Mira que lo he hablado, una, otra, otra, otra, y otra vez. Pero las cosas van a peor. He escrito esta pequeña carta que voy a enviar al Congreso, o al Senado, o a los dos, expresando lo que creo es un total despropósito: el florecimiento, arrasando con todo, de la pomposamente llamada "administración electrónica" española. Una forma más de cercenar derechos y complicar la vida a las gentes.
Las relaciones entre administraciones y administrados siempre han sido una asignatura pendiente en este país. La herencia de los tiempos pasados pervive, y el ciudadano que acude a pedir por sus derechos a las Administraciones no puede evitar sentirse una molestia que interrumpe el trabajo. De hecho, gran parte de las solicitudes de presaciones al Estado (Vbgr.: el paro) están formadas por rituales burocráticos innecesariamente complejos que pareciera que sólo buscan la humillación del ciudadano que se ve obligado a recurrir a ellos, como una especie de “medida disuaroria” previa.
A esto se añade ahora un nuevo elemento, la administración electrónica, esa especie de “milagro” que ha venido a hacer todo más fácil para todos. Pero no es así en absoluto.
Creo que se están vulnerando derechos fundamentales de modo alarmante respecto al uso de la administración electrónica en España, y sobre todo por su imposición al ciudadano, cerrándose las vías tradicionales de comunicación con la administración.
Me cuentan funcionarios de diversas instituciones (bibliotecas públicas, oficinas del paro, Agencia Tributaria) que les llegan muchos ciudadanos desesperados porque se encuentran repentinamente con que la administración sólo admite sus trámites por vía telemática, requiriendo ayuda, asesoría y formación a los funcionarios para que les rellenen los impresos vía web o les guíen por los entresijos de los complejos interfaces de usuario. En la mayoría de los casos no hay funcionarios preparados para ello, y son hasta los bedeles, o empleados públicos fuera de su horario de trabajo, los que han de asistir a esos ciudadanos.
Esto se está multiplicando, desde la aplicación Renta Web de este año, a la obligación de tramitar exclusivamente vía factura electrónica con la administración, que se impone desde 2017 a cualquier Pyme, pasando por centenares de trámites y notificaciones que han de realizarse ya sólo vía online.
Por todo ello quisiera mostrar estas apreciaciones:
1- La Administración Electrónica no puede ni debe ser impuesta a la ciudadanía mientras los requisitos que implica su uso sean onerosos para el ciudadano, pues está interfiriendo en la comunicación directa entre administración y administrados, lo que es un derecho fundamental. Esto es: en estos momentos para poder usar la Administración electrónica se requiere conexión a internet (no es gratuita ni un derecho básico ciudadano aún, estando administrada por un puñado de grandes empresas en forma de oligopolio), poseer un ordenador con unas características determinadas (no todo ciudadano se lo puede permitir), instalar unos determinados navegadores y unas determinadas aplicaciones (requieren formación en informática muy por encima del "nivel de usuario"), y hacer uso de identificadores que son de pago (una firma electrónica en este momento cuesta 28 Euros en la FNMT).
2- No toda la ciudadanía tiene acceso a los medios antes citados ni mucho menos, y esto se constituye en barrera para su derecho de interactuar con la administración en todo momento. La “formación digital” no llega a todos, ni tiene por qué llegar.
3- Los interfaces digitales de las diversas administraciones (locales, autonómicas y nacionales) son todos diferentes, están en su mayoría hechos con nulo criterio ergonómico, por personal no capacitado para ello, sin unicidad de criterios ni unidad de formatos. Actualmente manejarse por la administración electrónica en España es abstruso, complejo y francamente frustrante. Ejemplo de ello, la aplicación Facturae, generada para crear facturas electrónicas y de uso obligado para las Pymes: es incomprensible, innecesariamente compleja, parece desarrollada hace más de 20 años y que nunca haya pasado una fase de betatesting. Ítem más: procedimientos de registro electrónico que permanecen caídos durante días sin explicaciones a los usuarios por "problemas técnicos", lo que lleva a enormes cuellos de botella en aplicaciones críticas como aquellas que atienden las firmas electrónicas, pueden causar que los documentos remitidos no lleguen nunca a la administración y que el ciudadano no lo sepa.
4- Los registros electrónicos están sujetos a fallo, nadie garantiza que las comunicaciones se produzcan de manera fehaciente, y son, por supuesto, hackeables. Su aparente seguridad es una quimera, y es cuestión de tiempo de que ocurra un robo masivo de datos catastrófico, ya que el nivel de seguridad es nulo y en muchos casos amateur. El hecho de que una administración genere un recibo digital en estos momentos no aporta seguridad alguna de que la transacción se haya realizado.
Con estos cuatro puntos en mente, quisiera plantear estas iniciativas:
a) El registro convencional y la comunicación por vía postal han de ser un derecho fundamental del ciudadano que la administración ha de respetar siempre y sin excepciones, al menos mientras el punto 1 antedicho siga presentando agravios para sectores de la población: acceso a internet no gratuito en manos de un oligopolio privado, obligación de tener hardware y software y conocimientos técnicos de informática, trámites de pago para la simple identificación, amén de riesgos de seguridad y disparidad de interfaces. Estamos condenando a miles de personas a la cegera administrativa por un capricho procedimental.
b) La administración carecerá de prerrogativa alguna para imponer el trámite electrónico sobre el tradicional, y los dos habrán de convivir en todo momento, en aras del servicio al ciudadano. Hablamos de un derecho básico: el de una vía de comunicación bidireccional entre los ciudadanos y las administraciones, que ha de ser habilitado por todas las formas que sea posible y sin obstáculos ni barreras de ningún tipo.
c) Se habilitará un observatorio de la administración electrónica que velará por la homogeneización de los interfaces de usuario de las diversas administraciones, cuyas resoluciones serán de obligado cumplimiento, desde el que se habilitará un estándar de características y de ergonomía para todos los niveles administrativos, y que vigilará su cumplimiento de forma sistemática.
Se están vulnerando gravemente los derechos de miles de españoles en estos momentos por la imposición unilateral de la administración electrónica desde los diferentes estamentos estatales, y ocurre a diario. Ruego que se reconsidere esta política urgentemente. La administración trabaja para el ciudadano, y no al revés. El resultado que en realidad parece buscarse es disminuir el número de funcionarios públicos y que la ciudadanía haga su trabajo gratis et amore. Y eso no es lo que debe de perseguir un servicio público.
