Vivimos en un Estado
democrático que todavía no sabe que lo es. No, no lo tiene nada
claro. Flotando entre normativas obsoletas y autoritarias, poderes
politizados hasta el hastío, medios de comunicación que sólo
trabajan para quien les financia, e instituciones anquilosadas en el
Siglo XIX, España no sabe todavía que es un país que se debe a sus
ciudadanos por encima de todo. Esto es algo que llevará muchísimo
tiempo repararlo, si es que se puede. Pero mientras eso no ocurra,
nosotros, todos, los ciudadanos, que no súbditos, de España,
seguiremos pagando las consecuencias.
Llevo años escribiendo
en este mismo blog de los horrores de la administración española,
una estructura anquilosada y creada (ella y la legislación que la
regula) en unos tiempos autoritarios, que sigue considerando a la
ciudadanía como un grupo de críos incapaces de conducir sus propios
destinos, que deben ser tutelados a perpetuidad.
Este modelo perverso de
ver las cosas se ha extendido recientemente a la llamada
“administración electrónica”, el mecanismo que permite a los
administrados relacionarse con sus administraciones vía internet.
También he pedido en muchas ocasiones que alguien ponga orden en ese
desastre tecnológico, pero como siempre como quien oye llover.
Acabo de vivir en mis
carnes otro ejemplo de este lío administrativo virtual en el que nos
quieren hacer vivir últimamente. Resulta que estaba por caducar el
certificado electrónico de mi productora, Zanzibar, la empresa con
la que hago las películas. Me llega un mail de la FNMT (Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre), que es la responsable de generar esas
suertes de “firmas” virtuales que te permiten identificarte, seas
persona física o jurídica, ante la administración mediante
Internet, recordándomelo. Y en ese mail me comentan tan felices que
ahora para renovar el certificado tengo que pagar. En mi caso, por
ser administrador único, 28 Euros.
Atención, que esto es
muy interesante: el derecho básico de identificarte ante una
administración, que generalmente se verifica vía tu DNI y/o, de ser
necesario, las escrituras de tu empresa de forma gratuita, ahora te
va a costar dinero. La propia FNMT, en un extensísimo texto
explicatorio en su web donde nos explica por qué hemos de pagar
-excusatio non petita...-, aduce que la causa es que ahora las
verificaciones para el trámite requieren una conexión con el
Registro Mercantil, que todos sabemos es esa institución
completamente inútil que se inventó esta nación hace mucho tiempo
para cobrarte por ponerte un sellito y anotarte en un listado cada
vez que tengas que hacer constar algo, pues eso, de relieve
mercantil. Uno de esos grandes inventos españoles, como las
todopoderosas notarías o los no menos poderosos registradores de la
propiedad.
Pues nada, ni corta ni
perezosa, la administración, la FNMT, el gobierno en resumen, ese
gobierno que se supone me representa y vela por mi, ha decidido que,
en vez de exigir la gratuidad de algo tan elemental como la
renovación de tu identidad digital, pues mejor es aceptar una semi
privatización del servicio, pagando al Registro Mercantil lo
que les pida.
Yo estoy obligado a
identificarme en muchísimos trámites online -cada vez más y en
muchas ocasiones de forma exclusiva, algo que además es ilegal, pero
no voy a meterme en ese jardín hoy- y ahora he de pagar por obtener
ese derecho. Por poner un ejemplo, es como si tuviera que pagar 28
Euros por renovar mi DNI (en realidad costaba 10,6 Euros más el coste
de la foto en 2016 según informa la Administración, con ciertas excepciones de gratuidad como familias
numerosas o cambio de datos) o mi Pasaporte (26,02 Euros más la foto
en 2016, también con gratuidad para familias
numerosas), dos documentos que son imprescindibles para mi vida
cotidiana pero que hay que realizar de forma presencial y cuya
renovación, salvo robo o extravío, ocurre cada 10 años. Pues nada,
lo dicho: por 28 módicos Euros puedes recuperar tu identidad virtual, pero con
una ligera diferencia con respecto a los anteriores: se trata de un
trámite online, absolutamente automático, que no requiere de la
participación de nadie y es instantáneo, y que debes de repetir
obligatoriamente cada 3 años. Sólo requiere un cruce de datos, algo
que no debería de costarnos nada. Pues es más caro que el DNI o el
pasaporte, y sin excepciones.
Por supuesto, nadie se
ha quejado, que yo sepa, de este nuevo, y silencioso, atropello a la
ciudadanía. Y cuando digo “nadie”, me refiero a nuestros
representantes elegidos en el Congreso de los Diputados, que creo
están para protegerme de asuntos como este.
En fin, no abundaré
más, aunque podría. Podría decir que uso Safari como navegador
en mi ordenador (un Mac), y no puedo utilizarlo para obtener mi
certificado, porque la FNMT no tiene soporte para él, sólo para Internet Explorer y
Firefox. Podría añadir que me he pegado un par de horas de sudores
fríos navegando por la ininteligible, fea y pésimamente explicada
web de la FNMT para intentar entender cómo rayos hay que hacer el trámite, y
sin comprender por qué se me bloqueaba constantemente un Firefox
recién actualizado. Poco a poco averigüé que tenía que bajarme e
instalar seis (¡¡SEIS!!) certificados electrónicos consecutivos de
su web, y luego, además, bajarme una extensión de implementación
de firma electrónica, si quería que aquel trámite funcionara. A la
quinta intentona (Complejidad innecesaria, el peor pecado de
cualquier interface), tuve finalmente renovado mi certificado digital como
administrador único de una sociedad, previo cargo vía VISA de 28
Euros, claro.
El modelo de
la administración en el Estado Español sigue ahí, impertérrito, en la nueva administración online, sin haber
cambiado apenas con el paso de los años: lento, lleno de obstáculos, innecesariamente
complejo, básicamente hostil, todo ello perfectamente implementado
en flamante código HTML. Estos signos, como pocos, expresan por qué
vivimos en un país que todavía no sabe que vive en el Siglo XXI, y
que sigue considerando a sus ciudadanos como súbditos, casi como
incapaces.
Y me temo, como tantas
veces he dicho antes, que esto no tiene remedio, porque el prejuicio
inherente a esta visión del ciudadano por parte de la administración
que debería servirle, no se cura ni en una década, ni en diez,
mientras no se quiera afrontar el problema.
Y un problema no se
afronta mientras no se le reconozca como tal.
Y la administración
española no considera esto un problema.
Está encantada de
haberse conocido.
Pd.: Como complemento a lo anterior, he tenido recientemente otro altercado añadido con la Administración digital. Se trata de un software de generación de facturas llamado Facturae, que ciertas instancias públicas obligan a utilizar a las empresas para que les facturen, desde hace poco. El programa es un espanto, está pésimamente desarrollado, instalarlo es una pesadilla, y utilizarlo un horror; no es ergonómico, añade complejidades innecesarias, no permite ni siquiera copiar y pegar, y parece creado por un psicópata. Muchos organismos públicos están imponiendo la facturación electrónica sin dar más opción a los ciudadanos, algo que como poco pone en indefensión a mucha gente. Y la atención y dudas sobre el programa te las resuelven en un teléfono 902 ¡La Administración Pública está utilizando teléfonos de tarificación adicional por prestar un servicio al que todos tenemos derecho! Ítem más: me comentaban recientemente que en las oficinas del paro se está obligando a los ciudadanos a que utilicen los trámites online siempre. Los funcionarios tienen órdenes de que los ciudadanos usen los misérrimos ordenadores que tienen en las oficinas del desempleo para que se busquen la vida con sus propios trámites, y se niegan a hacérselos ellos mismos, por órdenes de arriba, claro. Si eres anciano, apenas has manejado un ordenador en tu vida, ni sabes cómo mover un ratón, es tu problema. Este sadismo institucionalizado me muestra un feo aspecto de la administración que parece haber olvidado para quién trabaja, o más bien que lo tiene demasiado claro. Porque alguien, alguna persona en el organigrama de esas organizaciones ha dado esas órdenes, y nadie le rechista. Como consecuencia, en España vivimos en una especie de estado burocrático autoritario, en que la ciudadanía es tratada sistemáticamente como un grupo de siervos sin derechos. Llamar a esto desastre es poco. Cuando el mismo Servicio Público de Empleo Estatal (pomposo nombre) deja a la gente sin recursos, la más vulnerable, tirada porque no pueden pagarse ni su propia firma electrónica, ni tienen acceso a internet, entonces la palabra Servicio se vuelve un chiste. El desastre es de una magnitud descomunal, pero claro, como me comentaban, la gente ni se molesta en reclamar, tan sólo dejan de pasar por la oficina y sus derechos finalmente caducan, lo que lleva a que miles de personas en dificultades desistan de acogerse al paro. Y eso es estupendo para las estadísticas. Toda esa gente desaparece de ellas. Y con ellos, el problema. La triste realidad es que somos eso para la Administración española: un problema.
Pd.: Como complemento a lo anterior, he tenido recientemente otro altercado añadido con la Administración digital. Se trata de un software de generación de facturas llamado Facturae, que ciertas instancias públicas obligan a utilizar a las empresas para que les facturen, desde hace poco. El programa es un espanto, está pésimamente desarrollado, instalarlo es una pesadilla, y utilizarlo un horror; no es ergonómico, añade complejidades innecesarias, no permite ni siquiera copiar y pegar, y parece creado por un psicópata. Muchos organismos públicos están imponiendo la facturación electrónica sin dar más opción a los ciudadanos, algo que como poco pone en indefensión a mucha gente. Y la atención y dudas sobre el programa te las resuelven en un teléfono 902 ¡La Administración Pública está utilizando teléfonos de tarificación adicional por prestar un servicio al que todos tenemos derecho! Ítem más: me comentaban recientemente que en las oficinas del paro se está obligando a los ciudadanos a que utilicen los trámites online siempre. Los funcionarios tienen órdenes de que los ciudadanos usen los misérrimos ordenadores que tienen en las oficinas del desempleo para que se busquen la vida con sus propios trámites, y se niegan a hacérselos ellos mismos, por órdenes de arriba, claro. Si eres anciano, apenas has manejado un ordenador en tu vida, ni sabes cómo mover un ratón, es tu problema. Este sadismo institucionalizado me muestra un feo aspecto de la administración que parece haber olvidado para quién trabaja, o más bien que lo tiene demasiado claro. Porque alguien, alguna persona en el organigrama de esas organizaciones ha dado esas órdenes, y nadie le rechista. Como consecuencia, en España vivimos en una especie de estado burocrático autoritario, en que la ciudadanía es tratada sistemáticamente como un grupo de siervos sin derechos. Llamar a esto desastre es poco. Cuando el mismo Servicio Público de Empleo Estatal (pomposo nombre) deja a la gente sin recursos, la más vulnerable, tirada porque no pueden pagarse ni su propia firma electrónica, ni tienen acceso a internet, entonces la palabra Servicio se vuelve un chiste. El desastre es de una magnitud descomunal, pero claro, como me comentaban, la gente ni se molesta en reclamar, tan sólo dejan de pasar por la oficina y sus derechos finalmente caducan, lo que lleva a que miles de personas en dificultades desistan de acogerse al paro. Y eso es estupendo para las estadísticas. Toda esa gente desaparece de ellas. Y con ellos, el problema. La triste realidad es que somos eso para la Administración española: un problema.
