Tengo unos cuentos, desgraciadamente reales, para empezar este texto.
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Primer cuento. Mi amigo.
Mi amigo Pablo (el nombre es supuesto, la persona no) estudió conmigo en el instituto. Por esos azares crueles del
destino, hace años Hacienda le hizo responsable de una deuda de la
empresa familiar que su padre, él y su hermano llevaban adelante.
Les quitaron sus posesiones vía embargo, y, por mor de un invento burocrático
llamado derivación, les siguen quitando, mes a mes, parte de lo que aún siguen
debiendo, con intereses, claro.
Entre las muchas preguntas que me hago es si es lícito, o moralmente aceptable que el Estado que en estos momentos se lleva cada año seis meses de tu sueldo, haga eso con tu vida. Porque en mi idioma esto es destrozarle la vida a la gente.
Mi amigo tiene un hijo y una mujer, y en el matrimonio ambos trabajan, por que tienen dos sueldos, y sobreviven gracias al sueldo de ella, porque mi amigo tiene su sueldo embargado.
Mi amigo tiene un trabajo decente y
es un buen hombre. No ha hecho daño a nadie, sólo tuvo la desgracia de que en su día su familia no pudo pagar una
deuda que les explotó en la cara y de la que no eran responsables, y aunque lo fueran, no creo que ese sea el trato que se merece un ser humano.
Mi amigo
cada mes tiene que peregrinar a la oficina de Hacienda del lugar donde reside, a rogarle al
funcionario de Recaudación Ejecutiva que por favor le devuelva del
sueldo ya embargado el mínimo inembargable que le permite vivir. Siempre el mismo proceso, una y otra vez.
Mi amigo tiene
que pasar por esa humillación cada mes de cada año de su vida, desde hace una década. Nadie le respalda, nadie le
protege. Ante Hacienda no existe la tutela judicial efectiva a la que
todo ciudadano, en teoría, tiene derecho. Ante Hacienda mi amigo y
cualquier ciudadano están desamparados. Porque un legislador
desalmado hace años decidió que los ciudadanos, ante ciertas Administraciones del Estado, como Hacienda,
dejan de ser ciudadanos, son súbditos.
Este abuso de la
administración está ocurriendo cientos de veces al día en
esta España de comedores sociales repletos, de contratos de esclavos y de "recuperación económica", y si se enterara de ello el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se le iba a caer el pelo a Hacienda y a todo este sistema en
el que vivimos.
Segundo cuento. El INE y sus encuestas "voluntarias".
El INE acaba de multar a mi productora, una ultrapyme, con 350 Euros
por no rellenar una encuesta ininteligible que ellos han decidido unilateralmente que
estamos obligados a cumplimentar anualmente.
No tengo personal para
ello, no puedo hacerlo, pues tengo trabajo y apenas dispongo de tiempo libre. Y mi tiempo cuesta dinero.
¿Esas tenemos? Pues toma multa.
De nuevo, se embargará la cantidad de
mis cuentas. El INE, que por cierto hace ese trabajo usando dudosas
subcontratas privadas de las que nadie habla, se pasa por el forro de sus caprichos los más
elementales derechos ciudadanos y puede quitarte el dinero
directamente, sin que, por supuesto, nadie se plantee si eso puede
arruinarte o no. Como trabajador a cuenta propia mi tiempo es dinero, y si alguien quiere que le rellene una encuesta, que me pague las horas de trabajo, pero esto no. Así, no. Y menos que el INE tenga derecho a meter mano en mis cuentas bancarias.
Cuando una administración te embarga, no existe
registro alguno que implique cuál es la cantidad inembargable y
pueden vaciarte las cuentas porque simplemente esa información nadie
la tiene; y si quieres pedir tu derecho a tener el dinero que te permita vivir (ya lo han visto en el primer cuento), has de humillarte mes tras mes ante un funcionario, mendigándole que te de lo que es tuyo. Y sólo son un par de ejemplos. Pero, mirados desde fuera,
llamarían al espanto, creo, a cualquier legislador con un dedo de frente.
España ha destruido un derecho humano fundamental como es la tutela
judicial efectiva, en los casos que le resultan más convenientes. Y no pasa nada.
Y respecto a la encuesta del INE ¿En serio usan esos datos que se cumplimentan casi sin mirar en desespero para no perder el tiempo por la condenada obligación de hacerlos? ¿Es que así se puede obtener una estadística fiable de nada? Ellos saben que no tan bien como nosotros. Todo es parte de la gran mentira que es este país.
Tercer cuento. La Ley Antidesahucios.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de echar abajo ese pasteleo que se montó el
gobierno para hacer el paripé -ya lo expliqué de pasada
aquí- hace unos
meses y que llamaron “ley antidesahucios”; una inutilidad
completa resuelta de cara a la galería. Europa de nuevo saca los
colores a los incompetentes y cobardes leguleyos que, al servicio del
régimen de turno, no hacen nada haciendo creer que hacen algo. Una
Ley que es papel mojado y que permite que se siga expulsando a la
gente de sus casas y que se les convierta en muertos vivientes por
deudas impagables que les perseguirán todas sus vidas. Legislación para la prensa afín. Algo que personalmente me produce una enorme vergüenza.
¿El índice de suicidios ha aumentado en España? ¿Alguien se ha ocupado de buscarle causas, como estos intolerables abusos de la banca para con sus clientes? ¿Es demasiado horrible lo que planteo?
Cuarto cuento. Atlante.
Sistema Atlante II es el rimbombante nombre que recibe la
red informática que permite que los juzgados de Canarias crucen datos y funcionen de una forma más ágil.
En teoría.
Costó varias decenas de millones de Euros en un concurso muy extraño
y sospechoso (pero que nadie se atreve a investigar, como es usual). Y la verdad es que deja mucho que desear.
Porque Atlante no funciona.
Está programado tan mal que parece hecho
por monos, y está lleno, pero lleno de agujeros. Tantos, que
fácilmente puedes entrar en él y
borrar documentos judiciales que
pueden causarte problemas.
Y no pasa nada.
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Sólo
son cuatro cuentos que ocurren en un país sin rumbo,
pésimamente legislado, cuya administración cumple el triste adagio
de que cosa que toca, cosa que empeora.
He escrito sobre ello
anteriormente, y creo que esta es una de las constantes de los textos
que suelo publicar aquí. El desastre es tal, la suma de
legislaciones parcheadas y amontonadas de cualquier manera, de
Decretos Ley sin tino, de generaciones de Abogados del Estado
incapaces guiados por gobiernos desnortados y perdidos, de ignaros creando reglamentos, de mala gestión y peor implementación, que el cuerpo legislativo de España es un caos lleno de excepciones, normas contradictorias, destrucción de derechos civiles, y mil vicios más.
El otro día un amigo me decía que puedes desgravarte el tener un portátil para tu trabajo y en casa, es decir, de un ordenador tuyo, de uso personal, si aduces que "lo usas en casa para complementar el trabajo". ¿El origen de esta legislación es ayudar al ciudadano? No, su origen está en que los Señores Diputados puedan desgravarse sus Tablets y Smartphones. Y claro, para eso había que crear una ley ad-hoc, de la que los pobres ciudadanos podemos aprovecharnos, ya que no había otra manera de que sus Señorías pudieran beneficiarse fiscalmente de los trastos que les regalamos todos de nuestros impuestos. Al menos algo que nos beneficia, pero el origen del asunto, cuanto menos peculiar, es bastante triste.
Todo esto no se
repara con nuevas leyes ni nuevos parches. Se arregla como hacemos los informáticos
cuando nos encontramos un problema grave: acotándolo,
describiéndolo, y diseñando las soluciones posibles y el tiempo
necesario para implementarlas. Esto es, volviendo a empezar de cero.
España necesita libros
blancos. Cientos de ellos, y en todos los aspectos de su legislación. En todo su Código Penal, por ejemplo.
Pero también en las normas locales y autonómicas. En la legislación
general que rige las vidas de los españoles, y, por supuesto en su
Constitución. Hay que hacer libros blancos, describir la magnitud de
los problemas, diseñar las soluciones y ponerse en marcha para
arreglarlas.
Hablamos de un
monumental dislate que se ha mantenido así por incapacidad o
cobardía de generaciones de políticos, y que se ha empeorado
por la incompetencia o el utilitarismo de otros. Ha llegado el
momento de averiguar, honestamente y de una vez, qué funciona para el ciudadano y
qué no. Y ponerse manos a la obra. Y legislar por la gente, no en contra de la gente.
Para que gente honesta
que no ha hecho mal a nadie no sufra la incompetencia de terceros.
Eso sí, mientras
consintamos que incapaces, enchufados, comisarios políticos, mafiosos o
simples tontos lleguen a puestos de responsabilidad, esto seguirá
igual de jodido, podrido y cochambroso.
De nosotros depende.
En la foto, el político Leonard Abbott en una foto de un mitin en 1914.
La imagen está en Dominio Público. Está disponible en la División de
Impresiones y Fotografías de la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos bajo el código digital ggbain.16568.
