Paso a paso, a medida que aprendes a vivir en este país, y ves dónde falla, que es en casi todo, y dónde se puede mejorar, que es en todo, vas criando callo. Y al menos yo, he ido creando un sistema de trabajo. Encuentro un problema que me jode o encuentro injusto, y toco las narices.
Pocas cosas irritan más a un sistema mal hecho que cuando le recuerdan sus fallas. Y creo que es nuestro deber ciudadano.
¿Cómo hemos consentido que las cosas hayan acabado así? Es que antes no se notaba tanto, amigos. Pero resulta que las corporaciones han roto todas las presas de vergüenza y respeto por el prójimo. Están desatadas, gracias a una legislación que han ido cambiando a su favor discretamente, con mucha zapa y mucho cabildeo. Y ahora nos ciudadanos no tenemos salida, excepto defendernos.
Una de las últimas que me he encontrado es esa mamarrachada que se inventó este gobierno hace ya dos o tres años, de que los ciudadanos empadronados en las islas tengamos que ir con el Certificado de Residente en la boca si queremos que no nos impidan embarcar en los vuelos a la península.
A partir del 1 de noviembre de 2014 se suponía que eso se acababa, pero no señor, en el país en el que casi nadie hace su trabajo (al menos entre la clase política), ha resultado que eso era otra mentira más. Así que he mandado el texto que pego a continuación a la Comisión Parlamentaria al cargo de Fomento, de la que dependen esos asuntos.
Señorías,
Soy
ciudadano residente canario. Como sabrán, desde hace unos años el
Gobierno
ha obligado a que todos los residentes en las islas (Canarias
y
Baleares) y territorios de Ceuta y Melilla deban presentar un
Certificado
de Residente oficial, suministrado por el Ayuntamiento de
residencia
y con una caducidad de seis meses (lo que obliga a su
renovación
periódica), a fin de acogerse al descuento del 50%
aproximadamente
para los vuelos con la península y entre islas. Caso
de
no presentarlo, el ciudadano, de querer volar, debía de abonar el
billete
de nuevo en el aeropuerto, a pesar de haber sido adquirido en
una
agencia de viajes con datos de residencia previos. Esto supuso un
importante
quebradero de cabeza para los ciudadanos con colas, pago de
timbres,
etc. que finalmente se ha convertido en trámite online en
muchos
ayuntamientos.
El
Gobierno nunca aclaró el motivo de esta exigencia que apareció de
la
noche a la mañana. Se habló de un supuesto fraude en esos
certificados
sobre el que, de existir, y que yo sepa, no se ha
iniciado
investigación alguna, ni judicial ni política. Tampoco se ha
aclarado
cómo se accedía a los datos de residencia antes ni en qué
consistía
por tanto el fraude. Simplemente los ciudadanos isleños y de
Ceuta
y Melilla se han visto obligados a añadir un documento más al ya
de
por sí penoso proceso del embarque aéreo, sin explicaciones
satisfactorias
de ningún tipo.
A
partir del 1 de noviembre de 2014, el Gobierno ha declarado a los
ciudadanos
residentes en las islas que ya no tienen que embarcar con
el
citado certificado al haberse habilitado un sistema informático,
llamado
"Sara", que al parecer permite acceder a esos datos por vía
informática
tanto a agencias de viajes como a líneas aéreas.
En
palabras de la Ministra Ana Pastor: "afortunadamente, ya
nadie
En
cambio, al parecer, el sistema tiene fallos y de nuevo los
ciudadanos,
informados por el Gobierno de la no necesidad del
certificado,
se encuentran ante las puertas de embarque de sus vuelos
sin
poder embarcar a no ser que paguen el billete de nuevo. El
Gobierno
les dice una cosa, y las líneas aéreas les dicen otra
completamente
diferente.
Estando
el país como está, en un estado de deterioro general que
parece
transversal, sólo cabe pensar mal y que posiblemente alguna
línea
aérea no quiera renunciar a la golosa posibilidad de que algunos
viajeros
tengan que pagar sus billetes dos veces. Todo esto es un
juicio
de valor, una conjetura, pero vuelve a despertar sospechas de
graves
fraudes en un asunto que, debo insistir, nunca ha aclarado su
origen
ni su por qué.
En
virtud de todo ello, quisiera consultarles la posibilidad de
plantear
las siguientes preguntas parlamentarias:
1-
¿Por qué se ha obligado a los ciudadanos residentes a la
presentación
de los Certificados de Residencia a lo largo de los
últimos
años?
2-
Si el origen de ello fue un fraude ¿Dónde está la información al
respecto?
¿Y la investigación judicial que lo debe aclarar? ¿Y los
números
del supuesto fraude? ¿Y los damnificados? ¿Y las
indemnizaciones?
¿Y los culpables? ¿Y el método empleado para vulnerar
la
Ley? ¿Se falsificó el censo? ¿Se falsificaron datos de DNIS? ¿Es
que
acaso las agencias de viajes han tenido acceso a bases de datos
falsas?
3-
De no responderse satisfactoriamente a la pregunta anterior ¿Por
qué
se ha instado a los ciudadanos residentes a presentar los citados
certificados
a lo largo de varios años, si no existen pruebas de
fraude
alguno? ¿Se legisla en España por rumores? ¿Se perjudica a los
ciudadanos
por rumores? ¿Se prevé indemnizar a los residentes
perjudicados,
como es de Ley?
4-
¿Se ha calculado el dinero extra que las líneas aéreas han
ingresado
durante el tiempo de vigencia de la obligación de
presentación
de certificado por parte de ciudadanos que acudieron a
embarcar
sin tener el certificado? ¿Cómo es posible que una agencia de
viajes
venda un billete con descuento de residente y luego no se
acepte
ese descuento ante la puerta de embarque del vuelo?
5-
A partir del 1 de noviembre de 2014, el Gobierno ha declarado a los
ciudadanos
residentes en las islas que ya no tienen que embarcar con
el
citado certificado al haberse habilitado un sistema informático,
llamado
"Sara", que al parecer permite acceder a esos datos por vía
informática
tanto a agencias de viajes como a líneas aéreas. En
cambio,
al parecer, el sistema tiene fallos y de nuevo los ciudadanos,
informados
por el Gobierno de la no necesidad del certificado, se
encuentran
ante las puertas de embarque de sus vuelos sin poder
embarcar
a no ser que paguen el billete de nuevo. ¿Se está auditando
por
un observador externo el funcionamiento del citado sistema? Si no
¿Por
qué no se está haciendo? Al parecer el doble cobro que se sigue
produciendo
actualmente, insta de nuevo a los ciudadanos a tener que
llevar
indefinidamente encima sus Certificados ¿No se entiende esto
como
inseguridad jurídica? ¿Cómo puede el Gobierno de la Nación avisar
a
los ciudadanos de la no exigencia de un documento cuando se está
exigiendo
de nuevo sin control alguno? ¿Se prevén de nuevo
indemnizaciones
o soluciones para este nuevo inconveniente?
6-
Este nuevo problema sólo beneficia a las líneas aéreas ¿Se ha
investigado
este nuevo posible fraude que se está generando a partir
del
1 de noviembre de 2014, fecha en la que no existe obligación
oficialmente
de presentar el certificado?
7-
Finalmente ¿Prevé el Gobierno indemnizar o devolver los pagos a los
ciudadanos
que han tenido que pagar un billete dos veces cuando son
residentes,
es decir, por un trámite administrativo del que la
Administración
es responsable y por la ausencia de diligencia en el
cruce
de datos? ¿Se va a investigar el origen de la exigencia inicial
del
Certificado de Residencia, que podría tener riesgos de ser un
fraude
de Ley al pedir a los ciudadanos unos datos que son públicos y
responsabilizarles
de ello por unas causas nunca aclaradas? ¿Se
pretende
que la Fiscalía se interese en algo tan grave y silenciado
hasta
el momento?
Gaspar Llamazares ha tenido la gentileza de pasar esas preguntas al Gobierno. Las pondré aquí cuando respondan.
Pd.: Actualización. El día 25 de marzo de 2015 volé con Air Europa. Para poder embarcar en el LPA-MAD me pidieron de nuevo el Certificado de Residencia, prueba palmaria de que no está funcionando lo prometido por la Ministra.
La imagen, "Cumulus clouds seen from passenger plane", 2007, por Kevin Doole, está en Wikimedia Commons bajo licencia Creative Commons con atribución.
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