España bajo el sesgo cognitivo

España bajo el sesgo cognitivo

por Elio Quiroga

(Article)

En las últimas décadas las ciencias que se encargan de estudiar la mente humana han descubierto incontables limitaciones en el proceso que genera nuestro pensamiento. Algunas de ellas tienen consecuencias en nuestra vida diaria que apenas sospechábamos. Ente las más interesantes se sitúa el sesgo cognitivo, una forma de interpretar los datos que percibimos, filtrándolos con nuestros prejuicios, que nos puede llevar a conclusiones erróneas. Se trata de tendencias fundamentalmente irracionales, ancladas en lo más profundo de nuestros cerebros, que pueden condicionar nuestras decisiones. Los científicos han creado herramientas para que los estudios que realizan no queden contaminados por esas peculiaridades de nuestro pensamiento, pero en otros aspectos de la vida eso no ha ocurrido.

En unos momentos tan difíciles como los que pasamos, de salvaje crisis que exigen al legislador tomar decisiones de máxima gravedad es cuando el sesgo cognitivo, el prejuicio y tantas otras ilusiones generadas por nuestra mente, pueden tener consecuencias graves. Y la libertad del yugo del prejuicio deviene directamente relacionada con la formación intelectual del individuo.

Platón abogó hace 2500 años por un “gobierno de los mejores”, que permitiera que los filósofos y los más preparados fueran quienes llegaran a puestos de responsabilidad. En nuestro país, el que podríamos llamar “darwinismo de los partidos” lleva a todo lo contrario. El más brillante o preparado es sistemáticamente expulsado del sistema, salvo excepciones, y generalmente llegan a los puestos más altos los más capacitados para... funcionar dentro del sistema de partidos.

La baja formación del político español es también una puerta abierta a los errores cognitivos. La superstición campa por doquier (en Canarias es vox populi que muchos políticos recurren cotidianamente a la ayuda de magos y futurólogos), el prejuicio, la incapacidad comprender las herramientas que nos permiten comprender la realidad, desde una estadística o un porcentaje a una regla de tres, abren peligrosas puertas a las presiones de grupos de poder sobre el político, que queda desarmado ante ellas. Un político incapaz de entender por ejemplo la inextricable factura de la luz española lo tendrá realmente difícil para negociar con el lobby energético; o, si dirigiera la sanidad del país o de una Comunidad y no supiera leer los cálculos de la incidencia del cáncer de pulmón en la zona geográfica que administrara difícilmente podría rebatir los argumentos del lobby del tabaco, por poner otro ejemplo.

Para legislar sobre cualquier aspecto de la vida hay que entender, siquiera someramente, cómo funcionan los sistemas, cómo un ligero cambio en un detalle puede causar efectos en otros aparentemente poco relacionados. Para ordenar una ley hay que entender a quiénes afecta y qué pasará con otros colectivos que dependen de esos afectados directos. Para crear una medida determinada, hay que hacer prospectivas, simulaciones, buscar ejemplos en otros países, consultar estadísticas, hacer previsiones a años vista, interporlar, extrapolar, correlacionar, deducir, inducir, y en resumen, tener una mínima formación científica, matemática y técnica.

Sin embargo la inmensa mayoría de nuestros líderes políticos provienen del mundo del Derecho, una “carrera maría” en la que el desdén por a matemática es bien conocido. En España los ingenieros, matemáticos, físicos, químicos o economistas se ven relegados a tareas profesionales marginales en el mundo institucional, dominado por abogados del estado, notarios, o registradores de la propiedad. En resumen, las personas con las herramientas mentales necesarias para comprender el mundo no son escuchadas por unos gobernantes que carecen de las herramientas intelectuales necesarias para comprender el mundo en el que viven.

En este estado de cosas no debe sorprender que un político pida a una imagen de escayola que el paro baje, o que se conceda una medalla al mérito a un trozo de madera. Porque entre el enorme fracaso de la clase política española está sobre todo la clase eclesiástica, abandonada por la población hasta lo residual, pero con un increíble grado de poder fáctico, gracias a sectas de gran poder cabildero que se han filtrado en la judicatura y los ministerios.

No es extraño que en este estado de cosas miles de enchufados, consortes, sobrinos, hijos y demás familia ocupen puestos de responsabilidad incluso en empresas públicas, causando desastres sin nombre que al final acaba pagando la población. La ausencia de formación científica produce monstruos, desde cajas quebradas a IPCs falseados. Desde televisiones autonómicas arruinadas hasta empresas privatizadas. La desgracia de unos líderes cuyo pecado es no comprender el mundo nos lleva al abismo.

Los grupos de presión: el singular caso de la iglesia católica

Uno de los lobbies más activos y poco conocidos en la actual estructura de poder de España lo conforman varios grupos de tendencias conservadoras que residen en el seno de la iglesia católica. Estos grupos los forma una minoría residual en número, pero de gran poder económico, en unos tiempos en los que el catolicismo está en franco declive en el país (menos del 13% de los españoles son católicos practicantes según Wikipedia). Sin embargo, en contra de una corriente social mayoritaria, al menos un 85% de los ministros del actual gabinete pertenecen a estos grupos católicos integristas, de modo que los prejuicios y sesgos cognitivos de una minoría altamente conservadora que difícilmente llega al 0,009% de la población del país, (datos de filiación del Opus Dei y los Legionarios de Cristo) están forzando la legislación basándose en sus perjuicios religiosos, o injiriéndose en el comportamiento personal y privado del 99,91% restante. La distorsión es tan enorme que merece la pena detenerse a pensar si es lo mejor para todo un país dejar la modificación de legislación y norma colectivas en manos de los miembros de un grupo integrista.

Esto hace aún más grave el asunto, pues a la ignorancia y la incapacidad de comprender las consecuencias de sus medidas políticas, se suma el fanatismo religioso. Una doble venda en los ojos terriblemente peligrosa en un mundo hipertecnologizado como este en el que vivimos, y en mitad de una crisis que necesita más que nunca objetivos a largo plazo y capacidad de comprensión de miles de variables. La tormenta perfecta. La peor situación posible. Estamos en mitad de una tempestad devastadora, nuestro barco se hunde y en vez de pedir ayuda a los ingenieros que lo construyeron y lo pueden reparar o a los meteorólogos que nos ayudarán a salir de ella, o al capitán que sabe leer cartas de navegación, permitimos que lo comande un fanático integrista mano a mano con un capitán que estudió derecho romano.

Este es uno de los aspectos más graves de la falta de formación intelectual del político, su vulnerabilidad a presiones de grupos ajenos a las necesidades de la mayoría de la población. Y en gran medida muchos de los problemas que actualmente sufrimos en España en términos de legislación (tasas judiciales, leyes obsoletas, incapacidad de cambios legislativos de calado, polarización, prejuicios para modificar el texto constitucional, inacción sistémica) y aplicación de la ley (alta represión, redes clientelares, corrupción) se deben a una profunda falta de formación intelectual entre la clase política que en cierta medida se comporta como un grupo de niños. Los niños carecen de capacidad para comprender las consecuencias de sus actos; tal es así que jurídicamente se consideran "irresponsables".

Un frankenstein legislativo

Todo esto mantiene a España en un retraso legislativo que llama ya a la alarma; son demasiados los aspectos de nuestras leyes que fallan, sea por obsolescencia, por inadecuación a la realidad social, o por falta de coraje para romper con el pasado. Desde una Ley Hipotecaria con 103 años que está causando enormes sufrimientos a miles de personas a legislaciones chapuceras y parcheadas en aspectos tan delicados como la hacienda pública, el código penal, o las medidas contra la corrupción, pasando por la aplicación del prejuicio ideológico a la norma (la privatización como el nuevo grial es un ejemplo perfecto: sin realizar estudios de casos similares, sin prospectivas, encuestas ni simulaciones numéricas, y lo que es más grave aún, sin negociación, la Comunidad de Madrid se está lanzando a privatizar la gestión de varios centros hospitalarios, cuando el simple vistazo a un case study como la experiencia valenciana de una acción similar en el pasado mostraría sus desastrosas consecuencias).

Los legisladores, movidos por los vientos y las presiones de los lobbies, han creado con los años un enorme frankenstein legislativo, parche sobre parche, que corre el riesgo de derrumbarse sobre sí mismo con consecuencias imprevisibles (otro ejemplo de ausencia de pensamiento en la clase política es concebir que aparatos legislativos parcheados y viejos no tienen consecuencias ni ejercen presiones sobre la población); y las señales están ahí, pero hay que tener una mínima formación para poderlas ver. Al mismo tiempo, el ciudadano carece de herramientas para fiscalizar las acciones -o inacciones- legislativas de las que es víctima.

Se está legislando desde el llamado “pensamiento mágico”. El legislador no estudia las consecuencias de la norma que diseña, sino que confía y “expresa su fe” en que funcione, confundiendo, en una falacia intelectual básica, deseos con realidades. Así no se puede dirigir el destino de una nación. El ejemplo de varios ministros encomendándose a la intervención mariana sería sonrojante si no se antojara absolutamente escalofriante.

Esas "vendas" que la clase política actual se pone ante los ojos tienen ejemplos a centenares, como la incapacidad de contar personas en una manifestación, existiendo siempre dos versiones opuestas y ridículamente exageradas: la de lo organizadores y la "del gobierno", que apoyará la primera versión en función de su proximidad ideológica con los manifestantes o el asunto de la protesta, ignorando la base racional de que un gobierno ha de permanecer apartado de esas luchas. Cuando una empresa se atrevió a ofrecer un conteo objetivo de manifestantes en ese tipo de eventos, se arruinó por falta de clientes. Ninguna de las dos partes (organizadores y gobierno) estaba interesada en la verdad, pues esta iba contra sus intereses. Prefirieron enrocarse en la mentira y seguir viviendo en un mundo ilusorio ante la perplejidad de los testigos objetivos. La empresa se llamada Lynce y actualmente ofrece sus servicios en otros países, en los que esa venda ideológica no es tan intensa o incluso no existe (los hay).

El problema contiene la solución

Todo ello merece una profunda reflexión desde todos los lados de la sociedad, desde los gobernantes y los gobernados. Necesitamos una clase política fruto de la meritocracia, hecha de los ciudadanos más capaces o, cuanto menos, los dotados de herramientas intelectuales suficientes como para poder liberarse del prejuicio, sea éste religioso, moral o ideológico. Políticos con esas características podrán cambiar el estado de cosas actual: desde las listas abiertas a los mandatos limitados, la legislación adecuada a la realidad y, en muchos casos, llegándose al extremo de reiniciar desde cero edificios legislativos demasiado viejos y anquilosados. Pero para todo ello hace falta que el político comprenda que él mismo es la raíz del problema, que no está investido de un aura divina de infalibilidad (una herencia del franquismo, en la que ser "hijo de" abría y abre puertas sin mérito previo y crea un sentimiento de casta entre miles de incapaces), sino que es más falible que nunca, y debe de tener las herramientas intelectuales necesarias para combatir esa falibilidad.

Desde el ejemplo de otros países que han explorado legislaciones exitosas, pasando por las simulaciones matemáticas, las ciencias demoscópicas, las técnicas de análisis numérico, un pensamiento ordenado, capacidad para comprender y practicar el método científico y un largo etcétera de metodologías, están ahí para ayudar al político a legislar, a planificar, a pensar ordenadamente Y miles especialistas en estos métodos están listos para ser consultados. Hágase.

La clase política española ha permitido, por acción u omisión, que pervivan viejos modelos sociales, y ha tolerado las presiones de grupos de poder que resultan lesivas para la colectividad. El horizonte puede ser brillante, si quienes nos gobiernan entienden su colaboración en el problema. Mientras esto no ocurra, seguiremos siendo legislados desde la ignorancia, a golpe de presión cabildera, jugando con el destino de millones de forma poco responsable.