Volviendo a la negativa de la banca para atender los recibos de los ciudadanos y otras gestiones a las que les obliga la ley, asunto del que hablé en el texto anterior, me planteo este escenario: si en vez de un banco fueran sus empleados quienes se negaran a dar ese servicio a los clientes ¿No sería entonces eso considerado como una huelga? Ahora resulta que los bancos se han puesto en huelga institucional, y nosotros sin saberlo.
Si lo hacen colectivos de trabajadores, como los empleados de las subcontratas de seguridad del aeropuerto de El Prat este pasado verano, el escándalo es mayúsculo. Y los medios, especialmente las tertulias televisivas matinales, esas "orientadoras de opinión" tan poderosas, les dedican horas de debates demonizando, por supuesto, al asalariado que ejerce su derecho a la huelga.
De la responsabilidad, importantísima, de los medios de comunicación en todo este estado de cosas, hablaré en otro momento.
Pensad, a raíz de lo anterior, en AENA, de la que ya he escrito en varias ocasiones, y no precisamente perlas, aquí, aquí, aquí o aquí. Se trata de una empresa pública malvendida en silencio, casi secretamente, y que dirige (o dirigía) un “amigo del gobierno” sin experiencia previa alguna, como “pago a sus favores”. Mirad lo mal que gestionaron las reivindicaciones y las huelgas de los trabajadores de la subcontrata que lleva la seguridad del aeropuerto catalán. Alguien con un dedo de frente habría creado una normativa de mínimos para que aquellos trabajadores tuvieran un sueldo decente, ya que ejercen su labor en una infraestructura crítica, pero nadie lo hizo. Se aceptó una oferta con baja temeraria de una empresa, que como todas, sólo quiere aumentar sus beneficios (no es un reproche, sólo describo la realidad). Al disponer de menos dinero, pero tener que aumentar la ganancia, al que se perjudica es al trabajador, que al final es quien hace el servicio que se supone presta esa empresa. Todo lo demás en los organigramas superiores de ese tipo de compañías se resumen directivos con grandes sueldos: directiva (que debe de justificar sus abultadas nóminas tomando decisiones espectaculares), marketing y departamento comercial. Estas empresas que viven de pillar a la baja las concesiones públicas, paradójicamente revientan vivos a quienes les hacen el trabajo sucio (sus propios empleados, el fin de la cadena a fin de cuentas), y recompensan con fortunas a los ejecutivos que las dirigen. Así cualquiera hace negocios de éxito; decidir explotar a tu trabajador y aumentarte el sueldo a ti mismo no tiene ningun mérito, lo puede hacer cualquier desalmado, y de esos, a lo que se ve, están repletos los ecosistemas que conforman esas empresas.
Este es el capitalismo español, moralmente corrompido, socialmente inane, económicamente destructuvo, con unos modos, me temo, heredados del franquismo y su régimer hipercorrupto, y que no tiene nada, pero nada que ver con la empresa concebida en las naciones occidentales más desarrolladas que la nuestra, basada en la emprendeduría surgida de la cultura protestante y su concepto de la responsabilidad, que se estila en los paises de nuestro entorno que no viven empantanados en la cultura católica, como en USA o UK. También hacen las cosas mal, qué duda cabe, pero no pagan a parásitos. En ellos sus ejecutivos son gente preparada. Aquí son amigos del régimen. En españa hemos acuñado el concepto único de la emprendeduría parasitaria, que, inevitablemente, vive de las concesiones estatales, y de la privatización de medios públicos. Es un modelo de economía suicida que lleva a la destrucción de la sociedad de la que se alimenta.
Recientemente, la sanidad privada ha ofrecido públicamente acabar con las enormes listas de espera de la sanidad pública, con un “plan de choque” de 1.500 millones de euros, que, claro, se embolsarían ellos. La desfachatez es sorprendente para mi, ya que estos empresarios que se lucran de la salud y la vida de su prójimo son los responsables últimos de esas listas de espera, al haber usado a sus títeres políticos para destruir sistemáticamente por ahogamiento a la sanidad pública y así hacer imprescindible a la privada.
Eso sí, en cuanto hay un enfermo complicado, la sanidad privada lo reenvía a la pública para las operaciones de riesgo. Así se libran de las estadísticas negativas y de paso, si sale bien la cosa, todos felices. Un negocio redondo. En Madrid ese trabajo sucio lo hicieron Esperanza Aguirre, Manuel Lamela -que pasará a la historia por el repulsivo caso de supuestas eutanasias en Leganés, y que acabó con las carreras de varios médicos que se dedicaban en cuerpo y alma a sus pacientes ¿Os acordáis de aquello?- o Juan José Güemes, por citar algunos nombres de personas que deberían de estar en la cárcel por delitos de lesa humanidad, pero que siguen por ahí, campando a sus anchas, y cobrando los favores realizados, realimentando el monstruo.
Ahora el caso vuelve a repetirse, pero con las pensiones de los jubilados españoles. El Gobierno ha aniquilado toda la reserva de la que se disponía y la situación se ha vuelto realmente difícil. Hay que dar un golpe de timón al modelo. Pero detrás del Gobierno está una banca en momentos trágicamente difíciles, al borde del colapso, que pide meter mano en esa golosísima cuenta de miles de millones que actualmente controla la Seguridad Social. Sin pensárselo, el gobierno conservador decide que el modelo de pensiones públicas actual es "insostenible", y que los ciudadanos tienen que tirar por los planes privados de pensiones, algo totalmente falso. Pero da igual. Los media que construyen opinión y los contertulios amigos repiten la cantinela del argumentario del miedo ad nauseam, hasta que la mentira se convierte en verdad indiscutible.
Pero el problema está por todas partes, y es el modelo ideológico que se impone a la ciudadanía, y que se convierte en legislación, y en verdad indiscutible. Mirad el reciente caso de Lexnet, que me enciende especialmente. Se trata de un software que iba a automatizar la administración de la Ley en España, y que liberaría a los juzgados, a los jueces y a los letrados de la tremenda carga de papel que sufren. Hace unos meses fue noticia porque se había caído repetidas veces, dejando a los juzgados del país incomunicados. Cualquier abogado del país que sufra de ese programa os podrá contar el desastre generalizado que implica su uso, bien conocido desde que empezó a implementarse, con repetidos fallos y errores en cadena. Pero hace unos meses, a causa de nuevo de una falla de programación de Lexnet, quedaron expuestos miles de expedientes judiciales en curso, por una falla de seguridad que hasta un estudiante de primero de Informática podría identificar.
Lexnet es lo que se conoce institucionalmente como un proyecto de infraestructura crítica y sólo se puede desarrollar con garantías desde el interior del Estado, precisamente para garantizar su seguridad y su buen funcionamiento, y controlar así, al detalle, todo el proceso de implementación y los inevitables e imprescindibles cambios ulteriores de código que el desarrollo de software requiere. Es un proceso necesariamente complejo y largo en el tiempo, por definición. Si se elige para su desarrollo el modelo de las subcontratas privadas, se está cometiendo un error de base: no comprender la magnitid del proyecto, su importancia, su valor crítico en la infraestructura de seguridad del Estado, y en resumen, no enterarse de nada, no comprender lo que se está haciendo.
Pues así se hizo, y la ideología neoliberal imperante hizo que se subcontratara a terceras empresas para su desarrollo, sin orden ni concierto. En el argot informático llamamos “cárnicas” a esas empresas que viven de hacer chapuzas de software para empresas públicas e instituciones. Hay mucha gente que se ha hecho rica en esas empresas, a costa de nuestros impuestos. Algunas de esas “cárninas” cotizan en bolsa, y no son más que agujeros llenos de directivos que no saben nada de su trabajo, y que se limitan a subcontratar y explotar a programadores freelances en condiciones prácticamente infrahumanas.
Las “cárninas”, y eso lo sabe cualquier informático, no hacen nada, sólo subcontratan de nuevo, generando un gasto inútil y añadiendo caos a un proceso, el de la ingeniería del software, en el que cualquier cabo suelto puede tener consecuencias graves.
Al menos seis de esas empresas "cárnicas" han pasado por Lexnet. En un diseño crítico como este la centralización del proyecto es vital, y cada vez que el proyecto cambia de manos se genera un grave agujero de seguridad en potencia y un conjunto de errores imprevisibles. Es el problema del desarrollo de los sistemas complejos, como decía más arriba: o los controlas en primera persona y de forma directa, o estás perdido. Eso lo sabe, insisto, cualquier analista de sistemas, pero por lo que se ve un puñado de ministros, directores generales, subdirectores, funcionarios de todo tipo y abogados del estado, no lo entendieron así. El resultado es en estos momentos un desaste sin remedio. Un sofware inutilizable que se habrá que crear desde cero y que requerirá al menos de 5 a 7 años para implantarse bien. Todo este tiempo, perdido.
En resumen, el desarrollo de Lexnet ha sido desde el principio un caos, una estupidez supina pagada con el dinero de todos. Un acto de irresponsabilidad que iba a estallar tarde o temprano, poniendo a las claras la incompetencia desnuda de ciertos gestores públicos, y otros privados. Es una auténtica vergüenza. De nuevo el asunto se ha olvidado, ahora sepultado por las noticias de Cataluña, que todo lo cubren y todo lo tapan, cuando conviene.
No se puede poner una infraestructura crítica en manos de esa gente, es un acto de irresponsabilidad suicida. Una “cárnica” nunca se hace responsable de que el software que “desarrolla” (es un decir) funcione; les da igual, ya que cobran y se van, ni siquiera se responsabilizan del control de errores, y el siguiente que apenque con el problema. Para desarrollar Lexnet, una aplicación expuesta por definición a ataques exteriores y hacking, hay que tener muy claro lo que se tiene entre manos. El resultado actual del proyecto, que han de usar a diario letrados y jueves en toda España, es una auténtica porquería que ha costado una millonada gracias a la milagrosa (e ideológicamente incuestionable) subcontratación.
De las varias “cárninas” que hicieron Lexnet os aseguro que ninguna habrá de pagar indemnización alguna por los fallos descubiertos, ni sus directivos sufrirán penas de cárcel por haber robado literalmente al estado dinero a cambio de nada.
No hay sólo ejemplos del catastrófico estado de cosas en el que vivimos en la interacción entre ciudadanos y servicios privatizados o concedidos a empresas, sino en el propio sistema de ayudas a las personas. Por poner un ejemplo cercano, la Ley de Dependencia en Canarias, que es donde resido actualmente, se aplica de tal forma que al final no se aplica. Se ha llegado a una situación completamente demencial (e ilegal) gracias a que se ha retorcido la legislación poco a poco, en pequeñas dosis, con la connivencia del gobierno central (se usó la crisis como excusa), y actualmente en Gran Canaria la media de la lista de espera para la obtención del grado de dependencia de una persona es de 14 meses. El posterior PIA (siglas del pomposo Prograna Individual de Atención), que no se otorga de forma simultánea al grado, como ocurre en otras CCAA (lo que es de nuevo otro acto perverso, pues entonces se obtiene una excusa de la legislación para prolongar aún más el plazo), puede sumar otros 10 meses, así que nos ponemos en dos años de espera, para unas ayudas que se diseñaron para personas que, por su edad y su situación de salud, no pueden esperar.
El diseño de todo el proceso se concibe perversamente y con plena conciencia de ello, ya que muchos dependientes en necesidad de esa ayuda fallecen en ese plazo, esperando a que el sistema les atienda; sus familiares han pasado ya por el drama de cuidarles sin obtener una sola prestación de las que el Estado está obligado a ofrecer, y como resultado no hay gasto final, que es lo que se persigue. La vileza camuflada de asistencia social. 24 meses es un plazo inasumible. Toda administración pública está obligada a responder fehaciente y documentalmente a cualquier requerimiento ciudadano en un máximo de 3 meses. Yo estuve presentando una reclamación cada mes cuando pasó ese plazo inicial. Ninguna fue respondida. Sólo silencio administrativo. La legislación se ha adaptado adecuadamente para que la excepción sea la norma, forzando una ley básica, algo que es fundamentalmente ilegal y contrario a derecho. Y todo sigue igual.
Pero pensemos ahora en un ciudadano en pleno duelo por la pérdida del familiar dependiente. Comprende finalmente que todo se ha retorcido tanto que su única opción para obtener la prestación a la que sigue teniendo derecho (pues no se extingue con el fallecimiento del solicitante) es recurrir a los tribunales de justicia, pagando abogado y procurador, y esperando un resultado incierto que retrasará aún más la agonía de su propio duelo. ¿Entienden la maldad intrínseca de todo esto? La Ley de Dependencia se creó para ayudar a las personas. Ahora es una comedia repleta de parches para que la Administración, que la incumple sistemáticamente, quede impune.
Ya saben el dicho: la maldad es indistinguible de la incompetencia.
Y no olvidemos que esto está ocurriendo en un país en el que la recaudación de impuestos tiene la capacidad, de nuevo dudosamente legal, de meter la mano en las cuentas bancarias de los ciudadanos que se retrasan en sus impuestos, y pueden quitarles sus propiedades para subastarlas si lo creen conveniente para saldar esas deudas. De hecho, un buen amigo perdió la granja de la que vivía su familia por una deuda con Hacienda. Eso en hacienda les da igual, cobran y siguieron adelante. Si para cobrar las deudas con el fisco se ha despojado a unos ciudadanos de su única fuente de ingresos, no es su problema. Tenemos a nuestro alrededor un sistema que aparenta estar creado en pro de las gentes pero que ha sido modificado con habilidad y crueldad para que ocurra justo lo contrario.
Este estado de cosas se extiende, por ejemplo, en la administración electrónica, concebida de mala manera, peor ejecutada y con resultados cuestionables, como he dicho ya en repetidas ocasiones. Podéis verlo si os interesa el asunto aquí, aquí o aquí. Recientemente, y de nuevo la prensa apenas se ha hecho eco de ello, se han invalidado millones de DNIs electrónicos de ciudadanos españoles al detectarse un fallo en su diseño. De la noche a la mañana esas personas se despertaron sin capacidad de relacionarse con la Administración Pública por vía telemática. Nadie ha pedido perdón. Nadie ha pagado por el error. Nadie ha propuesto soluciones. Eso sí, a esos ciudadanos, si fallan en una hora sobre los plazos exigidos por esa misma administración que les deja a los pies de los caballos, se verán embargados sin misericordia.
Vivimos en un país hiperlegislado pero en el que la Ley se aplica según a quién, utilizando aquel viejo dicho que ya he citado anteriormente en este blog: “Al amigo, todo. Al enemigo, nada. Y al indiferente, la legislación vigente”. Pocos refranes nos reflejan con tanta crudeza. Esa frase ha causado, causa y causará daños, en ocasiones irreversibles, a generaciones de ciudadanos “indiferentes”, que somos la aplastante mayoría.
Todo ello ocurre con el silencio cómplice de la prensa, y lo que es peor, con nuestro silencio y aquiescencia.
En la foto que ilustra este artículo podemos ver a Katharine Hepburn y Spencer Tracy en un momento de de la película "Desk set" ("Su otra esposa", Walter Lang, 1957), en la que ambos se enfrentan a la informatización de un departamento de la empresa en la que trabajan.
