El problema irresoluble, o la piedra inamovible

Comparto un artículo que quedó sin publicar en el archivo del blog hace unos cinco años, y que ha cobrado una extraña actualidad en estos días. Porque lo primero que ocurrió tras el final del primer Estado de Alarma por la COVID, es que han regresado, sin la menor piedad, los embargos de cuentas por parte de las Administraciones Públicas. Algo sobre lo que se guarda silencio, pero que está llevando a miles de ciudadanos y empresarios a la más absoluta de las impotencias. Hay que hacer algo. Pero mientras los responsables miran hacia otro lado y se escudan en una legislación cada vez más salvaje, recordemos que hace unos años todo estaba igual.

Si has sido víctima alguna vez del Sistema Español, de nuestra forma de hacer las cosas, de nuestra peculiar burocracia y sus modos, y todos en el fondo lo hemos sido en algún momento, comprenderás lo urgente y desesperado de la situación.

Hace unos días me llamaban de la AEAT para anunciarme que una empresa, mi vieja productora, que no tiene actividad desde hace más de cinco años, estaba en inspección tributaria. Les comenté el estado de cosas, pero como siempre que la máquina estatal se activa, poco hay que decir, excepto dejar hacer a los inspectores. Les he pasado los contactos de la asesoría, y, bueno, allá que van.

Los españoles viven asaeteados por decenas de administraciones que les arrasan a pagos, unos impuestos cuya gestión y gasto luego se realiza en el mayor oscurantismo, a pesar de una Ley de Transparencia que se ha hecho sin ganas y que no funciona. Una Ley que es otro ejemplo de que en este país, décadas de legislación apenas modificada desde hace más de un siglo, generada por oligarcas poderosos para su beneficio, tiene como resultado, junto a la poderosa actividad cabildera cada vez que se legisla “ex-novo”, una maraña de normas en mutua contradicción que están diseñadas para beneficio del poderoso y en perjuicio del débil.

Si creas una empresa en España, tienes que desembolsar 3.000 Euros, esperar más de un mes, dirigirte a tropecientas ventanillas (lo de la Ventanilla Única tan pregonado es una invención), y al día siguiente estás pagando Seguridad Social, Notario, Registro Mercantil, etc. aunque no hayas ingresado un euro por tu actividad. En España el pago de autónomos es de los más altos de Europa. En España pagas a la AEAT, a las Haciendas Autonómicas (yo soy víctima de la canaria, todo un monstruo infame e inoperante), a los Ayuntamientos y sus tasas (en Las Palmas se acaban de inventar un pago a los vecinos que pongan ¡Un toldo! en sus balcones), a los Cabildos, más los IBIs, y un largo etcétera. La administración sólo existe para recaudar, no interesa masivamente para otra cosa, y a eso dedica una ingente cantidad de recursos y personal, y se legisla, en ocasiones anticonstitucionalmente, con ese fin. Y en los años de este gobierno, más que nunca, sorprendente en un partido de ideas neoliberales.

El mismo día que me anunciaban una inspección a una sociedad desactivada, que pagaréis todos de vuestros impuestos, no lo olvidéis, me llamaban de la URE, el terror de muchos autónomos. Las funcionarias al cargo, que bastante tienen, son muy amables, y una de ellas me explicó que al parecer debía 0,97 Euros de una cuota atrasada en algún pago en el que no hubo suficiente dinero en el banco, y la mejor manera era pagar ya, antes de que se convirtiera aquello en un plazo sin pagar entero, que se ha endurecido la cosa, y el asunto se liara más.

Sugerí pagar sobre la marcha, pero ya sabéis que desde que el lobby bancario manda en el país (o sea, desde siempre) eso no es tan fácil; sólo puedes ingresar el dinero en una cuenta de la Tesorería de la Seguridad Social, ya sea por ventanilla (con cobro de comisión) o por transferencia (ídem). Elegí esta segunda vía por falta de tiempo, y La Caixa me cobró 2 Euros de comisión por transferencia. El hecho de atender a una obligación burocrática hace que el ciego banco se lleve 2 Euros que son tuyos, y que justo sería que reclamaras, pues has realizado un trámite con una Administración del Estado, algo que no puede tener recargo económico alguno.

Pero el sistema está diseñado para perpetuarse. Ese sistema que ahoga a la gente que apenas llega a fin de mes con intereses de demora, recargos y obligaciones tributarias dignas de una superdemocracia del Norte de Europa a cambio de unos servicios mejorables y una corrupción galopante, es el mismo que diseña legislación. El ejemplo del autoconsumo eléctrico, que sanciona al ciudadano que se pone una placa solar con multas de decenas de miles de Euros para solaz de las monstruosas eléctricas, tan amigas del régimen desde los tiempos del Movimiento Nacional, es palmario.

Pero si fuera eso solo, la banca ha arrasado el país con la aquiescencia de dos gobiernos en apariencia ideológicamente opuestos, pero al final clones uno del otro, y los bancos públicos dejaron de existir hace tiempo. Las empresas de telecomunicaciones, privatizadas a la fuerza, hacen lo que les da la gana. Se sigue privatizando de tapadillo, en áreas antes intocables y sagradas, como la sanidad o la educación, y un grupúsculo de grandes fortunas, evasores fiscales para colmo casi todos ellos, dirigen el país en la sombra con modos dignos de la Cosa Nostra. La última línea de defensa para los ciudadanos indefensos son unos tribunales cojitrancos, arrasados por una política sistemática de ahogamiento económico nacida desde el poder político.

¿Qué podemos hacer para cambiar toda esta locura? Hay que rehacer la legislación del país, de arriba abajo, y los lobbies de poder e influencia no se van a dejar tocar fácilmente. No sólo está la magnitud del problema legislativo, que al final debería de dejarnos simplemente a la altura del resto de países de nuestro entorno, sino la oposición frontal que el héroe que lo intente se va a encontrar, desde esferas muy poderosas y altas: los que mandan de verdad.

España no es un Estado Fallido, menos mal. Pero, lamentablemente, sí que se parece, cada vez más, a una Democracia Fallida, si es que existe tal categoría. Tal vez seamos el ejemplo más palmario de todo el continente europeo del desastre que trae consigo legislar para unos pocos en lugar de para la mayoría.

Sí, amigos. España es, lamentablemente, una oligarquía.

Como reza la foto que uso para ilustrar este texto, ha llegado el tiempo del Bulldozer. Y cuanto antes lo hagamos, antes empezaremos la ingente tarea de poner a este país al servicio de los ciudadanos. A nuestro servicio.

La foto está en Wikimedia Commons, bajo Licencia Creative Commons 2.0 Share Alike. "Bureaucracy is a Challenge", por Ben Woosley, fotografía tomada en Brooklyn, Nueva York, en 2010.