Los espejismos de democracia que se extienden por todos lados en la Red de Redes tienen su reflejo más importante e intenso en las Redes Sociales. Gigantescos receptáculos (y traficantes) de información personal, diseñados por empresas transnacionales que escapan a las legislaciones locales con enorme facilidad, su enorme éxito global debería abrir la puerta a un debate intenso sobre las consecuencias a largo plazo de su uso.
Actualmente se ha puesto de moda el
llamado "derecho al olvido", una utopía inalcanzable que
se pretende legislar desde España sin comprender aún que el
fenómeno de las redes sociales, como Internet, no depende de
territorios ni de legislaciones locales, y que se requiere un acuerdo
transnacional definitivo que legisle la Red de Redes antes que nada.
Pero poner de acuerdo a naciones enteras en algo así garantiza que
Internet será aún por mucho tiempo una jungla en la que las leyes
nacionales no son de aplicación por mucho que se desee. Desear algo
muy intensamente, en ocasiones no basta. Es algo que saben los niños
cuando dejan de serlo. Pero nuestros legisladores parecen ignorarlo.
En este asunto de nuevo entra la pésima asesoría que el político
español, generalmente ágrafo en términos de tecnología y derecho
tecnológico (y en todo lo demás), sufre.
Todo ello, naturalmente convierte la
situación actual en una "tormenta perfecta", con una red
global de comunicaciones llena de potencial pero que en estos
momentos no permite obtener los beneficios adecuados a los operadores
que no sean globales o monopolísticos, y que arrasa con los derechos
de terceros de forma despiadada, de modo que la cantidad de nuevas
violaciones a los derechos de las personas en la nueva realidad de un
metaespacio público virtual como internet es de hecho global y
no-espacial, aumenta cada día (intimidad, inviolabilidad del
domicilio y las comunicaciones, derechos de autor, piratería global,
tráfico de datos, phishing, ciberacoso, pornogafía infantil,
troyanos, vigilancia remota, robo de la personalidad, hacking,
cracking, vigilancia gubernamental... ).
En España, donde no tenemos ciertas
barreras éticas que sí existen en otras naciones (vaya usted a saber por qué),
fenómenos como el robo de propiedad intelectual campan a sus anchas
y recorren la sociedad de forma transversal: jueces, políticos,
ingenieros, médicos, parados, autónomos, transportistas, comerciales o policías practican a diario el intercambio de
unos archivos que no les pertenecen y se ha creado la imagen
distorsionada de que existe un derecho a hacer algo que no es nada
más que robo de datos, algo penalizado por la Ley.
La tibieza de gobiernos enteros y sobre
todo su insoportable ignorancia, ha llevado al país a una situación insostenible
en ese aspecto, que distorsiona la escala de valores de varias
generaciones de ciudadanos que algún día tendrán que enfrentarse
con esas contradicciones en sus vidas personales.
La imagen la encontré en Wikimedia Commons. Publicidad de Atari en el periódico venezolano "El Nacional", del domingo 2 de Abril de 1978. Parece provenir de un microfilm. Autor: Omerta-ve. Está bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
La imagen la encontré en Wikimedia Commons. Publicidad de Atari en el periódico venezolano "El Nacional", del domingo 2 de Abril de 1978. Parece provenir de un microfilm. Autor: Omerta-ve. Está bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
