Les voy a contar una odisea que ha durado seis meses.
En octubre del año pasado mi tía Mary Carmen, que está a mi cargo, con 91 años y una salud extremadamente delicada, sufrió un fallo renal y fue trasladada en ambulancia (Transporte Sanitario Urgente) a las Urgencias del Hospital Dr. Negrín en Las Palmas. Tras unas 12 horas en las que los estupendos trabajadores del centro la estabilizan en un box y le salvan la vida, se ordena su traslado a otra clínica para administrarle antibióticos. La espera de la ambulancia fue de 7 (¡SIETE!) horas. Para una enferma en una situación muy comprometida. El responsable: el "Transporte Sanitario No Urgente". Mi tía pasó 4 semanas en una situación muy comprometida en la Clínica Santa Catalina, y salió con bien gracias a su estupendo personal y a sus maravillosas cuidadoras. Pero a lo mejor si no hubiera estado siete horas abandonada en un pasillo del Hospital Dr. Negrín esperando por una ambulancia de Transporte Sanitario No Urgente para trasladarla a la Clínica Santa Catalina, su proceso no hubiera sido tan serio.
Aprovechando que estaba en el Hospital, presenté una reclamación, y en cuanto pude sentarme ante un ordenador pedí al Servicio Canario de Salud, vía Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, todos los contratos de transporte sanitario (por supuesto, está subcontratado a empresas privadas) e inspecciones que se han hecho en los últimos años. Quería saber cómo era posible que pasara algo así con una enferma grave. Y, todos lo sabemos, esto pasa a diario en las islas.
Tras varias semanas, recibo varias cartas en las que el Servicio Canario de Salud me informa de que la responsable del asunto la Consejería de Sanidad, a la que pasa mi reclamación, y finalmente la Consejería la pasa a una empresa pública, GSC (Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, s.a.), que al parecer gestiona el transporte sanitario, que a su vez está subcontratado con empresas privadas. Todo muy eficaz. Habían pasado dos meses.
Aquí están las cartas:
Pasa otro mes sin más noticias y ante lo que considero Silencio Administrativo, presento una reclamación por ausencia de respuesta, de nuevo ante el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias. Esta es mi reclamación:
Pasado un par de meses parece que mi reclamación da sus frutos y me llega por correo postal un CD conteniendo los contratos de transporte sanitario solicitados y la lista de las inspecciones realizadas en el último ejercicio, todo ello en PDF y debidamente expurgado para cumplir con la LOPD. Si bien todas las Actas permiten hacer búsquedas en PDF, 2 de los 4 contratos no, por lo que he tenido de pasarlos por un OCR para poder utilizarlos. Queridas administraciones, estamos en 2022: los documentos, por favor, que permitan búsquedas, no nos manden escaneados simples.
Pongo aquí el listado de los documentos que me llegaron como ilustración, pues son públicos. El primero, los contratos. El segundo, las actas de inspección.
El contrato que me interesa es el que cubre la Zona 1 de la isla y que contempla el Transporte No Urgente. Es el primer contrato del listado. Abajo pueden ver la primera página por si sienten curiosidad:
Observo las siguientes anomalías tras revisar la documentación (contrato y actas de inspección):
-Las inspecciones al Transporte Sanitario No Urgente son una fracción mínima de las realizadas: 2 de 34 (un 5,8%). En román paladino: se les inspecciona poco.
-No se ha retirado, que yo sepa, la concesión a la UTE por fallos como el retraso que afectó a mi tía, a pesar de que me consta que son constantes. Dejas a enfermos graves durante siete horas abandonados en un pasillo de urgencias y no te pasa nada. De hecho, me confirmaron en el hospital que, a pesar de la frecuencia de estos sucesos, casi nadie reclama. La gente grita, pero no escribe su reclamación, que es es una fuente imprescindible de información para que se conozca el estado de un servicio. En el contrato consta como causa de resolución del contrato: c) La deficiencia en la calidad de la prestación del Servicio de transporte sanitario que afecte a los usuarios en sus condiciones de traslado, tiempos excesivos de espera, (...) No veo que se haya aplicado esa cláusula.
-No consta en las dos inspecciones que me interesan (a la UTE responsable del Servicio de Transporte Sanitario No Urgente) el número de ambulancias y de personal destinado a transporte sanitario no urgente, para tener una ratio de necesitad poblacional / servicio, algo que debería ser elemental, ni cálculos de fallos, reclamaciones, etc. En el contrato sí se habla de un número de ambulancias, pero no de cuántas de ellas se destinan a Transporte Urgente y cuántas a Transporte No Urgente, lo que creo es otro problema. No veo que se informe en las actas de cómo se determina el uso cotidiano de las unidades disponibles.
-Tampoco consta que las reclamaciones, como la que yo realicé, valgan para algo.
-Lo más grave, para el final. Las sanciones, si bien son altas, al haber pocas inspecciones en el caso del Transporte Sanitario No Urgente, pueden llevar a una dejación de obligaciones por parte de la empresa concesionaria sin más consecuencias que el pago periódico de una multa. Por ejemplo, se sanciona en las inspecciones de Transporte Sanitario No Urgente a ACCIONA (*) (por supuesto, no podía faltar en todo esto una de esas megaempresas españolas expertas en hacer multiservicios) por 6.100 Euros en junio de 2021, cubriendo el segundo trimestre del año y por otros 6.100 Euros en diciembre, cubriendo el cuarto trimestre del año. Total: 12.200 Euros, un 100% de inspecciones con sanción. Curiosamente, en las Actas no se explica de ninguna manera qué irregularidades han causado esas sanciones, de modo que al no especificarse, los usuarios no podemos saber sus causas. Esto es también bastante sospechoso, por ser suaves. Pero volvamos a los 12.200 Euros de sanción. Ahora miren ustedes a lo que asciende el contrato con ACCIONA (*) de estos tres años (es información pública):
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(*) En realidad se trata de una UTE entre ACCIONA e ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.
Bueno, ahí tenemos la respuesta. Con casi 30 MILLONES de Euros de contrato en 3 años ¿Qué les importan a estos señores un par de multillas al año de 6.100 Euros cada una? Sobre el papel hay un régimen sancionador, pero no parece que sirva de mucho. Los trabajadores que hacen las inspecciones se limitan a cumplir con lo estipulado, las sanciones se pagan, y no ha pasado nada. Todo sigue igual. Y encima las Actas no reflejan las razones de lo sancionado. Tengo que remitirme para ello a otro documento público, el de BASES DE CONCURRENCIA DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE MEDIANTE AMBULANCIAS DE TRASLADO Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE SANITARIO COLECTIVO (CON O SIN CAMILLERO) que se puede localizar en esta url, en PDF. En este documento de bases, en su Anexo IV, podemos ver el baremo de sanciones para incumplimientos en términos de puntualidad para las recogidas de pacientes:
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Como se puede ver, el baremo no está demasiado bien explicado, pero acaba indicando que en dos trimestres de 2021 la UTE de ACCIONA e ICOT incumplió gravemente las normas de puntualidad incluidas en las Bases de Concurrencia, siendo sancionadas con la mayor multa prevista por trimestre.
Me quedan por entender los 100 Euros añadidos a las dos sanciones, que sólo aparecen en el punto 7 del Anexo VI:
Ahora me explico los 6.100 Euros de cada sanción que no se aclaran en las Actas de Inspección. A pesar de lo ocurrido, la UTE sigue contratada. Por cierto ¿Qué ha pasado en el primer y tercer trimestre del año? ¿No hubo inspecciones? No se informa al respecto en las Actas que me han enviado.Me limité, como conclusión, a presentar por registro a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias una serie de recomendaciones de puro sentido común que seguramente irá a parar a alguna papelera (virtual) y todo seguirá igual.
Voy vislumbrando el agujero, el problema, que no sólo afecta al Transporte Sanitario No Urgente de esta isla y del archipiélago, sino que es algo crónico en todo el país. El recurso sistemático a la privatización encubierta de los servicios. Los ciudadanos no sabemos si hay recursos y personal asignado suficiente, no sabemos la ratio de fallos, no sabemos si el régimen sancionador vale para algo ni las causas de las sanciones, porque tenemos el telón de acero de la subcontrata a una empresa privada de un servicio público. Y ahí, investigar se complica. Así que publico en este blog mi modesta aportación, que de eso se trata.
Vivimos en un país en el que se tolera que los servicios públicos básicos fallen de tal manera que pueden poner en peligro la vida de sus usuarios (hoy es mi tía, ayer fue mi madre [vivimos algo similar hace 4 años], mañana pueden ser tus seres queridos o tú misma/o que estás leyendo esto, si caes en una situación de desamparo), por problemas de mala gestión y no digo más que me conozco y podría meterme en un lío legal, pero a buen entendedor, pocas palabras bastan ¿Verdad?
Este país lleva en esta situación, con servicios "de boquilla" que en realidad no funcionan, desde hace muchos años y todo va a peor. Eso tiene unos beneficiarios y unos perjudicados, eso todos deberíamos tenerlo claro. Sobre todo, a la hora de ir a encontrarnos con las urnas.
En mi caso, podría seguir esta modesta pelea recurriendo a la vía judicial, denunciando a la Consejería, a la Sociedad Pública GSC y a la UTE subcontratada, pues hay pistas de cosas bastante feas. Pero para eso hacen falta unos recursos económicos prácticamente ilimitados, que sí tienen la Administración y empresas como ACCIONA (hasta donde sé, les defienden dos grandes bufetes: Albiñana & Suárez de Lezo y Uría & Menéndez) pero yo no, que a lo sumo soy representado por Quiroga & Rodríguez :-) . Ellos están acorazados. Yo sólo tengo una tía de 91 años que fue abandonada durante siete horas en un pasillo de Urgencias. De modo que hasta aquí llego.
Demasiadas cosas en España se caen a trozos y se tapan con relaciones públicas y marketing, con mentiras, spots y community managers. Demasiadas instituciones están al borde del desmantelamiento y casi nadie está haciendo nada por evitarlo. Cuando sea demasiado tarde, lo pagaremos todos: una UTE será dueña y señora de nuestras vidas.
Y ya lo ven, mis niños. Toda la información que he incluido aquí es pública, sólo hay que pelear para que te la entreguen, pues es tu derecho.
Suerte y siempre, siempre, en estas situaciones, reclamen por escrito, en hojas de reclamaciones oficiales.
Conclusión (epílogo):
Estas políticas de poner en manos de empresas privadas la gestión de servicios públicos están muy extendidas en nuestro país. Suelen encargarse a grandes empresas "too big to fall". Si atendemos a este pequeño texto que he elaborado, podemos encontrarnos con que el proceso de privatización del servicio de ambulancias en Gran Canaria lleva como resultado directo a un significativo número de esperas intolerables para enfermos en el transporte no urgente. No conozco el número exacto, pero se debería averiguar. ¿Es eso lo que se busca? Supongo que no. Las sanciones ante estos casos son tan ridículas frente al precio del contrato que mueven a la conmiseración: ¿Quién en su sano juicio firmó ese régimen sancionador?
Si la privatización de un servicio lleva a servicios ineficientes, debería ser revisada y si es necesario cancelada. Parece que esta opción no figura en las agendas de los gobiernos autónomos o nacionales, ya que las empresas "too big to fall" incluyen en sus contratos cláusulas de cancelación o indemnizaciones muy onerosas. La primera pregunta al respecto es cómo se aprobaron esas cláusulas y la segunda es si son legales. Hay una tercera ¿Empresas tan grandes que pueden pagar indefinidamente los mejores bufetes del país si surgen problemas con sus contratos, son fiables a priori? ¿Se verifican sus historiales previos o en otras autonomías antes de estudiar en los concursos sus ofertas? ¿Quién vela por que esos concursos sean limpios?
Lo siguiente a plantear es si esto: que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias haya cedido un servicio a Acciona por 30 millones de Euros y este sea ineficiente, es asumible, y por qué se permite que ocurran estas cosas. Tal vez se podría llamar corrupción a eso, pues esos 30 millones que se pagan por un servicio ineficiente provienen directamente de nuestros impuestos, y juzgo como mínimo frívolo que se administren cantidades así de grandes por servicios de calidad cuanto menos dudosa.
Esas cosas ya son ajenas a mi alcance personal y deberían interesar a la prensa o incluso a la fiscalía.
Una de las cosas que mantienen a las sociedades en funcionamiento, probablemente la más importante, es la confianza en los otros. Confías en que el médico que te trata quiere lo mejor para tí, en que en el restaurante donde comes no sustituyen la sal por veneno, o en que tu banco no te va a robar. Esa confianza en la honestidad de los otros es el cemento cohesionador de la civilización humana. Romperla, y cosas como la que he estudiado en este texto lo hacen, es fatal para cualquier sociedad: lleva al descrédito, al miedo y a la desconfianza, que son sumamente peligrosos.
Uso el póster de "Ambulance", de Michael Bay para ilustrar este texto, acogiéndome al derecho de cita.
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