Epistolario (5 de 5)

Esta carta la he remitido a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. En ella explico el que considero uno de los peores problemas de España, el de la legislación respecto a las empresas  y los emprendedores.

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Señoría,

En esta carta quisiera comentarle una visión general del estado actual de cosas que, respecto a los emprendedores y empresarios en general que he vivido a lo largo de los años, centrándome en las PYMES. Soy apoderado de varias pequeñas empresas, donde nos dedicamos a la producción audiovisual y al desarrollo de tecnología de entretenimiento.

Fundé mi primera empresa en 1998 lleno de ilusión, y sigo peleando con otras sociedades intentando crear empresa, empleo, productos dignos e interesantes, y tecnología punta. En estos años me he visto en todas las situaciones en las que cualquier empresario se encuentra cotidianamente: buscar financiación y clientes, realizar los proyectos, pero también realizar trámites, enfrentarse cotidianamente a la burocracia, negociar con las instituciones, etc.

El Gobierno está promocionando el concepto de “emprendedor” y a la pequeña empresa como una solución viable para ir sacando al país de la crisis, generar, empleo, etc. Al mismo tiempo, es una excelente propuesta para animar a muchos ciudadanos a autoemplearse y a decidirse a desarrollar ideas empresariales que no se atreverían a llevar adelante en otras circunstancias. Todo esto es realmente una opción muy interesante, que tal vez podría contribuir a desplazar ligeramente la industria-nicho española del viejo “ladrillo” a otras industrias más innovadoras, o cuanto menos inclinar un poco la balanza de aquel monocultivo empresarial. Todo esto es bueno, y en tiempos de crisis, que son tiempos para creación y el desarrollo de ideas innovadoras, resulta vital para contribuir al desarrollo del país.

En cambio, el otro lado de la moneda de todo esto, es que en el fondo, aquí no ha cambiado nada. España es y siempre ha sido una pesadilla burocrática para el empresariado, el autónomo, y las PYMES. No incluyo a las empresas grandes, pues tienen “escudos para burocracia” bien desarrollados, en forma de departamentos contables, asesorías, bufetes especializados, etc. El país está intentando cambiar de forma de pensar y de hacer negocios, pero el “sistema”, entendido como tal el estado de cosas burocrático, no ha cambiado en absoluto. En realidad, ha empeorado.

La Agencia Tributaria, la Seguridad Social y otras unidades recaudatorias, no han aflojado su tensión sobre empresas y autónomos, sino que ésta ha aumentado. La consigna de “déficit primero” ha puesto a instituciones recaudatorias que se supone que han de trabajar para el bien de la sociedad a trabajar de recaudadores a toda costa. Es un secreto a voces, al menos en mi Comunidad Autónoma, que se está incentivando agresivamente maximizar la recaudación, pase lo que pase. Y no es sólo eso, señoría. España tiene una legislación y una burocracia que ahogan y desincentivan la innovación y el emprendimiento. Parece en ocasiones desarrollada por un sádico que quiera justo todo lo contrario de lo que se pretende decir en las pomposas declaraciones oficiales. Las instituciones que deberían trabajar en pro de la ciudadanía se constituyen en este momento en cajas burocráticas de generación de frustración. Esto ha sido así desde finales del siglo XIX, se ha prolongado a lo largo del XX, sigue en el XXI y no parece querer cambiarse. Todo ello nos pone en la cola de los países desarrollados en cuanto a la incentivación de la inversión, de la creación de empresas, y, en resumen, de la “emprendeduría”.

España anuncia un apoyo al emprendedor que no sólo no existe, sino que funciona justamente, por la inercia de décadas y décadas, por las formas en las que se la legislado por años y años, justo para lo contrario.

No se trata, señoría, de parchear la legislación. Suelo viajar mucho a Reino Unido a negociar con coproductores. Allí un autónomo paga 12 Libras al mes, una empresa con empleados recibe ayudas para su funcionamiento, y crearla apenas ha costado unas libras y unos días a sus fundadores. Aquí cuesta 3.000 Euros y un mes de visitas a al menos cinco ventanillas, eso con suerte. Se han intentado habilitar parches, como las llamadas “ventanillas únicas”, para simplificar estos procedimientos onerosos. No funcionan, como todos los parches. El problema está debajo, en el hecho de necesitar cinco instituciones, diez pasos, que no se comunican entre sí en la era de internet para poder crear una empresa, todo ello basado en lo que la Legislación considera que es “crear una empresa”, o en lo que se consideraba hace sesenta o setenta años, que fue cuando se creó la legislación de base que se ocupa de ese asunto.

Al mismo tiempo, cada nuevo gobierno ha prometido acabar con las trabas burocráticas para constituir nuevas empresas, cuando la realidad es que el problema es otro: es el concepto que las instituciones, y desde ellas el gobierno, arrastran secularmente sobre empresas y pequeños empresarios.

El problema no es sólo la burocracia para la creación de una empresa, sino que se prolonga con las trabas burocráticas que, además, aparecen durante la vida de la empresa, y durante su final (no olvidemos que el índice de supervivencia de las Pymes en un período de 10 años es del 10%, es decir, el 90% se verán forzadas a cerrar, y deberían de ser ayudadas también como lo fueron al constituirse).

Más al contrario, las trabas existentes actualmente no se solucionan parcheando la legislación por enésima vez, sino replanteándosela desde el principio, con algunas preguntas vitales en mente ¿Cómo pretende la Administración que sea su relación a partir de ahora con las empresas y los emprendedores? Decidido esto ¿La legislación actual lo cumple? Si la respuesta es no, hay que cambiarla. Ojo, insisto en esto, porque es un error recurrente de sucesivos gobiernos: no parchearla, sino cambiarla. De arriba abajo. Toda ella.

En España visitar una Tesorería de la Seguridad Social o una oficina de Hacienda para intentar negociar una deuda tributaria no sirve para nada. Las empresas son sancionadas por errores nimios, la burocracia de tantas instituciones -nacional, autonómica, intermedia (Cabildos, Diputaciones), local- convierte la vida de nuestros contables -si podemos pagar un contable- en un infierno; hay que presentar cuentas, libros de visitas, declaraciones trimestrales, anuales, firmas electrónicas, certificados de proveedores, certificados de IVA, etc, etc, etc. Cientos, miles de modelos de impresos, criterios incompatibles, exigencias demenciales, controles sobre controles, castigos a la ganancia y al beneficio en forma de impuestos de sociedades desalmados, registros redundantes, actas notariales, registros de la propiedad... Las legislaciones recientes, como la que se supone permite una “segunda oportunidad” a los emprendedores que pierden su negocio se han creado sin intención alguna de que funcionen realmente (no se han aplicado a casi nadie hasta ahora ¿No es esto significativo de para qué sirve una determinada legislación creada sólo para generar titulares, al parecer, pero ineficiente al final?)

Cuando un empresario cae en desgracia y su sociedad no puede responder a sus obligaciones, por ejemplo, con la Agencia Tributaria, la supuesta “responsabilidad limitada” de la empresa que administra se le transfiere directamente a su persona. Así, la definición de las sociedades de responsabilidad limitada es traicionada. Un empresario se verá ahogado, teniendo que afrontar el coste del concurso de su empresa, por las deudas de su empresa con Hacienda, que le son transferidas a sus cuentas personales, que son embargadas sin que nadie haya calculado qué porcentaje de ese embargo puede impedir la mera subsistencia al administrador. Estas derivaciones abusivas ocurren a diario y los tribunales generalmente las tumban, pero para que eso pase el empresario ha de tener los reflejos suficientes para recurrir, algo que no siempre pasa, sobre todo con el stress que implica la ruina del proyecto personal que es una pequeña empresa. ¿Por qué las instituciones actúan de forma injusta, a sabiendas de que causan daño a las personas, en casos como este? ¿Es que todo vale con tal de recaudar?

Según una encuesta de BM, los empresarios dedican 300 horas en España a gestionar la carga impositiva y burocrática que sufren sus empresas, en ocho pagos a las distintas administraciones, cuando todo ello podría ser fácilmente, en los tiempos que corren, automatizado, cruzado, minimizado y agilizado, siempre y cuando se trabaje pro-ciudadano, y no como ahora pro-aparato burocrático. En España algunas instituciones no trabajan para el ciudadano, porque nadie les ha enseñado a hacerlo, o porque la legislación a la que se deben no lo permite, por obsoleta y por vieja.

Tenemos finalmente los autónomos y emprendedores la sensación contraria, de que somos nosotros los que trabajamos para el Estado, ahogados en papeles, procedimientos, sanciones, declaraciones, etc. Otro ejemplo de ello que siempre me ha sorprendido son las encuestas del INE ¿Sabe su señoría que el Instituto Nacional de Estadística remite encuestas anuales a las empresas? Hasta ahí todo bien, ya que las encuestas son la forma de conocer el estado de cosas en un país, especialmente en el mundo empresarial. Pero ¿Sabe su señoría que son de obligatorio cumplimiento, si tienes la desgracia de que tu empresa sea elegida, y que los impresos digitales son de enorme complejidad, tanto que son dificultosos hasta para las asesorías contables que nos descargan del trabajo, pero que si no se rellenan la empresa ha de pagar una sanción económica? ¿Es consciente su señoría del chantaje al que el INE somete a las PYMES de este país cada año con estas encuestas obligatorias?

El resultado para un empresario único en una sociedad unipersonal es que él debe de emplear decenas -sí, decenas- de horas a rellenar unos impresos que ni él mismo entiende ¿Qué calidad tendrán esas respuestas? Me he visto rellenando esos impresos obligatorios del INE, desesperado porque tengo que trabajar para comer y esos impresos me lo impiden ¿Qué calidad de respuestas puedo ofrecer en esas circunstancias? No paro de escribir a los responsables del INE suplicándoles que por favor dejen de usar esos chantajes a los ciudadanos, que como si no tuviéramos bastante, tenemos que arrostrar otra burocracia más sin remisión. Nadie ha respondido a mis quejas. Sí, la falta de transparencia, es otro, viejo, problema.

La administración electrónica se ha convertido en otro problema más. En vez de simplificar la vida del ciudadano, lo que se ha hecho es trasladar la burocracia a los ordenadores personales de la gente. Ahora además trabajamos para la Administración haciendo trámites que antes los funcionarios de ventanilla hacían para nosotros. Se ha convertido en toda una tortura, con procedimientos incompatibles, interfaces incomprensibles, nula estandarización de procedimientos, firmas electrónicas que no funcionan, y para colmo en ocasiones cerrando el registro físico, siendo sólo accesibles ciertos trámites por vía telemática. ¿Es esto facilitar la vida a la gente? El problema por ese lado es también enorme, pues cada institución del Estado va por sus fueros y nadie se coordina, y ello me ha llevado a la redacción de otra carta que he remitido a la Comisión de Redes Sociales del Congreso, dependiente de la Comisión de Interior, que creo es la más indicada de entre las existentes.

El otro día, hablando del registro físico, hube de registrar en la Propiedad Intelectual un trabajo. El coste fue de casi 13 Euros. ¿Sabe usted lo que costaba en 1986 cuando, siendo casi un crío, registré por primera vez una obra? Aproximadamente 30 céntimos de Euro. Un incremento de un cuatro mil trescientos por cien. ¿Ha subido la inflación un cuatro mil por cien en estos años? Claramente, no. ¿Cómo se pueden cobrar esos precios desorbitados en trámites nimios? Y es sólo un ejemplo de las tasas que han sustituido a los viejos timbres, y que ahora se usan para penalizar, curiosamente, los trámites no telemáticos.

Pero la pesadilla, que en esto se ha convertido la vida del pequeño empresario español, sigue y sigue. ¿Qué pasa cuando te arruinas, cuando tu empresa debe de emprender un concurso de acreedores? El panorama no es agradable. A la tragedia del fracaso personal del empresario se añade, de nuevo, la maraña burocrática española y sus increíbles exigencias económicas.

Cuando una empresa entra en concurso, generalmente está arruinada, y sus administradores también. Cuando se decide aplicar el procedimiento concursal, el administrador se topa con la necesidad de desembolsar una cantidad casi siempre inviable, dadas sus circunstancias, de entre 12.000 y 30.000 euros, para pagar el concurso de acreedores ¿Cómo se concibe esto? Ir a concurso implica la ruina de los administradores sociales. Justamente, en España y a causa de esto el porcentaje de Pymes en concurso es ridículamente pequeño en comparación con los países de su entorno. Como consecuencia, hay en este momento miles de sociedades “zombi”, totalmente arruinadas, inviables e irrecuperables, pero que no pueden declarar concursos de acreedores porque no pueden pagar los costes de esos trámites. ¿Se ha hecho algo al respecto?

Los empresarios, autónomos y emprendedores con problemas temporales de tesorería, a la práctica imposibilidad actual de obtener créditos-puente o renegociar lo que ya pagan, suman los altísimos intereses de demora que, seamos claros, no son otra cosa que castigos dinerarios, a que les someten Hacienda, Seguridad Social, recaudadores locales e intermedios, etcétera, y nadie se ha planteado este problema.

Uno de tantos ejemplos: por razones que no vienen al caso hace unos años mi empresa estaba en deuda con la Agencia Tributaria, y el ICAA (Ministerio de Cultura) le había concedido una ayuda automática por una película (el 15% de la recaudación bruta de taquilla, prevista por la Ley) que nos hubiera aliviado y nos hubiera permitido sobrevivir. Pero no se pudo cobrar por existir aquella deuda. Intenté plantear que se estudiara para un caso similar en el futuro que se transfiriera directamente la cantidad de la Ayuda a la Agencia Tributaria, como si se tratara de un embargo o una pignoración; se permitiría a las empresas en apuros el saldar la deuda, se podría aliviar ese problema fácilmente sin forzar la legislación, y así algunas empresas con problemas, que son muchas, podrían sobrevivir.

Obviamente, la propuesta fue denegada. De nuevo, un Estado lento, monstruosamente burocrático, paralizado por definición, no percibía el gavísimo, agónico problema que ciertos viejos modos, inviables en tiempos de crisis salvajes como esta, causaban en empresas que se han comportado en todo momento de buena fe. Desgraciadamente, señoría, con los grandes recaudadores, especialmente la intocable Hacienda, la buena fe no basta. Usted sabe tan bien como yo que el tratamiento de Hacienda hacia el sujeto del impuesto, el ciudadano, es contrario a la constitución y a los derechos pro reo del sistema jurídico: se le considera culpable ex acto. Esa filosofía perversa, contraria a legalidad y humanidad, preside todos los actos de la Agencia. ¿Qué resultado esperamos con esos mimbres?

La consecuencia directa de todas estas situaciones injustas y en ocasiones abusivas, es que la economía sumergida en España es una de las más altas, en porcentaje, de los países desarrollados de nuestro entorno. La gente decide, sea ello reprochable o no (ese es otro asunto) que cobrar sin factura, sin dejar rastros, sin alta en Seguridad Social, les permitirá vivir. Exigen ser invisibles para el sistema. Ir por la vía “legal” les hace inviable la supervivencia. Si casi uno de cada tres generadores potenciales de empleo lo está haciendo, es que algo muy grave está fallando en este país.

España sigue legislada en todos estos aspectos por normas que ya eran inaceptables, torticeras y alambicadas en los buenos tiempos del pasado. Ahora que la crisis se ceba con todos, especialmente con los más débiles y pequeños, esa burocracia inextricable no sólo no se ha modificado lo más mínimo, sino que ha empeorado. Los procedimientos han aumentado, las exigencias a las sociedades se han incrementado, los impuestos no han hecho más que elevarse. Para la Administración del Estado, en términos de relaciones con las pequeñas y medianas empresas, la crisis no ha ocurrido. Seguimos igual que hace 5, 10, 20 ó 30 años. No hablaré del IVA indiscriminado del 21%, que es un caso de libro de fracaso de la presión fiscal que ha llevado a una bajada en la recaudación.

Señoría, asumámoslo de una vez: esto es un desastre.

Es un buen punto de partida para cambiar las cosas.

Crear una empresa en España en estos momentos es un suicidio. No se lo recomendaría a nadie. Antes les diría, se lo juro, que se fueran a Reino Unido y la montaran allí. Encontrarán respeto, apoyo y ayuda. Simplemente siendo ciudadanos europeos. Se llama “movilidad exterior”, creo.

¿Cómo pretende este país que existan emprendendores con este escenario y estas maneras que sufrimos a diario?

No se trata de que haya que ajustar un poco aquí y allá, ya que eso es lo que han hecho los gobiernos hasta ahora, legislando casi para “el telediario” sin pensar en que lo que están haciendo es añadir impedimentos a las empresas, sin pensar -me niego a aceptar que se haya hecho a propósito- que lo que se está legislando es tan tímido y tiene tantos factores de exclusión que no se puede aplicar en el mundo real. El problema es mucho peor.

Se trata de que todo el edificio legal, de arriba abajo, es un gigantesco castillo de naipes que ha sido parcheado demasiadas veces ya, y que se cae, se nos cae encima a los pequeños empresarios, a los ciudadanos, a las PYMES, a los autónomos, y nos aplasta a diario.

Las empresas en España, sobre todo las pequeñas (el 90% del tejido empresarial de España) son las que crean empleo, las que luchan a diario por hacer crecer al país, y las que generan su riqueza. Son tratadas brutal y desconsideradamente por una administración y una burocrática con modos decimonónicos que nadie se ha esforzado en arreglar, llevando al país a una situación insostenible. Estos viejos y caducos modos contribuyen, qué duda cabe, al depauperado estado actual al que la crisis nos ha llevado. Y por lo que veo nadie está pensando en cambiar este estado de cosas, que considero insostenible.

¿La solución? Me temo que es tirarlo todo para empezar de nuevo. La filosofía básica de las instituciones recaudadoras y de las medidas supuestamente fomentadoras del negocio en España es fallida, se creó hace demasiado tiempo y no está funcionando en la sociedad actual. Es más, se está utilizando como herramienta de frustración hacia el empresariado y el emprendedor. ¿Qué se busca? ¿Ayudar al emprendedor o frustrarle? Si la respuesta es “ayudar”, hay que cambiar toda la legislación. Hemos de decidir convertirnos en una especie de Reino Unido, que favorece la empresa y que no la ahoga a impuestos. Y no se pueden admitir más parches o más “casos particulares” en legislaciones parcheadas y parcheadas en legislaturas pasadas. Todo abogado español sabe que la jungla legislativa española, por ejemplo en términos de recaudación de hacienda, es inextricable, contradictora, ininteligible en ocasiones, y positivamente está diseñada para no ayudar, sino todo lo contrario.

Todo esto proviene de una mentalidad generada, me temo, hace dos siglos y mantenida durante la dictadura, que encierra una forma de ver el mundo y la sociedad que ya no existe, y que proveniente del Siglo XIX, que considera que el emprendedor es alguien peligroso que debe de ser atado corto, como si fuera un niño poco responsable y travieso, y que no debe plantear problemas a los viejos y señoriales amos que han heredado la propiedad de los medios de producción, a los “hidalgos viejos” de una España que ya no existe. Eso, que suena a trasnochado, es la base de la ideología sobre la que se ha legislado en este país desde siempre y se mantiene a pesar de cualquier cambio, en un eterno retorno lampedusiano, en los cimientos de nuestro corpus legislativo. O cambiamos desde abajo, desde los cimientos, todo esto, o no habrá mucho que hacer, excepto asistir al hundimiento de todo el país.

Señoría, sé que lo que le sugiero es tremendo, pero alguien va a tener que hacerlo. Puede que sea en esta Legislatura, o no. Puede que sean ustedes los que lo cambien todo, o no. Le garantizo que pasarían a la Historia. Es un hecho que un cambio copernicano en toda la legislación española al respecto causará un auténtico shock, pero en el largo plazo este país sólo así podrá salir del agujero en el que ha caído.

Al mismo tiempo, la mayoría de los abogados, jueces, inspectores de hacienda, funcionarios, empleados de la Seguridad Social, recaudadores, etc. del país saben que es la única manera, y se mostrarán encantados de que las cosas cambien, y de colaborar en ese cambio.

El primer paso supongo que sería proponer una Comisión de Hombres Buenos que pudiera elaborar una suerte de Libro Blanco sobre el estado de las cosas en la legislación general del país, y que podrían proponer al Gobierno una serie de cambios básicos en todo lo que se ha legislado hasta ahora para ir emprendiendo una transición sin traumas. Debería ser el de estas personas un compromiso intergeneracional, en el largo plazo, pues este trabajo llevará mucho tiempo. Hablo de personas honestas, capaces, y entregadas a España, que las hay, y muchas. Sólo hay que elegir bien.

Esto, señoría, no es un problema de ideologías, eso sería un error. Es un problema de supervivencia. De que España sea o no sea a lo largo de este Siglo. Nos jugamos mucho, y alguien tendrá que hacerlo. Insisto, pueden ser ustedes ahora, u otros que vengan después, pero mientras no se tomen esas decisiones -este es un problema gigantesco, vasto, de extraordinaria complejidad legal y jurídica y dotado de múltiples facetas e interacciones, que atraviesa de forma transversal muchas legislaciones españolas de todo tipo y nivel-, España seguirá perdiendo el tren de la modernidad. Y ese lujo no nos lo podemos permitir. Por favor, antes de que sea demasiado tarde, señorías, hagan algo.

Sin otro particular, agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente y desearle todo lo mejor en su labor.


Remití este mensaje a 26 miembros de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Me respondió María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) con la que me reuní en el Congreso hace unos días. La acompañaba Patricia Blanquer, del mismo grupo. Ambas se mostraron muy receptivas y amables. Incluso tuvieron la deferencia de mostrarme una pregunta que Blanquer había presentado, al respecto, a la Ministra de trabajo. La respuesta, robótica, alienada y completamente innecesaria, de la titular del Ministerio, me lleva al absurdo que es todo esto del teatro parlamentario, especialmente con mayorías absolutas, en las que cualquier tontería vale como respuesta a preguntas de la máxima importancia. Qué pérdida de tiempo y de esfuerzo. Qué desolación. En fin, es otro asunto, pero es tan preocupante como todo lo demás.

La imagen que ilustra este texto está en Wikimedia Commons. Farina Letter 1801. Autor: Johann Maria Farina. Farina fue el inventor del agua de colonia. Está en dominio público.

Epistolario (4 de 5)

He remitido esta carta a la Comisión de Interior del Congreso. Se refiere al dislate que actualmente se ha armado con los registros electrónicos en todo el país.

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Señoría,

Me pongo en contacto con usted para hacerle llegar un problema que creo necesita una solución, o cuanto menos un diagnóstico, lo antes posible. Es un asunto en el que poca gente tiende a fijarse, posiblemente por desconocimiento, pero que finalmente nos afecta a todos en nuestras relaciones cotidianas con las instituciones.

Como usted sabrá, de unos años a esta parte se ha ido generalizando el uso de la llamada “identidad electrónica” para personas físicas o jurídicas en nuestro país. Esta permite agilizar, gracias a las redes de datos como Internet, las relaciones entre personas e instituciones, algo sin duda positivo, pero que creo es mejorable. Me explicaré.

Usted habrá hecho uso muchas veces, como nos pasa a todos los ciudadanos, del Registro General para presentar un documento a una institución. Este Registro General constituye un derecho ciudadano que permite a la población comunicarse de forma fehaciente con diversos niveles institucionales, desde el Gobierno de la nación a instituciones locales, sociedades públicas, etcétera.

En los últimos años estas instituciones han generalizado los registros electrónicos, intentando mejorar así su servicio al ciudadano. El problema es que esta filosofía “pro ciudadano” no siempre se cumple. En algunos casos se ha sustituido completamente el registro tradicional por el electrónico, y sólo cabe la comunicación con ciertas instituciones vía electrónica. Cada registro electrónico, por su parte, utiliza interfaces de usuario -el diseño con el que el ciudadano debe de enfrentarse a la hora de usarlo, que en teoría debe de ser ergonómico y sencillo- diferentes, algunos realmente abstrusos y complejos. Otros exigen a los ciudadanos requerimientos técnicos y conocimientos informáticos que no tienen por qué tener -desde restricción de navegadores, los programas que usa la gente para navegar por Internet, a segmentos de código que deben de instalarse para que el registro funcione-. Todos estos ejemplos están llevando a una nueva maraña burocrática, esta de tipo virtual, que una vez más está dificultando considerablemente la vida a los ciudadanos.

En mi experiencia (soy autónomo, tengo un par de sociedades, produzco cine y productos tecnológicos) me he enfrentado a situaciones kafkianas haciendo uso del registro electrónico. Le resumo algunas de ellas, que son las que me han llevado a escribirle esta carta:

a) Ciertos Registros Electrónicos aparecen y eliminan el Registro General físico, obligando a los ciudadanos a incurrir en unos gastos personales que no eran necesarios en el caso del Registro General, creando un agravio comparativo con respecto al derecho de uso de los registros físicos: comprar un ordenador, tener conexión a internet, instalar ciertos navegadores, solicitar la Firma Electrónica, etc.

b) Los Registros Electrónicos no están para nada estandarizados. Unos admiten archivos adjuntos al presentar documentos, otros no. Los que sí, tienen todo tipo de tamaños máximos y mínimos, todos ellos diferentes. En ocasiones me he visto teniendo que dividir un PDF en 20 fragmentos para poder enviarlo al Registro Electrónico de una determinada institución porque por cada documento el máximo admitido es demasiado pequeño. En otros casos el tipo de documentos que admiten es restringido. Por ejemplo, sólo documentos de Word, cuando el estándar mundial es el PDF. O documentos en texto RTF pero no Word, etc. La maraña de formatos admitidos y no admitidos vuelven loco al más pintado.

c) Ciertos Registros Electrónicos no funcionan 24-7. Se caen, no dan acceso cuando es necesario, y eso afecta gravemente a los pliegos de condiciones, por ejemplo, de los concursos públicos. No es la primera vez que veo que una institución debe de prolongar plazos de admisión por haber tenido su registro electrónico caído durante varias horas en momentos críticos, que generalmente son los momentos–pico de accesos en los que se acerca el final del plazo de presentación de documentación de algún concurso. El sistema no está bien desarrollado, y se “cae” o bloquea por exceso de demanda en un pico de usuarios. Eso en el registro físico no ocurre, pero en muchos casos esas instituciones han decidido que el Registro Electrónico es ya la única vía de remisión de documentos a ellas, cayendo en su propia trampa. Mientras la tecnología no lo permita, ni haya sistemas redundantes a mano y que respondan eficientemente a los picos de demanda, mejor ser prudentes y no eliminar lo que funciona bien, el viejo y fiable registro físico.

d) Algunos registros electrónicos tienen exigencias particulares de softwares que sean compatibles con ellos que exigen amplios conocimientos en informática que no todos tienen: funcionan sólo bajo ciertos sistemas operativos, con ciertas versiones de navegadores -los programas con los que se navega por Internet- incluso algunos exigen la instalación de segmentos de software propios, que tienen, por su parte, otras limitaciones de compatibilidad. Por poner un ejemplo, cierta plataforma de registro electrónico en la Comunidad Canaria no funciona a no ser que se instale en el navegador un software propio (algo que no ocurre en ningún otro registro electrónico que yo sepa). Ese software tiene otras limitaciones añadidas a las propias del registro electrónico. En este caso -disculpen el tecnicismo- requiere que el navegador esté en modo de Usuario Master y sólo permite plataformas Wintel. ¿Cuántos ciudadanos tienen los conocimientos técnicos necesarios para tan abstruso requerimiento y así poder ejercer el simple derecho de usar ese registro electrónico? Por supuesto, esta institución ha renunciado al registro físico ¿Cuántas personas no han podido remitir sus documentos a esa institución por esta causa? Nadie lo sabe. En mi caso, no he podido jamás remitir documentos desde mi ordenador -un Mac- a esa institución, y siempre tengo que pedir a la Asesoría que me lleva las cuentas el favor de que ellos los remitan en mi nombre, ya que ellos tienen un ordenador PC que sí es compatible con su segmento de código.

e) Algunos interfaces parecen diseñados -y discúlpeme la ironía- por un sádico. Son difíciles de entender, innecesariamente complejos, Piden una y otra vez los mismos datos, y pueden desesperar a cualquiera. Algunos sin previo aviso te expulsan del trámite y debes de empezar de nuevo. Otros simplemente estan tan mal programados que se bloquean si no sigues ciertos caminos por el interface. Se están usando en algunos casos unos algoritmos que no pasarían un control de calidad de un software en Fase Alfa de desarrollo -se trata de la fase más preliminar del desarrollo de un programa informático, conocida entre los programadores por ser una fase en la que el programa está lleno de errores que se van corrigiendo, para pasar a la Fase Beta, que se sigue refinando, y finalmente llega a la fase comercial-; pues bien, hay registros electrónicos que no han sido siquiera testeados suficientemente en condiciones reales y sin embargo se han convertido en la única vía de remisión para los ciudadanos a ciertas instituciones.

f) Algunas instituciones están literalmente quitándose de encima trabajo. El sistema Red.es, por ejemplo, exige a los ciudadanos y empresas usarlo de forma única, y ha hecho desaparecer la ventanilla de atención física al ciudadano, de manera que ahora obtener por ejemplo un Certificado de estar al Dia son la Seguridad Social de forma urgente por ventanilla no es posible, pues tiene que obtenerse únicamente por vía telemática. ¿Nadie se ha planteado que eso crea un perjuicio a los ciudadanos, más que un beneficio?

g) La firma electrónica de los documentos dificulta de forma añadida el uso del registro. En ocasiones tarda minutos. En otras, no se sabe si se ha recibido bien o no el documento, generando una tremenda inseguridad en el ciudadano. He pasado horas luchando con registros electrónicos que tardaban casi una hora en firmar los documentos remitidos, algo que no deseo a nadie.

La del Registro Electrónico, señoría, es actualmente una auténtica jungla en la que cada uno va por su lado, en la que nadie se ha puesto de acuerdo con nadie. Unos eliminan el Registro General, otros no. Unos piden unos datos en sus formularios y permiten almacenarlos para futuras iteraciones, otros no. Otros usan métodos abstrusos de trabajo, que hacen la vida de los ciudadanos más complicada con versiones electrónicas de sus impresos que podrían ser mejorables con un mínimo esfuerzo. No hay ni un concepto estándar, ni una lista de formatos ni de tamaños. Unos registros piden los datos de la persona en el formato “nombre y apellidos”. Otros en “apellidos y nombre”. Unos piden los DNIs con puntos y guión antes de la letra. Otros sin él. Y así un sinfín de tareas que, de estandarizarse, nos harían la vida mejor a todos.

Mi sugerencia, que me gustaría fuera considerada por ustedes, llevaría a los siguientes pasos:

1-Recuperación del Registro General tradicional (físico) en todos los casos, y sin excepciones. El añadido de un nuevo “registro electrónico” no debería de eliminar el físico, pues hay ciudadanos aún que no tienen acceso a equipos informáticos ni a los conocimientos necesarios para manejarlos, lo que genera un agravio comparativo y dos clases de ciudadanos, los conectados y los no conectados, algo a lo que las instituciones no deberían de contribuir. Y hablamos de casi un 30% de la población.

2- Elaboración de un Convenio interinstitucional alrededor de los llamados “Registros Electrónicos”, que llegue a todas las instituciones del país que tengan este tipo de registros, y las vincule, de modo que se puedan verificar los siguientes pasos, a saber:

3-Examen, basado en el Convenio anterior, de todos los sistemas de Registro Electrónico del país, a todas las alturas institucionales, con vistas a elaborar un Diagnóstico de los sistemas existentes y de un Libro Blanco del Registro Electrónico que permita emitir una serie de recomendaciones y estandarizaciones de diversos niveles. Este Libro Blanco debería ser redactado por expertos en redes informáticas, en diseño de interfaces de usuario, ergonomía, requerimientos burocráticos, firma electrónica, funcionarios, instituciones, representantes de cada institución, etc.

4-Elaboración de unas Directivas de Registro Electrónico de tres niveles de aplicación para todas las instituciones del país: de obligado cumplimiento, de cumplimiento recomendado y de cumplimiento sugerido. Estas directivas irán desde la estandarización de los formatos de datos a introducir a los diseños de los interfaces de usuario, pasando por la firma electrónica, los tiempos de respuesta, etc.

5-Creación de un Instituto del Registro Electrónico y un estándar ISO que supervisen los interfaces de usuario, y tras un plazo razonable hacerlos de obligado cumplimiento, siguiendo las Directivas del punto 4. Las instituciones que no quieran o no puedan realizar esas estandarizaciones podrán ceder el desarrollo al Instituto o a empresas privadas por acuerdos intermedios y concursos, de manera que se las pueda liberar de ese gasto. Se sobreentiende que las “tripas” de cada registro, el código programado, podrá ser de un tipo determinado pues ya se ha desarrolado, pero se deberá garantizar una mínima estabilidad, y a la vez un estándar de interacción con el usuario (véase punto 4). No se trata de “tocar” las tripas del desarrollo tecnológico, sino de estandarizar la forma en que todos los registros electrónicos del país interactúan con la ciudadanía.

Existen tantísimos registros electrónicos en estos monentos, son tan tremendamente diferentes, algunos de tal hostilidad hacia el usuario, que mueve al asombro que no se haya estandarizado algo tan básico, que ya lleva precisamente, y por definición, estandarizado el Registro General desde hace décadas.

Creo que es perentorio tomar una decisión al respecto, pues hoy en día la ciudadanía se ha de enfrentar a una auténtica jungla de requerimientos incompatibles entre registros electrónicos.

Sin otro particular, agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.


Tras remitir este mensaje a la Comisión, fue respondido por Conrado Escobar, que lleva al parecer la cosa de redes sociales en el Partido Popular. Me pidió cita, y me reuní con él hace unos días en el Parlamento. Se mostró receptivo e interesado en el asunto, y prometió que propondría una PNL (Proposición No de Ley) al respecto, y que "se lo comentaría también a Montoro", refiriéndose al Ministro de Hacienda, ya que hablamos del problema que ha ocurrido con la presentación telemática obligatoria del IVA que se ha impuesto recientemente (sobre lo que haré un texto en breve). Como en otras ocasiones, quedo a la espera de acontecimientos. Así que os mantendré informados por esta vía.

La carta la remití a 14 de los 19 miembros de la Subcomisión de Estudio de las Redes Sociales del Parlamento, todos los que tenían email visible en la Web del Congreso: Ángeles Álvarez (Grupo Socialista), Julieta Micheo (Grupo Popular), Antonio Trevín (Grupo Socialista), Ricardo Sixto (Grupo Izquierda Plural), Ignacio Sánchez Amor (Grupo Socialista), Carlos Salvador (Grupo Mixto), Pilar Marcos (Grupo Popular), Gaspar Llamazares (Grupo Izquierda Plural), Rafael Larreina (Grupo Mixto), Jordi Jané (CiU), Joan Feliú (CiU), Conrado Escobar (Grupo Popular), Susana Camarero (Grupo Popular) y Alberto Garzón (Grupo Izquierda Plural). De ellos respondieron dos, Sánchez Amor, que prometió leer el documento pero del que no he tenido noticias a fecha se hoy, y Conrado Escobar, que me recibió en el Congreso para hablar del asunto. Dos de catorce.



La imagen que ilustra este artículo está en Wikimedia Commons. Part of a seven-page letter written to Bell's parents in 1878 explaining how to use his newly-invented telephone. The letter sold for $92,000 in a 2012 auction in New Hampshire. Está en dominio público.

Epistolario (3 de 5)

He remitido esta carta a la Comisión de Sanidad del Congreso, con respecto al asunto de la supuesta suavización de la Ley del Tabaco en el complejo de Eurovegas.

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Señoría,

Quisiera hacerle partícipe, si lo tiene a bien, de mis ideas y opiniones, que son las de un ciudadano de a pie, con respecto a la polémica que se está iniciando con respecto a la posible suavización de la Ley del Tabaco en las instalaciones del recinto recreativo y de juego en proyecto en Madrid, conocido por ahora popularmente como “Eurovegas”.

Como usted bien sabe, el tabaco es actualmente la causa de muerte evitable número uno en occidente. En el caso de España, el número de fallecidos al año por causa directa del tabaco asciende a unos 50.000, según cifras oficiales. Le ofreceré esta cifra de otro modo, que a veces los grandes números nos pueden desorientar. Si dividimos esa cantidad (insisto, oficial de la mano de las autoridades médicas), por los 365 días del año, nos da tantos muertos al día como si cada día de ese año en el Aeropuerto de Barajas se estrellara un Airbus 320 con todos sus pasajeros, y sin supervivientes.

Vista así, la cifra es mucho más escalofriante. ¿Toleraría nuestra sociedad ese número de muertos en el transporte aéreo sin un escándalo global? Seguramente al tercer accidente se cerraría el espacio aéreo español hasta que se averiguara qué es lo que pasa. Pues el tabaco mata a toda esa gente.

El tabaco él solo mata más que todos los accidentes de tráfico, drogas, violencia callejera y doméstica, delincuencia, accidentes domésticos, incendios, enfermedades infecciosas y contaminación atmosférica por tráfico JUNTAS. Si no se fumara, el cáncer de pulmón no existiría -el 95% de los cánceres de pulmón lo causa el tabaco, el 4% restante el amianto y un 1% de otras causas, como la contaminación atmosférica-, pero es que el tabaco causa él solo más cánceres que todas las demás causas exógenas: boca, lengua, esófago, estómago, vejiga, pulmón, colon, intestino y a eso se suman las enfermedades que causa directamente, como la espantosa EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), el enfisema, enfermedades cardíacas, vasculares, cerebrales, retraso intelectivo, depresión... Entonces cabe preguntarse qué tiene el tabaco de especial para que lo toleremos.

Hasta los años 50 del siglo pasado los médicos no empezaron a investigar el daño que el tabaco causaba a la gente, pues se le consideraba antes como inofensivo, casi medicinal. Fue cuando los veteranos de la II Guerra Mundial, todos ellos grandes fumadores (se le obsequiaba a cada soldado con su ración periódica con una chocolatina y... un paquete de tabaco), constituyeron la primera masa poblacional observable que empezaron a morir inexplicablemente por cáncer de pulmón, y otras patologías relacionadas (diversos cánceres de boca, esófago y estómago, EPOC, enfisema, accidentes cardíacos y cerebrales, etc.) en aquella población, la primera en la historia que permitía un estudio objetivo entre fumadores y no fumadores, estallaron todas las alarmas: el tabaco era un veneno letal. Desde entonces, como detalle curioso, la nicotina, el elemento adictivo del tabaco, y en sí también un veneno, se usa como eficiente insecticida.

En los años 60 el Surgeon General norteamericano (el equivalente a nuestro Ministro de Sanidad) lanzó la primera alarma basada en estudios objetivos, que se vieron corroborados en todas partes que se repitieron, y unos quince años después, en Japón, un grupo de médicos descubrió que el tabaco mataba igual a los que los fumaban que a los que no fumaban pero eran expuestos al humo de los cigarrillos que otros fumaban (el conocido como “fumador pasivo”, o “tabaco de segunda mano”), observando a las esposas no fumadoras de japoneses fumadores que consumían su tabaco en casa, y que morían por ser “fumadoras pasivas”. Recientemente se ha descubierto que peligrosas sustancias altamente cancerígenas contenidas en el tabaco impregnan las paredes, mobiliario, alfombras, sábanas, cortinas, etc. de las casas de los fumadores, añadiendo otro riesgo a la salud aunque no se fume ya en un lugar; esto se ha denominado “tabaco de tercera mano”. Desde los 50 los descubrimientos han sido desoladores (el tabaco causa miles de enfermedades, sufrimiento y daños evitables, y mata a 700.000 Europeos cada año). Una famosa causa judicial en Estados Unidos llevó a las tabaqueras a tener que pagar unas indemnizaciones gigantescas por negar los efectos letales del tabaco. Desde entonces, las tabaqueras han declarado una guerra silenciosa a los médicos, a los gobernantes, y a los legisladores.

Todo ello es un apretado resumen de cómo hemos llegado al Siglo XXI, con un objetivo sanitario básico que une a todo el planeta, puesto que el tabaco mata a millones y su uso es algo evitable -el problema es que causa adicción, y a un adicto las razones no le bastan- hay que irlo eliminando de las sociedades civilizadas, hasta lograr su erradicación (después de todo, el mundo vivó muy bien sin tabaco hasta que los españoles lo trajimos de América en el Siglo XVI). No sólo porque causa la muerte directa de sus consumidores (de cada dos fumadores uno morirá a causa del tabaco, el porcentaje es brutalmente alto) sino por la muerte indirecta de los “fumadores pasivos”, que inocentemente, respiran aire contaminado por el tabaco y pueden seguir el mismo destino trágico que los fumadores.

Justo para proteger a los fumadores pasivos, nacen las leyes de prohibición de fumar en lugares públicos. En España la Ley actual ha sido un éxito tal que he asistido en varias ocasiones a gente amonestando a fumadores por no obedecer la ley, algo inédito en este país tan poco caro a las leyes. Tiene un apoyo altísimo entre la población, que disfruta de las ventajas y la salud de compartir ahora espacios libres de humo (el apoyo asciende a un 85% entre la población general según las encuestas; pocas, poquísimas leyes conciertan tanta unanimidad, y a un 65% entre los fumadores). No olvidemos que en un país en el que un 27% de los ciudadanos (en descenso) fuman no se puede exponer a una dictadura tóxica y contaminante, y letal, a un 73% de la población. Es algo intolerable que una minoría adicta fuerce a una mayoría a enfermar.

Se ha calificado entre la profesión médica a esta Ley como uno de los proyectos de salud pública más importantes en términos de salvar vidas desde la instalación de alcantarillado público en las ciudades (S.XVIII). Nuestra Ley se usa como ejemplo de civilización y conquista social en todo el mundo, y nos ha colocado en la cabeza entre los países desarrollados en la protección sanitaria. Es un motivo de orgullo, además de una estupenda manera de desarrollar la Directiva Europea y el Acuerdo Marco de la OMS que firmamos (como país) en 2005. Se calcula que, desde su aplicación en 2010 hasta hoy, ha salvado 15.000 vidas humanas. ¡Quince mil personas han sobrevivido gracias a algo tan simple como prohibir fumar en lugares públicos! Han disminuido en un 20% los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio -el tabaco es la principal causa- y en general de todas las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Sé de hecho que las tabacaleras, empresas que, si hoy en día llevaran su producto a un control sanitario rutinario no podrían comercializarlo -no olvidemos que el tabaco si se consume según las indicaciones lleva a la muerte al consumidor-, lo que de hecho no las convierte precisamente en ejemplos de conducta empresarial, tienen mucho poder y dinero, y su acción de lobby es poderosa. Estudios realizados en España y Europa demuestran bien a las claras -esto es público, por cierto, basta googlear un poco para saberlo- que son las que mantienen asociaciones gremiales como la de Hostelería o clubes como “Fumadores para la Tolerancia” que se usan para crear alarma social e influenciar a los políticos. No es lo más moral del mundo usar a adictos desesperados para presionar, y eso por ejemplo hace la citada asociación, que usa la palabra Tolerancia de forma harto libérrima. A esto se añaden los poderosos lobbies profesionales que suelen visitar el Congreso de los Diputados.

Uno de los principales aliados de las tabaqueras y de su juego sucio para adaptar la legislación a su favor en Estados Unidos, según se ha sabido recientemente, son las formaciones extremistas norteamericanas que abogan por la libertad máxima del individuo y la mínima legislación restrictiva, como el Tea Party y el Partido Republicano. A ambos pertenece Seldon Adelson, el magnate que está detrás, como sabe, del proyecto de Eurovegas y uno de los principales financiadores de la campaña de elecciones de los Republicanos y del Tea Party. Pero ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienen las tabaqueras de que se suavice la ley en unos salones de juego en Madrid? La explicación es bien sencilla.

Es justo en Europa donde las tabaqueras quieren y desean torpedear lo antes posible estas legislaciones restrictivas sobre el consumo del tabaco en lugares públicos, por lo que consentir un cambio legislativo de este calibre les estaría haciendo el juego a esos intereses inconfesables. Porque en Europa se inician siempre las corrientes legislativas que luego el resto del mundo adapta y asume. Porque en Europa es tradición que se respete a los trabajadores y la protección de la salud, y que se use como ejemplo para otros continentes y países. Por eso quieren que en Europa, especialmente en España, se suavice la Ley. El resto vendrá en cascada: los casinos pedirán un trato igualitario y que la Ley se suavice también para ellos. Y con ellos vendrá la hostelería (todos estos gremios tienen sus asociaciones financiadas por las tabaqueras, no lo olvide). Finalmente, la Ley volvería a los supuestos de 2006. El país habría perdido una batalla que ya había ganado. Piense en las vidas que esta Ley ha salvado, Señoría. Por favor, no inicie la bola de nieve que lleve de nuevo a la catástrofe sanitaria.

La pregunta es si como nación queremos eso, ahora que todo el mundo nos mira precisamente por la posibilidad de que relajemos la legislación (precisamente por eso somos objetivo prioritario de las tabaqueras). Por otro lado, esa relajación difícilmente pasaría el filtro constitucional, pues al ser la condición de fumador pasivo de los futuros camareros de Eurovegas una causa de alto riesgo laboral evitable, se tornaría la laxitud inconstitucional por vulnerar los derechos de los trabajadores.

Al mismo tiempo se trata como sabe de una Ley Básica, que no puede ser “relajada”, sólo endurecida, en su aplicación local. Eso ya lo comprobaron las autoridades autonómicas de Madrid cuando quisieron relajarla y el propio TSJM rechazó las reformas. Todos los madrileños, en tiempos de crisis, tuvieron que pagar las costas de un juicio que se habría ahorrado la Comunidad, sabiendo que los cambios no eran legislativamente posibles, algo que cualquier Abogado del Estado sabe.

Las apuestas están altas, señoría, y nunca mejor dicho, en el caso del Juego, pero quiero transmitirle la visión de que lo que está en juego es mucho más, es un asunto de soberanía nacional, de protección del más débil ante el más fuerte, de salud pública y de importancia mundial. Y le diría que es un asunto de Derechos Humanos. Esta Ley fue aprobada por el Gobierno Español por unanimidad de todo el arco parlamentario. Antes de su aplicación, el simple hecho de permitir fumar en los bares mataba a 1.000 trabajadores de hostelería cada año por ser fumadores pasivos. Esta Ley cuenta con el apoyo de todas las sociedades médicas, científicas y de consumidores del país. La única vía de eliminar muertes es esta, no se puede negociar con los adictos a una sustancia, ellos creen que son libres y que se “coarta su libertad” cuando se les pide que no fumen en un lugar determinado, pero ese es el autoengaño del adicto, no existe el “derecho del fumador”, pues no existe el “derecho del adicto al tabaco”, eso es fraseología de las tabaqueras. En cambio, el derecho a la salud, está en nuestra Constitución.

Esta ley ya ha causado beneficios: El descenso de muertes por cardiopatías asociadas al tabaco y de ingresos al respecto es impresionante, como ha pasado en todos los países de nuestro entorno, ya que la prohibición lleva a mucha gente a dejar de fumar, que es en muchos casos su única esperanza de supervivencia.

Es una Ley de hombres buenos que nos hace mejores.

Los métodos de "separación" o de "extracción de aire" de los que se habla para la posible aplicación en Eurovegas son totalmente inútiles, algo que toda la literatura científica declara unánimemente, como han demostrado decenas de estudios médicos, ya que no remueven las partículas más letales del tabaco, las conocidas por 2,5PM. Todo lo que se hable de "extracción de aire" para eliminar los peligros del tabaco en locales públicos es invención de los fabricantes de esos aparatos y de las tabaqueras, y está totalmente desacreditado por la comunidad médica. Quien le diga lo contrario, está intentando engañarle. Con una búsqueda en Google podrá conocer la verdad.

Observe que no he entrado en los beneficios que aportará Eurovegas al empleo, etc. Usted sabe que Eurovegas se hará si se financia, y en ello están trabajando sus responsables. Lo del tabaco es secundario. Es sólo el lobby del tabaco, las tabaqueras y sus medios de presión las que quieren ponerlo en la primera página. Esta carta no es contra Eurovegas. Es contra el cambio de una de las mejores Leyes de nuestra joven Democracia, que puede generar un efecto dominó internacional de consecuencias insospechadas.

Señoría, sólo soy un ciudadano -y fumé hasta los 34 años, para mi era un placer hasta que me di cuenta que ser adicto a algo no entraña placer alguno, sino esclavitud; por cierto aprovecho para felicitar al Presidente por haber dejado el tabaco hace unas semanas- que cree que se puede cometer un error que afectará a muchas más personas y causará muchos más daños de los que parece a primera vista. El mero hecho de tocar nuestra Ley del Tabaco para Eurovegas es algo que las multinacionales del tabaco, inisto, no precisamente las empresas más modélicas del mundo, están esperando como agua de mayo. Somos un globo sonda para el mundo. Ojalá nos mantengamos firmes, señoría.

Sin otro particular, agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente y desearle todo lo mejor en su labor.


Si bien este asunto se "resolvió solo" al irse Adelson a otros territorios con su proyecto -lo que genera no pocas dudas sobre si esto era un señuelo para negociar ante terceros, jugando con la, no buena voluntad, sino servilismo, de la clase política española, algo digno de estudio-, es sorprendente la reacción que obtuve; o la ausencia de ella más bien. La carta fue remitida a 29 miembros de los 75 que integran la Comisión de Sanidad del Parlamento:  ¿Cuántos respondieron a la carta de una forma u otra? Nadie. Ninguno. None. Zip. Significativo. Siendo justos diré que uno de ellos, Gaspar Llamazares, ha respondido en otras ocasiones a escritos análogos -tabaco, Eurovegas- que le he remitido directamente a su email del Congreso, e incluso ha convertido varias preguntas mías al respecto en Preguntas Parlamentarias que el Gobierno ha tenido que responder. Por tanto Llamazares ha dado respuesta anteriormente a varias misivas mías, y no tenía que responder a esta, que era redundante para él, pero no para los 28 miembros restantes de la Comisión. Y dos añadidos para los responsables de la web del congreso: 1) por favor estandaricen las direcciones de email. Conviven nombre.apellido@congreso.es con sigla.apellido@congreso.es, apellido.sigla@congreso.es, siglaapellido@congreso.es, apodosigla@congreso.es o cualquiercosa@congreso.es y así desde luego no hay manera ¿Es que nadie les ha enseñado a estandarizar esas cosas? y 2) En las páginas de las Comisiones de la web conviven los miembros actuales y aquellos dados de baja, de modo que resulta harto farragoso diferenciar a unos de otros, y en ocasiones ni se cita que están dados de baja. Por favor, mejoren ese aspecto, sólo es cuestión de separar las listas, y no es tan difícil. Si hasta en estas cosas, que debieran ser elementales estamos así... en fin.


La imagen que ilustra este texto está en Wikimedia Commons. Satirical petition ostensibly written by Elizabeth Cresswell, Damaris Page and other brothel keeps to Lady Castlemaine, the lover of Charles II. March 1668. Está en dominio público.

Los Códices del Apocalipsis, en abril

Este es el título de mi nueva novela, que será editada en abril por Tyrannosaurus Books.

No os la perdáis. Os garantizo que merece la pena. Han sido cinco años de investigación.

Está basada en hechos reales.

Aquí podéis averiguar algo más sobre ella.

Miasma

Durante el tiempo de existencia de DUE, un colectivo de música experimental del que ya he hablado antes en este blog, decidí hacer trabajos sonoros en solitario con el seudónimo de "Miasma". Eran los años en los que empecé a hacer videocreación y algo de videoinstalación, y algunas de las propuestas que se me ocurrían no cuadraban con el trabajo colectivo, especialmente porque eran más orientadas a la creación de objetos (post-art, copy-art, y las propias instalaciones, que requerían canales sonoros) y jugando con el concepto del sonido como obra/representación artística.

La idea de algunas de las obras de Miasma es que en sí mismas son propuestas de ese tipo, y por tanto instalaciones. Remedando a la experimentación sobre celuloide de José Antonio Sistiaga -...ere erera baleibu izik subua aruaren... (1968-1970)- y otros, se proponían obras en las que se intervenía directamente sobre la cinta magnética con la que se registraban las grabaciones, utilizando grabadoras rectificadas. Así, surgieron obras como "Quiasma" o "Nocturno", que en sí mismas funcionan como conceptos de instalaciones sonoras, concebidas para ser percibidas en una sala totalmente oscura con capacidad para grupos pequeños de personas. Si bien las obras se grabaron, no se realizaron las instalaciones de sonido.

Miasma también creó obras más cortas. La canción "Barco de Sangre" armó un considerable revuelo en Canarias por la promoción que de ella hizo Radio 3. Eran los últimos años 80, y la radio pública musical era muy diferente a lo que es ahora. Se podían emitir cosas que ahora serían impensables

He subido la prática totalidad de la obra de Miasma a Jamendo.


La imagen que ilustra este texto es el logotipo con el que identificaba las obras de Miasma. Como en el caso de DUE, me encargaba del diseño de las casetes con las que se distribuían las obras a través de nuestro sello, El Consumidor de Cultura. En Jamendo se pueden ver las portadas de las obras, aunque en tamaño thumbnail.

El órdago

Dice Costas Lapavitsas, economista griego, en una interesante entrevista publicada por Eldiario.es, que los gobiernos que hagan políticas progresistas en Europa tendrán que salir del Euro. Esta frase encierra una carga de futuro y de poder que, manejada con inteligencia, podría poner en manos de un gobierno inteligente el destino de una europa futura. Las pistas son sencillas:

1- Efectivamente, cualquier país que quiera iniciar en la Zona Euro políticas progresistas va a vérselas con la Troika (CE+BCE+FMI para los no familiarizados con quién manda), y será duramente presionado. El pánico de Europa es el desequilibrio del déficit, y a ese becerro de oro lo sacrifica todo, incluidas vidas humanas, como estamos viendo a diario con las políticas de austeridad que nos vienen impuestas y que este gobierno y el que le precedió han aceptado con mansedumbre bovina.

Pero...

2- España es “too big to fail”. No pudo ser intervenida, no porque alguien haya hecho bien su trabajo aquí, sino porque intervenir España es el fin del Euro. España tampoco se puede ir de la Moneda Única, porque el Euro desaparecería (no sería grave volver a la peseta y recuperar el control de nuestra moneda, o al menos no tan grave como predicen los agoreros que trabajan para... ¡Oh, cielos, la Troika, qué coincidencia! Vendrían malos tiempos, pero pasarían pronto con una moneda barata y devaluable). Somos demasiado grandes. Y ese es nuestro poder. El que podemos usar en pro de nuestros ciudadanos.

Y ahí está nuestro órdago, nuestro poder y nuestra razón: podemos cargarnos el Euro si no se nos escucha, siempre hemos podido hacerlo. Y nuestra capacidad de negociación, que es muchísima, porque podemos agarrar a la Troika donde más le duele, está ahí, pero para usarla hace falta que nos gobierne gente inteligente, responsable y con conciencia cívica, no los herederos de la casta feudal que hacen estos bailes de máscaras que en España llamamos “política”.

Podemos hasta formar una coalición con los países que están siendo arrasados por estas políticas deshumanizadas (Irlanda, Grecia, Portugal e Italia) y plantear una salida masiva del Euro de los PIIGS si no se nos devuelven (entre otras cosas):

a) la soberanía en ciertas decisiones económicas y

b) el control ciudadano sobre las políticas macroeconómicas que están convirtiendo el continente en un erial.

No nos pueden decir que no, amigos, porque si nos vamos se acaba todo. El fin. The End. Bye, Euro. Hello, mal rollo.

Se puede hacer, sólo hay que tener la valentía de ponerte al sevicio de tu pueblo, no al de los intereses especulativos, hay que tener estadistas al gobierno del barco. Gente generosa y dispuesta a luchar por su gente, que son quienes les pagamos el sueldo, hasta las últimas consecuencias. Que insisto, para eso se les elige.

Y el reloj sigue contando. A ver quién se atreve. Tic, tac...

¿Otra salida? ¿En este escenario? No la hay, amiguetes, que diría Santiago Segura. No hay salida con una deuda soberana y privada impagable (sí: es IMPAGABLE), con varias burbujas a punto de estallar (China es la más peligrosa), y con el Estado en bancarrota (sí: está en BANCARROTA) exprimiendo a los españoles hasta la agonía. Ah, y con el pequeño detalle de una moneda única indevaluable controlada por unos tarados con MBA sumidos en la secta ideológica de la Escuela de Chicago.

No, no hay otra salida.

A ver quién tiene lo que hay que tener.

La imagen está en Wikimedia Commons, bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported. El autor es Vegas Bleeds Neon.

De cómo los delirios llegan a las leyes

“Beatísimo Padre, usted no podrá curar el mundo sino con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Sólo esta definición dogmática podrá restablecer el sentido de las verdades cristianas y retraer las inteligencias de las sendas del naturalismo en las que se pierden” (Cardenal Luigi Lambruschini, citado en Wikipedia a partir Luis Baunard -sin referencia a la cita-, en mensaje a Pío IX).

Llevo tiempo insistiendo en las injerencias, intolerables, que la iglesia católica en España, comete a diario en la vida cotidiana, política y social del país. Entre otras muchas, el proyecto de Ley del Aborto del Ministro Gallardón, aparte de desenmascararle como el fanático relgioso que es, trae consigo el concepto eclesial de un Estado Católico heredado de la dictadura franquista que apenas parece haberse enterado del paso del tiempo y el cambio en la sociedad.

Al final de la Guerra Civil, el beato Franco, hombre poco inteligente pero hábil, se encontró con la duda de qué modelo elegir para que su país se condujera en los años venideros. Por comodidad y posiblemente por pereza decidió entregar a una iglesia retrógrada y decimonónica la administración de la ideología imperante. Aquello fue llamado Nacional Catolicismo, como contrapunto irónico al Nacional Socialismo imperante en Alemania y que llevaría a uno de los momentos más atroces de la Historia humana, la II Guerra Mundial.

En nuestro caso, el Nacional Catolicismo, como era de esperar, perpetuó las formas feudales en la sociedad española del Siglo XIX y anteriores, y este país no entró realmente en el siglo XX hasta, posiblemente sus últimos 40 años. Ese pernicioso efecto creó una forma de pensar y de conducirse que impregna como un lodo a toda la sociedad española actual. Somos, lo queramos o no, los herederos de esas formas viejas, miserables y oscuras. Y la prueba de ello es cómo el país se conduce, manso e indeciso, en tiempos críticos como los actuales, y cómo las viejas formas y los más rancios modos siguen siendo los dominantes.

Pero no me meteré en eso, que es muy largo de explicar, y de todas maneras ya lo he comentado en otras ocasiones. Voy a la Iglesia Católica y su continuo entrometimiento en la vida personal de los españoles, con la aquiescencia de un Gobierno, el actual, que confunde legislación con moral personal, y que quiere a toda costa imponer su forma de ver el mundo a todo un país.

Voy a ello por el absurdo originario de los dogmas eclesiales que llevan a esas normas. La visión ultracatólica del aborto, profundamente acientífica y supersticiosa, proviene directamente de un Dogma católico prefabricado hace relativamente poco tiempo, en 1854. 

Asustado por la extensión entre los ciudadanos cultivados de entonces de la “filosofía natural” y de las “ciencias experimentales”, todo ello llamado “naturalismo”, algo que generaba para la iglesia la pérdida de fieles y el cuestionamiento de sus normas de conducta, el Papa Pio IX instauró el Dogma de la Inmaculada Concepción de María (véase la cita que abre este artículo). Previamente el asunto de la Inmaculada Concepción no era sujeto de Dogma, y la iglesia había sobrevivido así sin problema durante casi dos milenios.

Este Dogma explica que Jesucristo fue concebido de forma milagrosa en la Virgen, su madre, por “obra y gracia” del Espíritu Santo (una de las tres personalidades divinas, por cierto otro invento previo de la maquinaria eclesiástica; merecería la pena un día poner negro sobre blanco el origen de toda esta forma de ver la metafísica, que viene de un gigante llamado Aristóteles, un filósofo pagano que vivió siglos antes de Cristo, y que la iglesia del primer milenio integró en su doctrina básica, algo que casi todos los católicos prefieren ignorar), careciendo del pecado original que la Humanidad arrastraba desde los tiempos de Adán y Eva. No podía ser menos al tratarse del Hijo de Dios hecho carne. 

Esto permite colegir que el ser humano desde el momento de su concepión en el vientre materno es acto, es decir, es ser humano.

Esta forma de pensar obligatoria ha acompañado a los Católicos durante el siglo y medio transcurrido desde el establicimiento del dogma (otras ramas de la Iglesia Cristiana, como los Protestantes, no aceptan este Dogma, entre otros, pese a que Lutero se mostraba en sus escritos fascinado por el concepto, y su vida transcurrió siglos antes de la dogmatización del asunto) y les lleva a su modelo de concepción de la vida humana en el vientre materno (”desde el mismo instante de la concepción, por singular privilegio de Dios”, según el texto, Dios estaba en el vientre de la Virgen María en la forma de su hijo). 

Es decir, en un asunto que la ciencia ha resuelto durante el Siglo XX, la Iglesia se conduce por un dogma generado en tiempos previos a los descubrimientos científicos que llevaron a la resolución del problema.

En pocas palabras, si le preguntas a un católico informado y practicante sobre el origen de sus ideas respecto al aborto, te remitirá a la Inmaculada Concepción de María. Ese será su esquema de cosas. Si le cuestionas el asunto mediante la información científica disponible, que, insisto, ha resuelto el problema desde hace décadas, se revolverá insistiendo en el Dogma.

El católico no se planteará, por ejemplo, por qué niega el catolicismo los datos científicos, o lo más grave, el papel que otorga el Dogma a la mujer, que relega a un mero receptáculo de la semillia divina; a ser una cosa que se limitó a llevar en el vientre al Hijo de Dios, y a quien nadie consultó si quería o no llevarlo -obsérvese que, si bien la Inmaculada Concepción no atiende a la virginidad de María, su propio nombre “Virgen María” implica una condición virginal necesaria, y que su condición de Madre de Dios le viene impuesta-.

En fin, partiendo de mi concepto de que todo eso no es más que un castillo de naipes, un cuento parcheado por sucesivos Concilios, como todo el catolicismo, la pregunta es si una fábula debe de guiar las vidas humanas en las sociedades actuales.

El propio texto del Dogma, termina así: 

“... afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo-Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe de ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por Dios ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia y que si además osasen manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho” (Bula Inefabilis Deus).

Obsérvese la amenaza, y cómo fácilmente el Dogma puede pasar a “las penas establecidas por el derecho”, que si bien se refiere al Derecho Canónico -negar un dogma implica excomunión-, se extrapola con total irresponsabilidad en España al Derecho general, Gallardón y similares mediante.

En la mayoría de los Estados de nuestro entorno, este debate entre Iglesia y Estado terminó hace muchos años, y se ha colocado a las iglesias en el lugar que les corresponde: el de las conciencias personales de sus fieles. En España seguimos en otro siglo.

La prueba definitiva de que la España decimonónica, autoritaria, pía y negra sigue plenamente viva, es que tapados ultrarreligiosos como Ruiz Gallardón lleguen a ser Ministros de Justicia saltándose todos los filtros y acaben generando objetos inefables como su Proyecto de Ley del Aborto, que no sólo va en contra de toda la norma sanitaria y de puros derechos humanos de Occidente, sino que mueve al asombro a cualquier observador neutral, y ha despertado viejos fantasmas en una sociedad que había elegido cerrar el asunto y consensuado una legislación acorde a nuestro entorno civilizado.

Ahora, los fanáticos vuelven a la calle, las manifestaciones frente a las clínicas donde se practican abortos, los crecidos obispos soltando furibundas alaracas preconciliares, las amenazas e insultos de los más radicales a la mayoría ciudadana se multiplican. Todo eso es causado por la pésima gestión de su cargo de Ruiz Gallardón, un hombre que parece vivir en otro planeta, en otro lugar y sobre todo en otro tiempo, a pesar de que te lo cruces por las calles de Madrid paseando a su perro, como si fuera una persona normal, y no un obseso religioso que pasea dentro de una burbuja mental, moral y social.

Una de las muchas cosas pendientes que tiene España para entrar en el siglo cronológico en el que vive todo nuestro entorno occidental es romper con estos, poderosos todavía, restos de un pasado que creíamos olvidado, pero que seguía ahí, agazapado, en las esquinas oscuras, húmedas y siniestras de las iglesias y los confesionarios. 

En España no ha terminado el Siglo XX, ni mucho menos, el XIX.

Hoy en Madrid se manifiestan miles de personas llegadas en el Tren de la Libertad. Ojalá paremos esto lo antes posible.

El poster, que muestra al mago Harry Kellar realizando un truco de levitación, es de 1894 y consta como autor en Wikimedia Commons la empresa Storbridge Lithography, Co. Una pena que no haya datos sobre el pintor. Está en dominio público y proviene de los Archivos de la Librería del Congreso.

Epistolario (2 de 5)

A continuación iré posteando varias cartas que he ido remitiendo recientemente a las Comisiones del Congreso de los Diputados, así como a otras instituciones.

He intentado hacer llegar a algunos responsables públicos mis impresiones e ideas sobre ciertos asuntos que creo pueden ser de interés. 

Esta primera la remití a varios Ministerios, a la Dirección General del ICAA, etc.

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Saludos,

Mi nombre es Elio Quiroga-Rodríguez. Soy director y productor de cine afincado en las islas Canariaa. He estado en la Junta Directiva de FAPAE, soy miembro de EGEDA y ACEPA, donde hemos desarrollado para Canarias documentos que considero claves, como el Libro Blanco del Audiovisual Canario o las Conclusiones de las Cumbres Audiovisuales de Canarias. Asimismo he producido dos largometrajes hasta ahora, diversos cortometrajes, así como otros productos audiovisuales (series, videojuegos, software de entretenimiento).

Como productor independiente al frente de una pyme -ultrapyme realmente- he pasado por la experiencia del negocio del cine en todos sus aspectos, que pasan por las ayudas al Cine en España, trabajando directamente con el ICAA, desde el inicio de los proyectos hasta la entrega final de las copias. Asimismo tengo experiencia en venta a televisiones, créditos ICO, etc. en esas mismas películas. Al ser un productor muy pequeño en muchas ocasiones me he visto siendo la única persona que lo hace casi todo en la producción a efectos de trámites, desde llevar la primera copia a Cabina a solicitar los cartones de calificación o preparar el producto para su venta internacional.

A lo largo de estos años hemos generado a partir de unos 700.000 Euros que han obtenido en ayudas públicas del ICAA unos beneficios al estado de aproximadamente 2.500.000 Euros, tirando por lo bajo. Las producciones que he realizado se han vendido además muy bien en el extranjero, 40 territorios en el caso del largometraje de terror “No-Do”, y 35 territorios en el caso del largometraje de ciencia-ficción “La Hora Fría”. Gran parte de nuestros ingresos han venido de esta vía por lo que nos hemos convertido en exportadores netos.

El haber bregado con la legislación española en todos los aspectos y haber tenido que hacerlo sin intermediarios me ha dado una cierta visión del estado de cosas del cine en España, del que las ayudas son parte importante, si no vital. Muchos arriesgamos nuestros patrimonios en esas producciones, por lo que estamos siempre a punto de sufrir una catástrofe financiera, algo por otro lado bastante normal en las empresas pequeñas, con igualmente pequeño margen para el error.

Y precisamente por ese contacto directo, y por haber asistido tantas veces a reuniones de FAPAE y ACEPA en las que he podido escuchar los problemas que sufren otros empresarios como yo, creo haber encontrado una modesta propuesta que quisiera hacer extensiva a ustedes.

En ocasiones, cabe aplicar ese viejo adagio, creo que acuñado por Bert Lance, que dice lo de “si funciona, no lo arregles” (“If it ain't broke, don't fix it”). En el caso de la legislación de cine en España, gracias a ella nos hemos puesto en el mapa del cinema internacional, nuestras películas y creadores tienen merecida fama mundial, exportamos cine y, desde el punto de vista económico, cada Euro que el Estado invierte en cine lo recupera multiplicado por tres. No creo que sea la mejor legislación posible -todos los países más desarrollados de nuestro entorno europeo tienen legislaciones más favorables al negocio del cine-, pero en cambio la experiencia de su aplicación durante varias décadas lo ha convertido en una herramienta que funciona.

Todo esto me hace plantearme que la norma existente, con sus problemas ciertos e indudables, mejorable, sí, imperfecta, también, es en estos momentos lo mejor que podemos tener. Sustituirla por una futura ley de mecenazgo puede ser un gran problema sobre todo porque esos pasos radicales en lo legislado requieren desde un cambio en la mentalidad de los inversores y posibles mecenas (esto es, de toda la sociedad), hasta un cambio completo en la legislación que gira alrededor del asunto. Todo eso, llevado a cabo sin procesos de transición o interfiriendo con una legislación funcional, puede causar una catástrofe.

De ahí que me haya permitido escribirles esta carta, en la que les quisiera transmitir una posible solución de continuidad para el cine español. Mi propuesta, basada en la cita de Bert Lance, es mantener la legislación como está, si bien realizando unos mínimos cambios que la mejoren. Me explico, pues se puede resumir en dos puntos:

1-Sobre las ayudas sobre proyecto.

Creo que han funcionado muy bien. Estando restringidas como están a los llamados “nuevos realizadores” (los que han hecho como máximo 3 películas) y obras experimentales, sirven para favorecer al nuevo talento, pero cierran el acceso al cine más industrial, así como a los directores más veteranos, lo que genera un grave hiato en muchas carreras de grandes realizadores, e incluso su retirada de la profesión (lo que en tiempos de crisis se produce cada vez más). Con el fin de que ello no ocurriera, yo aconsejaría reforzarlas, acabando, eso sí, con el límite de los nuevos realizadores, de manera que cualquier proyecto pudiera obtenerlas por concurso de méritos en igualdad de condiciones. Esto al mismo tiempo ayudaría al cine español en general, ya que el grave problema de la falta de crédito bancario actual se vería parcialmente solventado por estas ayudas que se cobran a priori. Tal vez sugeriría crear una mínima distinción por género: experimental, documental, animación, ficción, de modo que hubiera diversas partidas para cada una.

2-Sobre las ayudas a posteriori.

El reforzar las ayudas a priori podría ir en detrimento natural, y no traumático, de las “a posteriori”, que como se sabe constan de dos tipos, las de taquilla, y las basadas en el coste. Si el reforzamiento de las ayudas sobre proyecto fuera suficiente, podría permitir eliminar las basadas en el coste y dejar únicamente las de taquilla, que siendo automáticas (se paga un 15% de la recaudación) premian el riesgo de los productores en taquilla, esto es, el cine más industrial, sin olvidar el mas pequeño e innovador, con un baremo independiente, ese 15% de la recaudación. Al mismo tiempo la eliminación del segundo tipo coadyuvaría a la desaparición del tristemente famoso “fraude de taquilla”¹

No planteo más cambios; eso sí, abogo por un reforzamiento de los fondos -comprendiendo los malos tiempos que atravesamos económicamente, sería algo a considerar a medio plazo-, o cuanto menos que no disminuyan. De esta manera, creo que se podría llegar a esa posición en la que “nadie está contento”, pero “todos están de acuerdo”, que al final es de lo que puede tratar el ejercicio de la política.

En fin, sólo quería aportarles mi grano de arena, esperando que sea de utilidad. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente, y desearles todo lo mejor en su labor.

1No obstante, el “fraude de taquilla” se puede eliminar totalmente con un seguimiento inspector remoto de las recaudaciones, que están afortunadamente informatizadas, con un coste mínimo. Cualquier tipo de fraude, que siempre está localizado en el proceso de exhibición, sería cortado de esta manera de raíz.


A la fecha de publicación de esta carta aquí, aparte de una amable respuesta de Susana de la Sierra, Directora General del ICAA, por email, así como de un par de funcionarios y el Jefe de Gabinete del Ministro, nadie con poder decisorio se ha interesado en discutir la propuesta. Esta carta due remitida a: Dirección General del ICAA, Gabinete del Ministro de Cultura y Ministro de Hacienda.


La imagen que ilustra este texto está en Wikimedia Commons. Intimate portrait of a man writing a letter. Año: 1900-1910. Autor desconocido. Está en dominio público.