Veo en muchas ocasiones cómo algunas de las medidas que el Gobierno ha creado recientemente por la vía de urgencia para ayudarnos no llegan a los ciudadanos o no lo hacen a tiempo. Todo esto está levantando un cierto descontento y resquemor que pueden ser el caldo de cultivo ideal para los desinformadores que padecemos en estos días y sus oscuros intereses. La realidad es muy compleja. Simplificarla, como veo en redes sociales, desde sesgos ideológicos variados, es peligroso, porque lleva a interpretarla erróneamente, y desde un error o una falsedad no se puede replantear ni analizar nada.
Hay muchas normas que el Gobierno legisla que sufren en su "letra pequeña" (esto es, en su aplicación práctica) cambios que hacen que su aplicación real sea menos trivial de lo que parece, y que escapan al control gubernativo, quedando en manos de otros. Cualquier Ley deviene en sucesivos Decretos que la aplican, conteniendo normas, criterios interpretativos, plazos, documentación requerida, limitaciones, etc. Miren esta imagen, capturada de la web del ICAA:
La Ley de Cine de 2007 se convierte en algo real, en legislación aplicable prácticamente, a través de varios Reales Decretos que se van creando en años sucesivos. Así es siempre. Hay una gran red de funcionarios y trabajadores del Estado que se dedican, casi siempre con la mejor intención y con gran esfuerzo, a convertir las leyes en realidades.
Les comento otros ejemplos.
Por un lado tenemos a la banca, que ha decidido aplicar libérrimamente los criterios de aplicación de la prórroga de las hipotecas diseñada por el gobierno, de una forma en ocasiones artera. En esos casos, las empresas aplican lo legislado para su beneficio, injustamente. Cuando el otro no actúa de buena fe, tenemos un problema. Así, ha sido necesario clarificar qué se le pide o no a un ciudadano para poder beneficiarse de esas prórrogas, ya que la banca se escaqueaba en cuanto encontraban el menor resquicio legislativo. De hecho tienen decenas de abogados que se dedican a eso: a encontrar huecos en las leyes por los que librarse de ciertas obligaciones. Estamos viendo ahora mismo algo similar con las líneas aéreas, empeñadas en llenar los aviones, en contra de los criterios médicos y sanitarios, al no respetarse las distancias de seguridad entre los pasajeros. De nuevo, habrá de legislarse al detalle para que los modelos neoliberales (las líneas aéreas son otro ejemplo perfecto de ellos) no afecten a la salud de las gentes.
Por otro, nos encontramos con las aplicaciones legislativas convertidas en realidades burocráticas, en las que intervienen otros legisladores y trabajadores públicos: Directores Generales, Abogados del Estado y sobre todo miembros de los Cuerpos Superiores de la Administración, que están condicionados en ocasiones por inercias personales que a veces son impropias de los tiempos que corren (las peticiones de documentación imposible de obtener en los días de confinamiento son un ejemplo de ello, así como el exceso de celo en la exigencia documental a los solicitantes cuando estamos en tiempos de urgencia máxima, pues hablamos de la supervivencia de miles de personas) o que condicionan sus textos legislativos a sus ideas políticas (no será la primera vez que un letrado funcionarial, desde su puesto irreductible e inmune a los distintos gobiernos, aplica su propia guerra personal contra quien ocupa el gobierno en un momento dado, si aquel no coincide con su ideología). A ello se suma que las estructuras burocráticas son verticales, y dependen de diversos niveles de aprobación y revisión para convertir la legislación en principios aplicables. Todo eso las vuelve ineficientes cuando hay alguna urgencia.
De ahí que en ocasiones las "letras pequeñas" lleguen tarde y mal, a veces con errores garrafales que han de solventarse posteriormente. Indistinguible la incompetencia de la mala fe, creo que es importante aclarar que en muchos casos, el origen de ciertos problemas que sufrimos todos los que requerimos respuestas rápidas de la Administración está en el propio sistema. España vive bajo el peso de un monstruo burocrático desarrollado a lo largo de las últimas cuatro décadas, que se sostiene sobre sí mismo y que depende de justificar su propia existencia. Quien haya trabajado, directa o indirectamente, para instituciones sabe perfectamente que el grado de inoperancia imperante es tan frustrante como inevitable. Son así, las forman funcionarios que sobre todo piensan (lógicamente por otro lado) en sobrevivir, aunque sus puestos y funciones sean cuestionables o directamente innecesarios. Los mismos mecanismos internos de control que se han creado para evitar la corrupción (como los famosos departamentos de "intervención" que hay en tantas instituciones) lastran la burocracia con más burocracia.
Estos tiempos ponen en plena y cruda desnudez las insuficiencias de un sistema burocratizado, ciego, anquilosado, que se pone trampas a sí mismo y en continuo esfuerzo por mantenerse. Y todo gobierno, este y los que hubo antes, tiene que vivir con ello. Para nuestra desgracia, los ciudadanos hemos de padecerlo. Por supuesto, todo esto lleva además a varias clases entre la ciudadanía: una minoría que tiene acceso "al mecanismo", que pueden "pedir favores" dentro del sistema burocrático, y los que no (la mayoría).
Mucha de la clase funcionarial lo retorcerá todo con tal de obtener el objetivo de autojustificarse. Del mismo modo que la banca, volviendo al primer ejemplo que usé, por mucho que insista en lo contrario en sus conmovedores anuncios creados durante la pandemia, sólo se preocupa de su beneficio, y de mejorar su cuenta de resultados. Muchísimas formas de pensar han de cambiar radicalmente en los tiempos que vienen.
También, muchas decisiones burocráticas tomadas en un determinado estrato de la jerarquía pueden llevar a bloqueos administrativos, pues los funcionarios que trabajan en primera línea aplicando directamente a la aplicación de las normas que les llegan se ven sobrepasados por toneladas de documentos que han de comprobar y validar, y por normas contradictorias. Se habló de que había una necesidad perentoria en muchas de las ayudas que se están tramitando, de aligerar las exigencias documentales, y que ya se examinarían a posteriori, pero eso no ha ocurrido en muchos casos. A eso se suma la necesidad del desbloqueo de ingentes cantidades de dinero por parte de ministerios como el de Hacienda, que están sujetas a otros plazos que a día de hoy son inasumibles. Por esas y otras causas cientos de miles de personas aún no han cobrado sus ERTES, y algo similar ocurrirá con la Renta Básica.
¿Hay soluciones? Este va a ser un buen tiempo para replantearse viejas estructuras y cuestionar aquellas que sean inoperantes. Se trata de asuntos complejos lastrados por muchos intereses. La gran pregunta es si nos atreveremos, o se atreverán, a hacerlo.
Pd.: Hay, no obstante, ejemplos de lo contrario, de legislación aplicada que comprende el momento gravísimo y urgente por el que atraviesa la sociedad. El Gobierno de Canarias acaba de lanzar unas ayudas al alquiler que sólo requieren de la ciudadanía la presentación de un formulario y dos documentos. Nada más. Así, sí.
Obtuve la foto con la que ilustro este artículo, el pasado día 7 de mayo, a las 7:28 de la mañana. Es la bahía de Las Alcaravaneras desde el Parque Doramas, en Las Palmas de Gran Canaria.
