivel nacional llega a su epítome con las de la Ministra del ramo, cuando ambos han puesto por encima de sus tareas ministeriales (la protección de la salud de los ciudadanos), en el caso Eurovegas, “el crear puestos de trabajo” (algo que obviamente no entra en sus competencias) como vana excusa para la no aplicación de la Ley en aquel recinto. Pues bien, tal y como convertimos nuestra legislación en papel mojado de forma sistemática, este dislate, que de nuevo en cualquier otro país llevaría a ceses inmediatos, se convierte en lo más normal. Con estas formas, vamos por el camino de que esta Ley se convierta en un trasunto de la de 1988, que nadie cumplía en ningún lado, para vergüenza de todos.

Y saben que esto es sólo un ejemplo de muchos. Les puedo poner otros que escapan al alcance de esta carta, como la Ley que pretende limitar a 30 días el pago de las facturas a empresas por parte de las Administraciones Públicas, que se incumple de forma sistemática desde el primer día de su aprobación, y que está llevando a la ruina a miles de empresarios.

Cabe entonces preguntarse ¿Para qué queremos leyes? ¿Para qué tanto esfuerzo si luego no se cumplen? ¿De qué sirve un Estado incapaz de sobreponerse a las presiones de intereses de todo tipo que le impiden proteger legislativamente a sus ciudadanos de forma efectiva?

Señorías, un país no se puede basar en mentiras, en legislaciones que se aplican a gusto del usuario, o en función de los intereses de los grupos de presión. Más aún en el caso del tabaco, en el cual todo el mundo nos mira y, sinceramente, estamos empezando con muy mal pie a dar la imagen de un país desnortado y al albur de los vientos que marquen los grandes intereses, obviando el interés ciudadano, la protección de la salud, y el Imperio de la Ley.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente.

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1A pesar de intentos de cambiarla ciertamente torticeros y puramente ideológicos, que no ignorarán fueron tumbados por el TSJM, en un proceso que costó dinero a los ciudadanos, pues obviamente la Comunidad fue condenada al pago de costas, ante una Ley que sabían no podían modificar a la baja por definición, pero ese es otro asunto.

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2Pueden consultar esas noticias y los vídeos en estas direcciones de Internet:

http://www.cuatro.com/te-vas-a-enterar/2013/mayo/23-05-2013/Alfonso-Alonso-salta-ley_2_1608630162.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/24/espana/1369397212.html

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/politica/noticias/4851996/05/13/Alfonso-Alonso-se-salta-la-ley-y-se-enciende-un-cigarro-en-lugar-publico.html

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Pd.: Tras el envío de esta carta, el diputado Gaspar Llamazares se puso en contacto conmigo vía email para informarme de que la transmitiría a los miembros de la comisión de la Izquierda Plural en el Parlamento madrileño. Llamazares, médico de formación, siempre ha sido uno de los políticos más combativos a favor del respeto a la ley del tabaco y de la salud pública en general. Os mantendré informados de lo que ocurra.


La imagen está en Wikimedia Commons. Es Yoshiko Kuga, actriz, que trabajó con Akira Kurosawa en películas como "El Ángel Ebrio" (1948) o "The Idiot" (1951). La imagen está bajo licencia Creative Commons 2.0 genérico con atribución. Consta como autor en Wikimedia Style Server, una usuaria alemana de Flickr.

Administrados electrónicamente

Ya he hablado aquí de la que considero pésima gestión de la administración electrónica que este gobierno está haciendo (y los anteriores, y las administraciones de todo nivel, de esto no se salva nadie). Hace unas semanas el asunto ha vuelto a ponerse de actualidad por esta noticia.

De nuevo los viejos vicios de una administración que trata a quienes debería de servir como súbditos, una forma de pensamiento decimonónica que persiste, tozuda. Este estado de cosas me ha llevado a enviar a un par de Comisiones parlamentarias varias cartas que he publicado aquí, pero noticias como la que enlazo más arriba me llevan de nuevo a plantear varias preguntas que me gustaría que alguien respondiera.

1- ¿Por qué se exige utilizar los registros electrónicos sin otra opción en ciertas gestiones como las del IVA, si apenas un 50% de la población española tiene acceso a Internet? ¿Nadie se ha parado a pensar en qué puede hacer la otra mitad de españoles que no tiene acceso a la Red de Redes?

2- ¿Por qué se exige la identificación electrónica sin previo aviso cuando la mayoría de los apoderados societarios no pueden solicitarla, al haberse excluido explícitamente ese trámite de los poderes plenipotenciarios? ¿En base a qué irregularidades supuestas o a prevenir qué delitos se toman estas decisiones? ¿Existen precedentes o es simplemente "para prevenir"? ¿Qué pasa con los administradores que no pueden desplazarse para hacer esa gestión -exclusivamente presencial- por razones de salud o movilidad? ¿Y qué con los que tienen que modificar sus poderes una y otra vez cada vez que se cambia la legislación así, llenando los bolsillos de las notarías? ¿Es esto lo que se llama "seguridad jurídica española"? Sólo para tenerlo claro.

3- ¿Por qué se exige el relleno de formularios que se han vuelto más y más complejos a personas que no tienen la formación adecuada, cuando están diseñados para funcionarios especializados en fiscalidad e impuestos, sin el menor criterio de ergonomía o legibilidad? ¿Alguien siquiera sabe que esos conceptos existen? ¿Se vigila la accesibilidad de las webs públicas a discapacitados pero no así la accesibilidad a los -en ocasiones, indescifrables- impresos que todos los ciudadanos han de rellenar obligatoriamente? ¿Se plantea alguien cruzar datos entre administraciones para descargar un poco del esfuerzo al ciudadano?

4- ¿Por qué se exige el uso de pasarelas de trámites y firmas electrónicos que requieren una formación informática y técnica de la que la inmensa mayoría de la población carece?

5- ¿Por qué se exige a los ciudadanos la tramitación electrónica cuando la conexión a internet no es un derecho básico en realidad y se paga entre las más caras de toda Europa?

6- ¿Por qué se exige a los ciudadanos la tramitación electrónica cuando ello requiere la adquisición de caras piezas de hardware?

7- ¿Nadie se ha parado a pensar en las consecuencias de volcar ciertos trámites del lado del ciudadano? ¿Persiguen estas medidas simplificar la vida ciudadana o más bien descargar a la administración de tareas para disminuir el número de trabajadores públicos?

Es muy frustrante que sigamos entrando cronológicamente en el Siglo XXI pero España siga profundizando en su anclaje en el XIX, eso sí, vía internet.

La foto está en dominio público. Muestra a un grupo de funcionarios del Public Curator Office en Brisbane, Australia, realizando su trabajo en 1946. Queensland State Archives. Digital Image ID 2714. De Wikimedia Commons.

Epistolario (5 de 5)

Esta carta la he remitido a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. En ella explico el que considero uno de los peores problemas de España, el de la legislación respecto a las empresas  y los emprendedores.

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Señoría,

En esta carta quisiera comentarle una visión general del estado actual de cosas que, respecto a los emprendedores y empresarios en general que he vivido a lo largo de los años, centrándome en las PYMES. Soy apoderado de varias pequeñas empresas, donde nos dedicamos a la producción audiovisual y al desarrollo de tecnología de entretenimiento.

Fundé mi primera empresa en 1998 lleno de ilusión, y sigo peleando con otras sociedades intentando crear empresa, empleo, productos dignos e interesantes, y tecnología punta. En estos años me he visto en todas las situaciones en las que cualquier empresario se encuentra cotidianamente: buscar financiación y clientes, realizar los proyectos, pero también realizar trámites, enfrentarse cotidianamente a la burocracia, negociar con las instituciones, etc.

El Gobierno está promocionando el concepto de “emprendedor” y a la pequeña empresa como una solución viable para ir sacando al país de la crisis, generar, empleo, etc. Al mismo tiempo, es una excelente propuesta para animar a muchos ciudadanos a autoemplearse y a decidirse a desarrollar ideas empresariales que no se atreverían a llevar adelante en otras circunstancias. Todo esto es realmente una opción muy interesante, que tal vez podría contribuir a desplazar ligeramente la industria-nicho española del viejo “ladrillo” a otras industrias más innovadoras, o cuanto menos inclinar un poco la balanza de aquel monocultivo empresarial. Todo esto es bueno, y en tiempos de crisis, que son tiempos para creación y el desarrollo de ideas innovadoras, resulta vital para contribuir al desarrollo del país.

En cambio, el otro lado de la moneda de todo esto, es que en el fondo, aquí no ha cambiado nada. España es y siempre ha sido una pesadilla burocrática para el empresariado, el autónomo, y las PYMES. No incluyo a las empresas grandes, pues tienen “escudos para burocracia” bien desarrollados, en forma de departamentos contables, asesorías, bufetes especializados, etc. El país está intentando cambiar de forma de pensar y de hacer negocios, pero el “sistema”, entendido como tal el estado de cosas burocrático, no ha cambiado en absoluto. En realidad, ha empeorado.

La Agencia Tributaria, la Seguridad Social y otras unidades recaudatorias, no han aflojado su tensión sobre empresas y autónomos, sino que ésta ha aumentado. La consigna de “déficit primero” ha puesto a instituciones recaudatorias que se supone que han de trabajar para el bien de la sociedad a trabajar de recaudadores a toda costa. Es un secreto a voces, al menos en mi Comunidad Autónoma, que se está incentivando agresivamente maximizar la recaudación, pase lo que pase. Y no es sólo eso, señoría. España tiene una legislación y una burocracia que ahogan y desincentivan la innovación y el emprendimiento. Parece en ocasiones desarrollada por un sádico que quiera justo todo lo contrario de lo que se pretende decir en las pomposas declaraciones oficiales. Las instituciones que deberían trabajar en pro de la ciudadanía se constituyen en este momento en cajas burocráticas de generación de frustración. Esto ha sido así desde finales del siglo XIX, se ha prolongado a lo largo del XX, sigue en el XXI y no parece querer cambiarse. Todo ello nos pone en la cola de los países desarrollados en cuanto a la incentivación de la inversión, de la creación de empresas, y, en resumen, de la “emprendeduría”.

España anuncia un apoyo al emprendedor que no sólo no existe, sino que funciona justamente, por la inercia de décadas y décadas, por las formas en las que se la legislado por años y años, justo para lo contrario.

No se trata, señoría, de parchear la legislación. Suelo viajar mucho a Reino Unido a negociar con coproductores. Allí un autónomo paga 12 Libras al mes, una empresa con empleados recibe ayudas para su funcionamiento, y crearla apenas ha costado unas libras y unos días a sus fundadores. Aquí cuesta 3.000 Euros y un mes de visitas a al menos cinco ventanillas, eso con suerte. Se han intentado habilitar parches, como las llamadas “ventanillas únicas”, para simplificar estos procedimientos onerosos. No funcionan, como todos los parches. El problema está debajo, en el hecho de necesitar cinco instituciones, diez pasos, que no se comunican entre sí en la era de internet para poder crear una empresa, todo ello basado en lo que la Legislación considera que es “crear una empresa”, o en lo que se consideraba hace sesenta o setenta años, que fue cuando se creó la legislación de base que se ocupa de ese asunto.

Al mismo tiempo, cada nuevo gobierno ha prometido acabar con las trabas burocráticas para constituir nuevas empresas, cuando la realidad es que el problema es otro: es el concepto que las instituciones, y desde ellas el gobierno, arrastran secularmente sobre empresas y pequeños empresarios.

El problema no es sólo la burocracia para la creación de una empresa, sino que se prolonga con las trabas burocráticas que, además, aparecen durante la vida de la empresa, y durante su final (no olvidemos que el índice de supervivencia de las Pymes en un período de 10 años es del 10%, es decir, el 90% se verán forzadas a cerrar, y deberían de ser ayudadas también como lo fueron al constituirse).

Más al contrario, las trabas existentes actualmente no se solucionan parcheando la legislación por enésima vez, sino replanteándosela desde el principio, con algunas preguntas vitales en mente ¿Cómo pretende la Administración que sea su relación a partir de ahora con las empresas y los emprendedores? Decidido esto ¿La legislación actual lo cumple? Si la respuesta es no, hay que cambiarla. Ojo, insisto en esto, porque es un error recurrente de sucesivos gobiernos: no parchearla, sino cambiarla. De arriba abajo. Toda ella.

En España visitar una Tesorería de la Seguridad Social o una oficina de Hacienda para intentar negociar una deuda tributaria no sirve para nada. Las empresas son sancionadas por errores nimios, la burocracia de tantas instituciones -nacional, autonómica, intermedia (Cabildos, Diputaciones), local- convierte la vida de nuestros contables -si podemos pagar un contable- en un infierno; hay que presentar cuentas, libros de visitas, declaraciones trimestrales, anuales, firmas electrónicas, certificados de proveedores, certificados de IVA, etc, etc, etc. Cientos, miles de modelos de impresos, criterios incompatibles, exigencias demenciales, controles sobre controles, castigos a la ganancia y al beneficio en forma de impuestos de sociedades desalmados, registros redundantes, actas notariales, registros de la propiedad... Las legislaciones recientes, como la que se supone permite una “segunda oportunidad” a los emprendedores que pierden su negocio se han creado sin intención alguna de que funcionen realmente (no se han aplicado a casi nadie hasta ahora ¿No es esto significativo de para qué sirve una determinada legislación creada sólo para generar titulares, al parecer, pero ineficiente al final?)

Cuando un empresario cae en desgracia y su sociedad no puede responder a sus obligaciones, por ejemplo, con la Agencia Tributaria, la supuesta “responsabilidad limitada” de la empresa que administra se le transfiere directamente a su persona. Así, la definición de las sociedades de responsabilidad limitada es traicionada. Un empresario se verá ahogado, teniendo que afrontar el coste del concurso de su empresa, por las deudas de su empresa con Hacienda, que le son transferidas a sus cuentas personales, que son embargadas sin que nadie haya calculado qué porcentaje de ese embargo puede impedir la mera subsistencia al administrador. Estas derivaciones abusivas ocurren a diario y los tribunales generalmente las tumban, pero para que eso pase el empresario ha de tener los reflejos suficientes para recurrir, algo que no siempre pasa, sobre todo con el stress que implica la ruina del proyecto personal que es una pequeña empresa. ¿Por qué las instituciones actúan de forma injusta, a sabiendas de que causan daño a las personas, en casos como este? ¿Es que todo vale con tal de recaudar?

Según una encuesta de BM, los empresarios dedican 300 horas en España a gestionar la carga impositiva y burocrática que sufren sus empresas, en ocho pagos a las distintas administraciones, cuando todo ello podría ser fácilmente, en los tiempos que corren, automatizado, cruzado, minimizado y agilizado, siempre y cuando se trabaje pro-ciudadano, y no como ahora pro-aparato burocrático. En España algunas instituciones no trabajan para el ciudadano, porque nadie les ha enseñado a hacerlo, o porque la legislación a la que se deben no lo permite, por obsoleta y por vieja.

Tenemos finalmente los autónomos y emprendedores la sensación contraria, de que somos nosotros los que trabajamos para el Estado, ahogados en papeles, procedimientos, sanciones, declaraciones, etc. Otro ejemplo de ello que siempre me ha sorprendido son las encuestas del INE ¿Sabe su señoría que el Instituto Nacional de Estadística remite encuestas anuales a las empresas? Hasta ahí todo bien, ya que las encuestas son la forma de conocer el estado de cosas en un país, especialmente en el mundo empresarial. Pero ¿Sabe su señoría que son de obligatorio cumplimiento, si tienes la desgracia de que tu empresa sea elegida, y que los impresos digitales son de enorme complejidad, tanto que son dificultosos hasta para las asesorías contables que nos descargan del trabajo, pero que si no se rellenan la empresa ha de pagar una sanción económica? ¿Es consciente su señoría del chantaje al que el INE somete a las PYMES de este país cada año con estas encuestas obligatorias?

El resultado para un empresario único en una sociedad unipersonal es que él debe de emplear decenas -sí, decenas- de horas a rellenar unos impresos que ni él mismo entiende ¿Qué calidad tendrán esas respuestas? Me he visto rellenando esos impresos obligatorios del INE, desesperado porque tengo que trabajar para comer y esos impresos me lo impiden ¿Qué calidad de respuestas puedo ofrecer en esas circunstancias? No paro de escribir a los responsables del INE suplicándoles que por favor dejen de usar esos chantajes a los ciudadanos, que como si no tuviéramos bastante, tenemos que arrostrar otra burocracia más sin remisión. Nadie ha respondido a mis quejas. Sí, la falta de transparencia, es otro, viejo, problema.

La administración electrónica se ha convertido en otro problema más. En vez de simplificar la vida del ciudadano, lo que se ha hecho es trasladar la burocracia a los ordenadores personales de la gente. Ahora además trabajamos para la Administración haciendo trámites que antes los funcionarios de ventanilla hacían para nosotros. Se ha convertido en toda una tortura, con procedimientos incompatibles, interfaces incomprensibles, nula estandarización de procedimientos, firmas electrónicas que no funcionan, y para colmo en ocasiones cerrando el registro físico, siendo sólo accesibles ciertos trámites por vía telemática. ¿Es esto facilitar la vida a la gente? El problema por ese lado es también enorme, pues cada institución del Estado va por sus fueros y nadie se coordina, y ello me ha llevado a la redacción de otra carta que he remitido a la Comisión de Redes Sociales del Congreso, dependiente de la Comisión de Interior, que creo es la más indicada de entre las existentes.

El otro día, hablando del registro físico, hube de registrar en la Propiedad Intelectual un trabajo. El coste fue de casi 13 Euros. ¿Sabe usted lo que costaba en 1986 cuando, siendo casi un crío, registré por primera vez una obra? Aproximadamente 30 céntimos de Euro. Un incremento de un cuatro mil trescientos por cien. ¿Ha subido la inflación un cuatro mil por cien en estos años? Claramente, no. ¿Cómo se pueden cobrar esos precios desorbitados en trámites nimios? Y es sólo un ejemplo de las tasas que han sustituido a los viejos timbres, y que ahora se usan para penalizar, curiosamente, los trámites no telemáticos.

Pero la pesadilla, que en esto se ha convertido la vida del pequeño empresario español, sigue y sigue. ¿Qué pasa cuando te arruinas, cuando tu empresa debe de emprender un concurso de acreedores? El panorama no es agradable. A la tragedia del fracaso personal del empresario se añade, de nuevo, la maraña burocrática española y sus increíbles exigencias económicas.

Cuando una empresa entra en concurso, generalmente está arruinada, y sus administradores también. Cuando se decide aplicar el procedimiento concursal, el administrador se topa con la necesidad de desembolsar una cantidad casi siempre inviable, dadas sus circunstancias, de entre 12.000 y 30.000 euros, para pagar el concurso de acreedores ¿Cómo se concibe esto? Ir a concurso implica la ruina de los administradores sociales. Justamente, en España y a causa de esto el porcentaje de Pymes en concurso es ridículamente pequeño en comparación con los países de su entorno. Como consecuencia, hay en este momento miles de sociedades “zombi”, totalmente arruinadas, inviables e irrecuperables, pero que no pueden declarar concursos de acreedores porque no pueden pagar los costes de esos trámites. ¿Se ha hecho algo al respecto?

Los empresarios, autónomos y emprendedores con problemas temporales de tesorería, a la práctica imposibilidad actual de obtener créditos-puente o renegociar lo que ya pagan, suman los altísimos intereses de demora que, seamos claros, no son otra cosa que castigos dinerarios, a que les someten Hacienda, Seguridad Social, recaudadores locales e intermedios, etcétera, y nadie se ha planteado este problema.

Uno de tantos ejemplos: por razones que no vienen al caso hace unos años mi empresa estaba en deuda con la Agencia Tributaria, y el ICAA (Ministerio de Cultura) le había concedido una ayuda automática por una película (el 15% de la recaudación bruta de taquilla, prevista por la Ley) que nos hubiera aliviado y nos hubiera permitido sobrevivir. Pero no se pudo cobrar por existir aquella deuda. Intenté plantear que se estudiara para un caso similar en el futuro que se transfiriera directamente la cantidad de la Ayuda a la Agencia Tributaria, como si se tratara de un embargo o una pignoración; se permitiría a las empresas en apuros el saldar la deuda, se podría aliviar ese problema fácilmente sin forzar la legislación, y así algunas empresas con problemas, que son muchas, podrían sobrevivir.

Obviamente, la propuesta fue denegada. De nuevo, un Estado lento, monstruosamente burocrático, paralizado por definición, no percibía el gavísimo, agónico problema que ciertos viejos modos, inviables en tiempos de crisis salvajes como esta, causaban en empresas que se han comportado en todo momento de buena fe. Desgraciadamente, señoría, con los grandes recaudadores, especialmente la intocable Hacienda, la buena fe no basta. Usted sabe tan bien como yo que el tratamiento de Hacienda hacia el sujeto del impuesto, el ciudadano, es contrario a la constitución y a los derechos pro reo del sistema jurídico: se le considera culpable ex acto. Esa filosofía perversa, contraria a legalidad y humanidad, preside todos los actos de la Agencia. ¿Qué resultado esperamos con esos mimbres?

La consecuencia directa de todas estas situaciones injustas y en ocasiones abusivas, es que la economía sumergida en España es una de las más altas, en porcentaje, de los países desarrollados de nuestro entorno. La gente decide, sea ello reprochable o no (ese es otro asunto) que cobrar sin factura, sin dejar rastros, sin alta en Seguridad Social, les permitirá vivir. Exigen ser invisibles para el sistema. Ir por la vía “legal” les hace inviable la supervivencia. Si casi uno de cada tres generadores potenciales de empleo lo está haciendo, es que algo muy grave está fallando en este país.

España sigue legislada en todos estos aspectos por normas que ya eran inaceptables, torticeras y alambicadas en los buenos tiempos del pasado. Ahora que la crisis se ceba con todos, especialmente con los más débiles y pequeños, esa burocracia inextricable no sólo no se ha modificado lo más mínimo, sino que ha empeorado. Los procedimientos han aumentado, las exigencias a las sociedades se han incrementado, los impuestos no han hecho más que elevarse. Para la Administración del Estado, en términos de relaciones con las pequeñas y medianas empresas, la crisis no ha ocurrido. Seguimos igual que hace 5, 10, 20 ó 30 años. No hablaré del IVA indiscriminado del 21%, que es un caso de libro de fracaso de la presión fiscal que ha llevado a una bajada en la recaudación.

Señoría, asumámoslo de una vez: esto es un desastre.

Es un buen punto de partida para cambiar las cosas.

Crear una empresa en España en estos momentos es un suicidio. No se lo recomendaría a nadie. Antes les diría, se lo juro, que se fueran a Reino Unido y la montaran allí. Encontrarán respeto, apoyo y ayuda. Simplemente siendo ciudadanos europeos. Se llama “movilidad exterior”, creo.

¿Cómo pretende este país que existan emprendendores con este escenario y estas maneras que sufrimos a diario?

No se trata de que haya que ajustar un poco aquí y allá, ya que eso es lo que han hecho los gobiernos hasta ahora, legislando casi para “el telediario” sin pensar en que lo que están haciendo es añadir impedimentos a las empresas, sin pensar -me niego a aceptar que se haya hecho a propósito- que lo que se está legislando es tan tímido y tiene tantos factores de exclusión que no se puede aplicar en el mundo real. El problema es mucho peor.

Se trata de que todo el edificio legal, de arriba abajo, es un gigantesco castillo de naipes que ha sido parcheado demasiadas veces ya, y que se cae, se nos cae encima a los pequeños empresarios, a los ciudadanos, a las PYMES, a los autónomos, y nos aplasta a diario.

Las empresas en España, sobre todo las pequeñas (el 90% del tejido empresarial de España) son las que crean empleo, las que luchan a diario por hacer crecer al país, y las que generan su riqueza. Son tratadas brutal y desconsideradamente por una administración y una burocrática con modos decimonónicos que nadie se ha esforzado en arreglar, llevando al país a una situación insostenible. Estos viejos y caducos modos contribuyen, qué duda cabe, al depauperado estado actual al que la crisis nos ha llevado. Y por lo que veo nadie está pensando en cambiar este estado de cosas, que considero insostenible.

¿La solución? Me temo que es tirarlo todo para empezar de nuevo. La filosofía básica de las instituciones recaudadoras y de las medidas supuestamente fomentadoras del negocio en España es fallida, se creó hace demasiado tiempo y no está funcionando en la sociedad actual. Es más, se está utilizando como herramienta de frustración hacia el empresariado y el emprendedor. ¿Qué se busca? ¿Ayudar al emprendedor o frustrarle? Si la respuesta es “ayudar”, hay que cambiar toda la legislación. Hemos de decidir convertirnos en una especie de Reino Unido, que favorece la empresa y que no la ahoga a impuestos. Y no se pueden admitir más parches o más “casos particulares” en legislaciones parcheadas y parcheadas en legislaturas pasadas. Todo abogado español sabe que la jungla legislativa española, por ejemplo en términos de recaudación de hacienda, es inextricable, contradictora, ininteligible en ocasiones, y positivamente está diseñada para no ayudar, sino todo lo contrario.

Todo esto proviene de una mentalidad generada, me temo, hace dos siglos y mantenida durante la dictadura, que encierra una forma de ver el mundo y la sociedad que ya no existe, y que proveniente del Siglo XIX, que considera que el emprendedor es alguien peligroso que debe de ser atado corto, como si fuera un niño poco responsable y travieso, y que no debe plantear problemas a los viejos y señoriales amos que han heredado la propiedad de los medios de producción, a los “hidalgos viejos” de una España que ya no existe. Eso, que suena a trasnochado, es la base de la ideología sobre la que se ha legislado en este país desde siempre y se mantiene a pesar de cualquier cambio, en un eterno retorno lampedusiano, en los cimientos de nuestro corpus legislativo. O cambiamos desde abajo, desde los cimientos, todo esto, o no habrá mucho que hacer, excepto asistir al hundimiento de todo el país.

Señoría, sé que lo que le sugiero es tremendo, pero alguien va a tener que hacerlo. Puede que sea en esta Legislatura, o no. Puede que sean ustedes los que lo cambien todo, o no. Le garantizo que pasarían a la Historia. Es un hecho que un cambio copernicano en toda la legislación española al respecto causará un auténtico shock, pero en el largo plazo este país sólo así podrá salir del agujero en el que ha caído.

Al mismo tiempo, la mayoría de los abogados, jueces, inspectores de hacienda, funcionarios, empleados de la Seguridad Social, recaudadores, etc. del país saben que es la única manera, y se mostrarán encantados de que las cosas cambien, y de colaborar en ese cambio.

El primer paso supongo que sería proponer una Comisión de Hombres Buenos que pudiera elaborar una suerte de Libro Blanco sobre el estado de las cosas en la legislación general del país, y que podrían proponer al Gobierno una serie de cambios básicos en todo lo que se ha legislado hasta ahora para ir emprendiendo una transición sin traumas. Debería ser el de estas personas un compromiso intergeneracional, en el largo plazo, pues este trabajo llevará mucho tiempo. Hablo de personas honestas, capaces, y entregadas a España, que las hay, y muchas. Sólo hay que elegir bien.

Esto, señoría, no es un problema de ideologías, eso sería un error. Es un problema de supervivencia. De que España sea o no sea a lo largo de este Siglo. Nos jugamos mucho, y alguien tendrá que hacerlo. Insisto, pueden ser ustedes ahora, u otros que vengan después, pero mientras no se tomen esas decisiones -este es un problema gigantesco, vasto, de extraordinaria complejidad legal y jurídica y dotado de múltiples facetas e interacciones, que atraviesa de forma transversal muchas legislaciones españolas de todo tipo y nivel-, España seguirá perdiendo el tren de la modernidad. Y ese lujo no nos lo podemos permitir. Por favor, antes de que sea demasiado tarde, señorías, hagan algo.

Sin otro particular, agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente y desearle todo lo mejor en su labor.


Remití este mensaje a 26 miembros de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Me respondió María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) con la que me reuní en el Congreso hace unos días. La acompañaba Patricia Blanquer, del mismo grupo. Ambas se mostraron muy receptivas y amables. Incluso tuvieron la deferencia de mostrarme una pregunta que Blanquer había presentado, al respecto, a la Ministra de trabajo. La respuesta, robótica, alienada y completamente innecesaria, de la titular del Ministerio, me lleva al absurdo que es todo esto del teatro parlamentario, especialmente con mayorías absolutas, en las que cualquier tontería vale como respuesta a preguntas de la máxima importancia. Qué pérdida de tiempo y de esfuerzo. Qué desolación. En fin, es otro asunto, pero es tan preocupante como todo lo demás.

La imagen que ilustra este texto está en Wikimedia Commons. Farina Letter 1801. Autor: Johann Maria Farina. Farina fue el inventor del agua de colonia. Está en dominio público.

Epistolario (4 de 5)

He remitido esta carta a la Comisión de Interior del Congreso. Se refiere al dislate que actualmente se ha armado con los registros electrónicos en todo el país.

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Señoría,

Me pongo en contacto con usted para hacerle llegar un problema que creo necesita una solución, o cuanto menos un diagnóstico, lo antes posible. Es un asunto en el que poca gente tiende a fijarse, posiblemente por desconocimiento, pero que finalmente nos afecta a todos en nuestras relaciones cotidianas con las instituciones.

Como usted sabrá, de unos años a esta parte se ha ido generalizando el uso de la llamada “identidad electrónica” para personas físicas o jurídicas en nuestro país. Esta permite agilizar, gracias a las redes de datos como Internet, las relaciones entre personas e instituciones, algo sin duda positivo, pero que creo es mejorable. Me explicaré.

Usted habrá hecho uso muchas veces, como nos pasa a todos los ciudadanos, del Registro General para presentar un documento a una institución. Este Registro General constituye un derecho ciudadano que permite a la población comunicarse de forma fehaciente con diversos niveles institucionales, desde el Gobierno de la nación a instituciones locales, sociedades públicas, etcétera.

En los últimos años estas instituciones han generalizado los registros electrónicos, intentando mejorar así su servicio al ciudadano. El problema es que esta filosofía “pro ciudadano” no siempre se cumple. En algunos casos se ha sustituido completamente el registro tradicional por el electrónico, y sólo cabe la comunicación con ciertas instituciones vía electrónica. Cada registro electrónico, por su parte, utiliza interfaces de usuario -el diseño con el que el ciudadano debe de enfrentarse a la hora de usarlo, que en teoría debe de ser ergonómico y sencillo- diferentes, algunos realmente abstrusos y complejos. Otros exigen a los ciudadanos requerimientos técnicos y conocimientos informáticos que no tienen por qué tener -desde restricción de navegadores, los programas que usa la gente para navegar por Internet, a segmentos de código que deben de instalarse para que el registro funcione-. Todos estos ejemplos están llevando a una nueva maraña burocrática, esta de tipo virtual, que una vez más está dificultando considerablemente la vida a los ciudadanos.

En mi experiencia (soy autónomo, tengo un par de sociedades, produzco cine y productos tecnológicos) me he enfrentado a situaciones kafkianas haciendo uso del registro electrónico. Le resumo algunas de ellas, que son las que me han llevado a escribirle esta carta:

a) Ciertos Registros Electrónicos aparecen y eliminan el Registro General físico, obligando a los ciudadanos a incurrir en unos gastos personales que no eran necesarios en el caso del Registro General, creando un agravio comparativo con respecto al derecho de uso de los registros físicos: comprar un ordenador, tener conexión a internet, instalar ciertos navegadores, solicitar la Firma Electrónica, etc.

b) Los Registros Electrónicos no están para nada estandarizados. Unos admiten archivos adjuntos al presentar documentos, otros no. Los que sí, tienen todo tipo de tamaños máximos y mínimos, todos ellos diferentes. En ocasiones me he visto teniendo que dividir un PDF en 20 fragmentos para poder enviarlo al Registro Electrónico de una determinada institución porque por cada documento el máximo admitido es demasiado pequeño. En otros casos el tipo de documentos que admiten es restringido. Por ejemplo, sólo documentos de Word, cuando el estándar mundial es el PDF. O documentos en texto RTF pero no Word, etc. La maraña de formatos admitidos y no admitidos vuelven loco al más pintado.

c) Ciertos Registros Electrónicos no funcionan 24-7. Se caen, no dan acceso cuando es necesario, y eso afecta gravemente a los pliegos de condiciones, por ejemplo, de los concursos públicos. No es la primera vez que veo que una institución debe de prolongar plazos de admisión por haber tenido su registro electrónico caído durante varias horas en momentos críticos, que generalmente son los momentos–pico de accesos en los que se acerca el final del plazo de presentación de documentación de algún concurso. El sistema no está bien desarrollado, y se “cae” o bloquea por exceso de demanda en un pico de usuarios. Eso en el registro físico no ocurre, pero en muchos casos esas instituciones han decidido que el Registro Electrónico es ya la única vía de remisión de documentos a ellas, cayendo en su propia trampa. Mientras la tecnología no lo permita, ni haya sistemas redundantes a mano y que respondan eficientemente a los picos de demanda, mejor ser prudentes y no eliminar lo que funciona bien, el viejo y fiable registro físico.

d) Algunos registros electrónicos tienen exigencias particulares de softwares que sean compatibles con ellos que exigen amplios conocimientos en informática que no todos tienen: funcionan sólo bajo ciertos sistemas operativos, con ciertas versiones de navegadores -los programas con los que se navega por Internet- incluso algunos exigen la instalación de segmentos de software propios, que tienen, por su parte, otras limitaciones de compatibilidad. Por poner un ejemplo, cierta plataforma de registro electrónico en la Comunidad Canaria no funciona a no ser que se instale en el navegador un software propio (algo que no ocurre en ningún otro registro electrónico que yo sepa). Ese software tiene otras limitaciones añadidas a las propias del registro electrónico. En este caso -disculpen el tecnicismo- requiere que el navegador esté en modo de Usuario Master y sólo permite plataformas Wintel. ¿Cuántos ciudadanos tienen los conocimientos técnicos necesarios para tan abstruso requerimiento y así poder ejercer el simple derecho de usar ese registro electrónico? Por supuesto, esta institución ha renunciado al registro físico ¿Cuántas personas no han podido remitir sus documentos a esa institución por esta causa? Nadie lo sabe. En mi caso, no he podido jamás remitir documentos desde mi ordenador -un Mac- a esa institución, y siempre tengo que pedir a la Asesoría que me lleva las cuentas el favor de que ellos los remitan en mi nombre, ya que ellos tienen un ordenador PC que sí es compatible con su segmento de código.

e) Algunos interfaces parecen diseñados -y discúlpeme la ironía- por un sádico. Son difíciles de entender, innecesariamente complejos, Piden una y otra vez los mismos datos, y pueden desesperar a cualquiera. Algunos sin previo aviso te expulsan del trámite y debes de empezar de nuevo. Otros simplemente estan tan mal programados que se bloquean si no sigues ciertos caminos por el interface. Se están usando en algunos casos unos algoritmos que no pasarían un control de calidad de un software en Fase Alfa de desarrollo -se trata de la fase más preliminar del desarrollo de un programa informático, conocida entre los programadores por ser una fase en la que el programa está lleno de errores que se van corrigiendo, para pasar a la Fase Beta, que se sigue refinando, y finalmente llega a la fase comercial-; pues bien, hay registros electrónicos que no han sido siquiera testeados suficientemente en condiciones reales y sin embargo se han convertido en la única vía de remisión para los ciudadanos a ciertas instituciones.

f) Algunas instituciones están literalmente quitándose de encima trabajo. El sistema Red.es, por ejemplo, exige a los ciudadanos y empresas usarlo de forma única, y ha hecho desaparecer la ventanilla de atención física al ciudadano, de manera que ahora obtener por ejemplo un Certificado de estar al Dia son la Seguridad Social de forma urgente por ventanilla no es posible, pues tiene que obtenerse únicamente por vía telemática. ¿Nadie se ha planteado que eso crea un perjuicio a los ciudadanos, más que un beneficio?

g) La firma electrónica de los documentos dificulta de forma añadida el uso del registro. En ocasiones tarda minutos. En otras, no se sabe si se ha recibido bien o no el documento, generando una tremenda inseguridad en el ciudadano. He pasado horas luchando con registros electrónicos que tardaban casi una hora en firmar los documentos remitidos, algo que no deseo a nadie.

La del Registro Electrónico, señoría, es actualmente una auténtica jungla en la que cada uno va por su lado, en la que nadie se ha puesto de acuerdo con nadie. Unos eliminan el Registro General, otros no. Unos piden unos datos en sus formularios y permiten almacenarlos para futuras iteraciones, otros no. Otros usan métodos abstrusos de trabajo, que hacen la vida de los ciudadanos más complicada con versiones electrónicas de sus impresos que podrían ser mejorables con un mínimo esfuerzo. No hay ni un concepto estándar, ni una lista de formatos ni de tamaños. Unos registros piden los datos de la persona en el formato “nombre y apellidos”. Otros en “apellidos y nombre”. Unos piden los DNIs con puntos y guión antes de la letra. Otros sin él. Y así un sinfín de tareas que, de estandarizarse, nos harían la vida mejor a todos.

Mi sugerencia, que me gustaría fuera considerada por ustedes, llevaría a los siguientes pasos:

1-Recuperación del Registro General tradicional (físico) en todos los casos, y sin excepciones. El añadido de un nuevo “registro electrónico” no debería de eliminar el físico, pues hay ciudadanos aún que no tienen acceso a equipos informáticos ni a los conocimientos necesarios para manejarlos, lo que genera un agravio comparativo y dos clases de ciudadanos, los conectados y los no conectados, algo a lo que las instituciones no deberían de contribuir. Y hablamos de casi un 30% de la población.

2- Elaboración de un Convenio interinstitucional alrededor de los llamados “Registros Electrónicos”, que llegue a todas las instituciones del país que tengan este tipo de registros, y las vincule, de modo que se puedan verificar los siguientes pasos, a saber:

3-Examen, basado en el Convenio anterior, de todos los sistemas de Registro Electrónico del país, a todas las alturas institucionales, con vistas a elaborar un Diagnóstico de los sistemas existentes y de un Libro Blanco del Registro Electrónico que permita emitir una serie de recomendaciones y estandarizaciones de diversos niveles. Este Libro Blanco debería ser redactado por expertos en redes informáticas, en diseño de interfaces de usuario, ergonomía, requerimientos burocráticos, firma electrónica, funcionarios, instituciones, representantes de cada institución, etc.

4-Elaboración de unas Directivas de Registro Electrónico de tres niveles de aplicación para todas las instituciones del país: de obligado cumplimiento, de cumplimiento recomendado y de cumplimiento sugerido. Estas directivas irán desde la estandarización de los formatos de datos a introducir a los diseños de los interfaces de usuario, pasando por la firma electrónica, los tiempos de respuesta, etc.

5-Creación de un Instituto del Registro Electrónico y un estándar ISO que supervisen los interfaces de usuario, y tras un plazo razonable hacerlos de obligado cumplimiento, siguiendo las Directivas del punto 4. Las instituciones que no quieran o no puedan realizar esas estandarizaciones podrán ceder el desarrollo al Instituto o a empresas privadas por acuerdos intermedios y concursos, de manera que se las pueda liberar de ese gasto. Se sobreentiende que las “tripas” de cada registro, el código programado, podrá ser de un tipo determinado pues ya se ha desarrolado, pero se deberá garantizar una mínima estabilidad, y a la vez un estándar de interacción con el usuario (véase punto 4). No se trata de “tocar” las tripas del desarrollo tecnológico, sino de estandarizar la forma en que todos los registros electrónicos del país interactúan con la ciudadanía.

Existen tantísimos registros electrónicos en estos monentos, son tan tremendamente diferentes, algunos de tal hostilidad hacia el usuario, que mueve al asombro que no se haya estandarizado algo tan básico, que ya lleva precisamente, y por definición, estandarizado el Registro General desde hace décadas.

Creo que es perentorio tomar una decisión al respecto, pues hoy en día la ciudadanía se ha de enfrentar a una auténtica jungla de requerimientos incompatibles entre registros electrónicos.

Sin otro particular, agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.


Tras remitir este mensaje a la Comisión, fue respondido por Conrado Escobar, que lleva al parecer la cosa de redes sociales en el Partido Popular. Me pidió cita, y me reuní con él hace unos días en el Parlamento. Se mostró receptivo e interesado en el asunto, y prometió que propondría una PNL (Proposición No de Ley) al respecto, y que "se lo comentaría también a Montoro", refiriéndose al Ministro de Hacienda, ya que hablamos del problema que ha ocurrido con la presentación telemática obligatoria del IVA que se ha impuesto recientemente (sobre lo que haré un texto en breve). Como en otras ocasiones, quedo a la espera de acontecimientos. Así que os mantendré informados por esta vía.

La carta la remití a 14 de los 19 miembros de la Subcomisión de Estudio de las Redes Sociales del Parlamento, todos los que tenían email visible en la Web del Congreso: Ángeles Álvarez (Grupo Socialista), Julieta Micheo (Grupo Popular), Antonio Trevín (Grupo Socialista), Ricardo Sixto (Grupo Izquierda Plural), Ignacio Sánchez Amor (Grupo Socialista), Carlos Salvador (Grupo Mixto), Pilar Marcos (Grupo Popular), Gaspar Llamazares (Grupo Izquierda Plural), Rafael Larreina (Grupo Mixto), Jordi Jané (CiU), Joan Feliú (CiU), Conrado Escobar (Grupo Popular), Susana Camarero (Grupo Popular) y Alberto Garzón (Grupo Izquierda Plural). De ellos respondieron dos, Sánchez Amor, que prometió leer el documento pero del que no he tenido noticias a fecha se hoy, y Conrado Escobar, que me recibió en el Congreso para hablar del asunto. Dos de catorce.



La imagen que ilustra este artículo está en Wikimedia Commons. Part of a seven-page letter written to Bell's parents in 1878 explaining how to use his newly-invented telephone. The letter sold for $92,000 in a 2012 auction in New Hampshire. Está en dominio público.

Epistolario (3 de 5)

He remitido esta carta a la Comisión de Sanidad del Congreso, con respecto al asunto de la supuesta suavización de la Ley del Tabaco en el complejo de Eurovegas.

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Señoría,

Quisiera hacerle partícipe, si lo tiene a bien, de mis ideas y opiniones, que son las de un ciudadano de a pie, con respecto a la polémica que se está iniciando con respecto a la posible suavización de la Ley del Tabaco en las instalaciones del recinto recreativo y de juego en proyecto en Madrid, conocido por ahora popularmente como “Eurovegas”.

Como usted bien sabe, el tabaco es actualmente la causa de muerte evitable número uno en occidente. En el caso de España, el número de fallecidos al año por causa directa del tabaco asciende a unos 50.000, según cifras oficiales. Le ofreceré esta cifra de otro modo, que a veces los grandes números nos pueden desorientar. Si dividimos esa cantidad (insisto, oficial de la mano de las autoridades médicas), por los 365 días del año, nos da tantos muertos al día como si cada día de ese año en el Aeropuerto de Barajas se estrellara un Airbus 320 con todos sus pasajeros, y sin supervivientes.

Vista así, la cifra es mucho más escalofriante. ¿Toleraría nuestra sociedad ese número de muertos en el transporte aéreo sin un escándalo global? Seguramente al tercer accidente se cerraría el espacio aéreo español hasta que se averiguara qué es lo que pasa. Pues el tabaco mata a toda esa gente.

El tabaco él solo mata más que todos los accidentes de tráfico, drogas, violencia callejera y doméstica, delincuencia, accidentes domésticos, incendios, enfermedades infecciosas y contaminación atmosférica por tráfico JUNTAS. Si no se fumara, el cáncer de pulmón no existiría -el 95% de los cánceres de pulmón lo causa el tabaco, el 4% restante el amianto y un 1% de otras causas, como la contaminación atmosférica-, pero es que el tabaco causa él solo más cánceres que todas las demás causas exógenas: boca, lengua, esófago, estómago, vejiga, pulmón, colon, intestino y a eso se suman las enfermedades que causa directamente, como la espantosa EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), el enfisema, enfermedades cardíacas, vasculares, cerebrales, retraso intelectivo, depresión... Entonces cabe preguntarse qué tiene el tabaco de especial para que lo toleremos.

Hasta los años 50 del siglo pasado los médicos no empezaron a investigar el daño que el tabaco causaba a la gente, pues se le consideraba antes como inofensivo, casi medicinal. Fue cuando los veteranos de la II Guerra Mundial, todos ellos grandes fumadores (se le obsequiaba a cada soldado con su ración periódica con una chocolatina y... un paquete de tabaco), constituyeron la primera masa poblacional observable que empezaron a morir inexplicablemente por cáncer de pulmón, y otras patologías relacionadas (diversos cánceres de boca, esófago y estómago, EPOC, enfisema, accidentes cardíacos y cerebrales, etc.) en aquella población, la primera en la historia que permitía un estudio objetivo entre fumadores y no fumadores, estallaron todas las alarmas: el tabaco era un veneno letal. Desde entonces, como detalle curioso, la nicotina, el elemento adictivo del tabaco, y en sí también un veneno, se usa como eficiente insecticida.

En los años 60 el Surgeon General norteamericano (el equivalente a nuestro Ministro de Sanidad) lanzó la primera alarma basada en estudios objetivos, que se vieron corroborados en todas partes que se repitieron, y unos quince años después, en Japón, un grupo de médicos descubrió que el tabaco mataba igual a los que los fumaban que a los que no fumaban pero eran expuestos al humo de los cigarrillos que otros fumaban (el conocido como “fumador pasivo”, o “tabaco de segunda mano”), observando a las esposas no fumadoras de japoneses fumadores que consumían su tabaco en casa, y que morían por ser “fumadoras pasivas”. Recientemente se ha descubierto que peligrosas sustancias altamente cancerígenas contenidas en el tabaco impregnan las paredes, mobiliario, alfombras, sábanas, cortinas, etc. de las casas de los fumadores, añadiendo otro riesgo a la salud aunque no se fume ya en un lugar; esto se ha denominado “tabaco de tercera mano”. Desde los 50 los descubrimientos han sido desoladores (el tabaco causa miles de enfermedades, sufrimiento y daños evitables, y mata a 700.000 Europeos cada año). Una famosa causa judicial en Estados Unidos llevó a las tabaqueras a tener que pagar unas indemnizaciones gigantescas por negar los efectos letales del tabaco. Desde entonces, las tabaqueras han declarado una guerra silenciosa a los médicos, a los gobernantes, y a los legisladores.

Todo ello es un apretado resumen de cómo hemos llegado al Siglo XXI, con un objetivo sanitario básico que une a todo el planeta, puesto que el tabaco mata a millones y su uso es algo evitable -el problema es que causa adicción, y a un adicto las razones no le bastan- hay que irlo eliminando de las sociedades civilizadas, hasta lograr su erradicación (después de todo, el mundo vivó muy bien sin tabaco hasta que los españoles lo trajimos de América en el Siglo XVI). No sólo porque causa la muerte directa de sus consumidores (de cada dos fumadores uno morirá a causa del tabaco, el porcentaje es brutalmente alto) sino por la muerte indirecta de los “fumadores pasivos”, que inocentemente, respiran aire contaminado por el tabaco y pueden seguir el mismo destino trágico que los fumadores.

Justo para proteger a los fumadores pasivos, nacen las leyes de prohibición de fumar en lugares públicos. En España la Ley actual ha sido un éxito tal que he asistido en varias ocasiones a gente amonestando a fumadores por no obedecer la ley, algo inédito en este país tan poco caro a las leyes. Tiene un apoyo altísimo entre la población, que disfruta de las ventajas y la salud de compartir ahora espacios libres de humo (el apoyo asciende a un 85% entre la población general según las encuestas; pocas, poquísimas leyes conciertan tanta unanimidad, y a un 65% entre los fumadores). No olvidemos que en un país en el que un 27% de los ciudadanos (en descenso) fuman no se puede exponer a una dictadura tóxica y contaminante, y letal, a un 73% de la población. Es algo intolerable que una minoría adicta fuerce a una mayoría a enfermar.

Se ha calificado entre la profesión médica a esta Ley como uno de los proyectos de salud pública más importantes en términos de salvar vidas desde la instalación de alcantarillado público en las ciudades (S.XVIII). Nuestra Ley se usa como ejemplo de civilización y conquista social en todo el mundo, y nos ha colocado en la cabeza entre los países desarrollados en la protección sanitaria. Es un motivo de orgullo, además de una estupenda manera de desarrollar la Directiva Europea y el Acuerdo Marco de la OMS que firmamos (como país) en 2005. Se calcula que, desde su aplicación en 2010 hasta hoy, ha salvado 15.000 vidas humanas. ¡Quince mil personas han sobrevivido gracias a algo tan simple como prohibir fumar en lugares públicos! Han disminuido en un 20% los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio -el tabaco es la principal causa- y en general de todas las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Sé de hecho que las tabacaleras, empresas que, si hoy en día llevaran su producto a un control sanitario rutinario no podrían comercializarlo -no olvidemos que el tabaco si se consume según las indicaciones lleva a la muerte al consumidor-, lo que de hecho no las convierte precisamente en ejemplos de conducta empresarial, tienen mucho poder y dinero, y su acción de lobby es poderosa. Estudios realizados en España y Europa demuestran bien a las claras -esto es público, por cierto, basta googlear un poco para saberlo- que son las que mantienen asociaciones gremiales como la de Hostelería o clubes como “Fumadores para la Tolerancia” que se usan para crear alarma social e influenciar a los políticos. No es lo más moral del mundo usar a adictos desesperados para presionar, y eso por ejemplo hace la citada asociación, que usa la palabra Tolerancia de forma harto libérrima. A esto se añaden los poderosos lobbies profesionales que suelen visitar el Congreso de los Diputados.

Uno de los principales aliados de las tabaqueras y de su juego sucio para adaptar la legislación a su favor en Estados Unidos, según se ha sabido recientemente, son las formaciones extremistas norteamericanas que abogan por la libertad máxima del individuo y la mínima legislación restrictiva, como el Tea Party y el Partido Republicano. A ambos pertenece Seldon Adelson, el magnate que está detrás, como sabe, del proyecto de Eurovegas y uno de los principales financiadores de la campaña de elecciones de los Republicanos y del Tea Party. Pero ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienen las tabaqueras de que se suavice la ley en unos salones de juego en Madrid? La explicación es bien sencilla.

Es justo en Europa donde las tabaqueras quieren y desean torpedear lo antes posible estas legislaciones restrictivas sobre el consumo del tabaco en lugares públicos, por lo que consentir un cambio legislativo de este calibre les estaría haciendo el juego a esos intereses inconfesables. Porque en Europa se inician siempre las corrientes legislativas que luego el resto del mundo adapta y asume. Porque en Europa es tradición que se respete a los trabajadores y la protección de la salud, y que se use como ejemplo para otros continentes y países. Por eso quieren que en Europa, especialmente en España, se suavice la Ley. El resto vendrá en cascada: los casinos pedirán un trato igualitario y que la Ley se suavice también para ellos. Y con ellos vendrá la hostelería (todos estos gremios tienen sus asociaciones financiadas por las tabaqueras, no lo olvide). Finalmente, la Ley volvería a los supuestos de 2006. El país habría perdido una batalla que ya había ganado. Piense en las vidas que esta Ley ha salvado, Señoría. Por favor, no inicie la bola de nieve que lleve de nuevo a la catástrofe sanitaria.

La pregunta es si como nación queremos eso, ahora que todo el mundo nos mira precisamente por la posibilidad de que relajemos la legislación (precisamente por eso somos objetivo prioritario de las tabaqueras). Por otro lado, esa relajación difícilmente pasaría el filtro constitucional, pues al ser la condición de fumador pasivo de los futuros camareros de Eurovegas una causa de alto riesgo laboral evitable, se tornaría la laxitud inconstitucional por vulnerar los derechos de los trabajadores.

Al mismo tiempo se trata como sabe de una Ley Básica, que no puede ser “relajada”, sólo endurecida, en su aplicación local. Eso ya lo comprobaron las autoridades autonómicas de Madrid cuando quisieron relajarla y el propio TSJM rechazó las reformas. Todos los madrileños, en tiempos de crisis, tuvieron que pagar las costas de un juicio que se habría ahorrado la Comunidad, sabiendo que los cambios no eran legislativamente posibles, algo que cualquier Abogado del Estado sabe.

Las apuestas están altas, señoría, y nunca mejor dicho, en el caso del Juego, pero quiero transmitirle la visión de que lo que está en juego es mucho más, es un asunto de soberanía nacional, de protección del más débil ante el más fuerte, de salud pública y de importancia mundial. Y le diría que es un asunto de Derechos Humanos. Esta Ley fue aprobada por el Gobierno Español por unanimidad de todo el arco parlamentario. Antes de su aplicación, el simple hecho de permitir fumar en los bares mataba a 1.000 trabajadores de hostelería cada año por ser fumadores pasivos. Esta Ley cuenta con el apoyo de todas las sociedades médicas, científicas y de consumidores del país. La única vía de eliminar muertes es esta, no se puede negociar con los adictos a una sustancia, ellos creen que son libres y que se “coarta su libertad” cuando se les pide que no fumen en un lugar determinado, pero ese es el autoengaño del adicto, no existe el “derecho del fumador”, pues no existe el “derecho del adicto al tabaco”, eso es fraseología de las tabaqueras. En cambio, el derecho a la salud, está en nuestra Constitución.

Esta ley ya ha causado beneficios: El descenso de muertes por cardiopatías asociadas al tabaco y de ingresos al respecto es impresionante, como ha pasado en todos los países de nuestro entorno, ya que la prohibición lleva a mucha gente a dejar de fumar, que es en muchos casos su única esperanza de supervivencia.

Es una Ley de hombres buenos que nos hace mejores.

Los métodos de "separación" o de "extracción de aire" de los que se habla para la posible aplicación en Eurovegas son totalmente inútiles, algo que toda la literatura científica declara unánimemente, como han demostrado decenas de estudios médicos, ya que no remueven las partículas más letales del tabaco, las conocidas por 2,5PM. Todo lo que se hable de "extracción de aire" para eliminar los peligros del tabaco en locales públicos es invención de los fabricantes de esos aparatos y de las tabaqueras, y está totalmente desacreditado por la comunidad médica. Quien le diga lo contrario, está intentando engañarle. Con una búsqueda en Google podrá conocer la verdad.

Observe que no he entrado en los beneficios que aportará Eurovegas al empleo, etc. Usted sabe que Eurovegas se hará si se financia, y en ello están trabajando sus responsables. Lo del tabaco es secundario. Es sólo el lobby del tabaco, las tabaqueras y sus medios de presión las que quieren ponerlo en la primera página. Esta carta no es contra Eurovegas. Es contra el cambio de una de las mejores Leyes de nuestra joven Democracia, que puede generar un efecto dominó internacional de consecuencias insospechadas.

Señoría, sólo soy un ciudadano -y fumé hasta los 34 años, para mi era un placer hasta que me di cuenta que ser adicto a algo no entraña placer alguno, sino esclavitud; por cierto aprovecho para felicitar al Presidente por haber dejado el tabaco hace unas semanas- que cree que se puede cometer un error que afectará a muchas más personas y causará muchos más daños de los que parece a primera vista. El mero hecho de tocar nuestra Ley del Tabaco para Eurovegas es algo que las multinacionales del tabaco, inisto, no precisamente las empresas más modélicas del mundo, están esperando como agua de mayo. Somos un globo sonda para el mundo. Ojalá nos mantengamos firmes, señoría.

Sin otro particular, agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente y desearle todo lo mejor en su labor.


Si bien este asunto se "resolvió solo" al irse Adelson a otros territorios con su proyecto -lo que genera no pocas dudas sobre si esto era un señuelo para negociar ante terceros, jugando con la, no buena voluntad, sino servilismo, de la clase política española, algo digno de estudio-, es sorprendente la reacción que obtuve; o la ausencia de ella más bien. La carta fue remitida a 29 miembros de los 75 que integran la Comisión de Sanidad del Parlamento:  ¿Cuántos respondieron a la carta de una forma u otra? Nadie. Ninguno. None. Zip. Significativo. Siendo justos diré que uno de ellos, Gaspar Llamazares, ha respondido en otras ocasiones a escritos análogos -tabaco, Eurovegas- que le he remitido directamente a su email del Congreso, e incluso ha convertido varias preguntas mías al respecto en Preguntas Parlamentarias que el Gobierno ha tenido que responder. Por tanto Llamazares ha dado respuesta anteriormente a varias misivas mías, y no tenía que responder a esta, que era redundante para él, pero no para los 28 miembros restantes de la Comisión. Y dos añadidos para los responsables de la web del congreso: 1) por favor estandaricen las direcciones de email. Conviven nombre.apellido@congreso.es con sigla.apellido@congreso.es, apellido.sigla@congreso.es, siglaapellido@congreso.es, apodosigla@congreso.es o cualquiercosa@congreso.es y así desde luego no hay manera ¿Es que nadie les ha enseñado a estandarizar esas cosas? y 2) En las páginas de las Comisiones de la web conviven los miembros actuales y aquellos dados de baja, de modo que resulta harto farragoso diferenciar a unos de otros, y en ocasiones ni se cita que están dados de baja. Por favor, mejoren ese aspecto, sólo es cuestión de separar las listas, y no es tan difícil. Si hasta en estas cosas, que debieran ser elementales estamos así... en fin.


La imagen que ilustra este texto está en Wikimedia Commons. Satirical petition ostensibly written by Elizabeth Cresswell, Damaris Page and other brothel keeps to Lady Castlemaine, the lover of Charles II. March 1668. Está en dominio público.