¿Cómo es posible que un gobierno trabaje sistemáticamente para los grandes potentados del país? Habría que retroceder a los tiempos del dictador, o antes, para rastrear el origen de esta situación. De cómo España ha sido un país caracterizado por una clase política corrompida hasta el tuétano, y colocada ahí por quienes realmente mandan. La situación no ha cambiado demasiado en los últimos cuarenta años, desde la muerte de Franco, porque todo el sistema de corruptelas que definía su dictadura pasó sin problemas ni preguntas incómodas el examen de la llamada Transición, en forma de una especie de “pacto de caballeros”.
El sistema está creado para perpetuarse de forma automática. Porque no sólo los partidos políticos llegan al gobierno debiendo favores -o sea, créditos- a la gran banca, sino que los propios gobiernos se empantanan y embarran con esa banca sin la menor vergüenza. El caso de la compra del Popular, en bancarrota, por el Santander, es un “favor” de libro de un banco privado al gobierno, ya que de haberse tenido que rescatar al Popular con dinero público, se habría generado un agujero en las cuentas públicas gigantesco, y nuestros gobernantes actuales no quieren un nuevo escándalo bancario. Así debería de haber sido, pero ante el miedo al deterioro en la imagen y entre el electorado, se llama a un “amigo” y ese “amigo” te hace el favor, te compra un banco en quiebra por un euro, y te pone una marquita, un “me debes otra, chato”, que será utilizado en su momento.
Así se explican pequeñas cosas feas como la que pasé en el Santander una mañana de un viernes, a la que dediqué el primero de estos artículos. Al final todo está ligado. No se molesta con nimiedades a los amigos que te hacen favores. Por cierto, qué coincidencia. Hace unas semanas el Santander recibía del gobierno un pago de 500 millones de Euros al contado, directamente desde Hacienda. Dicen que es parte del pago por el favor, así que al final el no rescate del Popular vamos a pagarlo todos, para variar, pero claro, sin escándalos, y nadie se entera. Así vamos. Tontos que somos.
Al menos un puñado de inversores han denunciado al gobierno y al Santander ante Europa por estos asuntos tan poco claros. Una de las ventajas de estar en la Unión Europea es que ya no es tan fácil hacer estas barbaridades que en este país han sido tan comunes “de toda la vida”.
Pero es que así pasa con la banca, pero ocurre lo mismo con las telefónicas y con las eléctricas, esa terna de intocables, para las que se legisla a medida.
Esas telefónicas que os cobran por servicios no prestados, y que os suben el precio saltándose su propio contrato sin sufrir consecuencia alguna. Esas eléctricas que directamente roban a los ciudadanos por una energía carísima, de las más caras de Europa, en uno de los países con menor poder adquisitivo del continente. Unas eléctricas que cortan la luz impunemente a quienes no pagan, aunque ciertos escándalos obliguen por unos meses a hacer el paripé de que se hace algo al respecto ¿Os acordáis de Rosa Pitarch? Murió hace ahora un año en un incendio causado por una vela. Le habían cortado la luz por falta de pago. Hoy hubiera muerto igual, todo vuelve a ser un remanso de paz, hasta que aparezca otra Rosa y haya que hacer una nueva campaña de imagen. La nueva ley que se supone protege a los ciudadanos en su situación de los cortes de luz es un chiste, un teatrillo diseñado, de nuevo, para que las eléctricas no se enfaden. Y hablamos de cantidades nimias de dinero. Pero, tanto gobierno como empresas, juegan a que las cosas se olvidan pronto en nuestra sociedad. Eso todas estas grandes empresas lo saben. Los pueblos tienen mala memoria. Y todo sigue igual al final, con un par de pinceladas a la ley que no sirven para nada.
El otro día me cortaron el teléfono en Movistar. No había dinero en la cuenta. Se me había olvidado transferirlo. Cuando llamé para pagar con la tarjeta, me pusieron un recargo de 30 Euros “por restablecimiento del servicio” totalmente ilegal, porque se ha hecho sin previo aviso. Las telefónicas están obligadas por ley a avisarte de que no se ha podido cobrar tu mensualidad para que puedas tener la oportunidad de aportar el dinero. Naturalmente, no lo hacen, y al final de este texto os explicaré el por qué.
Tras recurrir el cobro mediante una reclamación vía web a Movistar, vino, obviamente, denegada, por lo que mi última opción fue reclamar a través de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), un trámite lento y oneroso. Es normal que actúen así, pues el nivel de desestimiento de la gente es altísimo en estos casos, y el proceso desesperante. Las operadoras lo tienen todo a su favor. Y lo tienen porque la legislación lo permite, porque los gobiernos han cambiado las leyes a su favor de forma sutil y poco a poco, y, claro, no lo olvidemos: porque nosotros se lo hemos permitido.
Decidí reclamar, decía, a la CNMC. Mi queja fue la siguiente:
Me dirijo a ustedes al
objeto de presentar DENUNCIA
contra la empresa Movistar (Telefónica Móviles España, S. A.
-Sociedad Unipersonal-) y ello por los hechos y fundamentos de
derecho que a continuación se exponen:
PRIMERO.-
La
empresa reclamada me ha aplicado una penalización por una cantidad
de 25 euros + IGIC, en concepto de “Rehabilitación
Suspensión Retraso Pago” tras
haberse producido la devolución de un recibo que ha llevado a una
suspensión temporal
(se adjunta copia de factura acreditativa de este extremo).
SEGUNDO.-
Esta
penalización puede entenderse como cláusula abusiva, tal y como
establece el artículo 80 y siguientes del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias.
En
concreto, el artículo 82.1 del texto define como cláusulas abusivas
“todas
aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas
aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de
las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y
usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones
de las partes que se deriven del contrato”.
Además,
el apartado e del artículo 82.4 de esta norma especifica como
abusivas, entre otras, las cláusulas que “resulten
desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución
del contrato”.
Por
todo lo expuesto, SOLICITO
A ESTE ORGANISMO que
inste a la empresa objeto de esta denuncia a que me devuelva la
citada cantidad e imponga la sanción que corresponda ante el
incumplimiento de la legislación vigente, y me den traslado de la
resolución emitida, al ser parte interesada.
La respuesta inicial de la CNMC fue transmitirme las alegaciones de Movistar:
En ellas, la que fuera bandera de las empresas públicas españolas me perdonaba la vida y "por la consideración" que les merezco como cliente, me devolvían los 25 Euros. Excusatio non perita, accusatio manifesta.
Yo complementé entonces, ya que la CNMC me lo permitía, con más argumentos, mi denuncia, pidiendo que se actuara de oficio sobre estas zonas grises en las que las operadoras telefónicas actúan con total impunidad. Este era el texto:
PRIMERO.- El reclamante recibe de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones carta con informe de Movistar, el operador reclamado, por cobro indebido por reestablecimiento de llamadas. En la carta se da al reclamante plazo de 15 días para presentar alegaciones.
SEGUNDO.- En su informe, Movistar aduce una cláusula contractual para el cobro de la cantidad objeto de la reclamación por restablecimiento del servicio, y no obstante devuelve la cantidad al reclamante. Excusatio non petita, accusatio manifesta. En la cláusula no se aduce razón técnica alguna para ese cobro, simplemente se hace constar como si fuera una sanción ejemplarizante, lo que podría hacerla abusiva.
TERCERO.- El reclamante quisiera alegar que el citado cobro, sea o no parte del contrato, es a todas luces abusivo, en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que considera abusivas las cláusulas que "causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato" (artículo 82.1). El restablecimiento de un servicio, a todas luces, un proceso de nulo coste para la operadora, no puede valorarse con un cargo de ese calibre, a todas luces desorbitado. El coste pone en desequilibrio la relación entre cliente y operadora al establecerse un peaje para restituir el servicio tan básico como es el telefónico, lo que pone además a los colectivos vulnerables en grave situación de desamparo.
CUARTO.- La operadora nunca avisó con la antelación necesaria al reclamante del impago, siendo el corte sobrevenido, lo que va en contra de la Carta de derechos del usuario de los servicios comunicaciones electrónicas que reza que sólo pueden suspenderse temporalmente si no se ha abonado la factura transcurrido un mes desde su presentación y siempre y cuando se haya producido un aviso previo.
QUINTO.- Otras operadoras (Yoigo) aplican un pago de 14,52€ por el mismo concepto. Siendo una operadora virtual que usa las mismas redes y por ende está sometida a los mismos costes, ello implica que el precio no es tal, siendo la cantidad decisión arbitraria por parte de la operadora Movistar, a todas luces con intenciones punitivas. Recuerdo asimismo que Movistar es una marca de Telefónica Móviles España, responsable de la infraestructura pública del servicio civil de redes móviles, que usan otras operadoras como Yoigo con precio mayorista. Deviene antieconómico que la empresa propietaria de la infraestructura pague más que el precio de mayorista que ofrece a las virtuales (caso del restablecimiento de llamada tras corte), así que por reducción al absurdo se puede deducir que algo no funciona en ese cargo a los clientes de Movistar, que por otro lado, no se explica.
Por todo lo expuesto y vista la respuesta de Movistar, SOLICITO A ESTE ORGANISMO:
1-Que se inste a Movistar a que desglose de los costes a los que se supone se achaca ese pago por restablecimiento de servicio temporal en caso de impago.
2-Que se auditen esos costes, para delimitar si son reales o simplemente punitivos.
3-Que se obre en consecuencia como resultado de la citada auditoría, anulando esos cobros, de resultar no acreditados, considerando esas cláusulas de los contratos de Movistar como abusivas y por tanto nulas. Y por ende en los demás contratos análogos de las otras operadoras.
4-Que se sancione a Movistar y por ende a las operadoras por esos cobros, si se demuestran abusivos, con efectos retroactivos, toda vez que todos esos cobros indebidos han puesto en situación de desamparo a gran cantidad de clientes en situación de vulnerabilidad económica, al imponer un peaje arbitrario para la recuperación de un servicio básico.
Finalmente, la Comisión que se supone vela por nuestros intereses, respondió desestimando todas mis alegaciones de un plumazo, sin ni siquiera desglosar su respuesta a ellas, ya que en principio al aceptar yo el contrato con esa cláusula de restitución del servicio, no tenía otra opción que pagar. Lo abusivo de ella, no se discutía, y se me venía a decir: "Mira, Movistar te devuelve el dinero, conque mejor cállate".
El que la operadora no hubiera avisado previamente del corte, tampoco se comentaba (al parecer hay una laguna legal en ese asunto. Se legisló esa obligación de aviso para la telefonía fija, en la Carta de derechos del usuario de los servicios comunicaciones electrónicas que citaba en mi declaración, pero nadie se ocupó de extenderla explícitamente a la telefonía móvil, cosa que nadie ha hecho; parece que no han tenido tiempo en los 25 años desde que se implantó en España el uso del móvil, por lo que las operadoras aprovechan ese vacío), ni, claro, se añadía nada sobre mi sugerencia de actuar de oficio sobre unas cláusulas que son a todas luces un abuso para el consumidor.
En fin, la CNMC prefiere no liarla. Es perfectamente normal que, dado el cariz de las respuestas de los organismos oficiales de defensa de los consumidores de servicios de telecomunicaciones, la gente ni se moleste en reclamar, pague, y lo deje correr. El sistema está diseñado por y para el beneficio de las operadoras. Y para que el ciudadano se calle, no moleste, y siga su camino.
Tenemos unas instituciones que son un títere en manos de grandes corporaciones, que lo manejan todo, desde los medios de comunicación hasta los resortes legislativos. El resultado es una aparente red de defensa oficial del ciudadano que realmente no existe.
Resulta demencial que en unos tiempos como los que corren, con una crisis galopante (que no ha terminado, aunque la propaganda oficial insista en lo contrario machaconamente), las grandes empresas tengan esta patente de corso, mantengan un trabajo esclavo y bajo un régimen de terror, y al final las personas seamos quienes paguemos la locura del beneficio a toda costa.
Sabemos que los casos más sangrantes están en los servicios prioritarios, como telecomunicaciones, banca, electricidad, sanidad o educación, que todos necesitamos o necesitaremos en algún momento, que mantienen a millones de ciudadanos secuestrados, y que han sido masacrados por un proceso de privatización realizado de nuevo a la chita callando por unas personas que se han aprovechado de sus puestos en las instituciones de la forma más vil imaginable. Todo esto ha generado un enorme poder en manos de ciertas empresas que prácticamente controlan el país, y por ende nuestras vidas, restringiendo nuestras libertades y nuestros derechos, y haciendo, al final, lo que les da la gana, con la legislación, encima, de su lado, pues han tenido años para retorcerla a gusto mediante cabildeos.
La subcontratación y el sobreprecio reinan por doquier, los gobiernos han cedido parcelas que habían estado bajo su control de forma tradicional (seguridad, gestiones, informática, etc.) en manos de terceras empresas, con las que han aceptado firmar cláusulas de cancelación absolutamente intolerables, y han quedado secuestrados por concesiones privadas durante décadas. Todo esto ha sido debido a la aplicación práctica de una ideología, el llamado “neoliberalismo”, importado de USA, y que es el que predica su Partido Republicano y su Tea Party. Resumiendo: abolición del Estado, y privatización de todo lo que se pueda privatizar. Y si no tienes dinero para pagar los servicios que antes eran públicos, te jodes.
Este dislate cultural llegó a nuestro país de la mano de toda una generación de políticos del Partido Popular: José María Aznar y su liberación del suelo -origen del desastre de la burbuja inmobiliaria-, Gallardón y su desmantelamiento de Madrid -creando una deuda billonaria para todos los habitantes de la ciudad-, Ana Botella, y su reventa de pisos de protección oficial a fondos buitre -que han dejado en la calle a cientos de personas, retorciendo de forma atroz el concepto de vivienda protegida hasta dejarlo irreconocible- y de servicios de limpieza urbanos a empresas como FCC -que ha mantenido a Madrid convertida en un basurero; aunque la alcaldesa Manuela Carmena hace lo posible por arreglarlo, las cláusulas son tan férreas que en estos momentos FCC decide sobre la limpieza de Madrid, no su consistorio-, y muchos otros.
El problema de toda esta gente, del desastre que han armado, es, no sólo su ignorancia, sino su incapacidad de salir de su “marco mental”. El principal problema de España en este momento es que no podemos ni aproximar las soluciones a los problemas que sufrimos porque la clase política en el poder vive sumergida en un mundo virtual de ideología, repiten como cotorras los argumentarios que las estructuras de sus partidos les suministran, y, en resumen, se comportan como incapaces, en un momento en el que hace falta inteligencia y decisión sin prejuicios. Estamos gobernados por personas que no piensan, sino que se comportan como resortes ejecutores de la ideología de su partido, y lo hacen hasta sus últimas consecuencias.
Como ejemplo, todas y cada una de las iniciativas legislativas de la oposición tomadas en esta legislatura, en la que el PP está en minoría, muchas de corte social, votadas por PSOE, Podemos y Ciudadanos, han sido bloqueadas sistemáticamente en el Senado, en el que el PP sí tiene mayoría. Es decir, una legislación que podría ayudar a la gente y solucionar problemas terribles está parada porque el PP quiere. Hablo de decenas y decenas de leyes. Esa es una manera de anteponer la ideología, la lucha partidista al bien ciudadano. ¿No sería más productivo que el PP se sentara con los demás partidos y llegaran a consensos para que esas leyes se aprobaran y pudieran salir adelante? No, en la nueva política, que no es más que la vieja política con Redes Sociales de por medio, lo que importa es enrocarse, y no dar ni agua al enemigo político. Y estoy seguro de que en el PP actualmente hay personas de talla más que suficiente como para comprender este grave problema, y deseosos de alcanzar consensos, pero me temo que el sistema de partidos español está secuestrado por su propio régimen de encumbrar a los más capacitados para escalar por su organigrama interno, que no son, ni mucho menos, los más brillantes ni los más preparados. Algo que, por otro lado, afecta a toda la clase política española, independientemente de su ideología.
Vivimos en un mundo de alta complejidad, en el que sólo se puede pensar en aproximar las soluciones a los problemas mediante la acción y el consejo de especialistas, la generación de libros blancos y de legislación limpia de contaminación ideológica, creada por el bien del ciudadano, y para nada más. Pero en España se lleva cuarenta años legislando para el bien de una minoría que se ha enriquecido a base de saquear el dinero de los impuestos. Este es el sistema imperante en España, que extiende el heredado de Franco, y que él heredó del siglo anterior, el XIX.
Y los políticos actuales parecen mantenerse en la ocultación de los problemas, en su negación, o en la simple mentira -las cifras de salida de la crisis que ofrece la ministra del ramo son de risa-, ofreciendo respuestas simples y maniqueas a problemas de alta complejidad, olvidando que no viven en una perpetua campaña electoral, cosa que han prolongado directamente al interior del BOE.
Para poder actuar con libertad mental, hay que escapar de la forma de pensar de la clase política española, que considera al rival político como un enemigo con el que no se puede negociar ni llegar a un acuerdo alguno -las peleas actuales entre Ciudadanos, PSOE y Podemos llevan a la risa, haciendo imposible lo que es de facto una mayoría en el Congreso-. Esta decisión, que parece tomada en departamentos de marketing, es nefasta, y sólo lleva al caos. Y la experiencia del Siglo XX debería de habernos enseñado que con esa forma de cosificar al opuesto empezaron las grandes guerras que devastaron el planeta no hace tanto. Es que no entiendo cómo se puede ser tan poco inteligente.
Por lo que respecta al PP, si concibes o propones soluciones fuera de su argumentario mental eres un comunista peligroso, un bolivariano, o tal vez se te tache de antisistema, populista o radical. El caso es desacreditarte con una sola palabra. De nuevo el planteamiento de un problema complejo se resuelve de forma maniquea y simple, buscando una situación polar e irreconciliable. El diálogo, el entendimiento, bajo esas premisas, es totalmente imposible. Y el riesgo, inconmensurable.
Véase lo que está haciendo en estos días Montoro con Manuela Carmena, que ha saneado en tiempo récord las desastrosas cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Pues bien, la Hacienda controlada por el Gobierno de la nación se dedica sistemáticamente a ponerle traspiés a los proyectos económicos del consistorio madrileño, amenazando con intervenir uno de los ayuntamientos que ha solventado su deuda con superávit, pero que, claro, está dirigido por una enemiga política. Esa forma de hacer las cosas es peligrosísima, y tiene en su interior un germen de odio que se me antoja suicida.
Lo mismo está pasando con la actividad parlamentaria. Todas y cada una de las iniciativas que ha lanzado la oposición han sido paralizadas por el PP con una argucia legal según la cual pueden afectar al equilibrio presupuestario, un argumento totalmente falso que está recurrido en el Tribunal Constitucional, pero que mientras tanto mantiene maniatado al Legislativo en toda iniciativa que no guste o no sea iniciativa del Partido Popular. Los medios afines difunden ese sistemático boicot a la labor parlamentaria como inacción e ineptitud de la oposición, y como resultando, tenemos a la nación secuestrada legislativamente por motivos espurios y posiblemente anticonstitucionales. El desencanto de la población vendrá por añadidura, ya que lo que “ven”, medios de comunicación mediante, es un parlamento que no funciona y una oposición que “no hace nada”.
Cosificar al “otro” es una de las acciones más irresponsables y peligrosas que se pueden hacer. El paso a convertirlo en un enemigo real puede ser muy corto. Y ha ocurrido demasiadas veces en nuestro pasado histórico.
Sólo hay que mirar alrededor, al uso espantoso y vil que se hizo del atentado de Las Ramblas de Barcelona, con los cuerpos de las víctimas todavía calientes. O viendo cómo ciertos grupos políticos iniciaban una guerra de baja intensidad contra otros grupos de ideología opuesta tras el 1 de Octubre, simplemente por un problema de posición ideológica. Es terrible, desolador y profundamente desmoralizante. Mira que tenemos ejemplos en nuestra historia que nos enseñan una y otra vez que esa es la peor manera, que ese es el camino directo hacia el desastre.
Pero no hay manera, a lo que se ve.
Bueno, he pasado de Movistar a la incapacidad de negociar que parece cronificarse en estos días en el país, pero es que todo está relacionado :-)
Hice la foto que ilustra este texto en la puerta de la sede de la CNMC en Madrid, el 16 de noviembre de 2017.
