miércoles, 1 de abril de 2015

Tocando las narices


Paso a paso, a medida que aprendes a vivir en este país, y ves dónde falla, que es en casi todo, y dónde se puede mejorar, que es en todo, vas criando callo. Y al menos yo, he ido creando un sistema de trabajo. Encuentro un problema que me jode o encuentro injusto, y toco las narices.

Pocas cosas irritan más a un sistema mal hecho que cuando le recuerdan sus fallas. Y creo que es nuestro deber ciudadano.

¿Cómo hemos consentido que las cosas hayan acabado así? Es que antes no se notaba tanto, amigos. Pero resulta que las corporaciones han roto todas las presas de vergüenza y respeto por el prójimo. Están desatadas, gracias a una legislación que han ido cambiando a su favor discretamente, con mucha zapa y mucho cabildeo. Y ahora nos ciudadanos no tenemos salida, excepto defendernos.

Una de las últimas que me he encontrado es esa mamarrachada que se inventó este gobierno hace ya dos o tres años, de que los ciudadanos empadronados en las islas tengamos que ir con el Certificado de Residente en la boca si queremos que no nos impidan embarcar en los vuelos a la península.

A partir del 1 de noviembre de 2014 se suponía que eso se acababa, pero no señor, en el país en el que  casi nadie hace su trabajo (al menos entre la clase política), ha resultado que eso era otra mentira más. Así que he mandado el texto que pego a continuación a la Comisión Parlamentaria al cargo de Fomento, de la que dependen esos asuntos.

Señorías,

Soy ciudadano residente canario. Como sabrán, desde hace unos años el
Gobierno ha obligado a que todos los residentes en las islas (Canarias
y Baleares) y territorios de Ceuta y Melilla deban presentar un
Certificado de Residente oficial, suministrado por el Ayuntamiento de
residencia y con una caducidad de seis meses (lo que obliga a su
renovación periódica), a fin de acogerse al descuento del 50%
aproximadamente para los vuelos con la península y entre islas. Caso
de no presentarlo, el ciudadano, de querer volar, debía de abonar el
billete de nuevo en el aeropuerto, a pesar de haber sido adquirido en
una agencia de viajes con datos de residencia previos. Esto supuso un
importante quebradero de cabeza para los ciudadanos con colas, pago de
timbres, etc. que finalmente se ha convertido en trámite online en
muchos ayuntamientos.

El Gobierno nunca aclaró el motivo de esta exigencia que apareció de
la noche a la mañana. Se habló de un supuesto fraude en esos
certificados sobre el que, de existir, y que yo sepa, no se ha
iniciado investigación alguna, ni judicial ni política. Tampoco se ha
aclarado cómo se accedía a los datos de residencia antes ni en qué
consistía por tanto el fraude. Simplemente los ciudadanos isleños y de
Ceuta y Melilla se han visto obligados a añadir un documento más al ya
de por sí penoso proceso del embarque aéreo, sin explicaciones
satisfactorias de ningún tipo.

A partir del 1 de noviembre de 2014, el Gobierno ha declarado a los
ciudadanos residentes en las islas que ya no tienen que embarcar con
el citado certificado al haberse habilitado un sistema informático,
llamado "Sara", que al parecer permite acceder a esos datos por vía

informática tanto a agencias de viajes como a líneas aéreas.
 
En palabras de la Ministra Ana Pastor:  "afortunadamente, ya nadie


En cambio, al parecer, el sistema tiene fallos y de nuevo los
ciudadanos, informados por el Gobierno de la no necesidad del
certificado, se encuentran ante las puertas de embarque de sus vuelos
sin poder embarcar a no ser que paguen el billete de nuevo. El
Gobierno les dice una cosa, y las líneas aéreas les dicen otra
completamente diferente.

Estando el país como está, en un estado de deterioro general que
parece transversal, sólo cabe pensar mal y que posiblemente alguna
línea aérea no quiera renunciar a la golosa posibilidad de que algunos
viajeros tengan que pagar sus billetes dos veces. Todo esto es un
juicio de valor, una conjetura, pero vuelve a despertar sospechas de
graves fraudes en un asunto que, debo insistir, nunca ha aclarado su
origen ni su por qué.

En virtud de todo ello, quisiera consultarles la posibilidad de
plantear las siguientes preguntas parlamentarias:

1- ¿Por qué se ha obligado a los ciudadanos residentes a la
presentación de los Certificados de Residencia a lo largo de los
últimos años?

2- Si el origen de ello fue un fraude ¿Dónde está la información al
respecto? ¿Y la investigación judicial que lo debe aclarar? ¿Y los
números del supuesto fraude? ¿Y los damnificados? ¿Y las
indemnizaciones? ¿Y los culpables? ¿Y el método empleado para vulnerar
la Ley? ¿Se falsificó el censo? ¿Se falsificaron datos de DNIS? ¿Es
que acaso las agencias de viajes han tenido acceso a bases de datos
falsas?

3- De no responderse satisfactoriamente a la pregunta anterior ¿Por
qué se ha instado a los ciudadanos residentes a presentar los citados
certificados a lo largo de varios años, si no existen pruebas de
fraude alguno? ¿Se legisla en España por rumores? ¿Se perjudica a los
ciudadanos por rumores? ¿Se prevé indemnizar a los residentes
perjudicados, como es de Ley?

4- ¿Se ha calculado el dinero extra que las líneas aéreas han
ingresado durante el tiempo de vigencia de la obligación de
presentación de certificado por parte de ciudadanos que acudieron a
embarcar sin tener el certificado? ¿Cómo es posible que una agencia de
viajes venda un billete con descuento de residente y luego no se
acepte ese descuento ante la puerta de embarque del vuelo?

5- A partir del 1 de noviembre de 2014, el Gobierno ha declarado a los
ciudadanos residentes en las islas que ya no tienen que embarcar con
el citado certificado al haberse habilitado un sistema informático,
llamado "Sara", que al parecer permite acceder a esos datos por vía
informática tanto a agencias de viajes como a líneas aéreas. En
cambio, al parecer, el sistema tiene fallos y de nuevo los ciudadanos,
informados por el Gobierno de la no necesidad del certificado, se
encuentran ante las puertas de embarque de sus vuelos sin poder
embarcar a no ser que paguen el billete de nuevo. ¿Se está auditando
por un observador externo el funcionamiento del citado sistema? Si no
¿Por qué no se está haciendo? Al parecer el doble cobro que se sigue
produciendo actualmente, insta de nuevo a los ciudadanos a tener que
llevar indefinidamente encima sus Certificados ¿No se entiende esto
como inseguridad jurídica? ¿Cómo puede el Gobierno de la Nación avisar
a los ciudadanos de la no exigencia de un documento cuando se está
exigiendo de nuevo sin control alguno? ¿Se prevén de nuevo
indemnizaciones o soluciones para este nuevo inconveniente?

6- Este nuevo problema sólo beneficia a las líneas aéreas ¿Se ha
investigado este nuevo posible fraude que se está generando a partir
del 1 de noviembre de 2014, fecha en la que no existe obligación
oficialmente de presentar el certificado?

7- Finalmente ¿Prevé el Gobierno indemnizar o devolver los pagos a los
ciudadanos que han tenido que pagar un billete dos veces cuando son
residentes, es decir, por un trámite administrativo del que la
Administración es responsable y por la ausencia de diligencia en el
cruce de datos? ¿Se va a investigar el origen de la exigencia inicial
del Certificado de Residencia, que podría tener riesgos de ser un
fraude de Ley al pedir a los ciudadanos unos datos que son públicos y
responsabilizarles de ello por unas causas nunca aclaradas? ¿Se
pretende que la Fiscalía se interese en algo tan grave y silenciado
hasta el momento?

Gaspar Llamazares ha tenido la gentileza de pasar esas preguntas al Gobierno. Las pondré aquí cuando respondan.

Pd.: Actualización. El día 25 de marzo de 2015 volé con Air Europa. Para poder embarcar en el LPA-MAD me pidieron de nuevo el Certificado de Residencia, prueba palmaria de que no está funcionando lo prometido por la Ministra.

La imagen, "Cumulus clouds seen from passenger plane", 2007, por Kevin Doole, está en Wikimedia Commons bajo licencia Creative Commons con atribución.

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