Esta carta la he remitido a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. En ella explico el que considero uno de los peores problemas de España, el de la legislación respecto a las empresas y los emprendedores.
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Señoría,
En esta carta quisiera comentarle una
visión general del estado actual de cosas que, respecto a los
emprendedores y empresarios en general que he vivido a lo largo de
los años, centrándome en las PYMES. Soy apoderado de varias
pequeñas empresas, donde nos dedicamos a la producción audiovisual
y al desarrollo de tecnología de entretenimiento.
Fundé mi primera empresa en 1998 lleno
de ilusión, y sigo peleando con otras sociedades intentando crear
empresa, empleo, productos dignos e interesantes, y tecnología
punta. En estos años me he visto en todas las situaciones en las que
cualquier empresario se encuentra cotidianamente: buscar financiación
y clientes, realizar los proyectos, pero también realizar trámites,
enfrentarse cotidianamente a la burocracia, negociar con las
instituciones, etc.
El Gobierno está promocionando el
concepto de “emprendedor” y a la pequeña empresa como una
solución viable para ir sacando al país de la crisis, generar,
empleo, etc. Al mismo tiempo, es una excelente propuesta para animar
a muchos ciudadanos a autoemplearse y a decidirse a desarrollar ideas
empresariales que no se atreverían a llevar adelante en otras
circunstancias. Todo esto es realmente una opción muy interesante,
que tal vez podría contribuir a desplazar ligeramente la
industria-nicho española del viejo “ladrillo” a otras industrias
más innovadoras, o cuanto menos inclinar un poco la balanza de aquel
monocultivo empresarial. Todo esto es bueno, y en tiempos de crisis,
que son tiempos para creación y el desarrollo de ideas innovadoras,
resulta vital para contribuir al desarrollo del país.
En cambio, el otro lado de la moneda de
todo esto, es que en el fondo, aquí no ha cambiado nada. España es
y siempre ha sido una pesadilla burocrática para el empresariado, el
autónomo, y las PYMES. No incluyo a las empresas grandes, pues
tienen “escudos para burocracia” bien desarrollados, en forma de
departamentos contables, asesorías, bufetes especializados, etc. El
país está intentando cambiar de forma de pensar y de hacer
negocios, pero el “sistema”, entendido como tal el estado de
cosas burocrático, no ha cambiado en absoluto. En realidad, ha
empeorado.
La Agencia Tributaria, la Seguridad
Social y otras unidades recaudatorias, no han aflojado su tensión
sobre empresas y autónomos, sino que ésta ha aumentado. La consigna
de “déficit primero” ha puesto a instituciones recaudatorias que
se supone que han de trabajar para el bien de la sociedad a trabajar
de recaudadores a toda costa. Es un secreto a voces, al menos en mi
Comunidad Autónoma, que se está incentivando agresivamente
maximizar la recaudación, pase lo que pase. Y no es sólo eso,
señoría. España tiene una legislación y una burocracia que ahogan
y desincentivan la innovación y el emprendimiento. Parece en
ocasiones desarrollada por un sádico que quiera justo todo lo
contrario de lo que se pretende decir en las pomposas declaraciones
oficiales. Las instituciones que deberían trabajar en pro de la
ciudadanía se constituyen en este momento en cajas burocráticas de
generación de frustración. Esto ha sido así desde finales del
siglo XIX, se ha prolongado a lo largo del XX, sigue en el XXI y no
parece querer cambiarse. Todo ello nos pone en la cola de los países
desarrollados en cuanto a la incentivación de la inversión, de la
creación de empresas, y, en resumen, de la “emprendeduría”.
España anuncia un apoyo al emprendedor
que no sólo no existe, sino que funciona justamente, por la inercia
de décadas y décadas, por las formas en las que se la legislado por
años y años, justo para lo contrario.
No se trata, señoría, de parchear la
legislación. Suelo viajar mucho a Reino Unido a negociar con
coproductores. Allí un autónomo paga 12 Libras al mes, una empresa
con empleados recibe ayudas para su funcionamiento, y crearla apenas
ha costado unas libras y unos días a sus fundadores. Aquí cuesta
3.000 Euros y un mes de visitas a al menos cinco ventanillas, eso con
suerte. Se han intentado habilitar parches, como las llamadas
“ventanillas únicas”, para simplificar estos procedimientos
onerosos. No funcionan, como todos los parches. El problema está
debajo, en el hecho de necesitar cinco instituciones, diez pasos, que
no se comunican entre sí en la era de internet para poder crear una
empresa, todo ello basado en lo que la Legislación considera que es
“crear una empresa”, o en lo que se consideraba hace sesenta o
setenta años, que fue cuando se creó la legislación de base que se
ocupa de ese asunto.
Al mismo tiempo, cada nuevo gobierno ha
prometido acabar con las trabas burocráticas para constituir nuevas
empresas, cuando la realidad es que el problema es otro: es el
concepto que las instituciones, y desde ellas el gobierno, arrastran
secularmente sobre empresas y pequeños empresarios.
El problema no es sólo la burocracia
para la creación de una empresa, sino que se prolonga con las trabas
burocráticas que, además, aparecen durante la vida de la empresa, y
durante su final (no olvidemos que el índice de supervivencia de las
Pymes en un período de 10 años es del 10%, es decir, el 90% se
verán forzadas a cerrar, y deberían de ser ayudadas también como
lo fueron al constituirse).
Más al contrario, las trabas
existentes actualmente no se solucionan parcheando la legislación
por enésima vez, sino replanteándosela desde el principio, con
algunas preguntas vitales en mente ¿Cómo pretende la Administración
que sea su relación a partir de ahora con las empresas y los
emprendedores? Decidido esto ¿La legislación actual lo cumple? Si
la respuesta es no, hay que cambiarla. Ojo, insisto en esto, porque
es un error recurrente de sucesivos gobiernos: no parchearla, sino
cambiarla. De arriba abajo. Toda ella.
En España visitar una Tesorería de la
Seguridad Social o una oficina de Hacienda para intentar negociar una
deuda tributaria no sirve para nada. Las empresas son sancionadas por
errores nimios, la burocracia de tantas instituciones -nacional,
autonómica, intermedia (Cabildos, Diputaciones), local- convierte la
vida de nuestros contables -si podemos pagar un contable- en un
infierno; hay que presentar cuentas, libros de visitas, declaraciones
trimestrales, anuales, firmas electrónicas, certificados de
proveedores, certificados de IVA, etc, etc, etc. Cientos, miles de
modelos de impresos, criterios incompatibles, exigencias demenciales,
controles sobre controles, castigos a la ganancia y al beneficio en
forma de impuestos de sociedades desalmados, registros redundantes,
actas notariales, registros de la propiedad... Las legislaciones
recientes, como la que se supone permite una “segunda oportunidad”
a los emprendedores que pierden su negocio se han creado sin
intención alguna de que funcionen realmente (no se han aplicado a
casi nadie hasta ahora ¿No es esto significativo de para qué sirve
una determinada legislación creada sólo para generar titulares, al
parecer, pero ineficiente al final?)
Cuando un empresario cae en desgracia y
su sociedad no puede responder a sus obligaciones, por ejemplo, con
la Agencia Tributaria, la supuesta “responsabilidad limitada” de
la empresa que administra se le transfiere directamente a su persona.
Así, la definición de las sociedades de responsabilidad limitada
es traicionada. Un empresario se verá ahogado, teniendo que afrontar
el coste del concurso de su empresa, por las deudas de su empresa con
Hacienda, que le son transferidas a sus cuentas personales, que son
embargadas sin que nadie haya calculado qué porcentaje de ese
embargo puede impedir la mera subsistencia al administrador. Estas
derivaciones abusivas ocurren a diario y los tribunales generalmente
las tumban, pero para que eso pase el empresario ha de tener los
reflejos suficientes para recurrir, algo que no siempre pasa, sobre
todo con el stress que implica la ruina del proyecto personal
que es una pequeña empresa. ¿Por qué las instituciones actúan de
forma injusta, a sabiendas de que causan daño a las personas, en
casos como este? ¿Es que todo vale con tal de recaudar?
Según una encuesta de BM, los
empresarios dedican 300 horas en España a gestionar la carga
impositiva y burocrática que sufren sus empresas, en ocho pagos a
las distintas administraciones, cuando todo ello podría ser
fácilmente, en los tiempos que corren, automatizado, cruzado,
minimizado y agilizado, siempre y cuando se trabaje pro-ciudadano,
y no como ahora pro-aparato burocrático.
En España algunas instituciones no trabajan para el ciudadano,
porque nadie les ha enseñado a hacerlo, o porque la legislación a
la que se deben no lo permite, por obsoleta y por vieja.
Tenemos finalmente los autónomos y
emprendedores la sensación contraria, de que somos nosotros los que
trabajamos para el Estado, ahogados en papeles, procedimientos,
sanciones, declaraciones, etc. Otro ejemplo de ello que siempre me ha
sorprendido son las encuestas del INE ¿Sabe su señoría que el
Instituto Nacional de Estadística remite encuestas anuales a las
empresas? Hasta ahí todo bien, ya que las encuestas son la forma de
conocer el estado de cosas en un país, especialmente en el mundo
empresarial. Pero ¿Sabe su señoría que son de obligatorio
cumplimiento, si tienes la desgracia de que tu empresa sea elegida, y
que los impresos digitales son de enorme complejidad, tanto que son
dificultosos hasta para las asesorías contables que nos descargan
del trabajo, pero que si no se rellenan la empresa ha de pagar una
sanción económica? ¿Es consciente su señoría del chantaje al que
el INE somete a las PYMES de este país cada año con estas encuestas
obligatorias?
El resultado para un empresario único
en una sociedad unipersonal es que él debe de emplear decenas -sí,
decenas- de horas a rellenar unos impresos que ni él mismo entiende
¿Qué calidad tendrán esas respuestas? Me he visto rellenando esos
impresos obligatorios del INE, desesperado porque tengo que trabajar
para comer y esos impresos me lo impiden ¿Qué calidad de respuestas
puedo ofrecer en esas circunstancias? No paro de escribir a los
responsables del INE suplicándoles que por favor dejen de usar esos
chantajes a los ciudadanos, que como si no tuviéramos bastante,
tenemos que arrostrar otra burocracia más sin remisión. Nadie ha
respondido a mis quejas. Sí, la falta de transparencia, es otro,
viejo, problema.
La administración electrónica se ha
convertido en otro problema más. En vez de simplificar la vida del
ciudadano, lo que se ha hecho es trasladar la burocracia a los
ordenadores personales de la gente. Ahora además trabajamos para la
Administración haciendo trámites que antes los funcionarios de
ventanilla hacían para nosotros. Se ha convertido en toda una
tortura, con procedimientos incompatibles, interfaces
incomprensibles, nula estandarización de procedimientos, firmas
electrónicas que no funcionan, y para colmo en ocasiones cerrando el
registro físico, siendo sólo accesibles ciertos trámites por vía
telemática. ¿Es esto facilitar la vida a la gente? El problema por
ese lado es también enorme, pues cada institución del Estado va por
sus fueros y nadie se coordina, y ello me ha llevado a la redacción
de otra carta que he remitido a la Comisión de Redes Sociales del
Congreso, dependiente de la Comisión de Interior, que creo es la más
indicada de entre las existentes.
El otro día, hablando del registro
físico, hube de registrar en la Propiedad Intelectual un trabajo. El
coste fue de casi 13 Euros. ¿Sabe usted lo que costaba en 1986
cuando, siendo casi un crío, registré por primera vez una obra?
Aproximadamente 30 céntimos de Euro. Un incremento de un cuatro mil
trescientos por cien. ¿Ha subido la inflación un cuatro mil por
cien en estos años? Claramente, no. ¿Cómo se pueden cobrar esos
precios desorbitados en trámites nimios? Y es sólo un ejemplo de
las tasas que han sustituido a los viejos timbres, y que ahora se
usan para penalizar, curiosamente, los trámites no telemáticos.
Pero la pesadilla, que en esto se ha
convertido la vida del pequeño empresario español, sigue y sigue.
¿Qué pasa cuando te arruinas, cuando tu empresa debe de emprender
un concurso de acreedores? El panorama no es agradable. A la tragedia
del fracaso personal del empresario se añade, de nuevo, la maraña
burocrática española y sus increíbles exigencias económicas.
Cuando una empresa entra en concurso,
generalmente está arruinada, y sus administradores también. Cuando
se decide aplicar el procedimiento concursal, el administrador se
topa con la necesidad de desembolsar una cantidad casi siempre
inviable, dadas sus circunstancias, de entre 12.000 y 30.000 euros,
para pagar el concurso de acreedores ¿Cómo se concibe esto? Ir a
concurso implica la ruina de los administradores sociales.
Justamente, en España y a causa de esto el porcentaje de Pymes en
concurso es ridículamente pequeño en comparación con los países
de su entorno. Como consecuencia, hay en este momento miles de
sociedades “zombi”, totalmente arruinadas, inviables e
irrecuperables, pero que no pueden declarar concursos de acreedores
porque no pueden pagar los costes de esos trámites. ¿Se ha hecho
algo al respecto?
Los empresarios, autónomos y
emprendedores con problemas temporales de tesorería, a la práctica
imposibilidad actual de obtener créditos-puente o renegociar lo que
ya pagan, suman los altísimos intereses de demora que, seamos
claros, no son otra cosa que castigos dinerarios, a que les someten
Hacienda, Seguridad Social, recaudadores locales e intermedios,
etcétera, y nadie se ha planteado este problema.
Uno de tantos ejemplos: por razones que
no vienen al caso hace unos años mi empresa estaba en deuda con la
Agencia Tributaria, y el ICAA (Ministerio de Cultura) le había
concedido una ayuda automática por una película (el 15% de la
recaudación bruta de taquilla, prevista por la Ley) que nos hubiera
aliviado y nos hubiera permitido sobrevivir. Pero no se pudo cobrar
por existir aquella deuda. Intenté plantear que se estudiara para un
caso similar en el futuro que se transfiriera directamente la
cantidad de la Ayuda a la Agencia Tributaria, como si se tratara de
un embargo o una pignoración; se permitiría a las empresas en
apuros el saldar la deuda, se podría aliviar ese problema fácilmente
sin forzar la legislación, y así algunas empresas con problemas,
que son muchas, podrían sobrevivir.
Obviamente, la propuesta fue denegada.
De nuevo, un Estado lento, monstruosamente burocrático, paralizado
por definición, no percibía el gavísimo, agónico problema que
ciertos viejos modos, inviables en tiempos de crisis salvajes como
esta, causaban en empresas que se han comportado en todo momento de
buena fe. Desgraciadamente, señoría, con los grandes recaudadores,
especialmente la intocable Hacienda, la buena fe no basta. Usted sabe
tan bien como yo que el tratamiento de Hacienda hacia el sujeto del
impuesto, el ciudadano, es contrario a la constitución y a los
derechos pro reo del sistema jurídico: se le considera
culpable ex acto. Esa filosofía perversa, contraria a legalidad y
humanidad, preside todos los actos de la Agencia. ¿Qué resultado
esperamos con esos mimbres?
La consecuencia directa de todas estas
situaciones injustas y en ocasiones abusivas, es que la economía
sumergida en España es una de las más altas, en porcentaje, de los
países desarrollados de nuestro entorno. La gente decide, sea ello
reprochable o no (ese es otro asunto) que cobrar sin factura, sin
dejar rastros, sin alta en Seguridad Social, les permitirá vivir.
Exigen ser invisibles para el sistema. Ir por la vía “legal”
les hace inviable la supervivencia. Si casi uno de cada tres
generadores potenciales de empleo lo está haciendo, es que algo muy
grave está fallando en este país.
España sigue legislada en todos estos
aspectos por normas que ya eran inaceptables, torticeras y
alambicadas en los buenos tiempos del pasado. Ahora que la crisis se
ceba con todos, especialmente con los más débiles y pequeños, esa
burocracia inextricable no sólo no se ha modificado lo más mínimo,
sino que ha empeorado. Los procedimientos han aumentado, las
exigencias a las sociedades se han incrementado, los impuestos no han
hecho más que elevarse. Para la Administración del Estado, en
términos de relaciones con las pequeñas y medianas empresas, la
crisis no ha ocurrido. Seguimos igual que hace 5, 10, 20 ó 30 años.
No hablaré del IVA indiscriminado del 21%, que es un caso de libro
de fracaso de la presión fiscal que ha llevado a una bajada en la
recaudación.
Señoría, asumámoslo de una vez: esto
es un desastre.
Es un buen punto de partida para
cambiar las cosas.
Crear una empresa en España en estos
momentos es un suicidio. No se lo recomendaría a nadie. Antes les
diría, se lo juro, que se fueran a Reino Unido y la montaran allí.
Encontrarán respeto, apoyo y ayuda. Simplemente siendo ciudadanos
europeos. Se llama “movilidad exterior”, creo.
¿Cómo pretende este país que existan
emprendendores con este escenario y estas maneras que sufrimos a
diario?
No se trata de que haya que ajustar un
poco aquí y allá, ya que eso es lo que han hecho los gobiernos
hasta ahora, legislando casi para “el telediario” sin pensar en
que lo que están haciendo es añadir impedimentos a las empresas,
sin pensar -me niego a aceptar que se haya hecho a propósito- que lo
que se está legislando es tan tímido y tiene tantos factores de
exclusión que no se puede aplicar en el mundo real. El problema es
mucho peor.
Se trata de que todo el edificio legal,
de arriba abajo, es un gigantesco castillo de naipes que ha sido
parcheado demasiadas veces ya, y que se cae, se nos cae encima a los
pequeños empresarios, a los ciudadanos, a las PYMES, a los
autónomos, y nos aplasta a diario.
Las empresas en España, sobre todo las
pequeñas (el 90% del tejido empresarial de España) son las que
crean empleo, las que luchan a diario por hacer crecer al país, y
las que generan su riqueza. Son tratadas brutal y desconsideradamente
por una administración y una burocrática con modos decimonónicos
que nadie se ha esforzado en arreglar, llevando al país a una
situación insostenible. Estos viejos y caducos modos contribuyen,
qué duda cabe, al depauperado estado actual al que la crisis nos ha
llevado. Y por lo que veo nadie está pensando en cambiar este estado
de cosas, que considero insostenible.
¿La solución? Me temo que es tirarlo
todo para empezar de nuevo. La filosofía básica de las
instituciones recaudadoras y de las medidas supuestamente
fomentadoras del negocio en España es fallida, se creó hace
demasiado tiempo y no está funcionando en la sociedad actual. Es
más, se está utilizando como herramienta de frustración hacia el
empresariado y el emprendedor. ¿Qué se busca? ¿Ayudar al
emprendedor o frustrarle? Si la respuesta es “ayudar”, hay que
cambiar toda la legislación. Hemos de decidir convertirnos en una
especie de Reino Unido, que favorece la empresa y que no la ahoga a
impuestos. Y no se pueden admitir más parches o más “casos
particulares” en legislaciones parcheadas y parcheadas en
legislaturas pasadas. Todo abogado español sabe que la jungla
legislativa española, por ejemplo en términos de recaudación de
hacienda, es inextricable, contradictora, ininteligible en ocasiones,
y positivamente está diseñada para no ayudar, sino todo lo
contrario.
Todo esto proviene de una mentalidad
generada, me temo, hace dos siglos y mantenida durante la dictadura,
que encierra una forma de ver el mundo y la sociedad que ya no
existe, y que proveniente del Siglo XIX, que considera que el
emprendedor es alguien peligroso que debe de ser atado corto, como
si fuera un niño poco responsable y travieso, y que no debe plantear
problemas a los viejos y señoriales amos que han heredado la
propiedad de los medios de producción, a los “hidalgos viejos”
de una España que ya no existe. Eso, que suena a trasnochado, es la
base de la ideología sobre la que se ha legislado en este país
desde siempre y se mantiene a pesar de cualquier cambio, en un eterno
retorno lampedusiano, en los cimientos de nuestro corpus legislativo.
O cambiamos desde abajo, desde los cimientos, todo esto, o no habrá
mucho que hacer, excepto asistir al hundimiento de todo el país.
Señoría, sé que lo que le sugiero es
tremendo, pero alguien va a tener que hacerlo. Puede que sea en esta
Legislatura, o no. Puede que sean ustedes los que lo cambien todo, o
no. Le garantizo que pasarían a la Historia. Es un hecho que un
cambio copernicano en toda la legislación española al respecto
causará un auténtico shock, pero en el largo plazo este país sólo
así podrá salir del agujero en el que ha caído.
Al mismo tiempo, la mayoría de los
abogados, jueces, inspectores de hacienda, funcionarios, empleados de
la Seguridad Social, recaudadores, etc. del país saben que es la
única manera, y se mostrarán encantados de que las cosas cambien, y
de colaborar en ese cambio.
El primer paso supongo que sería
proponer una Comisión de Hombres Buenos que pudiera elaborar una
suerte de Libro Blanco sobre el estado de las cosas en la legislación
general del país, y que podrían proponer al Gobierno una serie de
cambios básicos en todo lo que se ha legislado hasta ahora para ir
emprendiendo una transición sin traumas. Debería ser el de estas
personas un compromiso intergeneracional, en el largo plazo, pues
este trabajo llevará mucho tiempo. Hablo de personas honestas,
capaces, y entregadas a España, que las hay, y muchas. Sólo hay que
elegir bien.
Esto, señoría, no es un problema de
ideologías, eso sería un error. Es un problema de supervivencia. De
que España sea o no sea a lo largo de este Siglo. Nos jugamos mucho,
y alguien tendrá que hacerlo. Insisto, pueden ser ustedes ahora, u
otros que vengan después, pero mientras no se tomen esas decisiones
-este es un problema gigantesco, vasto, de extraordinaria complejidad
legal y jurídica y dotado de múltiples facetas e interacciones, que
atraviesa de forma transversal muchas legislaciones españolas de
todo tipo y nivel-, España seguirá perdiendo el tren de la
modernidad. Y ese lujo no nos lo podemos permitir. Por favor, antes
de que sea demasiado tarde, señorías, hagan algo.
Sin otro particular, agradeciendo su
atención, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente y
desearle todo lo mejor en su labor.
Remití este mensaje a 26 miembros de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Me respondió María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) con la que me reuní en el Congreso hace unos días. La acompañaba Patricia Blanquer, del mismo grupo. Ambas se mostraron muy receptivas y amables. Incluso tuvieron la deferencia de mostrarme una pregunta que Blanquer había presentado, al respecto, a la Ministra de trabajo. La respuesta, robótica, alienada y completamente innecesaria, de la titular del Ministerio, me lleva al absurdo que es todo esto del teatro parlamentario, especialmente con mayorías absolutas, en las que cualquier tontería vale como respuesta a preguntas de la máxima importancia. Qué pérdida de tiempo y de esfuerzo. Qué desolación. En fin, es otro asunto, pero es tan preocupante como todo lo demás.
La imagen que ilustra este texto está en Wikimedia Commons. Farina
Letter 1801. Autor: Johann Maria Farina. Farina fue el inventor del agua
de colonia. Está en dominio público.
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